ANV

Cuando el Fiscal General americano, Mr. Justice Robert H. Jackson, terminó de enseñar a sus colegas la sala en la que había de celebrarse el Proceso de Nürenberg, su homólogo ruso, el General Rudenko, le formuló a través de la soldado – traductora la siguiente pregunta: ¿Sería tan amable el tovarich Jackson de enseñarnos a continuación el lugar donde van a ser colgados todos los acusados?. A Rudenko le sobraba la parafernalia organizada por el resto de aliados en su ánimo de hacer su propia ´justicia` con los altos jerarcas nazis.
No digo que para la ilegalización de Acción Nacionalista Vasca (ANV), descarada tapadera de Batasuna-ETA, nos haga falta un Rudenko, pero en la defensa del Estado de Derecho tan perniciosos son la actividad desenfrenada como la inacción. La salubridad del sistema democrático exige, en ocasiones, la pronta y decidida actuación del Ministerio Público que evite, precisamente, que se tenga que llegar a siempre tardíos procesos, como el de Nüremberg, que de haberse celebrado a tiempo, hubieran evitado la toma del poder por la tiranía y, con ella, el sufrimiento, los crímenes y la ruina.
El fiscal general afirmó que el apoyo de los dirigentes de Batasuna a ANV "de manera manifiesta" (sic) podría dar lugar a la ilegalización. Los batasunos, rápidos en el chantaje al Estado, no tardaron en solicitar públicamente el voto para ANV, demostrando la evidente connivencia de dos organizaciones, aparentemente distintas, pero que no constituyen más que una sola prolongación de ETA. Pero el fiscal general, obtenido lo que para muchos supone el enésimo indicio justificativo de la ilegalidad de la organización que concurre a las urnas, opta ahora por negar la mayor y considerar insuficiente esa pública petición de apoyo a un partido que no es más que el alter ego de ETA.
Quienes critican la indecisión del Ministerio Público y la inacción del Gobierno en la solicitud de las medidas judiciales necesarias, ponen de manifiesto, no sin razón, que el Estado de Derecho sufre cuando la norma –la Ley de Partidos- no se aplica. Ahondando en la herida –que con el paso del tiempo deja de ser epidérmica y amenaza con gangrenarse- se acusa al Gobierno de cumplir una liturgia cuyo ceremonial está formado por secretos pactos adoptados en un proceso de negociación con la banda terrorista que se nos dijo finiquitado pero que, por el contrario, parece mantenerse vivo en un clima de recíproca desconfianza. Y si no fuere así, si de verdad ya no existe proceso de negociación, la ausencia de consenso entre los principales partidos puede haber llevado al Gobierno de España a depender en su suerte del capricho de una banda terrorista. La política antiterrorista, roto el imprescindible consenso, ha pasado de cuestión de Estado a política de interés partidista.