Espíritu de contradicción

Hace poco más de un año, el Gobierno español adoptó la decisión de no recurrir las resoluciones comunitarias que obligaban a Izar a devolver las ayudas públicas recibidas ilegalmente. Se afirmó entonces la inutilidad de los recursos del Estado contra las decisiones que declaraban la incompatibilidad de las ayudas con el mercado común y que nunca prosperaría la oposición a la devolución de los importes recibidos en concepto de ayuda. El allanamiento de España a las decisiones comunitarias fue significativo, pues nunca antes se había producido en instancias comunitarias una dejación tan evidente de los derechos y recursos contra actos de la Comisión, sobre todo viniendo del Reino de España, tan combativo siempre en causas perdidas (Intelhorce e Hitasa, por ejemplo). Pero este abandonismo sirvió como coartada para iniciar –con la inexplicable connivencia sindical- una dura reconversión naval que ha dejado en la más absoluta incertidumbre a la industria naval civil y en el paro a miles de sus trabajadores. No alegó entonces el Gobierno - cuando pudo hacerlo- la defensa del interés nacional para recurrir las decisiones de la Comisión y prefirió reconvertir los despojos en astilleros militares (Navantia) para construir un puñado de patrulleras.

El segundo acto de esta obra lo constituye el proyecto de Tratado por el que se pretendía establecer una Constitución para Europa. No fue ciertamente un texto muy leído, pero si se repara en su contenido podrá observarse que el malhadado proyecto establecía en la Sección 10ª de su capítulo III una política energética comunitaria, dotando a las instituciones europeas de la necesaria competencia legislativa para actuar en esa materia.

Después de envolverse en el proyecto de Constitución para abanderar un triunfante regreso a Europa, el Gobierno ha preferido dar la callada por respuesta a la solicitud de información exigida por la Comisión Europea en relación con la modificación de las competencias de la Comisión Nacional de la Energía, operada por un decreto que otorga a este organismo regulador la posibilidad de alegar oscuros intereses nacionales para frustrar ofertas públicas extranjeras sobre empresas españolas. La negativa del Gobierno puede conducir a la imposición de sanciones por el incumplimiento de la libre circulación de capitales y la libertad de establecimiento, dos pilares fundamentales sobre los que se asienta la arquitectura jurídica comunitaria, y ello nos lleva al desenlace de esta obra dramática: extraña paradoja jurídica la que lleva a un mismo Gobierno a abandonar cualquier defensa frente a decisiones comunitarias que desmantelan el estratégico sector naval público y, por el contrario, le conduce a una defensa numantina de intereses privados en el sector eléctrico.

El ´milagro`alemán

Hace ya algunos meses, mi amigo el profesor Rull me recomendó la lectura del libro de Thomas Darnstädt (La trampa del consenso), que cuenta con un brillante estudio introductorio del catedrático Sosa Wagner. Darnstädt analiza la compleja situación de bloqueo al que ha quedado expuesto el sistema federal alemán por los complejos cruces de competencias entre la Federación (el Bund) y los Estados regionales (los Länder). El derecho de veto en favor de estos últimos dificulta las tareas de gobierno y convierte al canciller en rehén de un consenso que en muchas ocasiones es imposible. Y el consenso, en Alemania, no es ni más ni menos que el acuerdo unánime de las partes, y no, como en alguna ocasión afirmó algún político de nuestra tierra, <>. En suma, el problema reside en la incapacidad del Estado alemán de hacer valer la soberanía frente a alambicadas contraposiciones de intereses de los Länder, agravándose la situación con la entrada en juego del legislador comunitario.

Es conocida la influencia que la Ley Fundamental alemana de 1949 ha tenido sobre la Constitución española, sobre todo en la transposición al régimen autonómico español del a veces complejo sistema federal alemán. Por eso, la situación patológica padecida por el sistema alemán y la terapia aplicada tras su diagnosis, tienen que ser cuidadosamente analizadas desde la perspectiva española, porque ningún Estado descentralizado está libre de esta pandemia. Tiempo habrá para detenerse a analizar el concreto contenido de la reforma constitucional que afronta Alemania –sin perjuicio de adelantar ahora que, al contrario de lo que ocurre en España, las soluciones giran alrededor de otorgar al Estado más poder, en detrimento de los Estados federales- pero más interesan ahora las formas con las que Alemania ha afrontado el proceso de modificación de su Ley Fundamental parida en 1949, bajo la estricta supervisión de las potencias aliadas, en la idílica Herreninsel del Lago Chiemsee, allí donde el rey Luis II de Baviera construyó su imitación del palacio de Versailles.

Y es que en Alemania el proceso se ha tratado como una reforma constitucional, sometida a las mayorías reforzadas que la Ley Fundamental exige, y no como un simple proceso de modificación de la normativa de algún Land. Además, los principales partidos alemanes, por medio de la canciller Merkel y el vicecanciller Müntefering, han trazado de común acuerdo las líneas rojas inquebrantables del proceso de reforma. Es impensable allí que la canciller se reúna con el jefe de la oposición a Stoiber en Baviera para negociar una reforma que afecta, no sólo a Baviera, sino a toda Alemania. Algunos miran el proceso con indisimulada envidia, pero la receta es muy simple: el respeto al Derecho.

Cónyuges y Progenitores

En Derecho, los términos deben ser expresión clara de conceptos jurídicos; pero eso resulta imposible cuando el concepto no es claro. Quien no tiene ideas claras refleja su confusión en términos siempre oscuros. La reciente Orden sobre modificación del Libro de Familia –publicada en el BOE de 3 de marzo- impone que para adecuar la terminología a la ley de matrimonios homosexuales (primera confusión), los términos marido y mujer se sustituyen por cónyuge A y cónyuge B; y los de padre y madre por progenitor A y progenitor B. Aquí ya no se respetan ni los conceptos esenciales del Derecho de familia. El buen padre de familia, modelo de conducta, se convierte en el buen progenitor A. Algunos, desde la osadía que confiere la ignorancia, verán en esta modificación la prolongación del manoseo que padece el concepto jurídico de Nación, sobre la base del pretendido carácter polisémico del término que le confiere la progresía más estulta. Si alguien guarda alguna duda sobre el carácter único del concepto jurídico de Nación que le pregunte a cualquier nacionalista vasco o catalán, y ya verá como existe identidad tanto en el concepto como en sus efectos jurídicos.

Pero, además, el cambio no puede ser más inadecuado a los fines que se propone. Progenitor significa, etimológicamente, el que engendra o procrea (del latín, progenitor, y éste de generare, concebir, parir o dar a luz), precisamente lo que no cabe entre personas del mismo género. La palabra padre admite calificativo (putativo, adoptivo,…), pero progenitor no tiene más acepción que la indicada. Al tiempo que se le dan patadas al Diccionario también se deroga el latín, y el español y la lógica… Como en la copla de Alvar Gómez: No era inmudable, pues pudo mudar/su ser infecundo a fecundo ser….

Y como comprobado está que la memez se propaga con mucha más facilidad que la gripe aviar, por estos pagos algunos también han declarado la guerra a la Real Academia Española por haber desaconsejado en un reciente informe los desdoblamientos del tipo presidente o presidenta, el diputado o la diputada al ser innecesarios y artificiosos desde el punto de vista lingüístico. Afirma la Real Academia que este empeño en la utilización del desdoblamiento tiene su origen en el desconocimiento del uso genérico del masculino gramatical y en la creencia de que la regla gramatical responde a la dominación histórica del varón sobre la mujer en las sociedades patriarcales. Alguna lumbrera local –muy local- ya ha contestado el informe localizando el problema en la ausencia de composición paritaria en la Academia. ¡Ahí queda eso! Pues nada, que sean consecuentes con sus propias barbaridades e incluyan en el Preámbulo del Estatuto a don Blas Infante como Progenitor A de la patria andaluza.

Huir de Eur(opa)

En política los tiempos son más pausados, más lentos, quizás para justificar la fragilidad de la memoria de sus principales actores y de buena parte de los electores. No hace muchos meses –en política, lustros- un partido se presentó ante el electorado con el lema ´Volvemos a Europa` y buscó con el eslogan contraponer una política indefinida a las aventuras belicistas que atribuyó al oponente. Ganadas las elecciones, el segundo movimiento fue llevarnos a un referéndum para votar –los primeros- un fracasado proyecto de Constitución. El último paso fue mandar a Lisboa un jet para traer a La Moncloa a Durao Barroso y convencerle de que la OPA hostil de Gas Natural a Endesa era un asunto interno que excluía cualquier intervención de la Comisión en el ejercicio de sus facultades en materia de control de concentraciones con dimensión europea.

De forma sorprendente, la Comisión –abierta enemiga de los campeones nacionales- rechazó en su día ejercer las funciones de control y dejó hacer de árbitro a un Gobierno socialista dispuesto a establecer un peligroso monopolio energético en gran parte del territorio español (en la imparable y callada Andalucía, sin ir más lejos). Feliz, muy feliz se las prometía el Gobierno con la OPA hostil fruto de un acuerdo económico derivado de un pacto político –el del Tinell- cuando, de pronto, apareció la competencia de E.ON, el gigante alemán. Quien plantó la semilla para que saliera una criatura a los nueve meses no podía pensar –ni el árbitro consentir- la posibilidad de que la criatura naciera rubia, con ojos azules y diciendo Kartoffel con leve acento bávaro. Por eso, tras la solicitud de ayuda del tripartito entripado, el gobierno que tanto defendió la vuelta a Europa, aquel de l´Espagne vote oui a la libre circulación y la libertad de establecimiento decía no a la OPA extranjera, que sigue siendo más atractiva para el mercado que la cicatera oferta catalana.

Los liberales de la economía de mercado retroceden ahora a la autarquía nacionalista, similar a la que en los cuarenta nos trajo a Evita; quienes criticaban la resistencia italiana a la entrada del BBVA cerraban filas en defensa de la eléctrica española frente a la invasión germánica, y el ministro del ramo quiere derrotar al enemigo con las armas de las normas reguladoras del sector. Cómo estará la tropa que hasta Carod clama por la unidad del mercado español (sic), la misma que el Estatut se carga sin piedad. Guerra de banderas, senyera incluida, en la que se evita analizar las diferencias económicas de las ofertas, precio, forma de pago, venta de activos... En otra época, un joven de Jauja (Córdoba), paisano de Montilla, asaltaba diligencias llenas de viajeros extranjeros en Sierra Morena. Se llamaba José María Hinojosa, pero lo conocían por Tempranillo.