Asegura la crónica de Daniel Utrilla, enviado especial de EL MUNDO a Yakutsk, que el entrenador de la selección "nacional" catalana, apellidado Fernández, insultaba al equipo arbitral en perfecto español. Las selecciones de fútbol sala amateur de Cataluña y España se han enfrentado en un cutre pabellón polideportivo ante 200 espectadores de ojos achinados que escucharon impertérritos Els Segadors –que sí tiene letra, y muy cursi- y el God save the Queen británico en honor de esa pseudo-selección española compuesta por un grupito de amigos con un raro sentido de la vergüenza. El himno británico fue lo más serio de un espectáculo que daría para varias comedias, pero que, en realidad, encierra una grotesca función no exenta de elementos propios de una tragedia.
El triste espectáculo me recordó la carta que Francesc Cambó dirigió a Josep Plá desde su exilio parisino a los pocos días de que Maciá, aciago personaje, proclamara la república catalana después de entrar con sus amigos, a gatas y por una ventana, en el Palacio de la Generalidad, en una escena lamentable que Plá describe con maestría en un artículo publicado el 25 de abril de 1931 en El Noticiero Sevillano. "Se trata", decía Cambó en esa carta al describir el comportamiento de Maciá, de un "espectáculo de paletismo colectivo, un acto carnavalesco capaz de enternecer y entusiasmar a nuestro amigos". La proclamada república catalana –con nombramiento de ministro de Defensa incluída- duró algo menos de diez horas, tiempo sin embargo suficiente para que en 1934 Lluís Companys, alzándose esta vez en acto golpista contra la República, proclamara en otra actuación propia de carnestolendas el "Estado catalán de la República Federal española".
Será mi ascendencia alemana, pero yo no me imagino a una selección nacional de Baviera haciendo el ridículo en la península de Kamchatka jugando un partido de futbito con la selección de la República Federal. Claro está que los alemanes, en su sistema federal siempre imperfecto, con esa necesidad de consenso tan criticada por sus efectos paralizantes, cuentan con un principio en su Ley Fundamental que les prohíbe cometer actuaciones que aquí se quieren consolidar sobre la base de convertirlos en peligrosa costumbre. Se trata del principio de lealtad entre los Länder y el Bund, la denominada Treue o fidelidad en las recíprocas relaciones.
No hace mucho asistimos en Portugal a un acto de pederastia política cuando los responsables de un equipo infantil de fútbol de Cataluña no pemitieron salir al campo a los niños cuando sonaba el himno de España. Ahora, se fomenta otro espectáculo lamentable propiciado por palurdos e iletrados bilingües con el beneplácito de un Gobierno al que Yakutia le pilla, al parecer, muy lejos.
sábado, septiembre 08, 2007
Prácticas de tiro
El encapuchado, con uniforme negro, se acerca con sigilo a la diana portando un arma corta en su mano derecha. Cuando está a menos de un metro del objetivo, apunta a su fácil presa y dispara. Inmediatamente, con leve inclinación de rodillas encañona la diana que se encuentra en el suelo y remata a su víctima con la sofocante música de fondo de una txalaparta. Las imágenes emitidas por televisión hace muy pocos días de los gudaris de ETA –cobardes asesinos- obligaban a plantearse por enésima vez la oportunidad de un mal denominado ´proceso de paz` y de negociación entre un cándido Gobierno y una banda terrorista que no conoce más procesos que los que conducen por la violencia a la claudicación del Estado.
ETA ha roto lo que denominó con sarcasmo ´alto el fuego permanente` (permanentemente violado, sin más respuesta por el Gobierno que una actitud laxa, de simulada prudencia que, a veces, por su indulgencia, aparentaba sumisión). No será por no haberlo advertido, pero lo verdaderamente reprochable en este ´proceso` ha sido la continua voluntad del Gobierno de orillar al principal partido de la oposición, pretendiendo situarlo en una ignominiosa posición de equidistancia con Batasuna. La <> han sido continuamente equiparadas en ánimo y voluntad por quien antes actuaba con la osadía propia del iluminado y ahora comparece ante los medios con gesto sombrío, descompuesto, como el torero desarmado, pidiendo el apoyo exterior cuando en la última cumbre franco-española prescindió de la presencia de los ministros de Interior y solicitando apoyo unánime cuando ha roto el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo en el vano intento de ahormar el Estado de Derecho para satisfacer algunas de las exigencias de la banda.
Jamás conseguiré entender cómo un Gobierno, cualquier Gobierno, puede embarcarse en un proceso negociador con una organización terrorista sin el imprescindible apoyo del principal partido de la oposición. En Zurich, cuando la penúltima ´tregua` de un proceso iniciado entonces por el PNV, los representantes del Gobierno se levantaron de la mesa al confirmar que la posición de ETA pasaba por exigir la conocida tríada: autodeterminación, amnistía y Navarra. De entonces a ahora, la posición de los terroristas no se ha movido un ápice. Estábamos, como en la anterior ocasión, ante una ´tregua trampa`, en la certera expresión acuñada por Mayor Oreja, que ha servido para reforzar a una organización terrorista que ha vuelto a las instituciones, pero que estaba contra las cuerdas por la decidida y uniforme actuación de todos los partidos democráticos.
A ese consenso debe volverse cuanto antes para recuperar el tiempo perdido, no sin exigir responsabilidades a quienes nos han llevado por el camino equivocado.
ETA ha roto lo que denominó con sarcasmo ´alto el fuego permanente` (permanentemente violado, sin más respuesta por el Gobierno que una actitud laxa, de simulada prudencia que, a veces, por su indulgencia, aparentaba sumisión). No será por no haberlo advertido, pero lo verdaderamente reprochable en este ´proceso` ha sido la continua voluntad del Gobierno de orillar al principal partido de la oposición, pretendiendo situarlo en una ignominiosa posición de equidistancia con Batasuna. La <
Jamás conseguiré entender cómo un Gobierno, cualquier Gobierno, puede embarcarse en un proceso negociador con una organización terrorista sin el imprescindible apoyo del principal partido de la oposición. En Zurich, cuando la penúltima ´tregua` de un proceso iniciado entonces por el PNV, los representantes del Gobierno se levantaron de la mesa al confirmar que la posición de ETA pasaba por exigir la conocida tríada: autodeterminación, amnistía y Navarra. De entonces a ahora, la posición de los terroristas no se ha movido un ápice. Estábamos, como en la anterior ocasión, ante una ´tregua trampa`, en la certera expresión acuñada por Mayor Oreja, que ha servido para reforzar a una organización terrorista que ha vuelto a las instituciones, pero que estaba contra las cuerdas por la decidida y uniforme actuación de todos los partidos democráticos.
A ese consenso debe volverse cuanto antes para recuperar el tiempo perdido, no sin exigir responsabilidades a quienes nos han llevado por el camino equivocado.
El honor
En la sección de obituarios de EL MUNDO de ayer aparecía la noticia del suicidio del ministro japonés de Agricultura, Toshikatsu Matsuoka, involucrado, al parecer, en un escándalo de corrupción que afectaba al Partido Liberal Democrático de Japón. Se afirmaba en la crónica que el ministro puso fin a su vida justo ante de comparecer ante el Parlamento donde debía dar cuenta de determinadas donaciones por importe de 80.000€, recibidas de constructoras que resultaron adjudicatarias de concursos públicos. Mi amigo Álvaro me comentó al conocer la noticia del ahorcamiento del ministro japonés que si los políticos se aplicaran aquí los mismos principios éticos que en Japón faltaría cuerda.
El conocimiento de los resultados electorales de las municipales y la reelección en el cargo de determinados personajes envueltos en turbios escándalos me lleva a la conclusión de que en la todavía joven democracia española se echa en falta la madurez y exigencia de rigor que otros países de nuestro entorno europeo aplican a sus políticos. Las promesas electorales sistemáticamente incumplidas durante el período de gobierno; la administración desordenada de los bienes públicos con casos de "convolutos" o de facturas no justificadas, la transgresión de la ley –ya sea la urbanística, la contable o cualquier otra- el incumplimiento, en suma, de los deberes que se imponen a los regidores públicos, serían causa más que suficiente para que en esas democracias consolidadas quien recibió el apoyo pero no cumplió durante el mandato quedara definitivamente apartado de la vida política. Un buen amigo alemán, que me prodiga sus llamadas durante el período electoral para que le cuente anécdotas de la campaña, no sale de su asombro cuando le relato los sorteos de viviendas o de dormitorios de caoba entre los asistentes a los mítines. Ésos, me asegura, no durarían en la política alemana ni un cuarto de hora, como tampoco están allí acostumbrados al insulto entre candidatos o a ásperas campañas electorales en las que no se debatan soluciones a los problemas.
Pero aquí no; aquí, en determinados casos, parece que no hay mejor campaña electoral para asegurar mayorías absolutas que una sentencia firme condenatoria de quien presenta su candidatura; que una inhabilitación para el ejercicio de cargo público seguido de un más que bondadoso –y vergonzante- indulto que viene a proclamar la impunidad de la conducta delictiva, o una bronca con la Benemérita a cuenta de un control de alcoholemia con sanción administrativa incluida. En muchos casos nada parece llamar la atención de unos electores que elección tras elección manifiestan su preferencia por el mismo candidato o los mismos colores, como el hincha muestra invariablemente su predilección por su equipo de fútbol.
El conocimiento de los resultados electorales de las municipales y la reelección en el cargo de determinados personajes envueltos en turbios escándalos me lleva a la conclusión de que en la todavía joven democracia española se echa en falta la madurez y exigencia de rigor que otros países de nuestro entorno europeo aplican a sus políticos. Las promesas electorales sistemáticamente incumplidas durante el período de gobierno; la administración desordenada de los bienes públicos con casos de "convolutos" o de facturas no justificadas, la transgresión de la ley –ya sea la urbanística, la contable o cualquier otra- el incumplimiento, en suma, de los deberes que se imponen a los regidores públicos, serían causa más que suficiente para que en esas democracias consolidadas quien recibió el apoyo pero no cumplió durante el mandato quedara definitivamente apartado de la vida política. Un buen amigo alemán, que me prodiga sus llamadas durante el período electoral para que le cuente anécdotas de la campaña, no sale de su asombro cuando le relato los sorteos de viviendas o de dormitorios de caoba entre los asistentes a los mítines. Ésos, me asegura, no durarían en la política alemana ni un cuarto de hora, como tampoco están allí acostumbrados al insulto entre candidatos o a ásperas campañas electorales en las que no se debatan soluciones a los problemas.
Pero aquí no; aquí, en determinados casos, parece que no hay mejor campaña electoral para asegurar mayorías absolutas que una sentencia firme condenatoria de quien presenta su candidatura; que una inhabilitación para el ejercicio de cargo público seguido de un más que bondadoso –y vergonzante- indulto que viene a proclamar la impunidad de la conducta delictiva, o una bronca con la Benemérita a cuenta de un control de alcoholemia con sanción administrativa incluida. En muchos casos nada parece llamar la atención de unos electores que elección tras elección manifiestan su preferencia por el mismo candidato o los mismos colores, como el hincha muestra invariablemente su predilección por su equipo de fútbol.
La fidelidad del bígamo
La fidelidad del bígamo
En su discurso pronunciado el 13 de mayo de 1932 en las Cortes Constituyentes bajo la presidencia de Besteiro, Ortega y Gasset afirmó que el problema catalán no se podía resolver, sólo se podía conllevar. Tanta razón tenía Ortega en su afirmación que, en lo esencial, su disertación ante las Cortes podría haber sido repetida con puntuales cambios hace escasas fechas en el Congreso durante el proceso de elaboración de un Estatuto catalán que se nos presentó como la fórmula idónea para conllevar el problema durante "dos o tres décadas" (Rodríguez Zapatero dixit), pero que se ha demostrado superado por las circunstancias a las pocas semanas de su aprobación. El Tribunal Constitucional tiene pendiente de resolver el recurso interpuesto contra el Estatuto, entre otros, por el Partido Popular, pero ha advertido en reciente sentencia que ni la financiación ni las guadianescas deudas históricas pueden ser, como el tango, cosa de dos, rompiendo así el envenenado juego de la bilateralidad que proclama, no sin inconstitucional egoismo, la norma autonómica recurrida.
Serán los pregonados tijeretazos del Tribunal Constitucional al Estatuto catalán en un vano intento de volver constitucional un texto que los recurrentes consideran norma de cobertura para perpetrar el fraude de ley consistente en violar la Constitución, o tal vez sean las continuas veleidades de un partido político antisistema –ERC- que algunos creyeron, en evidente error, que con el anzuelo de un Estatuto inconstitucional iba a someterse al ordenamiento de un Estado al que aborrece, lo cierto es que una u otra causa han producido el efecto de llevar a un tal Vendrell –mandado de Carod y Puigcercos- a ofrecer a CiU la presidencia de la Generalitat a cambio, nada más y nada menos, que de la convocatoria de un referéndum de autodeterminación.
Abiertos con temeridad el "melón" del modelo de Estado y con imprudencia un "proceso de paz" que enmascara una turbia negociación de la que nada se sabe, pero en la que se impone confianza ciega e inquebrantable adhesión sopena de recibir el calificativo de falangista, es evidente que entre los radicales se ha acelerado la carrera hacia la meta del abismo. Mirará ahora el despechado Montilla con estupor la tropa que tiene de aliado, el bígamo que, hecha la oferta a tercero, le quiere convencer de su fidelidad; se pensarán los convergentes la envenenada propuesta de referéndum de autodeterminación a cambio del cromo de la presidencia en ese puro exhibicionismo de a ver quién lo tiene más grande (el nacionalismo independentista) y mirarán en Madrid para otro lado. Pero aquí todavía no ha dicho nadie que ese referéndum de autodeterminación es absolutamente inconstitucional y, por lo tanto, ilegal por sus cuatro costados.
En su discurso pronunciado el 13 de mayo de 1932 en las Cortes Constituyentes bajo la presidencia de Besteiro, Ortega y Gasset afirmó que el problema catalán no se podía resolver, sólo se podía conllevar. Tanta razón tenía Ortega en su afirmación que, en lo esencial, su disertación ante las Cortes podría haber sido repetida con puntuales cambios hace escasas fechas en el Congreso durante el proceso de elaboración de un Estatuto catalán que se nos presentó como la fórmula idónea para conllevar el problema durante "dos o tres décadas" (Rodríguez Zapatero dixit), pero que se ha demostrado superado por las circunstancias a las pocas semanas de su aprobación. El Tribunal Constitucional tiene pendiente de resolver el recurso interpuesto contra el Estatuto, entre otros, por el Partido Popular, pero ha advertido en reciente sentencia que ni la financiación ni las guadianescas deudas históricas pueden ser, como el tango, cosa de dos, rompiendo así el envenenado juego de la bilateralidad que proclama, no sin inconstitucional egoismo, la norma autonómica recurrida.
Serán los pregonados tijeretazos del Tribunal Constitucional al Estatuto catalán en un vano intento de volver constitucional un texto que los recurrentes consideran norma de cobertura para perpetrar el fraude de ley consistente en violar la Constitución, o tal vez sean las continuas veleidades de un partido político antisistema –ERC- que algunos creyeron, en evidente error, que con el anzuelo de un Estatuto inconstitucional iba a someterse al ordenamiento de un Estado al que aborrece, lo cierto es que una u otra causa han producido el efecto de llevar a un tal Vendrell –mandado de Carod y Puigcercos- a ofrecer a CiU la presidencia de la Generalitat a cambio, nada más y nada menos, que de la convocatoria de un referéndum de autodeterminación.
Abiertos con temeridad el "melón" del modelo de Estado y con imprudencia un "proceso de paz" que enmascara una turbia negociación de la que nada se sabe, pero en la que se impone confianza ciega e inquebrantable adhesión sopena de recibir el calificativo de falangista, es evidente que entre los radicales se ha acelerado la carrera hacia la meta del abismo. Mirará ahora el despechado Montilla con estupor la tropa que tiene de aliado, el bígamo que, hecha la oferta a tercero, le quiere convencer de su fidelidad; se pensarán los convergentes la envenenada propuesta de referéndum de autodeterminación a cambio del cromo de la presidencia en ese puro exhibicionismo de a ver quién lo tiene más grande (el nacionalismo independentista) y mirarán en Madrid para otro lado. Pero aquí todavía no ha dicho nadie que ese referéndum de autodeterminación es absolutamente inconstitucional y, por lo tanto, ilegal por sus cuatro costados.
Igualdad
La Ley, en una definición tradicional e inobjetada, es el mandato impuesto por quien para ello tiene autoridad y poder. Su condición de mandato refuerza el contenido imperativo de la norma dictada por la autoridad: Autoritas, non veritas facit legem. Los viejos apuntes de la Facultad recogen la definición de Sánchez Román: "La Ley es regla de conducta justa, obligatoria, dictada por legítimo poder y de observancia y beneficio común".
La Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres está pendiente de publicación en el Boletín Oficial del Estado, después de haber sido aprobada en el Congreso por todos los partidos políticos, excepto el Partido Popular, que se abstuvo. Es una Ley ad portas que, como no podía ser de otra forma, está en sintonía con la política social trazada por el legislador con evidente ánimo electoral y que responde, como en otras ocasiones, al castizo dicho de "mucho ruido y pocas nueces". El ruido de los aplausos de supuestas feministas que no se han leído la Ley o de los flashes a la salida del Congreso de los Diputados me reafirman en la convicción de que la norma rezuma populismo en estado puro.
Porque la Ley de Igualdad se aparta en su farragoso texto de su condición de mandato para convertirse en una norma voluntariosa. No estamos ante la imposición de reglas de conducta, sino ante meros deseos que convierten el texto legal en simple capítulo de propósitos o intenciones. A esa conclusión debe llegarse si, analizando su texto, advertimos que la efectividad de la igualdad que se pretende afianzar mediante esta norma queda siempre a criterio de su destinatario: "Las sociedades … procurarán incluir en su Consejo de Administración un número de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en un plazo de ocho años a partir de la entra en vigor de la Ley". Procurarán es término que no implica obligación; no estamos ante un mandato o regla de conducta impuesta, sino ante la expresión de un deseo, de una simple voluntad o desiderátum sin contenido ni efectos obligatorios. En otros pasajes de la norma se reiteran estos términos voluntariosos, pero no vinculantes: fomentarán, intentarán, promoverán, favorecerán, expresiones que convierten el texto normativo en un brindis al sol.
Por supuesto, la Ley prohíbe lo que denomina "lenguaje sexista", infringiendo para ello otras leyes: las gramaticales. Adviertan esta perla con la que el legislador cocea el Diccionario:"La realización de estas acciones podrá ser concertada con la representación de los trabajadores y las trabajadoras, y las organizaciones de consumidores y consumidoras y usuarios y usuarias". Hay quien cree que el redactor (o redactora) del Preámbulo del Estatuto andaluz ha intervenido en la redacción de la Ley de Igualdad.
La Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres está pendiente de publicación en el Boletín Oficial del Estado, después de haber sido aprobada en el Congreso por todos los partidos políticos, excepto el Partido Popular, que se abstuvo. Es una Ley ad portas que, como no podía ser de otra forma, está en sintonía con la política social trazada por el legislador con evidente ánimo electoral y que responde, como en otras ocasiones, al castizo dicho de "mucho ruido y pocas nueces". El ruido de los aplausos de supuestas feministas que no se han leído la Ley o de los flashes a la salida del Congreso de los Diputados me reafirman en la convicción de que la norma rezuma populismo en estado puro.
Porque la Ley de Igualdad se aparta en su farragoso texto de su condición de mandato para convertirse en una norma voluntariosa. No estamos ante la imposición de reglas de conducta, sino ante meros deseos que convierten el texto legal en simple capítulo de propósitos o intenciones. A esa conclusión debe llegarse si, analizando su texto, advertimos que la efectividad de la igualdad que se pretende afianzar mediante esta norma queda siempre a criterio de su destinatario: "Las sociedades … procurarán incluir en su Consejo de Administración un número de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en un plazo de ocho años a partir de la entra en vigor de la Ley". Procurarán es término que no implica obligación; no estamos ante un mandato o regla de conducta impuesta, sino ante la expresión de un deseo, de una simple voluntad o desiderátum sin contenido ni efectos obligatorios. En otros pasajes de la norma se reiteran estos términos voluntariosos, pero no vinculantes: fomentarán, intentarán, promoverán, favorecerán, expresiones que convierten el texto normativo en un brindis al sol.
Por supuesto, la Ley prohíbe lo que denomina "lenguaje sexista", infringiendo para ello otras leyes: las gramaticales. Adviertan esta perla con la que el legislador cocea el Diccionario:"La realización de estas acciones podrá ser concertada con la representación de los trabajadores y las trabajadoras, y las organizaciones de consumidores y consumidoras y usuarios y usuarias". Hay quien cree que el redactor (o redactora) del Preámbulo del Estatuto andaluz ha intervenido en la redacción de la Ley de Igualdad.
Y ahora, Navarra
Dicen los teóricos de la cosa pública que son tres las cuestiones que requieren en el complejo mundo de la política un acuerdo de principios entre los partidos que las sustraiga de los vaivenes propios de las disputas partidistas: la acción exterior, la política antiterrorista y el modelo de Estado. Estas tres materias deben estar delimitadas por fronteras infranqueables que, permitiendo margen de actuación al Gobierno de turno, eviten los bruscos movimientos derivados de inexplicables bandazos o derrotas vinculadas a los resultados electorales.
En España nunca ha existido un política exterior común, entendida ésta como producto de un acuerdo de bases entre los partidos mayoritarios que abarcara las cuestiones sensibles de las relaciones exteriores del Estado. La acción exterior no ha tenido más coherencia que la derivada del periodo de duración de cada partido en el Gobierno, sin que pueda hablarse en nuestro caso –a diferencia de lo que acaece en el Reino Unido, Alemania o Francia- de unas "líneas rojas" que representen acuerdos de base sobre materias sensibles –dominadas por la raison d´Etat- adoptados por los partidos con aspiración de gobierno. La inexistencia de esos acuerdos de principios en política exterior ha debilitado sensiblemente la posición española en el tablero internacional. Ahí tienen, como último ejemplo de esta falta de vigor, el anuncio argelino del incremento del precio del gas en un veinte por ciento.
En política antiterrorista, en cambio, si hubo acuerdo entre los principales partidos, pero hoy bien parece que hecho el Pacto por las libertades y contra el terrorismo, hecha la trampa. Hoy ya no existe el Pacto; me atrevería a decir que no existe ni siquiera política antiterrorista por haberse transformado ésta en un oscuro proceso de negociación para el que el Gobierno exige, sin contrapartida alguna, una obediencia y fidelidad ciegas a la oposición, al tiempo que le mantiene en el más absoluto ostracismo. No puede este Gobierno, ni ningún Gobierno, reclamar en esta cuestión cheques en blanco ni inquebrantables adhesiones sin haber pactado previamente los límites de un proceso que está demostrando estar regido por la más absoluta improvisación.
"Y ahora, Navarra", ha dicho Otegui tras la excarcelación del asesino sin recibir del Gobierno una respuesta tajante a esta anexión, a este Anschluss en el que Hitler aparece cubierto con la capucha de los asesinos. No valen esas huecas respuestas con el estribillo de que "Navarra será lo que los navarros y navarras quieran que sea". El Gobierno debe ser contundente y fijar su posición con claridad. Si quiere que las próximas elecciones autonómicas en Navarra se conviertan en un referendum "á la québécoise", que lo diga, pero que lo diga ya.
En España nunca ha existido un política exterior común, entendida ésta como producto de un acuerdo de bases entre los partidos mayoritarios que abarcara las cuestiones sensibles de las relaciones exteriores del Estado. La acción exterior no ha tenido más coherencia que la derivada del periodo de duración de cada partido en el Gobierno, sin que pueda hablarse en nuestro caso –a diferencia de lo que acaece en el Reino Unido, Alemania o Francia- de unas "líneas rojas" que representen acuerdos de base sobre materias sensibles –dominadas por la raison d´Etat- adoptados por los partidos con aspiración de gobierno. La inexistencia de esos acuerdos de principios en política exterior ha debilitado sensiblemente la posición española en el tablero internacional. Ahí tienen, como último ejemplo de esta falta de vigor, el anuncio argelino del incremento del precio del gas en un veinte por ciento.
En política antiterrorista, en cambio, si hubo acuerdo entre los principales partidos, pero hoy bien parece que hecho el Pacto por las libertades y contra el terrorismo, hecha la trampa. Hoy ya no existe el Pacto; me atrevería a decir que no existe ni siquiera política antiterrorista por haberse transformado ésta en un oscuro proceso de negociación para el que el Gobierno exige, sin contrapartida alguna, una obediencia y fidelidad ciegas a la oposición, al tiempo que le mantiene en el más absoluto ostracismo. No puede este Gobierno, ni ningún Gobierno, reclamar en esta cuestión cheques en blanco ni inquebrantables adhesiones sin haber pactado previamente los límites de un proceso que está demostrando estar regido por la más absoluta improvisación.
"Y ahora, Navarra", ha dicho Otegui tras la excarcelación del asesino sin recibir del Gobierno una respuesta tajante a esta anexión, a este Anschluss en el que Hitler aparece cubierto con la capucha de los asesinos. No valen esas huecas respuestas con el estribillo de que "Navarra será lo que los navarros y navarras quieran que sea". El Gobierno debe ser contundente y fijar su posición con claridad. Si quiere que las próximas elecciones autonómicas en Navarra se conviertan en un referendum "á la québécoise", que lo diga, pero que lo diga ya.
Voto de calidad
Existe un dicho forense en la curia alemana que afirma que los jueces son estudiantes de Derecho que se corrigen sus propios exámenes. De ser cierto el aserto siempre estaremos ante un mal menor porque, continúa el dicho, "lo verdaderamente pernicioso es que a los jueces le soplen al oído el examen", poniendo así el dedo en la llaga de uno de los peligros de toda Democracia: el empeño del Ejecutivo, a veces indisimulado, por controlar el poder Judicial.
En los EEUU es el Presidente quien nombra a los jueces de la Corte Suprema y éstos ejercen sus cargos con carácter vitalicio, during good Behaviour, para preservar de esta forma su independencia. Los alemanes, en su sistema federal, reservan el nombramiento de los dieciséis jueces al Bundestag y a la cámara regional del Bundesrat por partes iguales, pero obligan a ambas Cámaras a que los acuerdos se adopten por una mayoría cualificada de dos tercios.
La Constitución española –muy inspirada por el sistema alemán- establece en doce el número de miembros del Tribunal Constitucional, reproduce la mayoría cualificada establecida en la norma alemana y reserva el nombramiento de los magistrados a las Cortes Generales (ocho miembros, cuatro el Congreso y otros tantos el Senado) y el nombramiento del resto los reserva para el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial. Así se estableció en la Ley Orgánica que regula su funcionamiento y que fue adoptada, siguiendo una inveterada costumbre, con el acuerdo de los partidos mayoritarios.
Ahora, el siempre deseable consenso entre los principales grupos políticos parece no va a ser posible en la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que se discute en la Comisión Constitucional. Que la Constitución permita la modificación de la Ley Orgánica por una mayoría que permita descartar la necesaria participación del partido de la oposición es un evidente error que sólo procura la debilidad de la institución –y la aprobación de reformas estatutarias claramente inconstitucionales-. Pero aquellos que prescinden del necesario consenso en esta materia introducen también un peligroso elemento de precariedad que mina la propia función encomendada al Tribunal.
La reforma permite la participación de las Comunidades Autónomas en el nombramiento de sus miembros –fórmula idónea para que éstas designen a sus sabios locales- y, de camino, prolonga el mandato de la Presidente para que ejerza su voto dirimente en aquellos asuntos que lo requieran –una especie de "gol de oro" que algunos llaman "efecto Bermejo"-, sin que todavía ningún jurista-politólogo haya advertido en esta ocasión la comisión de algún "golpe de estado". Hábil maniobra, porque España está dividida en dos hasta en la votación de informes periciales sobre explosivos.
En los EEUU es el Presidente quien nombra a los jueces de la Corte Suprema y éstos ejercen sus cargos con carácter vitalicio, during good Behaviour, para preservar de esta forma su independencia. Los alemanes, en su sistema federal, reservan el nombramiento de los dieciséis jueces al Bundestag y a la cámara regional del Bundesrat por partes iguales, pero obligan a ambas Cámaras a que los acuerdos se adopten por una mayoría cualificada de dos tercios.
La Constitución española –muy inspirada por el sistema alemán- establece en doce el número de miembros del Tribunal Constitucional, reproduce la mayoría cualificada establecida en la norma alemana y reserva el nombramiento de los magistrados a las Cortes Generales (ocho miembros, cuatro el Congreso y otros tantos el Senado) y el nombramiento del resto los reserva para el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial. Así se estableció en la Ley Orgánica que regula su funcionamiento y que fue adoptada, siguiendo una inveterada costumbre, con el acuerdo de los partidos mayoritarios.
Ahora, el siempre deseable consenso entre los principales grupos políticos parece no va a ser posible en la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que se discute en la Comisión Constitucional. Que la Constitución permita la modificación de la Ley Orgánica por una mayoría que permita descartar la necesaria participación del partido de la oposición es un evidente error que sólo procura la debilidad de la institución –y la aprobación de reformas estatutarias claramente inconstitucionales-. Pero aquellos que prescinden del necesario consenso en esta materia introducen también un peligroso elemento de precariedad que mina la propia función encomendada al Tribunal.
La reforma permite la participación de las Comunidades Autónomas en el nombramiento de sus miembros –fórmula idónea para que éstas designen a sus sabios locales- y, de camino, prolonga el mandato de la Presidente para que ejerza su voto dirimente en aquellos asuntos que lo requieran –una especie de "gol de oro" que algunos llaman "efecto Bermejo"-, sin que todavía ningún jurista-politólogo haya advertido en esta ocasión la comisión de algún "golpe de estado". Hábil maniobra, porque España está dividida en dos hasta en la votación de informes periciales sobre explosivos.
La legalidad internacional
La política es el arte del escapismo y mucho tiene que ver su práctica con la habilidad de la evasión, la continua huida de una realidad inconveniente. En política internacional, los gobiernos suelen izar pabellones de conveniencia, en muchas ocasiones contradictorios con aquellos que ondeaban con anterioridad en su nave. Iraq es uno de los ejemplos que mejor ilustran en la política patria el arte escapista de quienes saben moverse con destreza en el mundo de las contradicciones.
Porque el envío de tropas en Iraq es considerado como acto contrario a lo que algunos denominan "legalidad internacional" cuando les resulta conveniente a sus intereses imputar a terceros la infracción de resoluciones de organismos internacionales. Sin embargo, para mantener esa injusta acusación no se duda en ocultar que resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas (la 1483, principalmente, y también la 1511) dieron carta de naturaleza a la presencia de tropas extranjeras en Iraq. En virtud de dichas resoluciones, las tropas españolas, durante su presencia en territorio iraquí, coadyuvaron a la consecución de los fines establecidos por Naciones Unidas –mejora de la seguridad interna; reestablecimiento de las instituciones; adiestramiento de policía y ejército- en ese cuerpo de normas que también constituye "legalidad internacional", pero que sistemáticamente se oculta por quienes imputan una y otra vez su infracción a quien ya no está en el Gobierno, olvidando que todavía permanecen en territorio iraquí tropas enviadas por otros presidentes de gobiernos que, además, son miembros de la Internacional Socialista.
Pero el acervo de la "legalidad internacional" no alcanza sólo a Iraq, sino también a resoluciones que procuran el proceso de descolonización o la solución negociada de conflictos territoriales. Hubo en su día, a finales de los setenta, un presidente del gobierno que fue al campamento de refugiados de Tinduf a proclamar a los cuatro vientos que acompañaría a ese pueblo "hasta la victoria final", para abandonarlo a su suerte cuando por vez primera subió las escaleras del Palacio de la Moncloa revestido del poder que le dieron las urnas. Ahora, anda, como El Raisuni, por las montañas y playas de la Yebala, sin acordarse de las promesas fundadas en una etérea "legalidad internacional" de la que escapa cuando no le es conveniente. Otro presidente está ahora fijando los nuevos límites de aguas jurisdiccionales, en una actuación en la que aparentemente se mezclan el buenismo con una cierta dósis de torpeza, pero que en la realidad encierra un giro radical en la posición española respecto del Sahara Occidental que se inició en su día con la ratificación de un acuerdo de pesca entre la UE y el Reino de Marruecos.
Porque el envío de tropas en Iraq es considerado como acto contrario a lo que algunos denominan "legalidad internacional" cuando les resulta conveniente a sus intereses imputar a terceros la infracción de resoluciones de organismos internacionales. Sin embargo, para mantener esa injusta acusación no se duda en ocultar que resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas (la 1483, principalmente, y también la 1511) dieron carta de naturaleza a la presencia de tropas extranjeras en Iraq. En virtud de dichas resoluciones, las tropas españolas, durante su presencia en territorio iraquí, coadyuvaron a la consecución de los fines establecidos por Naciones Unidas –mejora de la seguridad interna; reestablecimiento de las instituciones; adiestramiento de policía y ejército- en ese cuerpo de normas que también constituye "legalidad internacional", pero que sistemáticamente se oculta por quienes imputan una y otra vez su infracción a quien ya no está en el Gobierno, olvidando que todavía permanecen en territorio iraquí tropas enviadas por otros presidentes de gobiernos que, además, son miembros de la Internacional Socialista.
Pero el acervo de la "legalidad internacional" no alcanza sólo a Iraq, sino también a resoluciones que procuran el proceso de descolonización o la solución negociada de conflictos territoriales. Hubo en su día, a finales de los setenta, un presidente del gobierno que fue al campamento de refugiados de Tinduf a proclamar a los cuatro vientos que acompañaría a ese pueblo "hasta la victoria final", para abandonarlo a su suerte cuando por vez primera subió las escaleras del Palacio de la Moncloa revestido del poder que le dieron las urnas. Ahora, anda, como El Raisuni, por las montañas y playas de la Yebala, sin acordarse de las promesas fundadas en una etérea "legalidad internacional" de la que escapa cuando no le es conveniente. Otro presidente está ahora fijando los nuevos límites de aguas jurisdiccionales, en una actuación en la que aparentemente se mezclan el buenismo con una cierta dósis de torpeza, pero que en la realidad encierra un giro radical en la posición española respecto del Sahara Occidental que se inició en su día con la ratificación de un acuerdo de pesca entre la UE y el Reino de Marruecos.
El presidente iraní Ahmadineyad ha comunicado al mundo desde la planta nuclear de Natanz que Irán forma parte del "club nuclear" compuesto por los países que producen combustible atómico a escala industrial. El gobierno de Teherán ha repetido que su programa nuclear tiene fines exclusivamente civiles; las naciones occidentales temen, con fundamento, dada la continua opacidad con la que ha actuado el régimen persa, que el proceso de nuclearización persiga también fines militares que se materializarían en la fabricación de armamento atómico en serie. Teherán, además de formar parte del <
La situación iraní, su posición actual en el mundo, no deja de tener un cierto paralelismo con la alemania nacionalsocialista de los años treinta del pasado siglo. Se da una inquietante coincidencia en diversas actitudes. En primer lugar, los dos regímenes dictatoriales se mueven por un sentimiento antijudío evidente. Ahmadineyad no pierde ocasión de proferir advertencias contra el Estado de Israel, y han sido ya varias las ocasiones en las que ha manifestado su voluntad de <
Además, el gobierno de Teherán, al igual que el nacionalsocialista, se ha lanzado a una carrera armamentista que supone una violación de Tratados internacionales (en el caso iraní, del Tratado de no Proliferación Nuclear y en el del régimen hitleriano, del Tratado de Versalles). La coincidencia también se produce con el sistemático desprecio por las resoluciones de los organismos supranacionales, la Sociedad de Naciones, en un caso, y la Organización de las Naciones Unidas, en otro, haciendo gala el régimen de los ayatolás de un continuo desprecio a las resoluciones que, para quienes ahora callan, constituyen la <
La diplomacia tiene, como la paciencia, sus límites, en 1939 y también ahora de persistir esta continua infracción de la legalidad. Sería la última desgraciada coincidencia.
El mundo de las sombras
Suele justificarse el intervencionismo del Estado en el mercado por la necesaria protección que el legislador debe dispensar a los diferentes intereses en juego. En Derecho de sociedades, la norma emanada del Estado –que es quien fija el marco jurídico imperativo al que deben someterse las conductas de quienes intervienen en el mercado- pretende proporcionar seguridad a los propios accionistas, a los acreedores, a los terceros en general y a los trabajadores, estableciendo para ello un conjunto normativo de contenido normalmente imperativo que obliga a las sociedades a depositar sus cuentas en el Registro Mercantil o somete su constitución y el desarrollo de su actividad a preceptos de obligado cumplimiento.
Si ya es grave la transgresión de la norma por el particular, mayor gravedad plantea la posibilidad de que sea el propio legislador quien, infringiendo la normativa dictada, actúe en el mercado con ánimo de influir directamente en las conductas de quienes son sus protagonistas. Se habla entonces de intervencionismo del Gobierno no ya como una medida para proteger los intereses de quienes operan en la economía siempre bajo la perspectiva del interés general, sino con la finalidad no necesariamente altruista de favorecer determinados intereses particulares, partidistas, en el irreprimible y continuo deseo de algunos de obsequiar al amigo. La neutralidad del Gobierno se torna entonces en descarado favoritismo con el que se pretenden beneficiar directamente intereses no siempre coincidentes con los generales, con grave daño a la imagen exterior del país y a la confianza de unos inversores extranjeros que ahora se pensarán mejor dónde invertir.
Cuando así se actúa, se vulnera la Ley, ya esté ésta representada por Tratados comunitarios que imponen la necesaria observancia del libre mercado, la libertad de establecimiento o la libre circulación de capitales, o por normativa interna, expresión de aquélla, que obliga a la defensa de la competencia en el sector del que se trate. Y al vulnerar la Ley, el Gobierno infractor acaba también con la independencia que deben tener siempre por bandera los organismos reguladores. Así, con esa actuación parcial, pro domo sua, los reguladores pasan a ser organismos "regulados", voces de su amo, acabando con cualquier atisbo de la neutralidad e imparcialidad que por norma se les impone.
Y al desprestigio de los organismos reguladores le sigue obligadamente la desconfianza de los inversores. Cuando desde la sombra se adultera el mercado imponiendo a éste soluciones perjudiciales para la economía nacional también se acaba con la confianza del inversor, poniendo a un sistema económico ante prácticas más propias de exacerbados nacionalismos de repúblicas bananeras que de Estados de Derecho.
Libro de estilo
Andaba dando buena cuenta de un par de huevos fritos con chacina de la tierra en la muy recomendable Venta El Polvorilla, allí en el Llano de la Cruz, término municipal de Ronda, cuando llamó mi atención un cartel en el que una muy joven y atractiva candidata –Ségoléne de la Serranía- convocaba nada más y nada menos que en inglés a una reunión para exponer a los vecinos las principales novedades de su programa electoral. Meeting with the candidate, creo recordar rezaba el título del cartel, no tanto por el éxito de la política de bilingüismo en la serranía rondeña, sino más bien por la nutrida presencia de residentes comunitarios, herederos de Rilke o Alastair Boyd en su pasión por Ronda, y con derecho de voto en las próximas elecciones locales.
Las técnicas electorales avanzan que es una barbaridad. En otros tiempos, la ingeniera electoral no estaba ni mucho menos tan depurada como ahora. La política era más salvaje, informal, espontánea. Todavía recuerdo el programa de festejos de una localidad vecina –Arriate- en el que la agrupación socialista local patrocinaba una "gran chorizada" popular, patrocinio desde luego poco recomendable en aquella época de Filesas, fondos reservados, Roldán, et altri. Como reclamo electoral, la convocatoria de un partido político a una "gran chorizada", es digno de estudio en escuelas de negocios y cursos de verano.
Imagino que los ´libros de estilo` que aparecen cuando el clima político barrunta elecciones deben su existencia a la voluntad de evitar, en la medida de lo posible, deslices como el antes comentado, y tienen como finalidad imponer al candidato unas pautas, unas líneas de actuación durante la campaña, aunque a muchos se nos haga muy difícil calificar esos modelos de actuación como normas, precisamente de "estilo" en un momento en el que la política está reñida con las buenas formas. Los manuales para los candidatos a ocupar plaza de edil suelen regular de forma exhaustiva su conducta durante el período electoral, cayendo a menudo en recomendaciones absolutamente intolerables.
En noticia aparecida en EL MUNDO de ayer, firmada por Manuel Sánchez, se da cuenta de la aparición del ´Libro de Estilo`(sic) socialista para las próximas municipales. La crónica se detiene en el ´look` del candidato ideal ("ideal" para quien hace el ´Libro de Estilo`) y recomienda en su vestimenta el predominio de los colores negros, grises o marrones, para generar –en los candidatos- "un aspecto más cercano, fresco y actual". Siempre he asociado los tonos oscuros ahora tan recomendados a los camise nere mussolinianos o a ERC. Parece que ahora también los políticos quieren marcar las tendencias de la moda. Allá los autores del "libro" si quieren que sus candidatos se parezcan al conde Chiano.
sábado, mayo 26, 2007
Crónicas arriateñas
Almudena Sánchez Gil, joven y novel candidata a la alcaldía de la serrana localidad de Arriate, vecina a Ronda, se ha topado de bruces y sin quererlo con la dura realidad de la más sucia política en la forma de un miserable ataque verbal. Uno de sus contrincantes, veterano profesional de la medicina, seleccionado entre los mejores para tratar de desbancar a la fuerza política que detenta las riendas del Consistorio con mayoría absoluta, acusa al partido que presenta a la candidata Sánchez Gil de "ir promocionando por bares y rincones a su número uno como si se tratara de montar una casa de señoritas más que la presidencia de la Alcaldía". Por raro que parezca, quien profirió hace ya más de una semana el miserable exabrupto continúa ratificándose en sus afirmaciones, sin que, que se conozca, nadie de su partido -exponente máximo de progreso, talante y de pomposas leyes de igualdad- le haya exigido su inmediata dimisión o, cuanto menos, llamado la atención para que corrija una barbaridad cuyo reproche excede del ámbito político para adentrarse, claramente, en el judicial.
Almudena se presenta por una formación política que algunos se empeñan en calificar como derecha extrema, reaccionaria, intolerante, guerrera y carca, pero que en realidad es muy respetuosa con la mujer, hasta el extremo de presentar una ilegal lista -por estar compuesta íntegramente por mujeres- a la localidad de Garachico (o ser la única formación que presenta a una mujer como candidata a la Alcaldía de Arriate, que también vale como ejemplo de política real que fomente la igualdad de sexos). Yo quiero solidarizarme con ella y presentarle mis respetos, porque estoy seguro de que, siendo muchas las manifestaciones de aliento y apoyo que está recibiendo por ser víctima de un acto de maltrato y acoso, éstas no procederán, precisamente, de consejerías e institutos de la mujer cuyos representantes, desde posiciones partidistas obligatoriamente sectarias, promocionan un determinado tipo de mujer, una nueva sección femenina, ahora sin libros de cocina ni de bordado.
La noticia sobre Almudena Sánchez coincide con el anuncio de la aprobación del proyecto de ley andaluza para la promoción de la Igualdad de Género. No hace muchos días se aprobó la Ley de Igualdad en el Congreso de los Diputados; ahora vamos a contar con una ley autonómica en una más que inútil duplicidad de normas "para hacer plenamente real y efectiva la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres" y, por supuesto, "promocionar un lenguaje y una imagen pública no sexista". Estoy convencido de que a Almudena le satisfará enormemente el proyecto de ley pero, realmente, le bastaría con que quien le ha injuriado se retractara y la dejara en paz.
Almudena se presenta por una formación política que algunos se empeñan en calificar como derecha extrema, reaccionaria, intolerante, guerrera y carca, pero que en realidad es muy respetuosa con la mujer, hasta el extremo de presentar una ilegal lista -por estar compuesta íntegramente por mujeres- a la localidad de Garachico (o ser la única formación que presenta a una mujer como candidata a la Alcaldía de Arriate, que también vale como ejemplo de política real que fomente la igualdad de sexos). Yo quiero solidarizarme con ella y presentarle mis respetos, porque estoy seguro de que, siendo muchas las manifestaciones de aliento y apoyo que está recibiendo por ser víctima de un acto de maltrato y acoso, éstas no procederán, precisamente, de consejerías e institutos de la mujer cuyos representantes, desde posiciones partidistas obligatoriamente sectarias, promocionan un determinado tipo de mujer, una nueva sección femenina, ahora sin libros de cocina ni de bordado.
La noticia sobre Almudena Sánchez coincide con el anuncio de la aprobación del proyecto de ley andaluza para la promoción de la Igualdad de Género. No hace muchos días se aprobó la Ley de Igualdad en el Congreso de los Diputados; ahora vamos a contar con una ley autonómica en una más que inútil duplicidad de normas "para hacer plenamente real y efectiva la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres" y, por supuesto, "promocionar un lenguaje y una imagen pública no sexista". Estoy convencido de que a Almudena le satisfará enormemente el proyecto de ley pero, realmente, le bastaría con que quien le ha injuriado se retractara y la dejara en paz.
ANV
Cuando el Fiscal General americano, Mr. Justice Robert H. Jackson, terminó de enseñar a sus colegas la sala en la que había de celebrarse el Proceso de Nürenberg, su homólogo ruso, el General Rudenko, le formuló a través de la soldado – traductora la siguiente pregunta: ¿Sería tan amable el tovarich Jackson de enseñarnos a continuación el lugar donde van a ser colgados todos los acusados?. A Rudenko le sobraba la parafernalia organizada por el resto de aliados en su ánimo de hacer su propia ´justicia` con los altos jerarcas nazis.
No digo que para la ilegalización de Acción Nacionalista Vasca (ANV), descarada tapadera de Batasuna-ETA, nos haga falta un Rudenko, pero en la defensa del Estado de Derecho tan perniciosos son la actividad desenfrenada como la inacción. La salubridad del sistema democrático exige, en ocasiones, la pronta y decidida actuación del Ministerio Público que evite, precisamente, que se tenga que llegar a siempre tardíos procesos, como el de Nüremberg, que de haberse celebrado a tiempo, hubieran evitado la toma del poder por la tiranía y, con ella, el sufrimiento, los crímenes y la ruina.
El fiscal general afirmó que el apoyo de los dirigentes de Batasuna a ANV "de manera manifiesta" (sic) podría dar lugar a la ilegalización. Los batasunos, rápidos en el chantaje al Estado, no tardaron en solicitar públicamente el voto para ANV, demostrando la evidente connivencia de dos organizaciones, aparentemente distintas, pero que no constituyen más que una sola prolongación de ETA. Pero el fiscal general, obtenido lo que para muchos supone el enésimo indicio justificativo de la ilegalidad de la organización que concurre a las urnas, opta ahora por negar la mayor y considerar insuficiente esa pública petición de apoyo a un partido que no es más que el alter ego de ETA.
Quienes critican la indecisión del Ministerio Público y la inacción del Gobierno en la solicitud de las medidas judiciales necesarias, ponen de manifiesto, no sin razón, que el Estado de Derecho sufre cuando la norma –la Ley de Partidos- no se aplica. Ahondando en la herida –que con el paso del tiempo deja de ser epidérmica y amenaza con gangrenarse- se acusa al Gobierno de cumplir una liturgia cuyo ceremonial está formado por secretos pactos adoptados en un proceso de negociación con la banda terrorista que se nos dijo finiquitado pero que, por el contrario, parece mantenerse vivo en un clima de recíproca desconfianza. Y si no fuere así, si de verdad ya no existe proceso de negociación, la ausencia de consenso entre los principales partidos puede haber llevado al Gobierno de España a depender en su suerte del capricho de una banda terrorista. La política antiterrorista, roto el imprescindible consenso, ha pasado de cuestión de Estado a política de interés partidista.
No digo que para la ilegalización de Acción Nacionalista Vasca (ANV), descarada tapadera de Batasuna-ETA, nos haga falta un Rudenko, pero en la defensa del Estado de Derecho tan perniciosos son la actividad desenfrenada como la inacción. La salubridad del sistema democrático exige, en ocasiones, la pronta y decidida actuación del Ministerio Público que evite, precisamente, que se tenga que llegar a siempre tardíos procesos, como el de Nüremberg, que de haberse celebrado a tiempo, hubieran evitado la toma del poder por la tiranía y, con ella, el sufrimiento, los crímenes y la ruina.
El fiscal general afirmó que el apoyo de los dirigentes de Batasuna a ANV "de manera manifiesta" (sic) podría dar lugar a la ilegalización. Los batasunos, rápidos en el chantaje al Estado, no tardaron en solicitar públicamente el voto para ANV, demostrando la evidente connivencia de dos organizaciones, aparentemente distintas, pero que no constituyen más que una sola prolongación de ETA. Pero el fiscal general, obtenido lo que para muchos supone el enésimo indicio justificativo de la ilegalidad de la organización que concurre a las urnas, opta ahora por negar la mayor y considerar insuficiente esa pública petición de apoyo a un partido que no es más que el alter ego de ETA.
Quienes critican la indecisión del Ministerio Público y la inacción del Gobierno en la solicitud de las medidas judiciales necesarias, ponen de manifiesto, no sin razón, que el Estado de Derecho sufre cuando la norma –la Ley de Partidos- no se aplica. Ahondando en la herida –que con el paso del tiempo deja de ser epidérmica y amenaza con gangrenarse- se acusa al Gobierno de cumplir una liturgia cuyo ceremonial está formado por secretos pactos adoptados en un proceso de negociación con la banda terrorista que se nos dijo finiquitado pero que, por el contrario, parece mantenerse vivo en un clima de recíproca desconfianza. Y si no fuere así, si de verdad ya no existe proceso de negociación, la ausencia de consenso entre los principales partidos puede haber llevado al Gobierno de España a depender en su suerte del capricho de una banda terrorista. La política antiterrorista, roto el imprescindible consenso, ha pasado de cuestión de Estado a política de interés partidista.
El indulto
Christian Klar es en Alemania lo que De Juana Chaos en España. Terrorista, asesino en serie, miembro de la segunda generación de la Baader–Meinhoff, Klar fue condenado en 1984 a cinco cadenas perpetuas y quince años de prisión por participar en nueve asesinatos consumados y por colaborar en once asesinatos más en grado de tentativa.
En Alemania, la condena a cadena perpetua se fija siempre por un número mínimo de años, atendiendo siempre a la gravedad del delito; esto es, no conlleva necesariamente una pena privativa de libertad de por vida. En el caso de Klar, el tribunal de Stuttgart que le juzgó le condenó a cumplir un mínimo de veintiséis años de prisión. En Alemania las condenas se cumplen –afirmación necesaria a la vista de la situación que padecemos aquí-, sin que existan para estos delitos beneficios penitenciarios o redenciones de pena susceptibles de minorar el periodo de duración de la condena. Capturado en 1982, Klar lleva cumplidos veinticinco años y saldrá en libertad el año 2008, siempre y cuando se considere que ha dejado de ser un peligro para la sociedad. Pero como en Derecho toda regla general siempre está sometida a una excepción –el indulto- Klar solicitó el perdón del Presidente de la República.
El Presidente Köhler ha denegado hace pocos días la solicitud de indulto. Lo ha hecho después de escuchar a representantes de diversas instituciones del Estado, a los partidos políticos, la opinión de los familiares de las víctimas e incluso la posición del terrorista solicitante de la medida de gracia, a quien visitó en prisión. Por no tener que motivar sus decisiones, se desconocen las razones que han llevado al Presidente de la República a rechazar la solicitud de indulto, pero, sin duda, la oposición de las víctimas y la posición también contraria al perdón de los principales partidos, han tenido peso decisivo para fundar la negativa. Y en la posición contraria al indulto de las víctimas y de la sociedad alemana habrá tenido su influencia el hecho de que Klar jamás se haya arrepentido por los crímenes cometidos.
Aquí, al asesino de Rafael Padura y autor de otros crímenes -sin castigo- el Gobierno le ha concedido el indulto –gratis et amore- después de pasar menos de cinco años en prisión, sin consultar a los familiares de la víctima ni tomarse la molestia de sondear la opinión de otros sectores sociales. A algunos les debe resultar fácil perdonar, sobre todo cuando no han padecido directamente la ofensa en forma de un crimen execrable cometido por alimañas que desprecian la vida del prójimo. Avergüenza ver al Estado de Derecho pisoteado con este tipo de medidas y produce escalofríos advertir cómo la falta de reacción de la sociedad española denota su pleno y peligroso acomodo a situaciones de flagrante injusticia.
En Alemania, la condena a cadena perpetua se fija siempre por un número mínimo de años, atendiendo siempre a la gravedad del delito; esto es, no conlleva necesariamente una pena privativa de libertad de por vida. En el caso de Klar, el tribunal de Stuttgart que le juzgó le condenó a cumplir un mínimo de veintiséis años de prisión. En Alemania las condenas se cumplen –afirmación necesaria a la vista de la situación que padecemos aquí-, sin que existan para estos delitos beneficios penitenciarios o redenciones de pena susceptibles de minorar el periodo de duración de la condena. Capturado en 1982, Klar lleva cumplidos veinticinco años y saldrá en libertad el año 2008, siempre y cuando se considere que ha dejado de ser un peligro para la sociedad. Pero como en Derecho toda regla general siempre está sometida a una excepción –el indulto- Klar solicitó el perdón del Presidente de la República.
El Presidente Köhler ha denegado hace pocos días la solicitud de indulto. Lo ha hecho después de escuchar a representantes de diversas instituciones del Estado, a los partidos políticos, la opinión de los familiares de las víctimas e incluso la posición del terrorista solicitante de la medida de gracia, a quien visitó en prisión. Por no tener que motivar sus decisiones, se desconocen las razones que han llevado al Presidente de la República a rechazar la solicitud de indulto, pero, sin duda, la oposición de las víctimas y la posición también contraria al perdón de los principales partidos, han tenido peso decisivo para fundar la negativa. Y en la posición contraria al indulto de las víctimas y de la sociedad alemana habrá tenido su influencia el hecho de que Klar jamás se haya arrepentido por los crímenes cometidos.
Aquí, al asesino de Rafael Padura y autor de otros crímenes -sin castigo- el Gobierno le ha concedido el indulto –gratis et amore- después de pasar menos de cinco años en prisión, sin consultar a los familiares de la víctima ni tomarse la molestia de sondear la opinión de otros sectores sociales. A algunos les debe resultar fácil perdonar, sobre todo cuando no han padecido directamente la ofensa en forma de un crimen execrable cometido por alimañas que desprecian la vida del prójimo. Avergüenza ver al Estado de Derecho pisoteado con este tipo de medidas y produce escalofríos advertir cómo la falta de reacción de la sociedad española denota su pleno y peligroso acomodo a situaciones de flagrante injusticia.
Fundamentos comunes
Hace cincuenta años, el canciller Konrad Adenauer, europeista convencido, afirmó ante el premier francés Guy Mollet el decidido apoyo de Alemania a la constitución del mercado común: Et maintenant, il faut faire l´Europe. Adenauer siempre consideró la integración europea como un trampolín para que Alemania recobrara su espacio de poder en Europa y en política exterior. Hoy, cincuenta años después de la firma del Tratado de Roma, es Alemania la que quiere convertirse en el trampolín necesario para dar el impulso definitivo que saque a la Unión Europea de la situación de paralización en la que se encuentra tras el fracaso del proyecto de Constitución y un precipitado proceso de integración de nuevos miembros.
La Declaración de Berlín ha puesto de manifiesto la decidida voluntad de la canciller Merkel –sucesora de Adenauer en su convicción europeista- de retomar la discusión sobre el futuro de Europa y la necesidad de adaptar su estructura política a la evolución de los tiempos. Se trata de reafirmar una firme voluntad renovadora del ideal europeo, y es significativo que la Declaración no haga referencia alguna al proyecto de Constitución para Europa rechazado en las urnas por Francia y Holanda, pero también centro de las críticas de otros países que no llegaron a pronunciarse sobre un texto sin futuro. Hoy ya no se habla de Constitución, término que despierta recelos en muchos países miembros; la Declaración de Berlín prefiere evitar cualquier alusión a la forma jurídica que ha de servir de vehículo a la necesaria reforma europea y utiliza, con evidente sentido eufemístico, la referencia al establecimiento de los fundamentos comunes que inspiren la renovación en la UE.
La clave está en determinar el ámbito de los fundamentos comunes, es decir, las partes del difunto proyecto de Constitución que sí pueden ser salvados para incorporar el núcleo de una reforma por la vía de un nuevo Tratado (o un minitratado, como también se denomina ya, por suponer el experimento un claro recorte de anteriores proyectos). La canciller cuenta en su empeño con el apoyo de Blair, y Sarcozy mira también con satisfacción un proyecto que despierta simpatías en los países del Este, reacios a altos niveles de integración.
España ha considerado el plan de la Presidencia alemana como un recorte drástico del proyecto de Constitución para Europa que en su día refrendó en las urnas sin mucha convicción. Demasiadas tijeras y poca pluma, se queja la representación española. Dicen en Bruselas que Merkel ha salido al paso de la crítica recomendando a quienes confían en irrealizables macroproyectos constitucionales que cumplan con el Tratado vigente y respeten la libertad de establecimiento y la libre circulación de capitales.
La Declaración de Berlín ha puesto de manifiesto la decidida voluntad de la canciller Merkel –sucesora de Adenauer en su convicción europeista- de retomar la discusión sobre el futuro de Europa y la necesidad de adaptar su estructura política a la evolución de los tiempos. Se trata de reafirmar una firme voluntad renovadora del ideal europeo, y es significativo que la Declaración no haga referencia alguna al proyecto de Constitución para Europa rechazado en las urnas por Francia y Holanda, pero también centro de las críticas de otros países que no llegaron a pronunciarse sobre un texto sin futuro. Hoy ya no se habla de Constitución, término que despierta recelos en muchos países miembros; la Declaración de Berlín prefiere evitar cualquier alusión a la forma jurídica que ha de servir de vehículo a la necesaria reforma europea y utiliza, con evidente sentido eufemístico, la referencia al establecimiento de los fundamentos comunes que inspiren la renovación en la UE.
La clave está en determinar el ámbito de los fundamentos comunes, es decir, las partes del difunto proyecto de Constitución que sí pueden ser salvados para incorporar el núcleo de una reforma por la vía de un nuevo Tratado (o un minitratado, como también se denomina ya, por suponer el experimento un claro recorte de anteriores proyectos). La canciller cuenta en su empeño con el apoyo de Blair, y Sarcozy mira también con satisfacción un proyecto que despierta simpatías en los países del Este, reacios a altos niveles de integración.
España ha considerado el plan de la Presidencia alemana como un recorte drástico del proyecto de Constitución para Europa que en su día refrendó en las urnas sin mucha convicción. Demasiadas tijeras y poca pluma, se queja la representación española. Dicen en Bruselas que Merkel ha salido al paso de la crítica recomendando a quienes confían en irrealizables macroproyectos constitucionales que cumplan con el Tratado vigente y respeten la libertad de establecimiento y la libre circulación de capitales.
Libro de Estilo
´Libro de Estilo`
Andaba dando buena cuenta de un par de huevos fritos con chacina de la tierra en la muy recomendable Venta El Polvorilla, allí en el Llano de la Cruz, término municipal de Ronda, cuando llamó mi atención un cartel en el que una muy joven y atractiva candidata –Ségoléne de la Serranía- convocaba nada más y nada menos que en inglés a una reunión para exponer a los vecinos las principales novedades de su programa electoral. Meeting with the candidate, creo recordar rezaba el título del cartel, no tanto por el éxito de la política de bilingüismo en la serranía rondeña, sino más bien por la nutrida presencia de residentes comunitarios, herederos de Rilke o Alastair Boyd en su pasión por Ronda, y con derecho de voto en las próximas elecciones locales.
Las técnicas electorales avanzan que es una barbaridad. En otros tiempos, la ingeniera electoral no estaba ni mucho menos tan depurada como ahora. La política era más salvaje, informal, espontánea. Todavía recuerdo el programa de festejos de una localidad vecina –Arriate- en el que la agrupación socialista local patrocinaba una "gran chorizada" popular, patrocinio desde luego poco recomendable en aquella época de Filesas, fondos reservados, Roldán, et altri. Como reclamo electoral, la convocatoria de un partido político a una "gran chorizada", es digno de estudio en escuelas de negocios y cursos de verano.
Imagino que los ´libros de estilo` que aparecen cuando el clima político barrunta elecciones deben su existencia a la voluntad de evitar, en la medida de lo posible, deslices como el antes comentado, y tienen como finalidad imponer al candidato unas pautas, unas líneas de actuación durante la campaña, aunque a muchos se nos haga muy difícil calificar esos modelos de actuación como normas, precisamente de estilo en un momento en el que la política está reñida con las buenas formas. Los manuales para los candidatos a ocupar plaza de edil suelen regular de forma exhaustiva su conducta durante el período electoral, cayendo a menudo en recomendaciones absolutamente intolerables.
En noticia aparecida en EL MUNDO de ayer, firmada por Manuel Sánchez, se da cuenta de la aparición del ´Libro de Estilo`(sic) socialista para las próximas municipales. La crónica se detiene en el ´look` del candidato ideal ("ideal" para quien hace el ´Libro de Estilo`) y recomienda en su vestimenta el predominio de los colores negros, grises o marrones, para generar –en los candidatos- "un aspecto más cercano, fresco y actual". Siempre he asociado los tonos oscuros ahora tan recomendados a los camise nere mussolinianos o a ERC. Parece que ahora también los políticos quieren marcar las tendencias de la moda. Allá los autores del "libro" si quieren que sus candidatos se parezcan al conde Chiano.
Andaba dando buena cuenta de un par de huevos fritos con chacina de la tierra en la muy recomendable Venta El Polvorilla, allí en el Llano de la Cruz, término municipal de Ronda, cuando llamó mi atención un cartel en el que una muy joven y atractiva candidata –Ségoléne de la Serranía- convocaba nada más y nada menos que en inglés a una reunión para exponer a los vecinos las principales novedades de su programa electoral. Meeting with the candidate, creo recordar rezaba el título del cartel, no tanto por el éxito de la política de bilingüismo en la serranía rondeña, sino más bien por la nutrida presencia de residentes comunitarios, herederos de Rilke o Alastair Boyd en su pasión por Ronda, y con derecho de voto en las próximas elecciones locales.
Las técnicas electorales avanzan que es una barbaridad. En otros tiempos, la ingeniera electoral no estaba ni mucho menos tan depurada como ahora. La política era más salvaje, informal, espontánea. Todavía recuerdo el programa de festejos de una localidad vecina –Arriate- en el que la agrupación socialista local patrocinaba una "gran chorizada" popular, patrocinio desde luego poco recomendable en aquella época de Filesas, fondos reservados, Roldán, et altri. Como reclamo electoral, la convocatoria de un partido político a una "gran chorizada", es digno de estudio en escuelas de negocios y cursos de verano.
Imagino que los ´libros de estilo` que aparecen cuando el clima político barrunta elecciones deben su existencia a la voluntad de evitar, en la medida de lo posible, deslices como el antes comentado, y tienen como finalidad imponer al candidato unas pautas, unas líneas de actuación durante la campaña, aunque a muchos se nos haga muy difícil calificar esos modelos de actuación como normas, precisamente de estilo en un momento en el que la política está reñida con las buenas formas. Los manuales para los candidatos a ocupar plaza de edil suelen regular de forma exhaustiva su conducta durante el período electoral, cayendo a menudo en recomendaciones absolutamente intolerables.
En noticia aparecida en EL MUNDO de ayer, firmada por Manuel Sánchez, se da cuenta de la aparición del ´Libro de Estilo`(sic) socialista para las próximas municipales. La crónica se detiene en el ´look` del candidato ideal ("ideal" para quien hace el ´Libro de Estilo`) y recomienda en su vestimenta el predominio de los colores negros, grises o marrones, para generar –en los candidatos- "un aspecto más cercano, fresco y actual". Siempre he asociado los tonos oscuros ahora tan recomendados a los camise nere mussolinianos o a ERC. Parece que ahora también los políticos quieren marcar las tendencias de la moda. Allá los autores del "libro" si quieren que sus candidatos se parezcan al conde Chiano.
La fidelidad del bígamo
La fidelidad del bígamo
En su discurso pronunciado el 13 de mayo de 1932 en las Cortes Constituyentes bajo la presidencia de Besteiro, Ortega y Gasset afirmó que el problema catalán no se podía resolver, sólo se podía conllevar. Tanta razón tenía Ortega en su afirmación que, en lo esencial, su disertación ante las Cortes podría haber sido repetida con puntuales cambios hace escasas fechas en el Congreso durante el proceso de elaboración de un Estatuto catalán que se nos presentó como la fórmula idónea para conllevar el problema durante "dos o tres décadas"(Rodríguez Zapatero dixit), pero que se ha demostrado superado por las circunstancias a las pocas semanas de su aprobación. El Tribunal Constitucional tiene pendiente de resolver el recurso interpuesto contra el Estatuto, entre otros, por el Partido Popular, pero ha advertido en reciente sentencia que ni la financiación ni las guadianescas deudas históricas pueden ser, como el tango, cosa de dos, rompiendo así el envenenado juego de la bilateralidad que proclama, no sin inconstitucional egoismo, la norma autonómica recurrida.
Serán los pregonados tijeretazos del Tribunal Constitucional al Estatuto catalán en un vano intento de volver constitucional un texto que los recurrentes consideran norma de cobertura para perpetrar el fraude de ley consistente en violar la Constitución, o tal vez sean las continuas veleidades de un partido político antisistema –ERC- que algunos creyeron, en evidente error, que con el anzuelo de un Estatuto inconstitucional iba a someterse al ordenamiento de un Estado al que aborrece, lo cierto es que una u otra causa han producido el efecto de llevar a un tal Vendrell –mandado de Carod y Puigcercos- a ofrecer a CiU la presidencia de la Generalitat a cambio, nada más y nada menos, que de la convocatoria de un referéndum de autodeterminación.
Abiertos con temeridad el melón del modelo de Estado y con imprudencia un "proceso de paz" que enmascara una turbia negociación de la que nada se sabe, pero en la que se impone confianza ciega e inquebrantable adhesión sopena de recibir el calificativo de falangista, es evidente que entre los radicales se ha acelerado la carrera hacia la meta del abismo. Mirará ahora el despechado Montilla con estupor la tropa que tiene de aliado, el bígamo que, hecha la oferta a tercero, le quiere convencer de su fidelidad; se pensarán los convergentes la envenenada propuesta de referéndum de autodeterminación a cambio del cromo de la presidencia en ese puro exhibicionismo de a ver quién lo tiene más grande (el nacionalismo independentista) y mirarán en Madrid para otro lado. Pero aquí todavía no ha dicho nadie que ese referéndum de autodeterminación es absolutamente inconstitucional y, por lo tanto, ilegal por sus cuatro costados.
En su discurso pronunciado el 13 de mayo de 1932 en las Cortes Constituyentes bajo la presidencia de Besteiro, Ortega y Gasset afirmó que el problema catalán no se podía resolver, sólo se podía conllevar. Tanta razón tenía Ortega en su afirmación que, en lo esencial, su disertación ante las Cortes podría haber sido repetida con puntuales cambios hace escasas fechas en el Congreso durante el proceso de elaboración de un Estatuto catalán que se nos presentó como la fórmula idónea para conllevar el problema durante "dos o tres décadas"(Rodríguez Zapatero dixit), pero que se ha demostrado superado por las circunstancias a las pocas semanas de su aprobación. El Tribunal Constitucional tiene pendiente de resolver el recurso interpuesto contra el Estatuto, entre otros, por el Partido Popular, pero ha advertido en reciente sentencia que ni la financiación ni las guadianescas deudas históricas pueden ser, como el tango, cosa de dos, rompiendo así el envenenado juego de la bilateralidad que proclama, no sin inconstitucional egoismo, la norma autonómica recurrida.
Serán los pregonados tijeretazos del Tribunal Constitucional al Estatuto catalán en un vano intento de volver constitucional un texto que los recurrentes consideran norma de cobertura para perpetrar el fraude de ley consistente en violar la Constitución, o tal vez sean las continuas veleidades de un partido político antisistema –ERC- que algunos creyeron, en evidente error, que con el anzuelo de un Estatuto inconstitucional iba a someterse al ordenamiento de un Estado al que aborrece, lo cierto es que una u otra causa han producido el efecto de llevar a un tal Vendrell –mandado de Carod y Puigcercos- a ofrecer a CiU la presidencia de la Generalitat a cambio, nada más y nada menos, que de la convocatoria de un referéndum de autodeterminación.
Abiertos con temeridad el melón del modelo de Estado y con imprudencia un "proceso de paz" que enmascara una turbia negociación de la que nada se sabe, pero en la que se impone confianza ciega e inquebrantable adhesión sopena de recibir el calificativo de falangista, es evidente que entre los radicales se ha acelerado la carrera hacia la meta del abismo. Mirará ahora el despechado Montilla con estupor la tropa que tiene de aliado, el bígamo que, hecha la oferta a tercero, le quiere convencer de su fidelidad; se pensarán los convergentes la envenenada propuesta de referéndum de autodeterminación a cambio del cromo de la presidencia en ese puro exhibicionismo de a ver quién lo tiene más grande (el nacionalismo independentista) y mirarán en Madrid para otro lado. Pero aquí todavía no ha dicho nadie que ese referéndum de autodeterminación es absolutamente inconstitucional y, por lo tanto, ilegal por sus cuatro costados.
Igualdad
La Ley, en una definición tradicional e inobjetada, es el mandato impuesto por quien para ello tiene autoridad y poder. Su condición de mandato refuerza el contenido imperativo de la norma dictada por la autoridad: Autoritas, non veritas facit legem. Los viejos apuntes de la Facultad recogen la definición de Sánchez Román: "La Ley es regla de conducta justa, obligatoria, dictada por legítimo poder y de observancia y beneficio común".
La Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres está pendiente de publicación en el Boletín Oficial del Estado, después de haber sido aprobada en el Congreso por todos los partidos políticos, excepto el Partido Popular, que se abstuvo. Es una Ley ad portas que, como no podía ser de otra forma, está en sintonía con la política social trazada por el legislador con evidente ánimo electoral y que responde, como en otras ocasiones, al castizo dicho de "mucho ruido y pocas nueces". El ruido de los aplausos de supuestas feministas que no se han leído la Ley o de los flashes a la salida del Congreso de los Diputados me reafirman en la convicción de que la norma rezuma populismo en estado puro.
Porque la Ley de Igualdad se aparta en su farragoso texto de su condición de mandato para convertirse en una norma voluntariosa. No estamos ante la imposición de reglas de conducta, sino ante meros deseos que convierten el texto legal en simple capítulo de propósitos o intenciones. A esa conclusión debe llegarse si, analizando su texto, advertimos que la efectividad de la igualdad que se pretende afianzar mediante esta norma queda siempre a criterio de su destinatario: "Las sociedades … procurarán incluir en su Consejo de Administración un número de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en un plazo de ocho años a partir de la entra en vigor de la Ley". Procurarán es término que no implica obligación; no estamos ante un mandato o regla de conducta impuesta, sino ante la expresión de un deseo, de una simple voluntad o desiderátum sin contenido ni efectos obligatorios. En otros pasajes de la norma se reiteran estos términos voluntariosos, pero no vinculantes: fomentarán, intentarán, promoverán, favorecerán, expresiones que convierten el texto normativo en un brindis al sol.
Por supuesto, la Ley prohíbe lo que denomina "lenguaje sexista", infringiendo para ello otras leyes: las gramaticales. Adviertan esta perla con la que el legislador cocea el Diccionario:"La realización de estas acciones podrá ser concertada con la representación de los trabajadores y las trabajadoras, y las organizaciones de consumidores y consumidoras y usuarios y usuarias". Hay quien cree que el redactor (o redactora) del Preámbulo del Estatuto andaluz ha intervenido en la redacción de la Ley de Igualdad.
La Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres está pendiente de publicación en el Boletín Oficial del Estado, después de haber sido aprobada en el Congreso por todos los partidos políticos, excepto el Partido Popular, que se abstuvo. Es una Ley ad portas que, como no podía ser de otra forma, está en sintonía con la política social trazada por el legislador con evidente ánimo electoral y que responde, como en otras ocasiones, al castizo dicho de "mucho ruido y pocas nueces". El ruido de los aplausos de supuestas feministas que no se han leído la Ley o de los flashes a la salida del Congreso de los Diputados me reafirman en la convicción de que la norma rezuma populismo en estado puro.
Porque la Ley de Igualdad se aparta en su farragoso texto de su condición de mandato para convertirse en una norma voluntariosa. No estamos ante la imposición de reglas de conducta, sino ante meros deseos que convierten el texto legal en simple capítulo de propósitos o intenciones. A esa conclusión debe llegarse si, analizando su texto, advertimos que la efectividad de la igualdad que se pretende afianzar mediante esta norma queda siempre a criterio de su destinatario: "Las sociedades … procurarán incluir en su Consejo de Administración un número de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en un plazo de ocho años a partir de la entra en vigor de la Ley". Procurarán es término que no implica obligación; no estamos ante un mandato o regla de conducta impuesta, sino ante la expresión de un deseo, de una simple voluntad o desiderátum sin contenido ni efectos obligatorios. En otros pasajes de la norma se reiteran estos términos voluntariosos, pero no vinculantes: fomentarán, intentarán, promoverán, favorecerán, expresiones que convierten el texto normativo en un brindis al sol.
Por supuesto, la Ley prohíbe lo que denomina "lenguaje sexista", infringiendo para ello otras leyes: las gramaticales. Adviertan esta perla con la que el legislador cocea el Diccionario:"La realización de estas acciones podrá ser concertada con la representación de los trabajadores y las trabajadoras, y las organizaciones de consumidores y consumidoras y usuarios y usuarias". Hay quien cree que el redactor (o redactora) del Preámbulo del Estatuto andaluz ha intervenido en la redacción de la Ley de Igualdad.
Y ahora, Navarra
Dicen los teóricos de la cosa pública que son tres las cuestiones que requieren en el complejo mundo de la política un acuerdo de principios entre los partidos que las sustraiga de los vaivenes propios de las disputas partidistas: la acción exterior, la política antiterrorista y el modelo de Estado. Estas tres materias deben estar delimitadas por fronteras infranqueables que, permitiendo margen de actuación al Gobierno de turno, eviten los bruscos movimientos derivados de inexplicables bandazos o derrotas vinculadas a los resultados electorales.
En España nunca ha existido un política exterior común, entendida ésta como producto de un acuerdo de bases entre los partidos mayoritarios que abarcara las cuestiones sensibles de las relaciones exteriores del Estado. La acción exterior no ha tenido más coherencia que la derivada del periodo de duración de cada partido en el Gobierno, sin que pueda hablarse en nuestro caso –a diferencia de lo que acaece en el Reino Unido, Alemania o Francia- de unas "líneas rojas" que representen acuerdos de base sobre materias sensibles –dominadas por la raison d´Etat- adoptados por los partidos con aspiración de gobierno. La inexistencia de esos acuerdos de principios en política exterior ha debilitado sensiblemente la posición española en el tablero internacional. Ahí tienen, como último ejemplo de esta falta de vigor, el anuncio argelino del incremento del precio del gas en un veinte por ciento.
En política antiterrorista, en cambio, si hubo acuerdo entre los principales partidos, pero hoy bien parece que hecho el Pacto por las libertades y contra el terrorismo, hecha la trampa. Hoy ya no existe el Pacto; me atrevería a decir que no existe ni siquiera política antiterrorista por haberse transformado ésta en un oscuro proceso de negociación para el que el Gobierno exige, sin contrapartida alguna, una obediencia y fidelidad ciegas a la oposición, al tiempo que le mantiene en el más absoluto ostracismo. No puede este Gobierno, ni ningún Gobierno, reclamar en esta cuestión cheques en blanco ni inquebrantables adhesiones sin haber pactado previamente los límites de un proceso que está demostrando estar regido por la más absoluta improvisación.
"Y ahora, Navarra", ha dicho Otegui tras la excarcelación del asesino sin recibir del Gobierno una respuesta tajante a esta anexión, a este Anschluss en el que Hitler aparece cubierto con la capucha de los asesinos. No valen esas huecas respuestas con el estribillo de que "Navarra será lo que los navarros y navarras quieran que sea". El Gobierno debe ser contundente y fijar su posición con claridad. Si quiere que las próximas elecciones autonómicas en Navarra se conviertan en un referendum "á la québécoise", que lo diga, pero que lo diga ya.
En España nunca ha existido un política exterior común, entendida ésta como producto de un acuerdo de bases entre los partidos mayoritarios que abarcara las cuestiones sensibles de las relaciones exteriores del Estado. La acción exterior no ha tenido más coherencia que la derivada del periodo de duración de cada partido en el Gobierno, sin que pueda hablarse en nuestro caso –a diferencia de lo que acaece en el Reino Unido, Alemania o Francia- de unas "líneas rojas" que representen acuerdos de base sobre materias sensibles –dominadas por la raison d´Etat- adoptados por los partidos con aspiración de gobierno. La inexistencia de esos acuerdos de principios en política exterior ha debilitado sensiblemente la posición española en el tablero internacional. Ahí tienen, como último ejemplo de esta falta de vigor, el anuncio argelino del incremento del precio del gas en un veinte por ciento.
En política antiterrorista, en cambio, si hubo acuerdo entre los principales partidos, pero hoy bien parece que hecho el Pacto por las libertades y contra el terrorismo, hecha la trampa. Hoy ya no existe el Pacto; me atrevería a decir que no existe ni siquiera política antiterrorista por haberse transformado ésta en un oscuro proceso de negociación para el que el Gobierno exige, sin contrapartida alguna, una obediencia y fidelidad ciegas a la oposición, al tiempo que le mantiene en el más absoluto ostracismo. No puede este Gobierno, ni ningún Gobierno, reclamar en esta cuestión cheques en blanco ni inquebrantables adhesiones sin haber pactado previamente los límites de un proceso que está demostrando estar regido por la más absoluta improvisación.
"Y ahora, Navarra", ha dicho Otegui tras la excarcelación del asesino sin recibir del Gobierno una respuesta tajante a esta anexión, a este Anschluss en el que Hitler aparece cubierto con la capucha de los asesinos. No valen esas huecas respuestas con el estribillo de que "Navarra será lo que los navarros y navarras quieran que sea". El Gobierno debe ser contundente y fijar su posición con claridad. Si quiere que las próximas elecciones autonómicas en Navarra se conviertan en un referendum "á la québécoise", que lo diga, pero que lo diga ya.
Voto de calidad
Existe un dicho forense en la curia alemana que afirma que "los jueces son estudiantes de Derecho que se corrigen sus propios exámenes". De ser cierto el aserto siempre estaremos ante un mal menor porque, continúa el dicho, "lo verdaderamente pernicioso es que a los jueces le soplen al oído el examen", poniendo así el dedo en la llaga de uno de los peligros de toda Democracia: el empeño del Ejecutivo, a veces indisimulado, por controlar el poder Judicial.
En los EEUU es el Presidente quien nombra a los jueces de la Corte Suprema y éstos ejercen sus cargos con carácter vitalicio, during good Behaviour, para preservar de esta forma su independencia. Los alemanes, en su sistema federal, reservan el nombramiento de los dieciséis jueces al Bundestag y a la cámara regional del Bundesrat por partes iguales, pero obligan a ambas Cámaras a que los acuerdos se adopten por una mayoría cualificada de dos tercios.
La Constitución española –muy inspirada por el sistema alemán- establece en doce el número de miembros del Tribunal Constitucional, reproduce la mayoría cualificada establecida en la norma alemana y reserva el nombramiento de los magistrados a las Cortes Generales (ocho miembros, cuatro el Congreso y otros tantos el Senado) y el nombramiento del resto los reserva para el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial. Así se estableció en la Ley Orgánica que regula su funcionamiento y que fue adoptada, siguiendo una inveterada costumbre, con el acuerdo de los partidos mayoritarios.
Ahora, el siempre deseable consenso entre los principales grupos políticos parece no va a ser posible en la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que se discute en la Comisión Constitucional. Que la Constitución permita la modificación de la Ley Orgánica por una mayoría que permita descartar la necesaria participación del partido de la oposición es un evidente error que sólo procura la debilidad de la institución –y la aprobación de reformas estatutarias claramente inconstitucionales-. Pero aquellos que prescinden del necesario consenso en esta materia introducen también un peligroso elemento de precariedad que mina la propia función encomendada al Tribunal.
La reforma permite la participación de las Comunidades Autónomas en el nombramiento de sus miembros –fórmula idónea para que éstas designen a sus sabios locales- y, de camino, prolonga el mandato de la Presidente para que ejerza su voto dirimente en aquellos asuntos que lo requieran –una especie de gol de oro que algunos llaman efecto Bermejo-, sin que todavía ningún jurista-politólogo haya advertido en esta ocasión la comisión de algún golpe de estado. Hábil maniobra, porque España está dividida en dos hasta en la votación de informes periciales sobre explosivos.
En los EEUU es el Presidente quien nombra a los jueces de la Corte Suprema y éstos ejercen sus cargos con carácter vitalicio, during good Behaviour, para preservar de esta forma su independencia. Los alemanes, en su sistema federal, reservan el nombramiento de los dieciséis jueces al Bundestag y a la cámara regional del Bundesrat por partes iguales, pero obligan a ambas Cámaras a que los acuerdos se adopten por una mayoría cualificada de dos tercios.
La Constitución española –muy inspirada por el sistema alemán- establece en doce el número de miembros del Tribunal Constitucional, reproduce la mayoría cualificada establecida en la norma alemana y reserva el nombramiento de los magistrados a las Cortes Generales (ocho miembros, cuatro el Congreso y otros tantos el Senado) y el nombramiento del resto los reserva para el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial. Así se estableció en la Ley Orgánica que regula su funcionamiento y que fue adoptada, siguiendo una inveterada costumbre, con el acuerdo de los partidos mayoritarios.
Ahora, el siempre deseable consenso entre los principales grupos políticos parece no va a ser posible en la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que se discute en la Comisión Constitucional. Que la Constitución permita la modificación de la Ley Orgánica por una mayoría que permita descartar la necesaria participación del partido de la oposición es un evidente error que sólo procura la debilidad de la institución –y la aprobación de reformas estatutarias claramente inconstitucionales-. Pero aquellos que prescinden del necesario consenso en esta materia introducen también un peligroso elemento de precariedad que mina la propia función encomendada al Tribunal.
La reforma permite la participación de las Comunidades Autónomas en el nombramiento de sus miembros –fórmula idónea para que éstas designen a sus sabios locales- y, de camino, prolonga el mandato de la Presidente para que ejerza su voto dirimente en aquellos asuntos que lo requieran –una especie de gol de oro que algunos llaman efecto Bermejo-, sin que todavía ningún jurista-politólogo haya advertido en esta ocasión la comisión de algún golpe de estado. Hábil maniobra, porque España está dividida en dos hasta en la votación de informes periciales sobre explosivos.
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