El Estado funámbulo

Los proyectos de estatutos tratan con sospechosa identidad de contenido las relaciones de la comunidad autónoma con la Unión Europea. Sabido es que la competencia exclusiva en política exterior corresponde al Estado por así disponerlo la Constitución, pero ello no es óbice para que los proyectos estatutarios establezcan preceptos que minan la competencia estatal, permitiendo una activa presencia de las autonomías en el proceso de formación de la voluntad del Reino de España en los asuntos europeos cuando la materia en cuestión afecte a sus competencias exclusivas; es decir, casi siempre, porque el celoso legislador autonómico reserva esa condición de exclusividad a todas las materias imaginables.

Los problemas que se derivan de esta acción exterior regional encubierta se plantean, sobre todo, en una doble vertiente. En primer lugar, en la formación de la posición negociadora o de la voluntad del Estado, que quedará condicionada al no siempre fácil acuerdo previo entre las comunidades autónomas con intereses en la materia. En segundo lugar, a la no menos problemática cesión de competencias al órgano supranacional, que cuando afecte a competencias exclusivas de la autonomía requerirá su conformidad (¿quid iuris si el ente autonómico se niega a la cesión de sus competencias?). Los proyectos de estatutos no escatiman cuando requieren que la posición de la respectiva Comunidad Autónoma sea ´determinante` cuando la materia afecte a sus competencias exclusivas. Así lo establecen los proyectos catalán, andaluz y valenciano, exigiendo todos ellos para sí un poder determinante en la fijación de la posición negociadora del Estado. El problema se producirá cuando confluyan en una decisión los poderes determinantes, pero contradictorios, de más de una Comunidad. ¿A quién deberá seguir entonces el Estado? ¿Quién fijará entonces la posición estatal?
Sé de sobra que alguno responderá a las preguntas anteriores con el recurso a los términos en boga: diálogo, entendimiento, alianza, pacto... como recetas para alcanzar la posición negociadora común, pero no se me podrá negar que estas posiciones comunes fruto del difícil consenso debilitan la capacidad de negociación posterior del Estado en la mesa comunitaria. Así lo ha entendido el legislador alemán cuando en el proceso de reforma constitucional recorta drásticamente los poderes de los Länder en el proceso de formación de la voluntad del Estado ante la UE, primando con ese recorte el interés general del Bund sobre los particulares intereses de los Länder. La experiencia alemana en esta materia debería pesar en el proceso de reformas estatutarias iniciado en España, sobre todo, si en las relaciones de las comunidades y el Estado predominara –como en el sistema federal alemán- el principio de lealtad.

El mediador

Los procesos de paz suelen despedir un tufillo que atrae a políticos amortizados, pacifistas altamente peligrosos y zascandiles de reconocido prestigio mundial, algunos de ellos galardonados con el Nobel de la Paz, premio que desde que fue concedido ex aequo a Menahem Beguin y Yasser Arafat dejó de tener el crédito que todavía algunos le otorgan. En el denominado ´proceso de paz` del País Vasco (rectius, claudicación a dita del Estado del Derecho) nos ha tocado en suerte el Padre redentorista Alec Reid, curtido en las negociaciones que llevaron al Acuerdo de Stormont.

En una conferencia celebrada el 12 de octubre de 2005 en Belfast, el Padre Reid comparó a los unionistas con los nazis, uniendo así el destino de los católicos del Ulster con el Holocausto judío: "La realidad es que los unionistas han tratado a la comunidad nacionalista de Irlanda del Norte como a un animal. No se les ha tratado como a personas, sino como los nazis trataron a los judíos". La comparación es muy desafortunada (entenderán así mejor que se le concediera a Reid el Premio Sabino Arana), y no solo por el hecho de que durante la II Guerra Mundial el IRA colaboró activamente con los nazis, sino principalmente porque con estas afirmaciones –que provocaron la inmediata repulsa de las asociaciones de víctimas unionistas- se descalifica quien pretende presentarse ahora también en España como mediador en el conflicto vasco. El problema crece cuando es el propio Gobierno quien le confiere a Reid la condición de mediador, internacionalizando el conflicto al gusto abertzale.

La labor de mediación exige imparcialidad. Si no se es imparcial, si se evita el imprescindible equilibrio entre las posiciones en conflicto, se corre el peligro de abandonar la labor de mediador para abrazar la de simple mandatario o agente. Al mediador designado por las partes se le impone la obligación de imparcialidad que distingue esta figura jurídica de otras que sólo contemplan la defensa de los intereses del mandante. Y el Padre Reid podrá ser muchas cosas, pero nunca imparcial, y en su descarada parcialidad coincide con el reverendo Ian Paisley. No lo fue en el conflicto norirlandés –abrazó ciegamente la posición del IRA- y no lo será tampoco ahora.

Cambia el hilo argumental de la obra y cambian los personajes pero, antes de abandonar la sala, conviene recordar ese pasaje del Pacto Antiterrorista en el que PP y PSOE hicieron explícita, "ante el pueblo español, su firme resolución de derrotar la estrategia terrorista con los medios del Estado de Derecho". Hoy ya no se habla de derrota, sino de hombres de paz, y yo recuerdo otra vez al abuelo Alois cuando decía aquello de que "Dios es muy bueno, pero su personal de tierra deja mucho que desear". Seguro que conoció a Reid.

La banderita

Oído en el acto de izado de la bandera republicana el 14 de abril de 2006 en un bello pueblo de la costa gaditana:"¡Anda que si viera el padre del Alcalde al niño con la banderita le partía la cara!".

Esto de la media memoria histórica se está convirtiendo en una galería de memeces protagonizadas por hijos de falangistas, militares golpistas y prebostes de la sección femenina. ¡Menuda progresía! Pues a ver hasta dónde llega la riada y las veleidades de un pueblo de nuevos ricos.

El interés nacional

Los políticos italianos son maestros en el equilibrio imposible, capaces de gobernar con frágiles minorías y también de soportar prolongados desgobiernos, pero en Italia imaginarse una grosse Koalition es, sencillamente, perder el tiempo. Pero el análisis de la apasionante situación política que atraviesa Italia debe ceder ante la noticia política relativa a la dimisión de don José Bono como ministro de Defensa.

Un político popular me comentó hace exactamente dos años que la presencia de Bono en el Gobierno era un acierto de Rodríguez Zapatero, pero que dejarle al frente de los servicios secretos constituía un inmenso error que se saldaría con la dimisión o el cese del ministro antes de que la legislatura cumpliera su paso del ecuador. Algunos han visto en Bono el contrapeso a una política rupturista de su propio Gobierno, hasta que no ha podido más por perder el fiel de la balanza su verticalidad, después de sufrir en sus propias carnes aquel aserto winstoniano que localizaba a los enemigos políticos en las filas de su propio partido y dejaba la condición de adversarios a sus oponentes. Tachado, entre otras lindezas, de ´casposo` o de falangista por los socios del Gobierno que lo acogió en su seno, el hasta ayer ministro ha defendido una idea de España que, pese a las trampas semánticas y eufemismos al uso, sigue siendo la de la mayoría de los españoles. A Bono, como a muchos, le resultará imposible coexistir en tareas de gobierno con aquellos que llaman ´proceso de paz` o ´realidad nacional` a figuras que sólo vienen a poner de manifiesto la claudicación del Estado de Derecho frente a sus enemigos.

En España algunos se han empeñado en reducir el concepto de interés nacional a hacer todo lo posible para no pagarle la luz a los alemanes de E.ON. Tan desprestigiada está la idea de España por quienes han procurado la caída de Bono que su discurso de despedida evocó en alguna ocasión al asediado general Silvestre antes de caer en Annual, rodeado de jarcas cabileñas, las mismas que luchaban contra soldados catalanes con barretina en la escena bélica que recoge el cuadro que decora su despacho en el Ministerio.

No les falta razón a aquellos que le critican una actuación siempre aderezada con gestos y maneras populistas, muy del gusto de un personaje histriónico que no dudó en convertir su toma de posesión en un acto social con parada militar, en organizarle a su antecesor en el cargo un aquelarre o en ordenar una no menos sonrojante huida militar con medalla frustrada. En su despedida se citó a MacArthur, pero don José Bono, aunque le ofrezcan el destino diplomático que se le da ahora a los elementos incómodos renovando prácticas franquistas, nunca volverá, sencillamente, porque no se terminará de ir.

A buenas horas

Creo que fue Napoleón quien proponía el nombramiento de una comisión para que los problemas duraran eternamente. En España parece que no se cumple la predicción napoleónica –la Comisión Constitucional del Congreso no ha dormido al Estatut, más bien al contrario- y por eso hemos optado por resolver los problemas creando Fiscalías especializadas. Además de las ya existentes, aparece ahora, al socaire del escándalo marbellí y a modo de traca, la nueva Fiscalía especial para delitos urbanísticos con la que los políticos pretenden salir al paso de prácticas –a buenas horas, mangas verdes- que, pese a su evidente ilegalidad, han contado con la tolerancia de muchos. Disgusta verles ahora con cara compungida anunciando drásticas y extemporáneas medidas que sólo ponen de manifiesto una continuada tolerancia respecto de actuaciones urbanísticas convertidas en costumbre contra legem a fuer de ser repetidas en un ambiente de impunidad.

Tal es la situación de catarsis escenificada por el poder político en el escándalo de Marbella que a muchos se les ha olvidado la existencia en el Estado de Derecho de la presunción de inocencia, al parecer reservada ya sólo para los miembros de organizaciones terroristas. Con esa brutal fuerza ha descargado su ira un Estado de Derecho cuyos custodios llevan décadas brindando al sol para ver ahora a Marbella convertida en un centro internacional de maleantes.

Ahora, precisamente ahora, se nos anuncian drásticas medidas que acompañan a los autos de prisión incondicional. Me pregunto por qué no se han ejercido antes las competencias exclusivas que el vigente Estatuto de Autonomía otorga a la Junta en materia de urbanismo y planificación del territorio, y lo hago con la convicción de que la inacción política ha dado paso a una sensación de impunidad ahora tardíamente rota. ¿Para qué tanta competencia exclusiva si después no se ejercen los poderes delegados? Alguna voz autorizada ha atribuido una culpa in vigilando a la administración autonómica por haber tolerado con su dejación de competencias una situación caótica, que ahora deriva en escándalo también por actitudes prepotentes y arbitrarias de quienes, en vez de poner orden, han preferido contemporizar. Esa atribución de culpa debería conllevar una responsabilidad subsidiaria de contenido económico por los graves daños y perjuicios que ha ocasionado a muchos la inacción de quienes no han querido atajar a tiempo tantos desmanes.

El problema reside en que los gobernantes negligentes lavan sus culpas en la pileta de la responsabilidad política, invento político de quienes sólo pretenden exonerarse de responsabilidad. Cada euro que amasa el corrupto es una coz al Estado de Derecho. Sus guardianes nunca debieron eludir su responsabilidad.

El mimetismo de los vertebrados

Andan revueltas las tertulias con el vestuario de la vicepresidenta del Gobierno, como si no hubiera asuntos más importantes en el candelero. Me parece estupendo que doña María Teresa luzca su elegancia y que logre en sus desplazamientos oficiales la rara habilidad de mimetizarse con el entorno. Donde fueres, haz lo que vieres; y De la Vega recoge el refrán al pie de la letra para pasar desapercibida en Maputo (aunque modelo, canasto y brazo en alto más recordaban a la fiesta de la recogida del trigo en Timisoara, con saludo al Conducator incluido) y ahora en Roma, donde el mismísimo Sodano alabó la púrpura de doña María Teresa que, al fin y al cabo, no es más que símbolo de dignidad (y también, de la sangre de los mártires, Ratzinger dixit).
Tanto mimetismo se produce en la ciudad eterna que don Francisco Vázquez ha criticado con vehemencia el matrimonio homosexual y la inoportunidad del Gobierno con la aprobación de una ley que ha levantado ampollas en la curia pontificia. De seguir con estas declaraciones, veo más a don Francisco de nuncio en Madrid que de embajador en Roma; ventajas que tiene el ser gallego y tener cerca la escalinata de la Piazza di Spagna.
Comprobada otra vez la indisimulada admiración de nuestra progresía por el ceremonial montiniano de imposición del capelo cardenalicio a los nuevos purpurados, me viene a la memoria la maledicencia del otrora crítico Hans Küng cuando afirmaba que, tras la caída de los regímenes del Este, el Vaticano era el último Estado totalitario en Europa. Será por eso la devoción ´progre` o quizá por los votos de obediencia que se esgrimen desde las más altas esferas curiales para pastorear a mis queridos jesuitas y que ya los quisiera el Gobierno para con la oposición que le queda, pero lo cierto es que, al tiempo que los contertulios opinan sobre el guardarropa de doña María Teresa, se vislumbran en el horizonte político negros nubarrones, a pesar de que se nos había predicho bonanza.
España es un púgil tocado al que se le cambia de adversario en cada round, en desigual pelea, porque el árbitro mira a otro lado, el entrenador tiene permanentemente la toalla en la mano y el empresario de la velada ha apostado por los contrarios. Para hacer frente a la astenia, me he armado de valor y he vuelto a las Memorias Políticas de Gerry Adams, libro que abandoné para evitar la náusea que produce el que la muerte de unos se califique de asesinato y la de otros, de ejecución. Equiparar la situación en Irlanda a la del País Vasco es un error garrafal, que nos deja en situación de desventaja. En esto no hay más dios que el Pacto Antiterrorista, y el Presidente debería ser su profeta. Pero ayer, tras la entrevista en Moncloa, no llegué precisamente esa conclusión.

Espíritu de contradicción

Hace poco más de un año, el Gobierno español adoptó la decisión de no recurrir las resoluciones comunitarias que obligaban a Izar a devolver las ayudas públicas recibidas ilegalmente. Se afirmó entonces la inutilidad de los recursos del Estado contra las decisiones que declaraban la incompatibilidad de las ayudas con el mercado común y que nunca prosperaría la oposición a la devolución de los importes recibidos en concepto de ayuda. El allanamiento de España a las decisiones comunitarias fue significativo, pues nunca antes se había producido en instancias comunitarias una dejación tan evidente de los derechos y recursos contra actos de la Comisión, sobre todo viniendo del Reino de España, tan combativo siempre en causas perdidas (Intelhorce e Hitasa, por ejemplo). Pero este abandonismo sirvió como coartada para iniciar –con la inexplicable connivencia sindical- una dura reconversión naval que ha dejado en la más absoluta incertidumbre a la industria naval civil y en el paro a miles de sus trabajadores. No alegó entonces el Gobierno - cuando pudo hacerlo- la defensa del interés nacional para recurrir las decisiones de la Comisión y prefirió reconvertir los despojos en astilleros militares (Navantia) para construir un puñado de patrulleras.

El segundo acto de esta obra lo constituye el proyecto de Tratado por el que se pretendía establecer una Constitución para Europa. No fue ciertamente un texto muy leído, pero si se repara en su contenido podrá observarse que el malhadado proyecto establecía en la Sección 10ª de su capítulo III una política energética comunitaria, dotando a las instituciones europeas de la necesaria competencia legislativa para actuar en esa materia.

Después de envolverse en el proyecto de Constitución para abanderar un triunfante regreso a Europa, el Gobierno ha preferido dar la callada por respuesta a la solicitud de información exigida por la Comisión Europea en relación con la modificación de las competencias de la Comisión Nacional de la Energía, operada por un decreto que otorga a este organismo regulador la posibilidad de alegar oscuros intereses nacionales para frustrar ofertas públicas extranjeras sobre empresas españolas. La negativa del Gobierno puede conducir a la imposición de sanciones por el incumplimiento de la libre circulación de capitales y la libertad de establecimiento, dos pilares fundamentales sobre los que se asienta la arquitectura jurídica comunitaria, y ello nos lleva al desenlace de esta obra dramática: extraña paradoja jurídica la que lleva a un mismo Gobierno a abandonar cualquier defensa frente a decisiones comunitarias que desmantelan el estratégico sector naval público y, por el contrario, le conduce a una defensa numantina de intereses privados en el sector eléctrico.

El ´milagro`alemán

Hace ya algunos meses, mi amigo el profesor Rull me recomendó la lectura del libro de Thomas Darnstädt (La trampa del consenso), que cuenta con un brillante estudio introductorio del catedrático Sosa Wagner. Darnstädt analiza la compleja situación de bloqueo al que ha quedado expuesto el sistema federal alemán por los complejos cruces de competencias entre la Federación (el Bund) y los Estados regionales (los Länder). El derecho de veto en favor de estos últimos dificulta las tareas de gobierno y convierte al canciller en rehén de un consenso que en muchas ocasiones es imposible. Y el consenso, en Alemania, no es ni más ni menos que el acuerdo unánime de las partes, y no, como en alguna ocasión afirmó algún político de nuestra tierra, <>. En suma, el problema reside en la incapacidad del Estado alemán de hacer valer la soberanía frente a alambicadas contraposiciones de intereses de los Länder, agravándose la situación con la entrada en juego del legislador comunitario.

Es conocida la influencia que la Ley Fundamental alemana de 1949 ha tenido sobre la Constitución española, sobre todo en la transposición al régimen autonómico español del a veces complejo sistema federal alemán. Por eso, la situación patológica padecida por el sistema alemán y la terapia aplicada tras su diagnosis, tienen que ser cuidadosamente analizadas desde la perspectiva española, porque ningún Estado descentralizado está libre de esta pandemia. Tiempo habrá para detenerse a analizar el concreto contenido de la reforma constitucional que afronta Alemania –sin perjuicio de adelantar ahora que, al contrario de lo que ocurre en España, las soluciones giran alrededor de otorgar al Estado más poder, en detrimento de los Estados federales- pero más interesan ahora las formas con las que Alemania ha afrontado el proceso de modificación de su Ley Fundamental parida en 1949, bajo la estricta supervisión de las potencias aliadas, en la idílica Herreninsel del Lago Chiemsee, allí donde el rey Luis II de Baviera construyó su imitación del palacio de Versailles.

Y es que en Alemania el proceso se ha tratado como una reforma constitucional, sometida a las mayorías reforzadas que la Ley Fundamental exige, y no como un simple proceso de modificación de la normativa de algún Land. Además, los principales partidos alemanes, por medio de la canciller Merkel y el vicecanciller Müntefering, han trazado de común acuerdo las líneas rojas inquebrantables del proceso de reforma. Es impensable allí que la canciller se reúna con el jefe de la oposición a Stoiber en Baviera para negociar una reforma que afecta, no sólo a Baviera, sino a toda Alemania. Algunos miran el proceso con indisimulada envidia, pero la receta es muy simple: el respeto al Derecho.

Cónyuges y Progenitores

En Derecho, los términos deben ser expresión clara de conceptos jurídicos; pero eso resulta imposible cuando el concepto no es claro. Quien no tiene ideas claras refleja su confusión en términos siempre oscuros. La reciente Orden sobre modificación del Libro de Familia –publicada en el BOE de 3 de marzo- impone que para adecuar la terminología a la ley de matrimonios homosexuales (primera confusión), los términos marido y mujer se sustituyen por cónyuge A y cónyuge B; y los de padre y madre por progenitor A y progenitor B. Aquí ya no se respetan ni los conceptos esenciales del Derecho de familia. El buen padre de familia, modelo de conducta, se convierte en el buen progenitor A. Algunos, desde la osadía que confiere la ignorancia, verán en esta modificación la prolongación del manoseo que padece el concepto jurídico de Nación, sobre la base del pretendido carácter polisémico del término que le confiere la progresía más estulta. Si alguien guarda alguna duda sobre el carácter único del concepto jurídico de Nación que le pregunte a cualquier nacionalista vasco o catalán, y ya verá como existe identidad tanto en el concepto como en sus efectos jurídicos.

Pero, además, el cambio no puede ser más inadecuado a los fines que se propone. Progenitor significa, etimológicamente, el que engendra o procrea (del latín, progenitor, y éste de generare, concebir, parir o dar a luz), precisamente lo que no cabe entre personas del mismo género. La palabra padre admite calificativo (putativo, adoptivo,…), pero progenitor no tiene más acepción que la indicada. Al tiempo que se le dan patadas al Diccionario también se deroga el latín, y el español y la lógica… Como en la copla de Alvar Gómez: No era inmudable, pues pudo mudar/su ser infecundo a fecundo ser….

Y como comprobado está que la memez se propaga con mucha más facilidad que la gripe aviar, por estos pagos algunos también han declarado la guerra a la Real Academia Española por haber desaconsejado en un reciente informe los desdoblamientos del tipo presidente o presidenta, el diputado o la diputada al ser innecesarios y artificiosos desde el punto de vista lingüístico. Afirma la Real Academia que este empeño en la utilización del desdoblamiento tiene su origen en el desconocimiento del uso genérico del masculino gramatical y en la creencia de que la regla gramatical responde a la dominación histórica del varón sobre la mujer en las sociedades patriarcales. Alguna lumbrera local –muy local- ya ha contestado el informe localizando el problema en la ausencia de composición paritaria en la Academia. ¡Ahí queda eso! Pues nada, que sean consecuentes con sus propias barbaridades e incluyan en el Preámbulo del Estatuto a don Blas Infante como Progenitor A de la patria andaluza.

Huir de Eur(opa)

En política los tiempos son más pausados, más lentos, quizás para justificar la fragilidad de la memoria de sus principales actores y de buena parte de los electores. No hace muchos meses –en política, lustros- un partido se presentó ante el electorado con el lema ´Volvemos a Europa` y buscó con el eslogan contraponer una política indefinida a las aventuras belicistas que atribuyó al oponente. Ganadas las elecciones, el segundo movimiento fue llevarnos a un referéndum para votar –los primeros- un fracasado proyecto de Constitución. El último paso fue mandar a Lisboa un jet para traer a La Moncloa a Durao Barroso y convencerle de que la OPA hostil de Gas Natural a Endesa era un asunto interno que excluía cualquier intervención de la Comisión en el ejercicio de sus facultades en materia de control de concentraciones con dimensión europea.

De forma sorprendente, la Comisión –abierta enemiga de los campeones nacionales- rechazó en su día ejercer las funciones de control y dejó hacer de árbitro a un Gobierno socialista dispuesto a establecer un peligroso monopolio energético en gran parte del territorio español (en la imparable y callada Andalucía, sin ir más lejos). Feliz, muy feliz se las prometía el Gobierno con la OPA hostil fruto de un acuerdo económico derivado de un pacto político –el del Tinell- cuando, de pronto, apareció la competencia de E.ON, el gigante alemán. Quien plantó la semilla para que saliera una criatura a los nueve meses no podía pensar –ni el árbitro consentir- la posibilidad de que la criatura naciera rubia, con ojos azules y diciendo Kartoffel con leve acento bávaro. Por eso, tras la solicitud de ayuda del tripartito entripado, el gobierno que tanto defendió la vuelta a Europa, aquel de l´Espagne vote oui a la libre circulación y la libertad de establecimiento decía no a la OPA extranjera, que sigue siendo más atractiva para el mercado que la cicatera oferta catalana.

Los liberales de la economía de mercado retroceden ahora a la autarquía nacionalista, similar a la que en los cuarenta nos trajo a Evita; quienes criticaban la resistencia italiana a la entrada del BBVA cerraban filas en defensa de la eléctrica española frente a la invasión germánica, y el ministro del ramo quiere derrotar al enemigo con las armas de las normas reguladoras del sector. Cómo estará la tropa que hasta Carod clama por la unidad del mercado español (sic), la misma que el Estatut se carga sin piedad. Guerra de banderas, senyera incluida, en la que se evita analizar las diferencias económicas de las ofertas, precio, forma de pago, venta de activos... En otra época, un joven de Jauja (Córdoba), paisano de Montilla, asaltaba diligencias llenas de viajeros extranjeros en Sierra Morena. Se llamaba José María Hinojosa, pero lo conocían por Tempranillo.

El discurso

28-F, Día de Andalucía. Después de la entrega de las medallas y títulos de hijos predilectos, Chaves se dirige a los presentes utilizando el lenguaje "no sexista" que la Junta quiere imponer a espaldas de la Real Academia. A Helmut Kohl le hicieron una Navidad la faena de retransmitir el discurso navideño del año anterior, pero los espectadores se dieron cuenta. Chaves nos repite este año el mismo discurso que pronuncia desde hace ya lustros, enfangado en la autocomplacencia que justifica la posición de Andalucía a la cola de las regiones de la Europa a 25. Pero quien le escuche por vez primera -el sabio persa recién llegado a nuestra tierra- bien pudiera pensar que no habla de Andalucía, sino de Baviera o de la hanseática ciudad de Hamburgo. ¿Pasará algún día factura este autismo recalcitrante?

La verdad

Citaba a Machado el profesor Vázquez Medel –Presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía- en su reciente conferencia en la Fundación Antares cuando advertía de la necesidad de buscar juntos la Verdad, rechazando así alguna imputación dirigida al organismo regulador que preside relativa a la eventual restricción que el ejercicio de sus funciones pueda suponer a la libertad de expresión. En esto, como en otros muchas cosas, nos movemos por impulso de la febril actividad del legislador autonómico catalán que, adelantándose al marcado carácter intervencionista del Estatuto, establece una prolija regulación del sector audiovisual, incluyendo un no menos peligroso capítulo sancionador que puede llevar a la retirada de la licencia al medio que no respete el siempre difuso principio de veracidad. Como la composición de estos organismos administrativos viene determinada por los partidos, es lógico que entre quienes observamos el discurrir de la actividad política nos asalte la duda de si la verdadera función de estos organismos puede derivar en una censura que suponga, en suma, una restricción a la libertad de expresar libremente los pensamientos, ideas y opiniones. Y dado que el órgano regulador catalán ha puesto ya en su punto de mira a la COPE (incómoda para algunos y no precisamente por faltar a la verdad), la cándida duda se torna en certeza y permite afirmar que este tipo de órganos, convenientemente teledirigidos, pueden dar al traste con los derechos y libertades fundamentales que dicen proteger.

Mi curiosidad después de la conferencia me llevó a realizar un análisis de la situación en algunos de los países miembros de la Unión Europea. Y es cierto que todos los organismos reguladores tienen facultades sancionadoras, pero, por regla general, cuando la actuación de un medio sea contraria a los derechos y libertades fundamentales, la capacidad sancionadora se reserva a los tribunales de Justicia. Así ocurre en Francia con el Conseil Supérieur de l´Audiovisuél y con el ALM alemán. En otros organismos reguladores –la OFCOM británica- el punto de mira no está tanto en la veracidad como en el necesario pluralismo de los medios (una reciente decisión sanciona a la cadena Bloomberg por su falta de imparcialidad en una campaña electoral). Y el órgano regulador italiano -Autoritá per le Garanzie nelle Comunicazioni- centra su actividad en impedir los abusos de posiciones de dominio.

Así las cosas, si el organismo regulador andaluz centra su actividad en devolver a los medios públicos andaluces un pluralismo informativo que nunca han tenido, en impedir abusos de posición de dominio en el mercado o en evitar las ayudas públicas incompatibles a los medios de comunicación primados por la Administración autonómica, no podrá decirse que le falte trabajo.

Abu Dada

Lamento mucho decirlo, pero yo no entiendo el radical cambio de opinión de la Fiscalía del Tribunal Supremo en relación con la sentencia recurrida que condenó a Abu Dada. Afirma ahora la Fiscalía -en un sospechoso cambio de criterio- que respecto de determinados delitos no existen pruebas y que, consecuentemente, pedirán ahora una reducción de la condena para mayor contento del terrorista. ¿A qué responde esta llamativa disparidad de criterio? ¿Por qué unos fiscales de la Audiencia vieron en la conducta del reo motivos suficientes para pedir condenas milenarias y ahora se afirma lo contrario? ¿ Quién teme a Abu Dada?

Definitivamente, hay quien está jugando con fuego por ponerse siempre en manos de terroristas. ¿Se imaginan que Dada insinuara alguna colaboración especial en el 11-M? Pues eso.

Abu Dada

Lamento mucho decirlo, pero yo no entiendo el radical cambio de opinión de la Fiscalía del Tribunal Supremo en relación con la sentencia recurrida que condenó a Abu Dada. Afirma ahora la Fiscalía -en un sospechoso cambio de criterio- que respecto de determinados delitos no existen pruebas y que, consecuentemente, pedirán ahora una reducción de la condena para mayor contento del terrorista. ¿A qué responde esta llamativa disparidad de criterio? ¿Por qué unos fiscales de la Audiencia vieron en la conducta del reo motivos suficientes para pedir condenas milenarias y ahora se afirma lo contrario? ¿ Quién teme a Abu Dada?

Definitivamente, hay quien está jugando con fuego por ponerse siempre en manos de terroristas. ¿Se imaginan que Dada insinuara alguna colaboración especial en el 11-M? Pues eso.

Destino soñado

Decía mi abuelo Alois –bávaro, católico y liberal- que Dios era infinitamente bueno, pero que su personal de tierra dejaba mucho que desear. Yo espero que la chanza del abuelo no incomode a mi querido cura Javierre, que es el santo al que yo me encomiendo cada vez que llega el vencimiento de esta letra a siete días vista que supone mi colaboración en EL MUNDO, pero visto el nombramiento de don Francisco Vázquez como nuevo Embajador de España ante la Santa Sede está claro que precisamente la incomodidad se ha convertido en un nuevo criterio de selección a la hora de designar embajadores políticos. No ha pasado desapercibido que en el nombramiento mucho ha tenido que ver su sistemática defensa de una idea de España que hoy se considera excesivamente ortodoxa frente a políticas de su propio partido que pretenden alterar el concepto de Nación como patria común e indivisible de todos los españoles, frase que resulta hoy molesta, pero que está en la Constitución y no puede ser anulada por pactos nocturnos.

Don Francisco ocupará el palacio de la Piazza di Spagna, lugar donde se encuentra la legación española ante la Santa Sede, justo enfrente de la conocida escalinata de Specchi, y pasará allí, alejado del mundanal ruido patrio, magníficas mañanas de café con curiales e inolvidables tardes de chocolate y magdalenas con los príncipes de la Iglesia. No puede imaginarse el afortunado Vázquez cómo le envidio, que tengo dicho que mi puesto soñado en la Administración del Estado no es otro que el que a él le ha tocado en suerte. Dice Zapatero que espera que Pacovázquez haga una buena labor diplomática al frente de la legación, cuando en realidad de quien depende el éxito de la misión es del propio Presidente y de que modere la política de radical laicismo que tanto enoja en Roma, reveladora de la férrea voluntad de dificultar las ya de por sí complejas relaciones Iglesia-Estado. En lo que dependa de don Francisco seguro que hará una formidable labor y que la próxima vez que vaya la Vicepresidenta al Vaticano a quejarse de la Cope, le recibirá, por los buenos oficios del Embajador, alguien de más rango que el curita -joven promesa de la Curia vaticana- que le atendió en su primera visita.

Pero de quien nadie habla es del cesado don Jorge Dezcallar. Algún rumor lo sitúa ya en las negociaciones con la banda terrorista. Cualidades no le faltan a quien dirigió el CNI y, además, cumple un requisito apreciado por el Presidente: no se habla con la derecha desde que el 11-M lo dedicó en exclusiva a quien no debía. Resulta estremecedor que en política antiterrorista se prescinda del principal partido de la oposición alegando desconfianza en su líder, convirtiendo así una cuestión de Estado en burda maniobra de política electoral.

Piazza di Spagna

Qué envidia, don Francisco. Embajador de España ante la Santa Sede, mi puesto siempre soñado. Mañanas con la Curia vaticana tomando café; tardes de chocolate y magdalenas con los Príncipes de la Iglesia; noches romanas en la Piazza di Spagna. Dice Zapatero que espera que su nombramiento pueda mejorar las relaciones con el Vaticano. Yo no me limito a esperar la mejora, porque estoy convencido de que empeorar las relaciones es imposible. Vamos, están mucho peor que cuando don Gonzalo Puente Ojea -azote de la Iglesia- abandonó la legación, después de montar en Roma una reedición del sacco (mira que nombrar embajador a un agnóstico y divorciado; eso sólo se le ocurría a González). Naturalmente que lo hará Ud. bien y que se desenvolverá allí como pez en el agua, que para algo es católico y además practicante. Lo malo van a ser los aprietos en los que le va a poner Su Santidad desde el momento en vaya a la ceremonia de la entrega de credenciales, porque este Papa está muy enterado de lo que pasa por estos lares y encima pregunta con enorme interés (que se lo digan a don Mariano Rajoy, sometido a un tercer grado durante la visita que cursó hace un mes).

Pero todo el mundo habla de su ida y nadie ha reparado en la vuelta de Dezcallar. Zapatero lo quiere ahora cerca para hablar mejor con ETA. No en balde mantendrá el obligado silencio sobre esas conversaciones que Zapatero ha impuesto, porque en el PP al Sr. Dezcallar se la tienen jurada desde que el 11-M lo dedicó a estar en contacto con el poder fáctico fácilmente reconocible. Como su homónimo Fernández Ordóñez, que cuando era ministro de UCD nada más terminar el Consejo llamaba al País a dar el parte. Pues nada, don Francisco, a disfrutar y sobre todo ora pro nobis, que lo de ora et labora no es precisamente del gusto zapateril.

La carta

El pasado fin de semana se clausuró en Munich la 42ª Conferencia sobre Política de Seguridad. Este nuevo Davos de la política de seguridad ha puesto de manifiesto el acercamiento de Europa a la posición de los Estados Unidos en materia de seguridad exterior, posición liderada ahora por la canciller Merkel, que ha otorgado en su política exterior una evidente preeminencia al fortalecimiento de las relaciones transatlánticas, con el correlativo debilitamiento de las alianzas con Rusia.

El fortalecimiento de las relaciones alemanas con su aliado natural se ha demostrado con claridad en la posición conjunta adoptada por los ministros de Defensa de la OTAN respecto de la cuestión iraní, frente común que también se interpreta como seria advertencia a la política comprensiva de Putin para con Irán. Nadie confía en las promesas de Teherán sobre el destino meramente civil del uranio enriquecido y tampoco causan sorpresa las amenazas de Ahmadineyad si la cuestión se traslada al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ante este continuo desafío, sorprende ahora el silencio de quienes proclaman que la legalidad internacional reside exclusivamente en la ONU. El recelo ante la inoperancia de los organismos que se autoproclaman como únicos internacionalmente legitimados para abordar conflictos se pretende suplir ahora con la fórmula creada por Merkel del <>, que pasa por convertir a la Alianza en el primer foro en el que los aliados deben discutir los conflictos mundiales.

España ha enviado a la Conferencia de Munich al director del gabinete del ministro Bono, representación de <> que contrasta con la presencia en la Conferencia de primeros ministros, ministros de defensa de países OTAN y altos mandatarios de Estados no miembros. Tal vez sea un reflejo más de la pérdida de protagonismo de España en el tablero internacional, con una política exterior desnortada, que a veces parece guiada por el más rancio antiamericanismo. Pero más daño hace la carta que Zapatero ha firmado con el turco Erdogan, personaje que no sería precisamente del gusto de Kemal Atatürk. En vez de convencer a Erdogan de la necesidad de cumplir con los requisitos impuestos para posibilitar el ingreso de Turquía en la Unión Europea, Zapatero se nos disfraza de Chamberlain cuando agita la carta como si se tratara de un nuevo Acuerdo de Munich, en un pre-conflicto en el que nuestro país, si se descuida, va camino de convertirse en los Sudetes. Por lo menos, la carta añade a ese difuso concepto de la alianza de las civilizaciones –¿reedición de la fracasada política de appeasement?- una nota de peligrosa restricción de derechos y libertades, cuando en vez de condenar la violencia se está dispuesto a tolerar excepciones a los principios y valores de Occidente.

De sotanas y togas

No ha debido sentar muy bien la filtración del proyecto de Informe sobre modificaciones de la Constitución elaborado por el Consejo de Estado cuando desde el poder se ha intentado poner sordina a las conclusiones de un texto que supone un oasis en el actual desbarajuste jurídico al que se nos ha llevado con esa férrea voluntad de construir la casa por el tejado. Algunos han recibido con regocijo el consejo de un órgano que, sin tener carácter vinculante, sí tiene la fuerza moral derivada del indudable prestigio e independencia de sus componentes y su efectiva influencia doctrinal en el Tribunal Constitucional, institución de la que proceden algunos de sus más destacados miembros.

Quienes han intervenido en la elaboración del proyecto de Informe han puesto el dedo en la llaga de un enfermo cada vez más ulceroso al insistir en el mantenimiento del núcleo duro de las competencias del Estado ex art. 149, oponiéndose a este voluntario desarme de competencias estatales al que nos ha llevado una dadivosidad contraria al espíritu y la letra de la norma suprema. El blindaje competencial, impuesto por nacionalistas y aceptado por el Gobierno, supone reducir la capacidad normativa de éste a dictar unas bases que, por referirse a simples principios, conlleva la renuncia a dictar una legislación básica que preserve, entre otros, el principio constitucional de igualdad. Extraña paradoja la consistente en unificar el derecho a nivel comunitario y fragmentarlo en el nacional.

Tan mal han digerido las conclusiones del Consejo de Estado que algún vocero ha reprochado a la ilusionada oposición que siempre se esconda tras el <>. La frase no es muy ingeniosa pero pone de manifiesto la tradicional desconfianza frente a toda institución que no se controla. No hay semana sin ataque al Consejo General del Poder Judicial y a su Presidente, a quienes no se les quiere dejar opinar sobre el Estatuto catalán, cuando ahora cargan contra otras togas porque el Informe y sus conclusiones no les sirven de coartada para su arquitectura territorial de imposible equilibrio. En gran medida, la corrupción que les llevó en los noventa a la pérdida del poder fue debida a esa tenaz voluntad de prescindir de buenos consejos y de las instituciones de control, cuando destinaron las auditorías al pabellón auditivo del auditado.

Y por fin, las sotanas. Difícilmente se libra la Iglesia de comentarios despectivos de esta falsa progresía, aunque no logro entender esta inquina, acostumbrado como estoy a verlos colgados de imágenes sagradas y a visitar Roma cuando al pastor local le impusieron el capelo cardenalicio, que más perecía aquello San Telmo que San Pedro. Por lo menos no podrán nombrar curas de proximidad, que ya les gustaría.

Proyecto de futuro

David Cameron es desde el pasado mes de diciembre el nuevo líder de los conservadores británicos. Diputado en el Parlamento por Witney (West Oxfordshire) desde el año 2000, en el mes de octubre cumplirá 40 años y ya se configura como una más que seria amenza para el Premier Tony Blair. Cameron está aprovechando el natural desgaste de los laboristas británicos, afectados por varios escándalos y por una política de cambios totalmente amortizada. Pero Cameron hace oposición adoptando, precisamente, actitudes propias de la izquierda, volcándose en políticas sociales (hospitales, colegios, universidades, seguridad ciudadana, inmigración, ...) y dejando de lado cuestiones que, sin dejar de ser importantes en política, no interesan al pueblo.

En Andalucía, la eterna oposición del Partido Popular debería tomar buena nota de la política que desarrolla Camron en el Reino Unido. Al votante no le interesa la reforma del Estatuto de Andalucía, sino que se pongan de manifiesto las carencias de nuestro sistema sanitario, los defectos de la política educativa, el incumplimiento de antiguas promesas sociales, la inseguridad ciudadana. En suma, aprovechar la arrogancia de la izquierda, esa autosatisfacción que puede y debe convertirse en el talón de aquiles del Psoe andaluz. En el PP-A es necesario el cambio, de ideas y de personas, y en esa tarea se llevan perdidos ya dos años. Yo, para empezar, les propondría la creación de un shadow-cabinett, un gobierno en la sombra que pusiera de manifiesto las carencias de la soberbia socialista.

La Constitución herida

Ya sé que no está precisamente de moda defender la Constitución y que la sola referencia pública a sus artículos despierta rechazo en estos nuevos constituyentes felones, pero tengo el convencimiento de que en la madrugada del pasado domingo se asestó al texto constitucional un golpe que con el tiempo resultará definitivo, mortal de necesidad. El acuerdo entre Mas y el Gobierno, que tiene como objeto un Estatuto cuyo concreto contenido sigue a estas horas envuelto en el misterio propio de la noche en la que algunos se han acostumbrado a vivir, supone un fraude de ley porque altera la Constitución española sin respetar el procedimiento en ella establecido, del que se huye deliberadamente porque no se cuenta con la mayoría, utilizando el procedimiento de reforma de un Estatuto de Autonomía como norma de cobertura.

Con evidente desconocimiento se pretende defender que la referencia al término nación en el Preámbulo no tiene consecuencias jurídicas. Ya sabemos lo que dan de <> quienes mantienen esta original teoría, que se aparta del mundo del Derecho para adentrarse en el del engaño propio de la política. Que un Estatuto de Autonomía afirme –en su Preámbulo o en su articulado- que Cataluña es una nación y que España es un Estado plurinacional supone una evidente infracción de la Constitución, sencillamente porque la única nación es la española y la soberanía sólo reside en el pueblo español. Que además diga que Arán es una realidad nacional con entidad propia es una humorada que lleva el inconfundible marchamo de la extravagancia nacionalista. Algunos piensan que la solución es que cada Estatuto autonómico incorpore también el término nación, como si éste fuera una fórmula mágica, capaz por sí mismo de resolver los problemas. Aunque sea desde su buena fe, no se dan cuenta quienes propugnan el empleo generalizado del término nación que con ello se sitúan en el mismo plano de inconstitucionalidad que los nacional-socialistas, coadyuvando firmemente a la desaparición de España.

El nacionalismo está siempre a la búsqueda del privilegio y éste tiene en nuestro caso un indudable componente económico. Bono y Rodríguez Ibarra se han dado cuenta de una jugada que sólo permanece oculta para aquellos que desde hace mucho sólo arrastran su propia torpeza. La generosidad del Gobierno en el aspecto relativo a la financiación reconociéndole a Cataluña una deuda histórica por el déficit en su balanza fiscal, el próximo establecimiento de una Agencia Tributaria, el incremento en la cesión de impuestos y el aseguramiento de una financiación millonaria para los próximos años supone un agravio respecto del resto y acaba con el principio de solidaridad interregional. Pero, como dice el maestro don Antonio Burgos, aquí no pasa nada.