Astilleros

Decía Goethe que donde se pierde el interés también se pierde la memoria. A Izar, antes Astilleros Españoles y ahora el náufrago Navantia, le han perdido el interés y por eso es hoy conveniente hacer memoria, para recordar qué es lo que ha llevado a este Gobierno a perder el sector público de la construcción naval civil. Es desconcertante el feroz nacionalismo que se emplea frente a Bruselas en el sector eléctrico y la sorprendente docilidad en el naval.

Astilleros Españoles siempre ha sido una empresa deficitaria, con el Instituto Nacional de Industria y con la SEPI, con la Ucd, el Psoe y el Pp. La feroz competencia de los astilleros asiáticos ha afectado durante décadas a todos los astilleros europeos, sumiendo al sector en una crisis que aflige a toda la industria naval europea. Para proteger la competencia en el mercado comunitario, la CEE dictó una normativa exigente en materia de ayudas públicas, estrechando el cerco sobre un sector sensible de la economía europea con una normativa que, salvo contadas excepciones, impedían a los Estados miembros intervenir con ayudas en el sector de la construcción naval. Comoquiera que las competencias de la Unión Europea no se extendían al ámbito militar, en Europa ha sido común que empresas públicas –en su día, la propia Izar- compaginaran la construcción naval de carácter civil con la militar, estrategia que permitía a los Estados inyectar fondos en sus deficitarios astilleros al resguardo del control de Bruselas.

A Astilleros –ayer Izar, hoy la Navantia militar- la Comisión le abrió dos expedientes que desembocaron en sendas decisiones que declararon la incompatibilidad de las ayudas, ordenando su devolución. El Gobierno Aznar –a través de Izar- impugnó ante el Tribunal de Luxemburgo las resoluciones que incoaron los expedientes, pero el cambio de gobierno tras el 14-M supuso también un sorprendente giro en la estrategia jurídica del Estado. El Gobierno socialista no impugnó las Decisiones de la Comisión, dejándolas firmes, en un comportamiento llamativo porque, además de existir razones jurídicas, todos los gobiernos han sido especialmente beligerantes en materia de ayudas públicas y en la defensa de sus posiciones frente a Bruselas.

No ocurrió así en Astilleros. La dejación del Gobierno llevó a la firmeza de la Decisiones y a la escisión de la rama civil de la militar, condenando a la primera a su privatización, y a la rama militar a que algún sátrapa encargue alguna patrullera. Si algunos han perdido el interés no perdamos nosotros la memoria, sobre todo ahora que se han esfumado los encargos de la Sexta Flota, las fragatas para Israel o los submarinos encargados por Taiwan en los tiempos de Aznar. Y es que quedarse sentado al paso de las banderas tiene su precio.