El aquelarre

Como quien nace lechón muere cochino, la legislatura va a acabar de la misma forma como comenzó. Sirva como botón de muestra la celebración de dos actos, dos concentraciones públicas de muy distinto signo, como distinta ha sido también la reacción del gobierno y partido que lo sustenta a la hora de valorar una y otra. De un lado, tras la firma de una denominada Declaración de San Mamés por representantes de los gobiernos vasco, catalán y gallego en el que se reclama la participación de las respectivas selecciones en competiciones internacionales, se celebró en el mismo estadio un partido entre las selecciones de Cataluña y Euskal Herria (sic), durante el cual se quemaron banderas de España, se apoyó abiertamente a organizaciones terroristas, se amenazó a jugadores por jugar en la selección nacional de España y se realizaron continuas proclamas independentistas, directamente apoyadas por los firmantes de la Declaración, socios que son del gobierno.
Con diferencia de horas, en el centro de Madrid se celebró una concentración multitudinaria convocada por los obispos españoles bajo el lema “Por la familia cristiana” y durante la cual, cientos de miles de personas, en el ejercicio de derechos constitucionales, se limitaron a manifestar su discrepancia respecto de la ley del aborto, del divorcio exprés, del matrimonio homosexual y de la educación que se recibe en las escuelas públicas y centros concertados.
Para el gobierno y partido que lo sustenta el problema no está en la convocatoria y manifestación de Bilbao, manifiestamente inconstitucional en su objetivo sino en la convocatoria de las familias cristianas. El gobierno ha cubierto con un manto de silencio el aquelarre bilbaíno, la manifestación de independentismo más virulenta y de mayor apoyo institucional que se recuerda; ni una sola palabra de condena de actitudes y actuaciones que están claramente fuera del marco constitucional. Sin embargo, a los obispos y las familias reunidas en Madrid se les ha dedicado una fuente de descalificaciones, con exigencia de rectificación al cardenal Rouco por decir algo que es de Perogrullo: que la Declaración Universal de Derechos Humanos, al reconocer el derecho al matrimonio, no contemplaba el matrimonio homosexual, por lo que equiparar éste a la institución que más respeta la paridad, supone una degradación de la familia.
Se podrán compartir o no los valores proclamados en Madrid por la jerarquía eclesiástica. Pero tachar a los convocantes de reverdecer el nacionalcatolicismo o a las familias allí congregadas de compartir valores de la extrema derecha sólo representa una prueba más de esa mentira del ´talante` con el que empezó una legislatura que acaba envuelta en un anticlericalismo fomentado por hijos de falangistas. ¡Ah!, y la oposición, de vacaciones.