La sentencia

“Si el ministro dice que le han pegado, le han pegado y eso no se cuestiona”. La frase –que recuerda a épocas que creía pasadas- parece extraída del guión de La Escopeta Nacional del maestro García Berlanga, y bien podría haberla pronunciado el industrial catalán Canivell –fabricante de porteros automáticos- o el marqués de Leguineche. Pero no; aunque no hubiera desentonado salida de la prominente mandíbula del recordado Luis Escobar o de la boca de Saza, la frase se cita una y otra vez en varios pasajes de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid en el (mal) denominado ´caso Bono`.

La sentencia condena a los funcionarios policiales que intervinieron en los hechos por la comisión de un delito de detención ilegal de dos ciudadanos, miembros de un partido político, que participaron en una manifestación en la que, como la sentencia afirma, no existió agresión alguna al ex ministro. Llama la atención que la sentencia califique esas detenciones como antijurídicas “detenciones de complacencia” o “detenciones mirando al tendido” que, cualquiera que sea su denominación, vinieron a poner de manifiesto una evidente violación de la libertad de dos ciudadanos. Asimismo, condena a los mismos policías por un delito de falsificación de documento público, después de analizar detalladamente las ilegales alteraciones en el atestado policial, convenientemente ahormado para que adquiriera apariencia de mayor fundamento y coartada para unas detenciones arbitrarias, abusivas e ilegales. Por último, a uno de los funcionarios policiales se le condena por un delito de coacciones derivado de la violencia psíquica y amenazas empleadas para con el funcionario policial, su subordinado que, al no percibir actuación delictiva de ningún tipo, se negó a practicar las detenciones ordenadas.

Tuve la oportunidad de pronunciarme sobre los hechos en el artículo publicado en EL MUNDO hace ahora casi un año (El lechero) y celebro que lo que entonces era una mera presunción se haya visto respaldada por una resolución ejemplar. Los más cortos querrán ver en la sentencia sólo un revés político, incurriendo así en un grave error, propio de quienes son incapaces de ver más allá del siempre turbio e interesado debate partidista. Yo advierto en la sentencia la defensa a ultranza –gobierne quien gobierne- de derechos y libertades constitucionales por un tribunal que ha cumplido a rajatabla la función que la Constitución le encomienda en la defensa del Estado de Derecho contra aquellos que, respaldando actuaciones claramente antijurídicas, sólo pretenden un evidente recorte en el sistema de derechos y libertades. Sin perjuicio de las responsabilidades políticas que ahora procedan, la sentencia supone la entrada de aire fresco en un ambiente cada día más cargado.