Existe un dicho forense en la curia alemana que afirma que los jueces son estudiantes de Derecho que se corrigen sus propios exámenes. De ser cierto el aserto siempre estaremos ante un mal menor porque, continúa el dicho, "lo verdaderamente pernicioso es que a los jueces le soplen al oído el examen", poniendo así el dedo en la llaga de uno de los peligros de toda Democracia: el empeño del Ejecutivo, a veces indisimulado, por controlar el poder Judicial.
En los EEUU es el Presidente quien nombra a los jueces de la Corte Suprema y éstos ejercen sus cargos con carácter vitalicio, during good Behaviour, para preservar de esta forma su independencia. Los alemanes, en su sistema federal, reservan el nombramiento de los dieciséis jueces al Bundestag y a la cámara regional del Bundesrat por partes iguales, pero obligan a ambas Cámaras a que los acuerdos se adopten por una mayoría cualificada de dos tercios.
La Constitución española –muy inspirada por el sistema alemán- establece en doce el número de miembros del Tribunal Constitucional, reproduce la mayoría cualificada establecida en la norma alemana y reserva el nombramiento de los magistrados a las Cortes Generales (ocho miembros, cuatro el Congreso y otros tantos el Senado) y el nombramiento del resto los reserva para el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial. Así se estableció en la Ley Orgánica que regula su funcionamiento y que fue adoptada, siguiendo una inveterada costumbre, con el acuerdo de los partidos mayoritarios.
Ahora, el siempre deseable consenso entre los principales grupos políticos parece no va a ser posible en la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que se discute en la Comisión Constitucional. Que la Constitución permita la modificación de la Ley Orgánica por una mayoría que permita descartar la necesaria participación del partido de la oposición es un evidente error que sólo procura la debilidad de la institución –y la aprobación de reformas estatutarias claramente inconstitucionales-. Pero aquellos que prescinden del necesario consenso en esta materia introducen también un peligroso elemento de precariedad que mina la propia función encomendada al Tribunal.
La reforma permite la participación de las Comunidades Autónomas en el nombramiento de sus miembros –fórmula idónea para que éstas designen a sus sabios locales- y, de camino, prolonga el mandato de la Presidente para que ejerza su voto dirimente en aquellos asuntos que lo requieran –una especie de "gol de oro" que algunos llaman "efecto Bermejo"-, sin que todavía ningún jurista-politólogo haya advertido en esta ocasión la comisión de algún "golpe de estado". Hábil maniobra, porque España está dividida en dos hasta en la votación de informes periciales sobre explosivos.
sábado, septiembre 08, 2007
La legalidad internacional
La política es el arte del escapismo y mucho tiene que ver su práctica con la habilidad de la evasión, la continua huida de una realidad inconveniente. En política internacional, los gobiernos suelen izar pabellones de conveniencia, en muchas ocasiones contradictorios con aquellos que ondeaban con anterioridad en su nave. Iraq es uno de los ejemplos que mejor ilustran en la política patria el arte escapista de quienes saben moverse con destreza en el mundo de las contradicciones.
Porque el envío de tropas en Iraq es considerado como acto contrario a lo que algunos denominan "legalidad internacional" cuando les resulta conveniente a sus intereses imputar a terceros la infracción de resoluciones de organismos internacionales. Sin embargo, para mantener esa injusta acusación no se duda en ocultar que resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas (la 1483, principalmente, y también la 1511) dieron carta de naturaleza a la presencia de tropas extranjeras en Iraq. En virtud de dichas resoluciones, las tropas españolas, durante su presencia en territorio iraquí, coadyuvaron a la consecución de los fines establecidos por Naciones Unidas –mejora de la seguridad interna; reestablecimiento de las instituciones; adiestramiento de policía y ejército- en ese cuerpo de normas que también constituye "legalidad internacional", pero que sistemáticamente se oculta por quienes imputan una y otra vez su infracción a quien ya no está en el Gobierno, olvidando que todavía permanecen en territorio iraquí tropas enviadas por otros presidentes de gobiernos que, además, son miembros de la Internacional Socialista.
Pero el acervo de la "legalidad internacional" no alcanza sólo a Iraq, sino también a resoluciones que procuran el proceso de descolonización o la solución negociada de conflictos territoriales. Hubo en su día, a finales de los setenta, un presidente del gobierno que fue al campamento de refugiados de Tinduf a proclamar a los cuatro vientos que acompañaría a ese pueblo "hasta la victoria final", para abandonarlo a su suerte cuando por vez primera subió las escaleras del Palacio de la Moncloa revestido del poder que le dieron las urnas. Ahora, anda, como El Raisuni, por las montañas y playas de la Yebala, sin acordarse de las promesas fundadas en una etérea "legalidad internacional" de la que escapa cuando no le es conveniente. Otro presidente está ahora fijando los nuevos límites de aguas jurisdiccionales, en una actuación en la que aparentemente se mezclan el buenismo con una cierta dósis de torpeza, pero que en la realidad encierra un giro radical en la posición española respecto del Sahara Occidental que se inició en su día con la ratificación de un acuerdo de pesca entre la UE y el Reino de Marruecos.
Porque el envío de tropas en Iraq es considerado como acto contrario a lo que algunos denominan "legalidad internacional" cuando les resulta conveniente a sus intereses imputar a terceros la infracción de resoluciones de organismos internacionales. Sin embargo, para mantener esa injusta acusación no se duda en ocultar que resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas (la 1483, principalmente, y también la 1511) dieron carta de naturaleza a la presencia de tropas extranjeras en Iraq. En virtud de dichas resoluciones, las tropas españolas, durante su presencia en territorio iraquí, coadyuvaron a la consecución de los fines establecidos por Naciones Unidas –mejora de la seguridad interna; reestablecimiento de las instituciones; adiestramiento de policía y ejército- en ese cuerpo de normas que también constituye "legalidad internacional", pero que sistemáticamente se oculta por quienes imputan una y otra vez su infracción a quien ya no está en el Gobierno, olvidando que todavía permanecen en territorio iraquí tropas enviadas por otros presidentes de gobiernos que, además, son miembros de la Internacional Socialista.
Pero el acervo de la "legalidad internacional" no alcanza sólo a Iraq, sino también a resoluciones que procuran el proceso de descolonización o la solución negociada de conflictos territoriales. Hubo en su día, a finales de los setenta, un presidente del gobierno que fue al campamento de refugiados de Tinduf a proclamar a los cuatro vientos que acompañaría a ese pueblo "hasta la victoria final", para abandonarlo a su suerte cuando por vez primera subió las escaleras del Palacio de la Moncloa revestido del poder que le dieron las urnas. Ahora, anda, como El Raisuni, por las montañas y playas de la Yebala, sin acordarse de las promesas fundadas en una etérea "legalidad internacional" de la que escapa cuando no le es conveniente. Otro presidente está ahora fijando los nuevos límites de aguas jurisdiccionales, en una actuación en la que aparentemente se mezclan el buenismo con una cierta dósis de torpeza, pero que en la realidad encierra un giro radical en la posición española respecto del Sahara Occidental que se inició en su día con la ratificación de un acuerdo de pesca entre la UE y el Reino de Marruecos.
El presidente iraní Ahmadineyad ha comunicado al mundo desde la planta nuclear de Natanz que Irán forma parte del "club nuclear" compuesto por los países que producen combustible atómico a escala industrial. El gobierno de Teherán ha repetido que su programa nuclear tiene fines exclusivamente civiles; las naciones occidentales temen, con fundamento, dada la continua opacidad con la que ha actuado el régimen persa, que el proceso de nuclearización persiga también fines militares que se materializarían en la fabricación de armamento atómico en serie. Teherán, además de formar parte del <
La situación iraní, su posición actual en el mundo, no deja de tener un cierto paralelismo con la alemania nacionalsocialista de los años treinta del pasado siglo. Se da una inquietante coincidencia en diversas actitudes. En primer lugar, los dos regímenes dictatoriales se mueven por un sentimiento antijudío evidente. Ahmadineyad no pierde ocasión de proferir advertencias contra el Estado de Israel, y han sido ya varias las ocasiones en las que ha manifestado su voluntad de <
Además, el gobierno de Teherán, al igual que el nacionalsocialista, se ha lanzado a una carrera armamentista que supone una violación de Tratados internacionales (en el caso iraní, del Tratado de no Proliferación Nuclear y en el del régimen hitleriano, del Tratado de Versalles). La coincidencia también se produce con el sistemático desprecio por las resoluciones de los organismos supranacionales, la Sociedad de Naciones, en un caso, y la Organización de las Naciones Unidas, en otro, haciendo gala el régimen de los ayatolás de un continuo desprecio a las resoluciones que, para quienes ahora callan, constituyen la <
La diplomacia tiene, como la paciencia, sus límites, en 1939 y también ahora de persistir esta continua infracción de la legalidad. Sería la última desgraciada coincidencia.
El mundo de las sombras
Suele justificarse el intervencionismo del Estado en el mercado por la necesaria protección que el legislador debe dispensar a los diferentes intereses en juego. En Derecho de sociedades, la norma emanada del Estado –que es quien fija el marco jurídico imperativo al que deben someterse las conductas de quienes intervienen en el mercado- pretende proporcionar seguridad a los propios accionistas, a los acreedores, a los terceros en general y a los trabajadores, estableciendo para ello un conjunto normativo de contenido normalmente imperativo que obliga a las sociedades a depositar sus cuentas en el Registro Mercantil o somete su constitución y el desarrollo de su actividad a preceptos de obligado cumplimiento.
Si ya es grave la transgresión de la norma por el particular, mayor gravedad plantea la posibilidad de que sea el propio legislador quien, infringiendo la normativa dictada, actúe en el mercado con ánimo de influir directamente en las conductas de quienes son sus protagonistas. Se habla entonces de intervencionismo del Gobierno no ya como una medida para proteger los intereses de quienes operan en la economía siempre bajo la perspectiva del interés general, sino con la finalidad no necesariamente altruista de favorecer determinados intereses particulares, partidistas, en el irreprimible y continuo deseo de algunos de obsequiar al amigo. La neutralidad del Gobierno se torna entonces en descarado favoritismo con el que se pretenden beneficiar directamente intereses no siempre coincidentes con los generales, con grave daño a la imagen exterior del país y a la confianza de unos inversores extranjeros que ahora se pensarán mejor dónde invertir.
Cuando así se actúa, se vulnera la Ley, ya esté ésta representada por Tratados comunitarios que imponen la necesaria observancia del libre mercado, la libertad de establecimiento o la libre circulación de capitales, o por normativa interna, expresión de aquélla, que obliga a la defensa de la competencia en el sector del que se trate. Y al vulnerar la Ley, el Gobierno infractor acaba también con la independencia que deben tener siempre por bandera los organismos reguladores. Así, con esa actuación parcial, pro domo sua, los reguladores pasan a ser organismos "regulados", voces de su amo, acabando con cualquier atisbo de la neutralidad e imparcialidad que por norma se les impone.
Y al desprestigio de los organismos reguladores le sigue obligadamente la desconfianza de los inversores. Cuando desde la sombra se adultera el mercado imponiendo a éste soluciones perjudiciales para la economía nacional también se acaba con la confianza del inversor, poniendo a un sistema económico ante prácticas más propias de exacerbados nacionalismos de repúblicas bananeras que de Estados de Derecho.
Libro de estilo
Andaba dando buena cuenta de un par de huevos fritos con chacina de la tierra en la muy recomendable Venta El Polvorilla, allí en el Llano de la Cruz, término municipal de Ronda, cuando llamó mi atención un cartel en el que una muy joven y atractiva candidata –Ségoléne de la Serranía- convocaba nada más y nada menos que en inglés a una reunión para exponer a los vecinos las principales novedades de su programa electoral. Meeting with the candidate, creo recordar rezaba el título del cartel, no tanto por el éxito de la política de bilingüismo en la serranía rondeña, sino más bien por la nutrida presencia de residentes comunitarios, herederos de Rilke o Alastair Boyd en su pasión por Ronda, y con derecho de voto en las próximas elecciones locales.
Las técnicas electorales avanzan que es una barbaridad. En otros tiempos, la ingeniera electoral no estaba ni mucho menos tan depurada como ahora. La política era más salvaje, informal, espontánea. Todavía recuerdo el programa de festejos de una localidad vecina –Arriate- en el que la agrupación socialista local patrocinaba una "gran chorizada" popular, patrocinio desde luego poco recomendable en aquella época de Filesas, fondos reservados, Roldán, et altri. Como reclamo electoral, la convocatoria de un partido político a una "gran chorizada", es digno de estudio en escuelas de negocios y cursos de verano.
Imagino que los ´libros de estilo` que aparecen cuando el clima político barrunta elecciones deben su existencia a la voluntad de evitar, en la medida de lo posible, deslices como el antes comentado, y tienen como finalidad imponer al candidato unas pautas, unas líneas de actuación durante la campaña, aunque a muchos se nos haga muy difícil calificar esos modelos de actuación como normas, precisamente de "estilo" en un momento en el que la política está reñida con las buenas formas. Los manuales para los candidatos a ocupar plaza de edil suelen regular de forma exhaustiva su conducta durante el período electoral, cayendo a menudo en recomendaciones absolutamente intolerables.
En noticia aparecida en EL MUNDO de ayer, firmada por Manuel Sánchez, se da cuenta de la aparición del ´Libro de Estilo`(sic) socialista para las próximas municipales. La crónica se detiene en el ´look` del candidato ideal ("ideal" para quien hace el ´Libro de Estilo`) y recomienda en su vestimenta el predominio de los colores negros, grises o marrones, para generar –en los candidatos- "un aspecto más cercano, fresco y actual". Siempre he asociado los tonos oscuros ahora tan recomendados a los camise nere mussolinianos o a ERC. Parece que ahora también los políticos quieren marcar las tendencias de la moda. Allá los autores del "libro" si quieren que sus candidatos se parezcan al conde Chiano.
sábado, mayo 26, 2007
Crónicas arriateñas
Almudena Sánchez Gil, joven y novel candidata a la alcaldía de la serrana localidad de Arriate, vecina a Ronda, se ha topado de bruces y sin quererlo con la dura realidad de la más sucia política en la forma de un miserable ataque verbal. Uno de sus contrincantes, veterano profesional de la medicina, seleccionado entre los mejores para tratar de desbancar a la fuerza política que detenta las riendas del Consistorio con mayoría absoluta, acusa al partido que presenta a la candidata Sánchez Gil de "ir promocionando por bares y rincones a su número uno como si se tratara de montar una casa de señoritas más que la presidencia de la Alcaldía". Por raro que parezca, quien profirió hace ya más de una semana el miserable exabrupto continúa ratificándose en sus afirmaciones, sin que, que se conozca, nadie de su partido -exponente máximo de progreso, talante y de pomposas leyes de igualdad- le haya exigido su inmediata dimisión o, cuanto menos, llamado la atención para que corrija una barbaridad cuyo reproche excede del ámbito político para adentrarse, claramente, en el judicial.
Almudena se presenta por una formación política que algunos se empeñan en calificar como derecha extrema, reaccionaria, intolerante, guerrera y carca, pero que en realidad es muy respetuosa con la mujer, hasta el extremo de presentar una ilegal lista -por estar compuesta íntegramente por mujeres- a la localidad de Garachico (o ser la única formación que presenta a una mujer como candidata a la Alcaldía de Arriate, que también vale como ejemplo de política real que fomente la igualdad de sexos). Yo quiero solidarizarme con ella y presentarle mis respetos, porque estoy seguro de que, siendo muchas las manifestaciones de aliento y apoyo que está recibiendo por ser víctima de un acto de maltrato y acoso, éstas no procederán, precisamente, de consejerías e institutos de la mujer cuyos representantes, desde posiciones partidistas obligatoriamente sectarias, promocionan un determinado tipo de mujer, una nueva sección femenina, ahora sin libros de cocina ni de bordado.
La noticia sobre Almudena Sánchez coincide con el anuncio de la aprobación del proyecto de ley andaluza para la promoción de la Igualdad de Género. No hace muchos días se aprobó la Ley de Igualdad en el Congreso de los Diputados; ahora vamos a contar con una ley autonómica en una más que inútil duplicidad de normas "para hacer plenamente real y efectiva la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres" y, por supuesto, "promocionar un lenguaje y una imagen pública no sexista". Estoy convencido de que a Almudena le satisfará enormemente el proyecto de ley pero, realmente, le bastaría con que quien le ha injuriado se retractara y la dejara en paz.
Almudena se presenta por una formación política que algunos se empeñan en calificar como derecha extrema, reaccionaria, intolerante, guerrera y carca, pero que en realidad es muy respetuosa con la mujer, hasta el extremo de presentar una ilegal lista -por estar compuesta íntegramente por mujeres- a la localidad de Garachico (o ser la única formación que presenta a una mujer como candidata a la Alcaldía de Arriate, que también vale como ejemplo de política real que fomente la igualdad de sexos). Yo quiero solidarizarme con ella y presentarle mis respetos, porque estoy seguro de que, siendo muchas las manifestaciones de aliento y apoyo que está recibiendo por ser víctima de un acto de maltrato y acoso, éstas no procederán, precisamente, de consejerías e institutos de la mujer cuyos representantes, desde posiciones partidistas obligatoriamente sectarias, promocionan un determinado tipo de mujer, una nueva sección femenina, ahora sin libros de cocina ni de bordado.
La noticia sobre Almudena Sánchez coincide con el anuncio de la aprobación del proyecto de ley andaluza para la promoción de la Igualdad de Género. No hace muchos días se aprobó la Ley de Igualdad en el Congreso de los Diputados; ahora vamos a contar con una ley autonómica en una más que inútil duplicidad de normas "para hacer plenamente real y efectiva la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres" y, por supuesto, "promocionar un lenguaje y una imagen pública no sexista". Estoy convencido de que a Almudena le satisfará enormemente el proyecto de ley pero, realmente, le bastaría con que quien le ha injuriado se retractara y la dejara en paz.
ANV
Cuando el Fiscal General americano, Mr. Justice Robert H. Jackson, terminó de enseñar a sus colegas la sala en la que había de celebrarse el Proceso de Nürenberg, su homólogo ruso, el General Rudenko, le formuló a través de la soldado – traductora la siguiente pregunta: ¿Sería tan amable el tovarich Jackson de enseñarnos a continuación el lugar donde van a ser colgados todos los acusados?. A Rudenko le sobraba la parafernalia organizada por el resto de aliados en su ánimo de hacer su propia ´justicia` con los altos jerarcas nazis.
No digo que para la ilegalización de Acción Nacionalista Vasca (ANV), descarada tapadera de Batasuna-ETA, nos haga falta un Rudenko, pero en la defensa del Estado de Derecho tan perniciosos son la actividad desenfrenada como la inacción. La salubridad del sistema democrático exige, en ocasiones, la pronta y decidida actuación del Ministerio Público que evite, precisamente, que se tenga que llegar a siempre tardíos procesos, como el de Nüremberg, que de haberse celebrado a tiempo, hubieran evitado la toma del poder por la tiranía y, con ella, el sufrimiento, los crímenes y la ruina.
El fiscal general afirmó que el apoyo de los dirigentes de Batasuna a ANV "de manera manifiesta" (sic) podría dar lugar a la ilegalización. Los batasunos, rápidos en el chantaje al Estado, no tardaron en solicitar públicamente el voto para ANV, demostrando la evidente connivencia de dos organizaciones, aparentemente distintas, pero que no constituyen más que una sola prolongación de ETA. Pero el fiscal general, obtenido lo que para muchos supone el enésimo indicio justificativo de la ilegalidad de la organización que concurre a las urnas, opta ahora por negar la mayor y considerar insuficiente esa pública petición de apoyo a un partido que no es más que el alter ego de ETA.
Quienes critican la indecisión del Ministerio Público y la inacción del Gobierno en la solicitud de las medidas judiciales necesarias, ponen de manifiesto, no sin razón, que el Estado de Derecho sufre cuando la norma –la Ley de Partidos- no se aplica. Ahondando en la herida –que con el paso del tiempo deja de ser epidérmica y amenaza con gangrenarse- se acusa al Gobierno de cumplir una liturgia cuyo ceremonial está formado por secretos pactos adoptados en un proceso de negociación con la banda terrorista que se nos dijo finiquitado pero que, por el contrario, parece mantenerse vivo en un clima de recíproca desconfianza. Y si no fuere así, si de verdad ya no existe proceso de negociación, la ausencia de consenso entre los principales partidos puede haber llevado al Gobierno de España a depender en su suerte del capricho de una banda terrorista. La política antiterrorista, roto el imprescindible consenso, ha pasado de cuestión de Estado a política de interés partidista.
No digo que para la ilegalización de Acción Nacionalista Vasca (ANV), descarada tapadera de Batasuna-ETA, nos haga falta un Rudenko, pero en la defensa del Estado de Derecho tan perniciosos son la actividad desenfrenada como la inacción. La salubridad del sistema democrático exige, en ocasiones, la pronta y decidida actuación del Ministerio Público que evite, precisamente, que se tenga que llegar a siempre tardíos procesos, como el de Nüremberg, que de haberse celebrado a tiempo, hubieran evitado la toma del poder por la tiranía y, con ella, el sufrimiento, los crímenes y la ruina.
El fiscal general afirmó que el apoyo de los dirigentes de Batasuna a ANV "de manera manifiesta" (sic) podría dar lugar a la ilegalización. Los batasunos, rápidos en el chantaje al Estado, no tardaron en solicitar públicamente el voto para ANV, demostrando la evidente connivencia de dos organizaciones, aparentemente distintas, pero que no constituyen más que una sola prolongación de ETA. Pero el fiscal general, obtenido lo que para muchos supone el enésimo indicio justificativo de la ilegalidad de la organización que concurre a las urnas, opta ahora por negar la mayor y considerar insuficiente esa pública petición de apoyo a un partido que no es más que el alter ego de ETA.
Quienes critican la indecisión del Ministerio Público y la inacción del Gobierno en la solicitud de las medidas judiciales necesarias, ponen de manifiesto, no sin razón, que el Estado de Derecho sufre cuando la norma –la Ley de Partidos- no se aplica. Ahondando en la herida –que con el paso del tiempo deja de ser epidérmica y amenaza con gangrenarse- se acusa al Gobierno de cumplir una liturgia cuyo ceremonial está formado por secretos pactos adoptados en un proceso de negociación con la banda terrorista que se nos dijo finiquitado pero que, por el contrario, parece mantenerse vivo en un clima de recíproca desconfianza. Y si no fuere así, si de verdad ya no existe proceso de negociación, la ausencia de consenso entre los principales partidos puede haber llevado al Gobierno de España a depender en su suerte del capricho de una banda terrorista. La política antiterrorista, roto el imprescindible consenso, ha pasado de cuestión de Estado a política de interés partidista.
El indulto
Christian Klar es en Alemania lo que De Juana Chaos en España. Terrorista, asesino en serie, miembro de la segunda generación de la Baader–Meinhoff, Klar fue condenado en 1984 a cinco cadenas perpetuas y quince años de prisión por participar en nueve asesinatos consumados y por colaborar en once asesinatos más en grado de tentativa.
En Alemania, la condena a cadena perpetua se fija siempre por un número mínimo de años, atendiendo siempre a la gravedad del delito; esto es, no conlleva necesariamente una pena privativa de libertad de por vida. En el caso de Klar, el tribunal de Stuttgart que le juzgó le condenó a cumplir un mínimo de veintiséis años de prisión. En Alemania las condenas se cumplen –afirmación necesaria a la vista de la situación que padecemos aquí-, sin que existan para estos delitos beneficios penitenciarios o redenciones de pena susceptibles de minorar el periodo de duración de la condena. Capturado en 1982, Klar lleva cumplidos veinticinco años y saldrá en libertad el año 2008, siempre y cuando se considere que ha dejado de ser un peligro para la sociedad. Pero como en Derecho toda regla general siempre está sometida a una excepción –el indulto- Klar solicitó el perdón del Presidente de la República.
El Presidente Köhler ha denegado hace pocos días la solicitud de indulto. Lo ha hecho después de escuchar a representantes de diversas instituciones del Estado, a los partidos políticos, la opinión de los familiares de las víctimas e incluso la posición del terrorista solicitante de la medida de gracia, a quien visitó en prisión. Por no tener que motivar sus decisiones, se desconocen las razones que han llevado al Presidente de la República a rechazar la solicitud de indulto, pero, sin duda, la oposición de las víctimas y la posición también contraria al perdón de los principales partidos, han tenido peso decisivo para fundar la negativa. Y en la posición contraria al indulto de las víctimas y de la sociedad alemana habrá tenido su influencia el hecho de que Klar jamás se haya arrepentido por los crímenes cometidos.
Aquí, al asesino de Rafael Padura y autor de otros crímenes -sin castigo- el Gobierno le ha concedido el indulto –gratis et amore- después de pasar menos de cinco años en prisión, sin consultar a los familiares de la víctima ni tomarse la molestia de sondear la opinión de otros sectores sociales. A algunos les debe resultar fácil perdonar, sobre todo cuando no han padecido directamente la ofensa en forma de un crimen execrable cometido por alimañas que desprecian la vida del prójimo. Avergüenza ver al Estado de Derecho pisoteado con este tipo de medidas y produce escalofríos advertir cómo la falta de reacción de la sociedad española denota su pleno y peligroso acomodo a situaciones de flagrante injusticia.
En Alemania, la condena a cadena perpetua se fija siempre por un número mínimo de años, atendiendo siempre a la gravedad del delito; esto es, no conlleva necesariamente una pena privativa de libertad de por vida. En el caso de Klar, el tribunal de Stuttgart que le juzgó le condenó a cumplir un mínimo de veintiséis años de prisión. En Alemania las condenas se cumplen –afirmación necesaria a la vista de la situación que padecemos aquí-, sin que existan para estos delitos beneficios penitenciarios o redenciones de pena susceptibles de minorar el periodo de duración de la condena. Capturado en 1982, Klar lleva cumplidos veinticinco años y saldrá en libertad el año 2008, siempre y cuando se considere que ha dejado de ser un peligro para la sociedad. Pero como en Derecho toda regla general siempre está sometida a una excepción –el indulto- Klar solicitó el perdón del Presidente de la República.
El Presidente Köhler ha denegado hace pocos días la solicitud de indulto. Lo ha hecho después de escuchar a representantes de diversas instituciones del Estado, a los partidos políticos, la opinión de los familiares de las víctimas e incluso la posición del terrorista solicitante de la medida de gracia, a quien visitó en prisión. Por no tener que motivar sus decisiones, se desconocen las razones que han llevado al Presidente de la República a rechazar la solicitud de indulto, pero, sin duda, la oposición de las víctimas y la posición también contraria al perdón de los principales partidos, han tenido peso decisivo para fundar la negativa. Y en la posición contraria al indulto de las víctimas y de la sociedad alemana habrá tenido su influencia el hecho de que Klar jamás se haya arrepentido por los crímenes cometidos.
Aquí, al asesino de Rafael Padura y autor de otros crímenes -sin castigo- el Gobierno le ha concedido el indulto –gratis et amore- después de pasar menos de cinco años en prisión, sin consultar a los familiares de la víctima ni tomarse la molestia de sondear la opinión de otros sectores sociales. A algunos les debe resultar fácil perdonar, sobre todo cuando no han padecido directamente la ofensa en forma de un crimen execrable cometido por alimañas que desprecian la vida del prójimo. Avergüenza ver al Estado de Derecho pisoteado con este tipo de medidas y produce escalofríos advertir cómo la falta de reacción de la sociedad española denota su pleno y peligroso acomodo a situaciones de flagrante injusticia.
Fundamentos comunes
Hace cincuenta años, el canciller Konrad Adenauer, europeista convencido, afirmó ante el premier francés Guy Mollet el decidido apoyo de Alemania a la constitución del mercado común: Et maintenant, il faut faire l´Europe. Adenauer siempre consideró la integración europea como un trampolín para que Alemania recobrara su espacio de poder en Europa y en política exterior. Hoy, cincuenta años después de la firma del Tratado de Roma, es Alemania la que quiere convertirse en el trampolín necesario para dar el impulso definitivo que saque a la Unión Europea de la situación de paralización en la que se encuentra tras el fracaso del proyecto de Constitución y un precipitado proceso de integración de nuevos miembros.
La Declaración de Berlín ha puesto de manifiesto la decidida voluntad de la canciller Merkel –sucesora de Adenauer en su convicción europeista- de retomar la discusión sobre el futuro de Europa y la necesidad de adaptar su estructura política a la evolución de los tiempos. Se trata de reafirmar una firme voluntad renovadora del ideal europeo, y es significativo que la Declaración no haga referencia alguna al proyecto de Constitución para Europa rechazado en las urnas por Francia y Holanda, pero también centro de las críticas de otros países que no llegaron a pronunciarse sobre un texto sin futuro. Hoy ya no se habla de Constitución, término que despierta recelos en muchos países miembros; la Declaración de Berlín prefiere evitar cualquier alusión a la forma jurídica que ha de servir de vehículo a la necesaria reforma europea y utiliza, con evidente sentido eufemístico, la referencia al establecimiento de los fundamentos comunes que inspiren la renovación en la UE.
La clave está en determinar el ámbito de los fundamentos comunes, es decir, las partes del difunto proyecto de Constitución que sí pueden ser salvados para incorporar el núcleo de una reforma por la vía de un nuevo Tratado (o un minitratado, como también se denomina ya, por suponer el experimento un claro recorte de anteriores proyectos). La canciller cuenta en su empeño con el apoyo de Blair, y Sarcozy mira también con satisfacción un proyecto que despierta simpatías en los países del Este, reacios a altos niveles de integración.
España ha considerado el plan de la Presidencia alemana como un recorte drástico del proyecto de Constitución para Europa que en su día refrendó en las urnas sin mucha convicción. Demasiadas tijeras y poca pluma, se queja la representación española. Dicen en Bruselas que Merkel ha salido al paso de la crítica recomendando a quienes confían en irrealizables macroproyectos constitucionales que cumplan con el Tratado vigente y respeten la libertad de establecimiento y la libre circulación de capitales.
La Declaración de Berlín ha puesto de manifiesto la decidida voluntad de la canciller Merkel –sucesora de Adenauer en su convicción europeista- de retomar la discusión sobre el futuro de Europa y la necesidad de adaptar su estructura política a la evolución de los tiempos. Se trata de reafirmar una firme voluntad renovadora del ideal europeo, y es significativo que la Declaración no haga referencia alguna al proyecto de Constitución para Europa rechazado en las urnas por Francia y Holanda, pero también centro de las críticas de otros países que no llegaron a pronunciarse sobre un texto sin futuro. Hoy ya no se habla de Constitución, término que despierta recelos en muchos países miembros; la Declaración de Berlín prefiere evitar cualquier alusión a la forma jurídica que ha de servir de vehículo a la necesaria reforma europea y utiliza, con evidente sentido eufemístico, la referencia al establecimiento de los fundamentos comunes que inspiren la renovación en la UE.
La clave está en determinar el ámbito de los fundamentos comunes, es decir, las partes del difunto proyecto de Constitución que sí pueden ser salvados para incorporar el núcleo de una reforma por la vía de un nuevo Tratado (o un minitratado, como también se denomina ya, por suponer el experimento un claro recorte de anteriores proyectos). La canciller cuenta en su empeño con el apoyo de Blair, y Sarcozy mira también con satisfacción un proyecto que despierta simpatías en los países del Este, reacios a altos niveles de integración.
España ha considerado el plan de la Presidencia alemana como un recorte drástico del proyecto de Constitución para Europa que en su día refrendó en las urnas sin mucha convicción. Demasiadas tijeras y poca pluma, se queja la representación española. Dicen en Bruselas que Merkel ha salido al paso de la crítica recomendando a quienes confían en irrealizables macroproyectos constitucionales que cumplan con el Tratado vigente y respeten la libertad de establecimiento y la libre circulación de capitales.
Libro de Estilo
´Libro de Estilo`
Andaba dando buena cuenta de un par de huevos fritos con chacina de la tierra en la muy recomendable Venta El Polvorilla, allí en el Llano de la Cruz, término municipal de Ronda, cuando llamó mi atención un cartel en el que una muy joven y atractiva candidata –Ségoléne de la Serranía- convocaba nada más y nada menos que en inglés a una reunión para exponer a los vecinos las principales novedades de su programa electoral. Meeting with the candidate, creo recordar rezaba el título del cartel, no tanto por el éxito de la política de bilingüismo en la serranía rondeña, sino más bien por la nutrida presencia de residentes comunitarios, herederos de Rilke o Alastair Boyd en su pasión por Ronda, y con derecho de voto en las próximas elecciones locales.
Las técnicas electorales avanzan que es una barbaridad. En otros tiempos, la ingeniera electoral no estaba ni mucho menos tan depurada como ahora. La política era más salvaje, informal, espontánea. Todavía recuerdo el programa de festejos de una localidad vecina –Arriate- en el que la agrupación socialista local patrocinaba una "gran chorizada" popular, patrocinio desde luego poco recomendable en aquella época de Filesas, fondos reservados, Roldán, et altri. Como reclamo electoral, la convocatoria de un partido político a una "gran chorizada", es digno de estudio en escuelas de negocios y cursos de verano.
Imagino que los ´libros de estilo` que aparecen cuando el clima político barrunta elecciones deben su existencia a la voluntad de evitar, en la medida de lo posible, deslices como el antes comentado, y tienen como finalidad imponer al candidato unas pautas, unas líneas de actuación durante la campaña, aunque a muchos se nos haga muy difícil calificar esos modelos de actuación como normas, precisamente de estilo en un momento en el que la política está reñida con las buenas formas. Los manuales para los candidatos a ocupar plaza de edil suelen regular de forma exhaustiva su conducta durante el período electoral, cayendo a menudo en recomendaciones absolutamente intolerables.
En noticia aparecida en EL MUNDO de ayer, firmada por Manuel Sánchez, se da cuenta de la aparición del ´Libro de Estilo`(sic) socialista para las próximas municipales. La crónica se detiene en el ´look` del candidato ideal ("ideal" para quien hace el ´Libro de Estilo`) y recomienda en su vestimenta el predominio de los colores negros, grises o marrones, para generar –en los candidatos- "un aspecto más cercano, fresco y actual". Siempre he asociado los tonos oscuros ahora tan recomendados a los camise nere mussolinianos o a ERC. Parece que ahora también los políticos quieren marcar las tendencias de la moda. Allá los autores del "libro" si quieren que sus candidatos se parezcan al conde Chiano.
Andaba dando buena cuenta de un par de huevos fritos con chacina de la tierra en la muy recomendable Venta El Polvorilla, allí en el Llano de la Cruz, término municipal de Ronda, cuando llamó mi atención un cartel en el que una muy joven y atractiva candidata –Ségoléne de la Serranía- convocaba nada más y nada menos que en inglés a una reunión para exponer a los vecinos las principales novedades de su programa electoral. Meeting with the candidate, creo recordar rezaba el título del cartel, no tanto por el éxito de la política de bilingüismo en la serranía rondeña, sino más bien por la nutrida presencia de residentes comunitarios, herederos de Rilke o Alastair Boyd en su pasión por Ronda, y con derecho de voto en las próximas elecciones locales.
Las técnicas electorales avanzan que es una barbaridad. En otros tiempos, la ingeniera electoral no estaba ni mucho menos tan depurada como ahora. La política era más salvaje, informal, espontánea. Todavía recuerdo el programa de festejos de una localidad vecina –Arriate- en el que la agrupación socialista local patrocinaba una "gran chorizada" popular, patrocinio desde luego poco recomendable en aquella época de Filesas, fondos reservados, Roldán, et altri. Como reclamo electoral, la convocatoria de un partido político a una "gran chorizada", es digno de estudio en escuelas de negocios y cursos de verano.
Imagino que los ´libros de estilo` que aparecen cuando el clima político barrunta elecciones deben su existencia a la voluntad de evitar, en la medida de lo posible, deslices como el antes comentado, y tienen como finalidad imponer al candidato unas pautas, unas líneas de actuación durante la campaña, aunque a muchos se nos haga muy difícil calificar esos modelos de actuación como normas, precisamente de estilo en un momento en el que la política está reñida con las buenas formas. Los manuales para los candidatos a ocupar plaza de edil suelen regular de forma exhaustiva su conducta durante el período electoral, cayendo a menudo en recomendaciones absolutamente intolerables.
En noticia aparecida en EL MUNDO de ayer, firmada por Manuel Sánchez, se da cuenta de la aparición del ´Libro de Estilo`(sic) socialista para las próximas municipales. La crónica se detiene en el ´look` del candidato ideal ("ideal" para quien hace el ´Libro de Estilo`) y recomienda en su vestimenta el predominio de los colores negros, grises o marrones, para generar –en los candidatos- "un aspecto más cercano, fresco y actual". Siempre he asociado los tonos oscuros ahora tan recomendados a los camise nere mussolinianos o a ERC. Parece que ahora también los políticos quieren marcar las tendencias de la moda. Allá los autores del "libro" si quieren que sus candidatos se parezcan al conde Chiano.
La fidelidad del bígamo
La fidelidad del bígamo
En su discurso pronunciado el 13 de mayo de 1932 en las Cortes Constituyentes bajo la presidencia de Besteiro, Ortega y Gasset afirmó que el problema catalán no se podía resolver, sólo se podía conllevar. Tanta razón tenía Ortega en su afirmación que, en lo esencial, su disertación ante las Cortes podría haber sido repetida con puntuales cambios hace escasas fechas en el Congreso durante el proceso de elaboración de un Estatuto catalán que se nos presentó como la fórmula idónea para conllevar el problema durante "dos o tres décadas"(Rodríguez Zapatero dixit), pero que se ha demostrado superado por las circunstancias a las pocas semanas de su aprobación. El Tribunal Constitucional tiene pendiente de resolver el recurso interpuesto contra el Estatuto, entre otros, por el Partido Popular, pero ha advertido en reciente sentencia que ni la financiación ni las guadianescas deudas históricas pueden ser, como el tango, cosa de dos, rompiendo así el envenenado juego de la bilateralidad que proclama, no sin inconstitucional egoismo, la norma autonómica recurrida.
Serán los pregonados tijeretazos del Tribunal Constitucional al Estatuto catalán en un vano intento de volver constitucional un texto que los recurrentes consideran norma de cobertura para perpetrar el fraude de ley consistente en violar la Constitución, o tal vez sean las continuas veleidades de un partido político antisistema –ERC- que algunos creyeron, en evidente error, que con el anzuelo de un Estatuto inconstitucional iba a someterse al ordenamiento de un Estado al que aborrece, lo cierto es que una u otra causa han producido el efecto de llevar a un tal Vendrell –mandado de Carod y Puigcercos- a ofrecer a CiU la presidencia de la Generalitat a cambio, nada más y nada menos, que de la convocatoria de un referéndum de autodeterminación.
Abiertos con temeridad el melón del modelo de Estado y con imprudencia un "proceso de paz" que enmascara una turbia negociación de la que nada se sabe, pero en la que se impone confianza ciega e inquebrantable adhesión sopena de recibir el calificativo de falangista, es evidente que entre los radicales se ha acelerado la carrera hacia la meta del abismo. Mirará ahora el despechado Montilla con estupor la tropa que tiene de aliado, el bígamo que, hecha la oferta a tercero, le quiere convencer de su fidelidad; se pensarán los convergentes la envenenada propuesta de referéndum de autodeterminación a cambio del cromo de la presidencia en ese puro exhibicionismo de a ver quién lo tiene más grande (el nacionalismo independentista) y mirarán en Madrid para otro lado. Pero aquí todavía no ha dicho nadie que ese referéndum de autodeterminación es absolutamente inconstitucional y, por lo tanto, ilegal por sus cuatro costados.
En su discurso pronunciado el 13 de mayo de 1932 en las Cortes Constituyentes bajo la presidencia de Besteiro, Ortega y Gasset afirmó que el problema catalán no se podía resolver, sólo se podía conllevar. Tanta razón tenía Ortega en su afirmación que, en lo esencial, su disertación ante las Cortes podría haber sido repetida con puntuales cambios hace escasas fechas en el Congreso durante el proceso de elaboración de un Estatuto catalán que se nos presentó como la fórmula idónea para conllevar el problema durante "dos o tres décadas"(Rodríguez Zapatero dixit), pero que se ha demostrado superado por las circunstancias a las pocas semanas de su aprobación. El Tribunal Constitucional tiene pendiente de resolver el recurso interpuesto contra el Estatuto, entre otros, por el Partido Popular, pero ha advertido en reciente sentencia que ni la financiación ni las guadianescas deudas históricas pueden ser, como el tango, cosa de dos, rompiendo así el envenenado juego de la bilateralidad que proclama, no sin inconstitucional egoismo, la norma autonómica recurrida.
Serán los pregonados tijeretazos del Tribunal Constitucional al Estatuto catalán en un vano intento de volver constitucional un texto que los recurrentes consideran norma de cobertura para perpetrar el fraude de ley consistente en violar la Constitución, o tal vez sean las continuas veleidades de un partido político antisistema –ERC- que algunos creyeron, en evidente error, que con el anzuelo de un Estatuto inconstitucional iba a someterse al ordenamiento de un Estado al que aborrece, lo cierto es que una u otra causa han producido el efecto de llevar a un tal Vendrell –mandado de Carod y Puigcercos- a ofrecer a CiU la presidencia de la Generalitat a cambio, nada más y nada menos, que de la convocatoria de un referéndum de autodeterminación.
Abiertos con temeridad el melón del modelo de Estado y con imprudencia un "proceso de paz" que enmascara una turbia negociación de la que nada se sabe, pero en la que se impone confianza ciega e inquebrantable adhesión sopena de recibir el calificativo de falangista, es evidente que entre los radicales se ha acelerado la carrera hacia la meta del abismo. Mirará ahora el despechado Montilla con estupor la tropa que tiene de aliado, el bígamo que, hecha la oferta a tercero, le quiere convencer de su fidelidad; se pensarán los convergentes la envenenada propuesta de referéndum de autodeterminación a cambio del cromo de la presidencia en ese puro exhibicionismo de a ver quién lo tiene más grande (el nacionalismo independentista) y mirarán en Madrid para otro lado. Pero aquí todavía no ha dicho nadie que ese referéndum de autodeterminación es absolutamente inconstitucional y, por lo tanto, ilegal por sus cuatro costados.
Igualdad
La Ley, en una definición tradicional e inobjetada, es el mandato impuesto por quien para ello tiene autoridad y poder. Su condición de mandato refuerza el contenido imperativo de la norma dictada por la autoridad: Autoritas, non veritas facit legem. Los viejos apuntes de la Facultad recogen la definición de Sánchez Román: "La Ley es regla de conducta justa, obligatoria, dictada por legítimo poder y de observancia y beneficio común".
La Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres está pendiente de publicación en el Boletín Oficial del Estado, después de haber sido aprobada en el Congreso por todos los partidos políticos, excepto el Partido Popular, que se abstuvo. Es una Ley ad portas que, como no podía ser de otra forma, está en sintonía con la política social trazada por el legislador con evidente ánimo electoral y que responde, como en otras ocasiones, al castizo dicho de "mucho ruido y pocas nueces". El ruido de los aplausos de supuestas feministas que no se han leído la Ley o de los flashes a la salida del Congreso de los Diputados me reafirman en la convicción de que la norma rezuma populismo en estado puro.
Porque la Ley de Igualdad se aparta en su farragoso texto de su condición de mandato para convertirse en una norma voluntariosa. No estamos ante la imposición de reglas de conducta, sino ante meros deseos que convierten el texto legal en simple capítulo de propósitos o intenciones. A esa conclusión debe llegarse si, analizando su texto, advertimos que la efectividad de la igualdad que se pretende afianzar mediante esta norma queda siempre a criterio de su destinatario: "Las sociedades … procurarán incluir en su Consejo de Administración un número de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en un plazo de ocho años a partir de la entra en vigor de la Ley". Procurarán es término que no implica obligación; no estamos ante un mandato o regla de conducta impuesta, sino ante la expresión de un deseo, de una simple voluntad o desiderátum sin contenido ni efectos obligatorios. En otros pasajes de la norma se reiteran estos términos voluntariosos, pero no vinculantes: fomentarán, intentarán, promoverán, favorecerán, expresiones que convierten el texto normativo en un brindis al sol.
Por supuesto, la Ley prohíbe lo que denomina "lenguaje sexista", infringiendo para ello otras leyes: las gramaticales. Adviertan esta perla con la que el legislador cocea el Diccionario:"La realización de estas acciones podrá ser concertada con la representación de los trabajadores y las trabajadoras, y las organizaciones de consumidores y consumidoras y usuarios y usuarias". Hay quien cree que el redactor (o redactora) del Preámbulo del Estatuto andaluz ha intervenido en la redacción de la Ley de Igualdad.
La Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres está pendiente de publicación en el Boletín Oficial del Estado, después de haber sido aprobada en el Congreso por todos los partidos políticos, excepto el Partido Popular, que se abstuvo. Es una Ley ad portas que, como no podía ser de otra forma, está en sintonía con la política social trazada por el legislador con evidente ánimo electoral y que responde, como en otras ocasiones, al castizo dicho de "mucho ruido y pocas nueces". El ruido de los aplausos de supuestas feministas que no se han leído la Ley o de los flashes a la salida del Congreso de los Diputados me reafirman en la convicción de que la norma rezuma populismo en estado puro.
Porque la Ley de Igualdad se aparta en su farragoso texto de su condición de mandato para convertirse en una norma voluntariosa. No estamos ante la imposición de reglas de conducta, sino ante meros deseos que convierten el texto legal en simple capítulo de propósitos o intenciones. A esa conclusión debe llegarse si, analizando su texto, advertimos que la efectividad de la igualdad que se pretende afianzar mediante esta norma queda siempre a criterio de su destinatario: "Las sociedades … procurarán incluir en su Consejo de Administración un número de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en un plazo de ocho años a partir de la entra en vigor de la Ley". Procurarán es término que no implica obligación; no estamos ante un mandato o regla de conducta impuesta, sino ante la expresión de un deseo, de una simple voluntad o desiderátum sin contenido ni efectos obligatorios. En otros pasajes de la norma se reiteran estos términos voluntariosos, pero no vinculantes: fomentarán, intentarán, promoverán, favorecerán, expresiones que convierten el texto normativo en un brindis al sol.
Por supuesto, la Ley prohíbe lo que denomina "lenguaje sexista", infringiendo para ello otras leyes: las gramaticales. Adviertan esta perla con la que el legislador cocea el Diccionario:"La realización de estas acciones podrá ser concertada con la representación de los trabajadores y las trabajadoras, y las organizaciones de consumidores y consumidoras y usuarios y usuarias". Hay quien cree que el redactor (o redactora) del Preámbulo del Estatuto andaluz ha intervenido en la redacción de la Ley de Igualdad.
Y ahora, Navarra
Dicen los teóricos de la cosa pública que son tres las cuestiones que requieren en el complejo mundo de la política un acuerdo de principios entre los partidos que las sustraiga de los vaivenes propios de las disputas partidistas: la acción exterior, la política antiterrorista y el modelo de Estado. Estas tres materias deben estar delimitadas por fronteras infranqueables que, permitiendo margen de actuación al Gobierno de turno, eviten los bruscos movimientos derivados de inexplicables bandazos o derrotas vinculadas a los resultados electorales.
En España nunca ha existido un política exterior común, entendida ésta como producto de un acuerdo de bases entre los partidos mayoritarios que abarcara las cuestiones sensibles de las relaciones exteriores del Estado. La acción exterior no ha tenido más coherencia que la derivada del periodo de duración de cada partido en el Gobierno, sin que pueda hablarse en nuestro caso –a diferencia de lo que acaece en el Reino Unido, Alemania o Francia- de unas "líneas rojas" que representen acuerdos de base sobre materias sensibles –dominadas por la raison d´Etat- adoptados por los partidos con aspiración de gobierno. La inexistencia de esos acuerdos de principios en política exterior ha debilitado sensiblemente la posición española en el tablero internacional. Ahí tienen, como último ejemplo de esta falta de vigor, el anuncio argelino del incremento del precio del gas en un veinte por ciento.
En política antiterrorista, en cambio, si hubo acuerdo entre los principales partidos, pero hoy bien parece que hecho el Pacto por las libertades y contra el terrorismo, hecha la trampa. Hoy ya no existe el Pacto; me atrevería a decir que no existe ni siquiera política antiterrorista por haberse transformado ésta en un oscuro proceso de negociación para el que el Gobierno exige, sin contrapartida alguna, una obediencia y fidelidad ciegas a la oposición, al tiempo que le mantiene en el más absoluto ostracismo. No puede este Gobierno, ni ningún Gobierno, reclamar en esta cuestión cheques en blanco ni inquebrantables adhesiones sin haber pactado previamente los límites de un proceso que está demostrando estar regido por la más absoluta improvisación.
"Y ahora, Navarra", ha dicho Otegui tras la excarcelación del asesino sin recibir del Gobierno una respuesta tajante a esta anexión, a este Anschluss en el que Hitler aparece cubierto con la capucha de los asesinos. No valen esas huecas respuestas con el estribillo de que "Navarra será lo que los navarros y navarras quieran que sea". El Gobierno debe ser contundente y fijar su posición con claridad. Si quiere que las próximas elecciones autonómicas en Navarra se conviertan en un referendum "á la québécoise", que lo diga, pero que lo diga ya.
En España nunca ha existido un política exterior común, entendida ésta como producto de un acuerdo de bases entre los partidos mayoritarios que abarcara las cuestiones sensibles de las relaciones exteriores del Estado. La acción exterior no ha tenido más coherencia que la derivada del periodo de duración de cada partido en el Gobierno, sin que pueda hablarse en nuestro caso –a diferencia de lo que acaece en el Reino Unido, Alemania o Francia- de unas "líneas rojas" que representen acuerdos de base sobre materias sensibles –dominadas por la raison d´Etat- adoptados por los partidos con aspiración de gobierno. La inexistencia de esos acuerdos de principios en política exterior ha debilitado sensiblemente la posición española en el tablero internacional. Ahí tienen, como último ejemplo de esta falta de vigor, el anuncio argelino del incremento del precio del gas en un veinte por ciento.
En política antiterrorista, en cambio, si hubo acuerdo entre los principales partidos, pero hoy bien parece que hecho el Pacto por las libertades y contra el terrorismo, hecha la trampa. Hoy ya no existe el Pacto; me atrevería a decir que no existe ni siquiera política antiterrorista por haberse transformado ésta en un oscuro proceso de negociación para el que el Gobierno exige, sin contrapartida alguna, una obediencia y fidelidad ciegas a la oposición, al tiempo que le mantiene en el más absoluto ostracismo. No puede este Gobierno, ni ningún Gobierno, reclamar en esta cuestión cheques en blanco ni inquebrantables adhesiones sin haber pactado previamente los límites de un proceso que está demostrando estar regido por la más absoluta improvisación.
"Y ahora, Navarra", ha dicho Otegui tras la excarcelación del asesino sin recibir del Gobierno una respuesta tajante a esta anexión, a este Anschluss en el que Hitler aparece cubierto con la capucha de los asesinos. No valen esas huecas respuestas con el estribillo de que "Navarra será lo que los navarros y navarras quieran que sea". El Gobierno debe ser contundente y fijar su posición con claridad. Si quiere que las próximas elecciones autonómicas en Navarra se conviertan en un referendum "á la québécoise", que lo diga, pero que lo diga ya.
Voto de calidad
Existe un dicho forense en la curia alemana que afirma que "los jueces son estudiantes de Derecho que se corrigen sus propios exámenes". De ser cierto el aserto siempre estaremos ante un mal menor porque, continúa el dicho, "lo verdaderamente pernicioso es que a los jueces le soplen al oído el examen", poniendo así el dedo en la llaga de uno de los peligros de toda Democracia: el empeño del Ejecutivo, a veces indisimulado, por controlar el poder Judicial.
En los EEUU es el Presidente quien nombra a los jueces de la Corte Suprema y éstos ejercen sus cargos con carácter vitalicio, during good Behaviour, para preservar de esta forma su independencia. Los alemanes, en su sistema federal, reservan el nombramiento de los dieciséis jueces al Bundestag y a la cámara regional del Bundesrat por partes iguales, pero obligan a ambas Cámaras a que los acuerdos se adopten por una mayoría cualificada de dos tercios.
La Constitución española –muy inspirada por el sistema alemán- establece en doce el número de miembros del Tribunal Constitucional, reproduce la mayoría cualificada establecida en la norma alemana y reserva el nombramiento de los magistrados a las Cortes Generales (ocho miembros, cuatro el Congreso y otros tantos el Senado) y el nombramiento del resto los reserva para el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial. Así se estableció en la Ley Orgánica que regula su funcionamiento y que fue adoptada, siguiendo una inveterada costumbre, con el acuerdo de los partidos mayoritarios.
Ahora, el siempre deseable consenso entre los principales grupos políticos parece no va a ser posible en la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que se discute en la Comisión Constitucional. Que la Constitución permita la modificación de la Ley Orgánica por una mayoría que permita descartar la necesaria participación del partido de la oposición es un evidente error que sólo procura la debilidad de la institución –y la aprobación de reformas estatutarias claramente inconstitucionales-. Pero aquellos que prescinden del necesario consenso en esta materia introducen también un peligroso elemento de precariedad que mina la propia función encomendada al Tribunal.
La reforma permite la participación de las Comunidades Autónomas en el nombramiento de sus miembros –fórmula idónea para que éstas designen a sus sabios locales- y, de camino, prolonga el mandato de la Presidente para que ejerza su voto dirimente en aquellos asuntos que lo requieran –una especie de gol de oro que algunos llaman efecto Bermejo-, sin que todavía ningún jurista-politólogo haya advertido en esta ocasión la comisión de algún golpe de estado. Hábil maniobra, porque España está dividida en dos hasta en la votación de informes periciales sobre explosivos.
En los EEUU es el Presidente quien nombra a los jueces de la Corte Suprema y éstos ejercen sus cargos con carácter vitalicio, during good Behaviour, para preservar de esta forma su independencia. Los alemanes, en su sistema federal, reservan el nombramiento de los dieciséis jueces al Bundestag y a la cámara regional del Bundesrat por partes iguales, pero obligan a ambas Cámaras a que los acuerdos se adopten por una mayoría cualificada de dos tercios.
La Constitución española –muy inspirada por el sistema alemán- establece en doce el número de miembros del Tribunal Constitucional, reproduce la mayoría cualificada establecida en la norma alemana y reserva el nombramiento de los magistrados a las Cortes Generales (ocho miembros, cuatro el Congreso y otros tantos el Senado) y el nombramiento del resto los reserva para el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial. Así se estableció en la Ley Orgánica que regula su funcionamiento y que fue adoptada, siguiendo una inveterada costumbre, con el acuerdo de los partidos mayoritarios.
Ahora, el siempre deseable consenso entre los principales grupos políticos parece no va a ser posible en la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que se discute en la Comisión Constitucional. Que la Constitución permita la modificación de la Ley Orgánica por una mayoría que permita descartar la necesaria participación del partido de la oposición es un evidente error que sólo procura la debilidad de la institución –y la aprobación de reformas estatutarias claramente inconstitucionales-. Pero aquellos que prescinden del necesario consenso en esta materia introducen también un peligroso elemento de precariedad que mina la propia función encomendada al Tribunal.
La reforma permite la participación de las Comunidades Autónomas en el nombramiento de sus miembros –fórmula idónea para que éstas designen a sus sabios locales- y, de camino, prolonga el mandato de la Presidente para que ejerza su voto dirimente en aquellos asuntos que lo requieran –una especie de gol de oro que algunos llaman efecto Bermejo-, sin que todavía ningún jurista-politólogo haya advertido en esta ocasión la comisión de algún golpe de estado. Hábil maniobra, porque España está dividida en dos hasta en la votación de informes periciales sobre explosivos.
domingo, febrero 25, 2007
Acción exterior
Cuenta el historiador alemán Hüttl que el rey Luis II de Baviera - ensimismado en su complejo mundo, cansado de su tierra y de su propio gobierno que le negaba más dinero para construir sus caprichosos castillos y palacios- ordenó a su embajador en la corte española proponer a la reina Isabel II la compra de la isla de Mallorca. La reina española, claro está, mandó al embajador y a su regio primo a tomar viento.
Baviera tuvo embajadores porque fue reino hasta el año 1919. Hoy, el Estado Libre de Baviera no tiene más embajadas que la alemana, y más política exterior que la que diseña Berlín para todo el Estado. No se da en modelos políticos de corte federal como el alemán la posibilidad de que los Länder coordinen su propia política exterior con la del Estado central, porque los Länder no tienen competencias en materia de relaciones internacionales. La competencia la ostenta en exclusiva el Bund, que es quien mejor defiende los intereses de la Nación mediante una política única que, cuanto menos, procura coherencia y evita que los presidentes de los Länder anden zascandileando allende las fronteras federales haciendo uso del treaty-making power como si fueran verdaderos sujetos de derecho internacional.
La Constitución española siguió a la Ley Fundamental alemana al conferir también al Estado la competencia exclusiva en materia de relaciones internacionales. Sólo al Estado le corresponde la capacidad de obligarse frente a Estados extranjeros u organizaciones inter o supranacionales, como tiene dicho el Tribunal Constitucional, y las Comunidades Autónomas tienen limitada su proyección exterior a fin de no incidir o entorpecer la política exterior del Estado. Sin embargo, la hipertrofia competencial provocada por alguna reforma estatutaria ha venido a institucionalizar una suerte de política exterior autonómica que pugna abiertamente con la exclusividad reservada al Estado.
De esos polvos, estos lodos. La política exterior del Estado se ha visto también afectada por el pernicioso principio de bilateralidad. Se habla ahora abiertamente de "coordinar la política exterior de la Generalitat con la del Estado", imponiendo así una reciprocidad que no tiene cabida en la Constitución. Para preparar el ambiente adecuado al recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos del Estatuto catalán se afirma alegremente que la estimación por el Tribunal Constitucional de la recusación de uno de sus magistrados constituye un golpe de estado (sic), demostrando así quienes se debaten entre el birrete y la gorra de plato el verdadero respeto que le merecen las decisiones judiciales cuando no les son convenientes. Y es que el sectarismo y la soberbia llevan siempre a la convicción de que las reglas del juego están hechas para los demás.
Baviera tuvo embajadores porque fue reino hasta el año 1919. Hoy, el Estado Libre de Baviera no tiene más embajadas que la alemana, y más política exterior que la que diseña Berlín para todo el Estado. No se da en modelos políticos de corte federal como el alemán la posibilidad de que los Länder coordinen su propia política exterior con la del Estado central, porque los Länder no tienen competencias en materia de relaciones internacionales. La competencia la ostenta en exclusiva el Bund, que es quien mejor defiende los intereses de la Nación mediante una política única que, cuanto menos, procura coherencia y evita que los presidentes de los Länder anden zascandileando allende las fronteras federales haciendo uso del treaty-making power como si fueran verdaderos sujetos de derecho internacional.
La Constitución española siguió a la Ley Fundamental alemana al conferir también al Estado la competencia exclusiva en materia de relaciones internacionales. Sólo al Estado le corresponde la capacidad de obligarse frente a Estados extranjeros u organizaciones inter o supranacionales, como tiene dicho el Tribunal Constitucional, y las Comunidades Autónomas tienen limitada su proyección exterior a fin de no incidir o entorpecer la política exterior del Estado. Sin embargo, la hipertrofia competencial provocada por alguna reforma estatutaria ha venido a institucionalizar una suerte de política exterior autonómica que pugna abiertamente con la exclusividad reservada al Estado.
De esos polvos, estos lodos. La política exterior del Estado se ha visto también afectada por el pernicioso principio de bilateralidad. Se habla ahora abiertamente de "coordinar la política exterior de la Generalitat con la del Estado", imponiendo así una reciprocidad que no tiene cabida en la Constitución. Para preparar el ambiente adecuado al recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos del Estatuto catalán se afirma alegremente que la estimación por el Tribunal Constitucional de la recusación de uno de sus magistrados constituye un golpe de estado (sic), demostrando así quienes se debaten entre el birrete y la gorra de plato el verdadero respeto que le merecen las decisiones judiciales cuando no les son convenientes. Y es que el sectarismo y la soberbia llevan siempre a la convicción de que las reglas del juego están hechas para los demás.
El algodón
Afirma Miguel Sanz, presidente de la UPN y de la Comunidad navarra, que él, a diferencia del candidato socialista a la presidencia de su Comunidad, Fernando Puras, no viene a Andalucía para aprender porque <
Mucho me temo que sin perjuicio de lamentar las formas, el Sr. Sanz tiene razón en el fondo. La semana pasada recibí puntualmente el resumen que remite Eurostat sobre la tasa de desempleo regional en la Europa de los veinticinco y, como viene siendo una constante desde el ingreso de España en la CEE, Andalucía sigue estando en el top 20 de las regiones europeas con mayor tasa de desempleo. Hemos descendido posiciones en ese ranking de pobreza –ya no estamos en el <
Eurostat es la prueba del algodón que no engaña. Si algo puede asegurarse es que el vigente Estatuto de Autonomía no es precisamente el culpable de que Andalucía siga formando parte del grupo de regiones más pobres de la UE. Da cierto pudor oir cómo se promete desde el poder alcanzar la luna con la sola aprobación de un texto estatutario que ha servido de coartada a políticas dominadas por el egoismo y la ruptura. El Regions. Statistical Yearbook 2006, recientemente publicado, pone en evidencia la gran mentira de segundas y terceras modernizaciones y de imparables realidades nacionales, y deja al aire las vergüenzas de una campaña de propaganda que sólo es ejemplo de publicidad engañosa. Se dice ahora desde la fácil tribuna mitinera que con el nuevo Estatuto pasaremos a estar entre las regiones europeas más avanzadas, a jugar en esa liga de regiones galácticas que en pura realidad nos son inalcanzables, pasando por alto la dura realidad de una región que está anclada en la cola de Europa.
Elogio de la experiencia
"Llaneza, muchacho, y no te encumbres". En su discurso pronunciado con motivo de su toma de posesión como miembro del Consejo de Estado, Leopoldo Calvo Sotelo, el más lúcido y brillante presidente del gobierno de la todavía joven democracia española, hizo suyas las palabras que Maeso Pedro dirigió al joven titiritero con Don Quijote de testigo para trazar en su intervención un acertado diagnóstico de la enfermedad que padece España por mor de la equivocada terapia que aplica quien hoy es su médico de cabecera. Desandar el camino laboriosamente desbrozado con la Transición para situarse en los nefastos años treinta supone realizar "un arriesgado ejercicio de funambulismo histórico" que tiene como principal víctima al siempre deseable consenso entre los partidos mayoritarios.
"Llaneza, muchacho, y no te encumbres". Pero este joven Lucilio no lee las epístolas morales que le envía Séneca, y sólo se guía por una intuición impregnada de eso que llaman baraka, pero que se está acabando. La llaneza es humildad, sencillez, buena fe, sentido común, pero el joven titiritero no se deja conducir por quienes desde sus propias filas critican, con timidez, pero desde la experiencia, una política exterior de "buenones" que nos ha llevado de la intimidad de Camp David a convertirnos en ruidosos palmeros de un coro de peligrosos personajes que nada bueno auguran. Sólo González se ha atrevido a levantar tímidamente la voz, pero a la vista está que el joven no hace caso ni a quien no hace mucho se sentó en el olimpo socialista ungido por los Palme, Kreisky y Brandt. En la visita a Doñana el joven lo trató como a un ánsar más de la fauna autóctona; lo imagino allí sentado en una hamaca mientras veía, como Vitto Andolini, correr a la niñas por entre las tomateras. Bien podría ser una reedición del "Adios, amigo" que el experto González le dedicó a Willy Brandt en su funeral.
"Llaneza, muchacho, y no encumbres". La política es el mundo de las sombras, pero la única luz que se ve al fondo del túnel la procuran aquellos que por experiencia saben conducirse con mayor soltura entre tinieblas. En España hemos convertido la política en la profesión de los que no tienen otra y encima se premia la inexperiencia ascendiendo al novel a los más altos cargos, como si se tratara de un deporte, donde los triunfos corresponden a los más jóvenes.
"Llaneza, muchacho, y no te encumbres". El encumbrado se deja entrevistar por otro ruiseñor de voz aflautada que parece haber olvidado la distancia que debe separar siempre al poder de la justicia. Viendo este espectáculo no es de extrañar que, como Don Quijote, den ganas de mandar el retablo y a su joven titiritero a hacer puñetas.
domingo, febrero 11, 2007
El avispero
Una reciente sentencia del Tribunal Constitucional alemán ha derogado el Impuesto de Sucesiones y Donaciones por considerarlo contrario al principio de igualdad al establecer distintas fórmulas de determinación de la base imponible del impuesto según el concreto bien o derecho que forme parte del caudal hereditario. La sentencia, acogida por la ciudadanía con lógico entusiasmo, ha provocado una discusión política acerca de si debe mantenerse un impuesto que en otros países de la Unión Europea ya ha sido suprimido.
La resolución del Tribunal de Karlruhe despertó mi curiosidad sobre el tratamiento legislativo que merece este impuesto en un estado federal modelo como es Alemania. Es sabido que, en España, las Comunidades Autónomas tienen competencias sobre este impuesto en materias relativas a la reducción de la base imponible y en las deducciones de la cuota íntegra. El ejercicio diverso de las competencias según cada concreta Comunidad Autónoma ha provocado la existencia de diferentes marcos fiscales, una situación que a cualquier lego en esta materia puede resultarle a priori contraria al constitucional principio de igualdad por ser diferente el trato fiscal que un mismo supuesto de hecho merece dependiendo del lugar donde se produce.
Tal vez por evitar discriminaciones y agravios entre los diferentes Länder, el modelo federal alemán establece una única regulación del impuesto para todo el Estado. Es decir, que a diferencia de lo que ocurre en España, los Länder alemanes, desde Mecklenburgo hasta el poderoso Estado Libre de Baviera, tienen en esta materia un techo competencial inferior al de las Comunidades Autónomas, y no es de extrañar que la causa de la existencia de una regulación uniforme para todo el Bund resida en la observancia del principio de igualdad y del de unidad de mercado, principios constitucionales que evitan, a diferencia de lo que está ocurriendo en España, que en un Estado federal como el alemán proliferen diferentes normas fiscales, códigos civiles, disposiciones de Derecho procesal o regulaciones mercantiles. A nadie se le ocurre en mi querida Baviera insistir en la necesidad de disponer de un código civil propio y distinto del BGB que, como Derecho uniforme, se aplica en toda Alemania.
En buena medida este sarampión de reformas estatutarias parecen inclinar definitivamente el modelo de estado hacia una confederación en el que impera un peligroso chacun pour soi que deja maltrecho el principio constitucional de solidaridad. Tiene razón Sosa Wagner cuando apunta que el confederalismo nos conduce al desastre, sobre todo teniendo en cuenta que, desde la experiencia, en la reforma constitucional alemana prima la transferencia de competencias de los Länder al Estado. Justo lo contrario de lo que está ocurriendo aquí.
La resolución del Tribunal de Karlruhe despertó mi curiosidad sobre el tratamiento legislativo que merece este impuesto en un estado federal modelo como es Alemania. Es sabido que, en España, las Comunidades Autónomas tienen competencias sobre este impuesto en materias relativas a la reducción de la base imponible y en las deducciones de la cuota íntegra. El ejercicio diverso de las competencias según cada concreta Comunidad Autónoma ha provocado la existencia de diferentes marcos fiscales, una situación que a cualquier lego en esta materia puede resultarle a priori contraria al constitucional principio de igualdad por ser diferente el trato fiscal que un mismo supuesto de hecho merece dependiendo del lugar donde se produce.
Tal vez por evitar discriminaciones y agravios entre los diferentes Länder, el modelo federal alemán establece una única regulación del impuesto para todo el Estado. Es decir, que a diferencia de lo que ocurre en España, los Länder alemanes, desde Mecklenburgo hasta el poderoso Estado Libre de Baviera, tienen en esta materia un techo competencial inferior al de las Comunidades Autónomas, y no es de extrañar que la causa de la existencia de una regulación uniforme para todo el Bund resida en la observancia del principio de igualdad y del de unidad de mercado, principios constitucionales que evitan, a diferencia de lo que está ocurriendo en España, que en un Estado federal como el alemán proliferen diferentes normas fiscales, códigos civiles, disposiciones de Derecho procesal o regulaciones mercantiles. A nadie se le ocurre en mi querida Baviera insistir en la necesidad de disponer de un código civil propio y distinto del BGB que, como Derecho uniforme, se aplica en toda Alemania.
En buena medida este sarampión de reformas estatutarias parecen inclinar definitivamente el modelo de estado hacia una confederación en el que impera un peligroso chacun pour soi que deja maltrecho el principio constitucional de solidaridad. Tiene razón Sosa Wagner cuando apunta que el confederalismo nos conduce al desastre, sobre todo teniendo en cuenta que, desde la experiencia, en la reforma constitucional alemana prima la transferencia de competencias de los Länder al Estado. Justo lo contrario de lo que está ocurriendo aquí.
Cordón sanitario
En la agitada Facultad de Derecho sevillano de finales de los setenta tocaba asamblea todos los días. No sé cómo nos las arreglábamos, pero siempre había más alumnos en la tarima del Aula Magna esperando que le dieran la vez para soltar la arenga que oyentes en la sala. Puntualmente aparecía el catedrático por la puerta para asegurarse de que no era posible dar la clase, hasta que un día, harto de la situación, bramó a quienes se encontraban dirigiendo la asamblea: "Estos actores que están continuamente en escena, ¿cuándo se aprenderán los papeles?".
Me vino a la memoria la anécdota al ver este fin de semana al "equipo artístico habitual" del Gobierno en una rueda de prensa convocada para criticar el abominable comportamiento de la derecha, la misma que avisó del inmenso error que suponía caer en los brazos de terroristas. Siento una profunda admiración por todos los actores porque su profesión se me antoja muy compleja, tanto que en ocasiones soy incapaz de advertir si están diciendo lo que de verdad piensan o siguen actuando en este continuo teatro de la vida. Eso me pasa, por ejemplo, cuando escucho decir a José Sacristán que las formas del Partido Popular le recuerdan a conductas de la derecha de otra época, que él consideraba aparcada. En esta cuestión hay que reconocerle a Sacristán su notoria experiencia, porque con sus interpretaciones se convirtió en chofer de esa derecha aparcada, desde su debut en Sor Citroen hasta esa chusca apología del tardofranquismo desplegada por el personaje que interpretó en Vente a Alemania, Pepe (1971) en compañía, por cierto, de la no menos activa Tina Sainz. Dos formidables actores, sin duda; todavía recuerdo la escena en la que José Sacristán intentaba convencer a Antonio Ferrandis -que hacía el papel de un doctor exiliado en Munich- de lo mucho que había cambiado la España de 1971 que él hoy consideraba aparcada. Claro que siempre se podrá decir lo que comentó una famosa actriz de la UFA berlinesa a quienes reprocharon su pasado nazi exhibiéndole una foto en la que aparecía con el brazo en alto saludando a Hitler: "No. Yo no le saludaba: le indicaba que estaba pasando un zeppelín".
Tampoco le faltó ocurrencia a Federico Luppi –otro divo de la escena- cuando recomendó aplicar a la derecha española un cordón sanitario, expresión que parece sacada de las macabras experiencias ideadas por sus paisanos Videla, Massera y Agosti. Me tranquiliza pensar que Luppi también estaba desplegando sus indudables dotes artísticas en la rueda de prensa cuando con no menos gracejo acusó a la derecha de ser "casi gótica". Hombre, si la derecha es gótica lo será de estilo flamígero, que en el debate del lunes alguno quedó chamuscado con las llamaradas despedidas por Rajoy.
Me vino a la memoria la anécdota al ver este fin de semana al "equipo artístico habitual" del Gobierno en una rueda de prensa convocada para criticar el abominable comportamiento de la derecha, la misma que avisó del inmenso error que suponía caer en los brazos de terroristas. Siento una profunda admiración por todos los actores porque su profesión se me antoja muy compleja, tanto que en ocasiones soy incapaz de advertir si están diciendo lo que de verdad piensan o siguen actuando en este continuo teatro de la vida. Eso me pasa, por ejemplo, cuando escucho decir a José Sacristán que las formas del Partido Popular le recuerdan a conductas de la derecha de otra época, que él consideraba aparcada. En esta cuestión hay que reconocerle a Sacristán su notoria experiencia, porque con sus interpretaciones se convirtió en chofer de esa derecha aparcada, desde su debut en Sor Citroen hasta esa chusca apología del tardofranquismo desplegada por el personaje que interpretó en Vente a Alemania, Pepe (1971) en compañía, por cierto, de la no menos activa Tina Sainz. Dos formidables actores, sin duda; todavía recuerdo la escena en la que José Sacristán intentaba convencer a Antonio Ferrandis -que hacía el papel de un doctor exiliado en Munich- de lo mucho que había cambiado la España de 1971 que él hoy consideraba aparcada. Claro que siempre se podrá decir lo que comentó una famosa actriz de la UFA berlinesa a quienes reprocharon su pasado nazi exhibiéndole una foto en la que aparecía con el brazo en alto saludando a Hitler: "No. Yo no le saludaba: le indicaba que estaba pasando un zeppelín".
Tampoco le faltó ocurrencia a Federico Luppi –otro divo de la escena- cuando recomendó aplicar a la derecha española un cordón sanitario, expresión que parece sacada de las macabras experiencias ideadas por sus paisanos Videla, Massera y Agosti. Me tranquiliza pensar que Luppi también estaba desplegando sus indudables dotes artísticas en la rueda de prensa cuando con no menos gracejo acusó a la derecha de ser "casi gótica". Hombre, si la derecha es gótica lo será de estilo flamígero, que en el debate del lunes alguno quedó chamuscado con las llamaradas despedidas por Rajoy.
Arrepentimiento
Como el Código Penal alemán sí establece la pena de cadena perpetua –al igual que otros ordenamientos jurídicos de la Unión Europea-, se plantea ahora el debate de si dos de los más sanguinarios terroristas (aquí se les llama ahora violentos) , Brigitte Mohnhaupt y Christian Klar, condenados en su día a cinco cadenas perpetuas por cabeza, deben salir de prisión tras haber cumplido veinticuatro años de condena. En Alemania, la cadena perpetua puede verse matizada por un número mínimo de años de cárcel que, en el caso de Brigitte Mohnhaupt, se estableció en 24 años de prisión, hoy a punto de ser cumplidos. Pero para su liberación, de no mediar el indulto del Presidente de la República, siempre es necesario que los tribunales determinen si el preso sigue siendo un peligro para la sociedad. Y, ¿saben cuál es la medida para determinar la existencia o no de ese peligro? El arrepentimiento del condenado.
Mohnhaupt y Klar pertenecen a la segunda generación de la RAF (Rote Armee Fraktion), la banda de los Baader-Meinhof, grupo terrorista fundado a principios de los setenta por Andreas Baader y Gudrun Enslin, y al que unió su nombre Ulrike Meinhof. Tras el suicidio de los miembros fundadores del grupo terrorista en la prisión de Stuttgart-Stammheim, Mohnhaupt y Klar retomaron con virulencia la dirección de la banda terrorista, atribuyéndose los asesinatos del presidente del Dresdner Bank, Jürgen Ponto, del presidente de la Confederación alemana de empresarios, Hans-Martin Schleyer, y del Fiscal General Siegfrid Buback. En total, la RAF asesinó a 34 personas durante 25 años de terror.
La banda terrorista se disolvió en 1998, por supuesto, sin que el Estado alemán se prestara a negociaciones de ningún tipo ni a actos de clemencia que fueran más allá de la liberación de presos con graves enfermedades en estado terminal. El problema está hoy en que la mayoría de los alemanes se niega a otorgar el perdón a dos terroristas que todavía no han expresado su arrepentimiento por el daño causado, y eso que la RAF ya no existe, ni existe tampoco el peligro de que Mohnhaupt y Klar –que rondan ya los sesenta años- retomen la lucha terrorista.
Podrá decirse que el terrorismo no responde a una misma causa, planteamiento que a las víctimas, a quienes han padecido el terror, les da exactamente igual. Mientras miro, otra vez con indisimulada envidia, la estabilidad de los principales partidos alemanes bajo la grosse Koalition, me pregunto si no han sido esa unidad en asuntos de Estado –como la lucha antiterrorista- y la estricta y uniforme aplicación de la norma penal alemana los ingredientes de la receta para la mejor defensa del Estado de Derecho y la consiguiente disolución de la RAF sin proceso de paz ni análogas claudicaciones.
Mohnhaupt y Klar pertenecen a la segunda generación de la RAF (Rote Armee Fraktion), la banda de los Baader-Meinhof, grupo terrorista fundado a principios de los setenta por Andreas Baader y Gudrun Enslin, y al que unió su nombre Ulrike Meinhof. Tras el suicidio de los miembros fundadores del grupo terrorista en la prisión de Stuttgart-Stammheim, Mohnhaupt y Klar retomaron con virulencia la dirección de la banda terrorista, atribuyéndose los asesinatos del presidente del Dresdner Bank, Jürgen Ponto, del presidente de la Confederación alemana de empresarios, Hans-Martin Schleyer, y del Fiscal General Siegfrid Buback. En total, la RAF asesinó a 34 personas durante 25 años de terror.
La banda terrorista se disolvió en 1998, por supuesto, sin que el Estado alemán se prestara a negociaciones de ningún tipo ni a actos de clemencia que fueran más allá de la liberación de presos con graves enfermedades en estado terminal. El problema está hoy en que la mayoría de los alemanes se niega a otorgar el perdón a dos terroristas que todavía no han expresado su arrepentimiento por el daño causado, y eso que la RAF ya no existe, ni existe tampoco el peligro de que Mohnhaupt y Klar –que rondan ya los sesenta años- retomen la lucha terrorista.
Podrá decirse que el terrorismo no responde a una misma causa, planteamiento que a las víctimas, a quienes han padecido el terror, les da exactamente igual. Mientras miro, otra vez con indisimulada envidia, la estabilidad de los principales partidos alemanes bajo la grosse Koalition, me pregunto si no han sido esa unidad en asuntos de Estado –como la lucha antiterrorista- y la estricta y uniforme aplicación de la norma penal alemana los ingredientes de la receta para la mejor defensa del Estado de Derecho y la consiguiente disolución de la RAF sin proceso de paz ni análogas claudicaciones.
sábado, enero 13, 2007
El leonés errante
Primero se dijo que nunca habría diálogo sin entrega previa de las armas. Después bastó que la banda declarara una tregua "permanente" -pero con plazo de caducidad- para iniciar una negociación de indudable contenido político con quienes se han encargado de demostrar en la Audiencia Nacional lo lejos que queda cualquier sentimiento de arrepentimiento. Ahora, el tan manido "proceso de paz" ha saltado por los aires con el aparcamiento de la T-4 de Barajas, a las pocas horas de que se proclamara a los cuatro vientos lo bien que nos iba a ir en el 2007.
Desde el Gobierno se lanzan mensajes acerca del futuro del "proceso" con una calculada ambigüedad. Mientras algún poliédrico personaje afirma tajantemente desde su Ministerio que el proceso ha muerto, otros pregonan su mera suspensión al estilo irlandés o simplemente callan esperando la llamada de quien ha dado una vuelta de tuerca a la negociación en marcha. Si el Gobierno reanuda las conversaciones con la banda terrorista que le ha puesto dos muertos sobre la mesa demostrará su debilidad extrema y no podrá ya hablar de una negociación, sino de una imposición voluntariamente asumida, un proceso impuesto en el que queda a merced una Eta que modulará a su conveniencia el uso del terror.
Cuando equivocadamente se concede a un grupo terrorista la capacidad de interlocución el Estado de Derecho siempre lleva las de perder. El atentado de la T-4 no supone más que un calculado movimiento de la banda para sondear la profundidad de las tragaderas de este Gobierno y la mansedumbre de quienes, hasta hace poco, "querían saber". De la respuesta ambigua del Gobierno no puede más que concluirse que se prefiere continuar con la negociación antes que volver al fructífero consenso antiterrorista con el principal partido de la oposición representado por un Pacto por las Libertades que, curiosamente, tiene entre sus autores a quien ahora pretende su ineficacia.
Da la sensación que la soberbia de algunos –a esto le llamaban talante- sostiene este "mantenella y no enmendalla" que nos lleva a todos a una terra incognita que nada bueno augura. La búsqueda de apoyos en partidos antisistema, que por sus planteamientos separatistas parecen estar más cerca de las posiciones de la banda terrorista, no es lo más recomendable, a no ser que se pretenda insistir en la estrategia consistente en orillar a quienes representan a millones de españoles. Pero lo verdaderamente preocupante es la denuncia de Rajoy sobre la falta de ideas claras de lo que se pretende hacer en los próximos meses, y creo que el jefe de la oposición prescinde de planteamientos políticos oportunistas cuando formula el aviso. Este barco parece navegar sin rumbo, a la deriva, sin capitán ni timonel y con una tripulación inexperta.
miércoles, enero 03, 2007
El diagnóstico
Esperanza Oña ha denunciado recientemente con indudable valentía la costum-bre o resignación a formar parte de la oposición que embarga a algunos diputa-dos de su grupo en el Parlamento de Andalucía. Tiene Dª Esperanza en su dia-gnóstico toda la razón, pero habrá que ver qué remedio terapéutico le aplica a este paciente incómodo e indisciplinado, tan reacio a cambios bruscos y a perder las que considera son buenas costumbres. La enfermedad, desde luego, parace ser grave, sobre todo cuando se lleva incubando desde hace ya más de dos décadas.
La derecha, confiada exclusivamente en la destreza y el abultado cuentakilóme-tos de su líder, ha tenido en ocasiones a la indolencia entre sus notas característi-cas, frente a la estricta disciplina interna de la que hace gala la izquierda, más bulliciosa, menos acomplejada. En vez de avivar el seso y despertar, alguna dere-cha prefiere el "cualquier tiempo pasado fue mejor" y anda instalada en un continuo, pero acomodado, "carpe diem" que le hace tratar de disfrutar de un largo y placentero presente en la oposición, sólo roto cuando llega la época de confeccionar las listas electorales, momento en el que el durmiente diputado se transforma y pasa a un estado de inusitada actividad. Al-gunos diputados, parece denunciar la Dra. Oña, se han vuelto pastueños, ya sea por tener otras ocupaciones, sin duda más atractivas, o bien porque tienen la no-ble mansedumbre como característica genética, aunque también puede provenir la enfermedad del tedio propio que genera un parlamento regional desactivado por la mayoría absoluta empeñada en que no pase nada.
A mi me recuerda el gesto de Dª Esperanza al que tuvo el conde de Romanones cuando cuando fue interpelado en el Congreso por Melquíades Álvarez: "¿Sabe Ud. –le preguntó Álvarez- qué hubiera hecho Gladstone en su lugar?". Volvien-do la mirada a su grupo parlamentario, sotto voce, Romanones le contestó: "Ya me hubiera gustado a mi ver a Gladstone con esta gentecilla". Y como en el con-sejo de Churchill al joven y novel diputado conservador, imagino que mi admira-da portavoz habrá podido comprobar también que el adversario está enfrente y el enemigo en sus propias filas.
Decía don Pío Cabanillas Gayas, con su sentido del humor tan galaico, que él es-peraba a que ganaran los suyos para saber entonces quienes eran. Esos diputados a los que se refiere Dª Esperanza parece que ganan siempre aunque su partido pierda las elecciones. Imagino que la terapia aplicable a esta enfermedad pasará por someter al enfermo a un largo período de cuarentena, no vaya a ser que la manzana podrida contamine al resto. Como al realizar el diagnóstico, estoy con-vencido de que a la doctora no le va a temblar el pulso en la aplicación de los re-medios terapéuticos.
Tribalismo
Precisamente ahora que hemos cambiado nuestras tradicionales reclamaciones de soberanía sobre Gibraltar por un puñado de tarjetas de embarque, aparece la Instrucción Pastoral Orientaciones morales ante la situación actual de España en la que los Obispos españoles ofrecen un benévolo juicio moral acerca de los nacionalismos. Imagino que la Conferencia Episcopal habrá tenido que hacer sus complicados equilibrios al enfrentarse con esta espinosa materia y que esos equilibrios habrán sido tal vez menos complejos al criticar la fuerte oleada de laicismo que nos inunda y que va de la mano de actitudes intolerantes como la de la directora del Instituto de Mijas, pero realmente sorprende la advertida tolerancia de la Instrucción respecto de tendencias políticas incardinables dentro de lo que Ortega denominaba "particularismos", que suponen una grave amenaza para la estabilidad y unidad política de España.
Precisamente ahora que hemos cambiado nuestras tradicionales reclamaciones de soberanía sobre Gibraltar por un puñado de tarjetas de embarque, aparece la Instrucción Pastoral Orientaciones morales ante la situación actual de España en la que los Obispos españoles ofrecen un benévolo juicio moral acerca de los nacionalismos. Imagino que la Conferencia Episcopal habrá tenido que hacer sus complicados equilibrios al enfrentarse con esta espinosa materia y que esos equilibrios habrán sido tal vez menos complejos al criticar la fuerte oleada de laicismo que nos inunda y que va de la mano de actitudes intolerantes como la de la directora del Instituto de Mijas, pero realmente sorprende la advertida tolerancia de la Instrucción respecto de tendencias políticas incardinables dentro de lo que Ortega denominaba "particularismos", que suponen una grave amenaza para la estabilidad y unidad política de España.
La Instrucción reconoce la legitimidad de las posiciones nacionalistas que, "sin recurrir a la violencia, por métodos democráticos", pretenden "modificar" la unidad política de España, pero también advierte de las consecuencias perniciosas que pueden derivarse de dejarse llevar por impulsos egoístas o por reivindicaciones ideológicas, al tiempo que exalta "la convivencia pacífica y la mayor solidaridad entre los pueblos de España" en el marco de "la unidad histórica y cultural de España" (adviértase que se evita la alusión a la unidad política, sólo empleada al hacer referencia a su legítima modificación; y "modificar" supone siempre transformar una situación preestablecida).
Se me antoja indulgente la posición de la Iglesia española respecto de los nacionalismos después de advertir la contundencia del cardenal Ratzinger al calificar abiertamente las posiciones nacionalistas de "radicalización moderna del tribalismo, es decir, un primitivo lastre de la humanidad" o de "herejía europea", nada más y nada menos, al que sirve o debe servir como antídoto la idea de una Europa unida (Una mirada a Europa, Madrid 1993). La firmeza de Ratzinger no se refleja en la Instrucción Pastoral, sin duda por la necesidad de lograr un punto de entendimiento con posiciones que se apartan de lo escrito en su día por el –entonces- arzobispo de Munich.
Me pregunto, ahora que lanzan la idea de crear en el Vaticano un equipo de futbol para que participe en la alta competición –noticia que me hizo pensar en un adelanto del día de los Inocentes- , si los curas o seminaristas vascos firmantes de ese manifiesto crítico con todo lo que significa España estarían dispuestos a jugar en el equipo que dicen es auspiciado por el mismísimo cardenal Bertone, Secretario de Estado vaticano, o si, por el contrario, también aquí van a tener equipo propio. Cosas de la tribu.
lunes, enero 01, 2007
Las dos caras
Cerca de la ciudad de Leipzig hay un museo dedicado a la guerra fría y a los métodos de espionaje utilizados por el servicio secreto y la policía de seguridad del Estado –la temible STASI- de la antigua República Democrática de Alemania. El plan lectivo que me ha fijado la Universidad de Leipzig para impartir el curso sobre Derecho privado español no me deja tiempo libre para visitar el museo –tampoco soy un apasionado de las novelas de espionaje ni me interesa la materia- pero me cuentan quienes sí han tenido la oportunidad de visitarlo que entre los diferentes artilugios expuestos se encuentran alargadas antenas cuya finalidad era perturbar la normal recepción de las emisiones de radio y de televisión occidentales que tanta influencia tuvieron en la caída del muro de Berlín –quién sabe, a lo mejor es ése el origen de facto de los consejos audiovisuales-. Cuando se trataba de aplicar medidas de contraespionaje, las antenas solían camuflarse, según me dicen, en bosques o chimeneas. Yo no he ido a ver el museo, pero me da la sensación de que éste sí ha sido visitado recientemente por algunos paisanos, cutres herederos de las perversas técnicas del fallecido Markus Wolf, el jefe de los servicios de espionaje de la RDA que fue capaz de colarle al mismísimo Willi Brandt un espía – Günter Guillaume- en su propia casa.
No sé si el museo se completa con panfletos, vídeos o publicaciones dedicadas a emponzoñar la vida política de aquella época felizmente superada mediante la sistemática agresión al adversario; imagino que no, porque en aquella época todos los alcaldes eran del mismo partido, el único que había y del que hoy aquí en Leipzig nadie habla, sencillamente porque la memoria histórica –que en España se usa de forma selectiva; la media memoria de la que escribe Alfonso Lazo- consiste en no hacer memoria para evitar así el enfrentamiento entre quienes toleraron el régimen comunista y quienes lo padecieron (porque sufrirlo lo sufrieron casi todos). Alguna llamada a la memoria he podido observar cerca de la Universidad, en una lápida que recuerda cómo fue volada por el régimen comunista una iglesia que había en ese lugar "mientras los habitantes de esta ciudad miraban para otro lado". La memoria histórica sirve por estos pagos de reproche colectivo y de advertencia a las nuevas generaciones para que defiendan la libertad que hoy tienen.
En mis paseos nocturnos por el centro histórico de Leipzig –a partir de las cuatro de la tarde es noche cerrada- imagino a Julián Besteiro haciendo el mismo recorrido. Besteiro, que se formó en la Universidad de Leipzig, encarnó las verdaderas virtudes del socialismo, que las sigue teniendo, a pesar de que algunos se empeñen en esconderlas con un ejercicio pornográfico del derecho de indulto.
viernes, diciembre 22, 2006
Mr. Látigo
Mr. Látigo
A Max Merkel lo trajo José Ramón Cisneros al Sevilla FC cuando ya no jugaba Senekowitch Séneca en el Real Betis. Venía Merkel de hacer campeón de la Bundesliga al TSV 1860 Munich, el equipo del abuelo Alois, su amigo y admirador. Nació Merkel en Viena. Su padre era un oficial prusiano y su madre una vienesa del barrio de Grinzing que, como el de Triana, imprime carácter. Del padre heredó el rigor y la disciplina prusianas que empleó con sus jugadores: "el futbolista necesita latigazos en su espalda desnuda", decía Merkel –internacional alemán y austríaco-, resumiendo con esa frase las enseñanzas paternas. Por eso, Merkel nunca fue un entrenador querido por los jugadores; más bien todo lo contrario: los del Bayern llegaron a hacer huelga para que no les entrenara. De su madre recibió el sentido del humor típicamente vienés, ácido, cuando no cínico: "España es un país formidable, pero sería mucho mejor si no vivieran en España tantos españoles", dijo cuando fue despedido del Atético de Madrid, después de haberle hecho campeón de Liga y de Copa.
Me cuenta José María Cruz, oráculo sevillista y azote de sus amigos béticos, que cuando Merkel llegó a Sevilla, Cisneros se lo llevó a Conil para alejarlo de la prensa sevillana. No contó José Ramón con la presencia de la amiga del entrenador, una espectacular aria que, paseándose con su bikini por Conil, procuró la atención no sólo de la prensa sevillana sino de la de toda España. Max Merkel –Míster Látigo, MM, Zampone- hizo del Sevilla FC en pocos meses una máquina de hacer fútbol basada exclusivamente en la fuerza física de sus jugadores. "Míster, nos aburrimos de dar vueltas al campo", le decía el capitán de la plantilla con miedo. "Pues sigan Udes. dando la vuelta al campo, pero ahora en sentido contrario", les decía Merkel, después de interminables subidas y bajadas por las escaleras del Sánchez Pizjuan. El Sevilla FC quedó tercero en la Liga, puesto que no ha superado desde entonces. Como decía Merkel "cuando el Sevilla pierde un partido tres pueden ser las causas: el viento, la lluvia o que las velas al Santo de turno eran muy cortas".
Merkel prodigó su acidez como entrenador y comentarista de fútbol tras su periplo español. "Lo más bonito de Schalke es la salida del autopista a Munich", dijo tras ser despedido del ´04. De su paisano Koncilia –jugador y después entrenador- afirmó que debía se expuesto en la puerta de la Universidad de Innsbruck, "porque no hay nadie que tenga menos cerebro que él". De Basler, jugador del Bayern de Munich, dijo que era un parquímetro, "porque no se mueve y su equipo no deja de meterle dinero en el bolsillo". El día que murió en Putzbrunn (Baviera) su equipo del alma jugaba en Zurich y no llevaba luto por él. Al menos nos deja heredero: Bernd Schuster.
A Max Merkel lo trajo José Ramón Cisneros al Sevilla FC cuando ya no jugaba Senekowitch Séneca en el Real Betis. Venía Merkel de hacer campeón de la Bundesliga al TSV 1860 Munich, el equipo del abuelo Alois, su amigo y admirador. Nació Merkel en Viena. Su padre era un oficial prusiano y su madre una vienesa del barrio de Grinzing que, como el de Triana, imprime carácter. Del padre heredó el rigor y la disciplina prusianas que empleó con sus jugadores: "el futbolista necesita latigazos en su espalda desnuda", decía Merkel –internacional alemán y austríaco-, resumiendo con esa frase las enseñanzas paternas. Por eso, Merkel nunca fue un entrenador querido por los jugadores; más bien todo lo contrario: los del Bayern llegaron a hacer huelga para que no les entrenara. De su madre recibió el sentido del humor típicamente vienés, ácido, cuando no cínico: "España es un país formidable, pero sería mucho mejor si no vivieran en España tantos españoles", dijo cuando fue despedido del Atético de Madrid, después de haberle hecho campeón de Liga y de Copa.
Me cuenta José María Cruz, oráculo sevillista y azote de sus amigos béticos, que cuando Merkel llegó a Sevilla, Cisneros se lo llevó a Conil para alejarlo de la prensa sevillana. No contó José Ramón con la presencia de la amiga del entrenador, una espectacular aria que, paseándose con su bikini por Conil, procuró la atención no sólo de la prensa sevillana sino de la de toda España. Max Merkel –Míster Látigo, MM, Zampone- hizo del Sevilla FC en pocos meses una máquina de hacer fútbol basada exclusivamente en la fuerza física de sus jugadores. "Míster, nos aburrimos de dar vueltas al campo", le decía el capitán de la plantilla con miedo. "Pues sigan Udes. dando la vuelta al campo, pero ahora en sentido contrario", les decía Merkel, después de interminables subidas y bajadas por las escaleras del Sánchez Pizjuan. El Sevilla FC quedó tercero en la Liga, puesto que no ha superado desde entonces. Como decía Merkel "cuando el Sevilla pierde un partido tres pueden ser las causas: el viento, la lluvia o que las velas al Santo de turno eran muy cortas".
Merkel prodigó su acidez como entrenador y comentarista de fútbol tras su periplo español. "Lo más bonito de Schalke es la salida del autopista a Munich", dijo tras ser despedido del ´04. De su paisano Koncilia –jugador y después entrenador- afirmó que debía se expuesto en la puerta de la Universidad de Innsbruck, "porque no hay nadie que tenga menos cerebro que él". De Basler, jugador del Bayern de Munich, dijo que era un parquímetro, "porque no se mueve y su equipo no deja de meterle dinero en el bolsillo". El día que murió en Putzbrunn (Baviera) su equipo del alma jugaba en Zurich y no llevaba luto por él. Al menos nos deja heredero: Bernd Schuster.
Bandoleros
Dicen que el último bandolero andaluz fue Juan Mingolla, Pasos Largos, que hoy le da nombre a un buen vino de la Serranía rondeña. Mingolla murió en 1934 después de cumplir condena en el penal de Figueras, del que salió indultado para volver de inmediato a sus querencias: la sierra y la caza furtiva. Pasos Largos, legendario por tirarse del Mure cuando era perseguido por los guardias, murió en un enfrentamiento con la Guardia Civil en la Sierra de las Nieves, pero con él no acabó el bandidaje.
El bandolerismo se ha reconvertido con el paso de los años. Hoy ya no tiene el carácter violento de Vivillo, Flores Arrocha o el Bizco de Borge, de quienes nos hablaba Pepe Navarrete en sus clases de Derecho Penal, ni tampoco el romanticismo de José María Hinojosa, Tempranillo, cordobés de Jauja que prefirió quedarse en la tierra antes de emigrar a otras más prósperas –quién sabe qué altas metas hubiera alcanzado con su inteligencia de haberse establecido en Cataluña, es un poner- o al estepeño Juan Caballero, El Lero, de quien no hace mucho escribió don Victor Márquez Reviriego. A Tempranillo y Lero los indultó Fernando VII con sus respectivas cuadrillas para convertirlos en servidores del orden especializados en la represión del bandolerismo, y a poco estuvieron de cumplir el objetivo si no llega a caer Tempranillo en la emboscada que le tendió uno de sus perseguidos.
Hoy el bandolero ha cambiado el caballo por los coches de gran cilindrada; el trabuco por el hierro del 7, la faca por lujosas estilográficas y la cueva por el chalé hortera. Su campo de actuación geográfico ya no es la sierra, porque nuestro bandolero ya no se echa al monte, prefiriendo concentrar su campo de actuación en los términos municipales delimitados por los correspondientes planes generales de ordenación. "El rey mandará en Madrid, en la sierra mando yo", fue en su día el grito de guerra de quienes fijaban la frontera –y su soberanía- en Sierra Morena o en la Sierra de Ronda; hoy, donde nuestro bandolero ejerce poder es en el urbanismo, que le procura la riqueza con la que sufragar el hedonismo patológico en el que vive, en algunos casos, con advertida tolerancia de quienes mandan. En eso se distingue de sus homólogos italianos, austeros y ahorradores ya en la cosa nostra, camorra o la n´dragueta. A Salvatore Provenzano, capo di tutti capi, lo cazaron en una muy modesta finca siciliana, sin luz ni agua corriente, comiendo ricotta y comunicándose con su gente por medio de pizzini.
Precisamente esa inclinación por el lujo acerca al bandolero de hoy a los carteles mejicanos de Tijuana, Sinaloa o Jalisco, cuyos jefes también gustan de nadar en la abundancia hortera. Sería interesante analizar con más detalle este fenómeno sociológico. Urge un viaje de estudios a Guadalajara.
El bandolerismo se ha reconvertido con el paso de los años. Hoy ya no tiene el carácter violento de Vivillo, Flores Arrocha o el Bizco de Borge, de quienes nos hablaba Pepe Navarrete en sus clases de Derecho Penal, ni tampoco el romanticismo de José María Hinojosa, Tempranillo, cordobés de Jauja que prefirió quedarse en la tierra antes de emigrar a otras más prósperas –quién sabe qué altas metas hubiera alcanzado con su inteligencia de haberse establecido en Cataluña, es un poner- o al estepeño Juan Caballero, El Lero, de quien no hace mucho escribió don Victor Márquez Reviriego. A Tempranillo y Lero los indultó Fernando VII con sus respectivas cuadrillas para convertirlos en servidores del orden especializados en la represión del bandolerismo, y a poco estuvieron de cumplir el objetivo si no llega a caer Tempranillo en la emboscada que le tendió uno de sus perseguidos.
Hoy el bandolero ha cambiado el caballo por los coches de gran cilindrada; el trabuco por el hierro del 7, la faca por lujosas estilográficas y la cueva por el chalé hortera. Su campo de actuación geográfico ya no es la sierra, porque nuestro bandolero ya no se echa al monte, prefiriendo concentrar su campo de actuación en los términos municipales delimitados por los correspondientes planes generales de ordenación. "El rey mandará en Madrid, en la sierra mando yo", fue en su día el grito de guerra de quienes fijaban la frontera –y su soberanía- en Sierra Morena o en la Sierra de Ronda; hoy, donde nuestro bandolero ejerce poder es en el urbanismo, que le procura la riqueza con la que sufragar el hedonismo patológico en el que vive, en algunos casos, con advertida tolerancia de quienes mandan. En eso se distingue de sus homólogos italianos, austeros y ahorradores ya en la cosa nostra, camorra o la n´dragueta. A Salvatore Provenzano, capo di tutti capi, lo cazaron en una muy modesta finca siciliana, sin luz ni agua corriente, comiendo ricotta y comunicándose con su gente por medio de pizzini.
Precisamente esa inclinación por el lujo acerca al bandolero de hoy a los carteles mejicanos de Tijuana, Sinaloa o Jalisco, cuyos jefes también gustan de nadar en la abundancia hortera. Sería interesante analizar con más detalle este fenómeno sociológico. Urge un viaje de estudios a Guadalajara.
Alianza de contradicciones
Se ha presentado en el Estambul de Orhan Pamuk el informe sobre la Alianza de las Civilizaciones. El extenso documento – de treinta y nueve páginas, todavía no traducido al español- ha sido auspiciado por Naciones Unidas, con el patrocinio de los gobiernos de España y Turquía, y ha contado en su elaboración con un numeroso grupo de expertos –el denominado GAN, Grupo de Alto Nivel- compuesto en su mayoría por bienintencionados, pero también por algunos lobos con piel de cordero. El texto, como no podía ser de otra forma viniendo de ese organismo internacional, es un compendio de tópicos, lugares comunes, utopías y buenos deseos, resumidos en unas recomendaciones centradas en la educación, la juventud, la inmigración y la actuación de los medios de comunicación (para quienes se recomiendan unos peligrosos códigos de conducta inspirados por la voluntad de restringir la libertad de expresión precisamente allí donde existe).
Con el ánimo de establecer puentes en un mundo dividido, el GAN resume la raison d´etre del documento en la voluntad de respetar la diversidad cultural y religiosa. Claro está que ese respeto queda en entredicho cuando uno de los patrocinadores del engendro –el premier turco Erdogan- ha anunciado ya que no estará en su tierra para recibir al Papa en la visita que Benedicto XVI cursará a Turquía a finales de este mes de noviembre. El desaire –que recuerda la huída de un vicepresidente español a la Rumanía del conducator Ceaucescu cuando la visita de Reagan- no sólo es una afrenta al Papa, sino sobre todo a la minoría cristiana turca. Y es que esa es otra de las graves contradicciones en las que cae el documento: se recomienda el respeto a las minorías, pero no parece realmente que se predique con el ejemplo en el caso kurdo ni tampoco con el aislamiento impuesto en la parte turca de Chipre que tanto está dificultando –junto al espinoso tema del respeto a los derechos humanos- el avance de las negociaciones para el ingreso de Turquía en la UE.
Son muy numerosas las apelaciones que realiza el documento a la paz, la coexistencia pacífica y al consenso entre las naciones, pero mal casa la presencia de Jatami en el grupo de expertos cuando su presidente, Ahmadineyad, defiende, el mismo día de la presentación del documento sobre la Alianza de Civilizaciones, que "Israel debe ser borrada del mapa". Con ese respaldo, ya pueden imaginar la eficacia que puede llegar a tener este texto, huérfano de apoyo de líderes mundiales que han dado la espalda a este estrambote, monumento a la vana palabrería. Y es que el problema de fondo reside en el deliberado error de otorgar un régimen de igualdad a situaciones que son desiguales, pero pretendiendo igualar a costa de quienes defienden valores inspirados en la libertad y la democracia.
Con el ánimo de establecer puentes en un mundo dividido, el GAN resume la raison d´etre del documento en la voluntad de respetar la diversidad cultural y religiosa. Claro está que ese respeto queda en entredicho cuando uno de los patrocinadores del engendro –el premier turco Erdogan- ha anunciado ya que no estará en su tierra para recibir al Papa en la visita que Benedicto XVI cursará a Turquía a finales de este mes de noviembre. El desaire –que recuerda la huída de un vicepresidente español a la Rumanía del conducator Ceaucescu cuando la visita de Reagan- no sólo es una afrenta al Papa, sino sobre todo a la minoría cristiana turca. Y es que esa es otra de las graves contradicciones en las que cae el documento: se recomienda el respeto a las minorías, pero no parece realmente que se predique con el ejemplo en el caso kurdo ni tampoco con el aislamiento impuesto en la parte turca de Chipre que tanto está dificultando –junto al espinoso tema del respeto a los derechos humanos- el avance de las negociaciones para el ingreso de Turquía en la UE.
Son muy numerosas las apelaciones que realiza el documento a la paz, la coexistencia pacífica y al consenso entre las naciones, pero mal casa la presencia de Jatami en el grupo de expertos cuando su presidente, Ahmadineyad, defiende, el mismo día de la presentación del documento sobre la Alianza de Civilizaciones, que "Israel debe ser borrada del mapa". Con ese respaldo, ya pueden imaginar la eficacia que puede llegar a tener este texto, huérfano de apoyo de líderes mundiales que han dado la espalda a este estrambote, monumento a la vana palabrería. Y es que el problema de fondo reside en el deliberado error de otorgar un régimen de igualdad a situaciones que son desiguales, pero pretendiendo igualar a costa de quienes defienden valores inspirados en la libertad y la democracia.
Cajas y ayudas públicas
No hace mucho tiempo, durante una vista celebrada ante el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, el letrado de la Comisión advirtió a la Sala de que la condonación de determinadas Cajas de Ahorro de parte de sus créditos en un procedimiento concursal podía constituir ayuda pública ilegal e incompatible con el Derecho comunitario. Para el representante de la Comisión, las Cajas, por la indudable influencia política a la que estaban sometidas, se desprendían de su naturaleza jurídica privada para aparecer como instrumentos de Derecho público, de tal forma que la simple quita acordada en el marco de un convenio concursal podría revestir los requisitos de una ayuda pública contraria al art. 87 del Tratado. El Tribunal de Luxemburgo, al tratarse de una cuestión nueva, desestimó el planteamiento de la Comisión. Pero tomó nota.
Las suspicacias de la Comisión se repitieron hace algunos meses con motivo de la anunciada privatización de algunos de los astilleros públicos que formaron parte de Izar. El anuncio de la intervención económica de algunas Cajas de Ahorro en el proceso de privatización de los astilleros desligados de la actual Navantia, provocó, otra vez, las suspicacias de la Comisión de la U.E., que no dudó en afirmar que cualquier participación de las Cajas en el capital de las empresas participadas podría revestir la condición de ayuda pública ilegal e incompatible con el mercado común.
Ayer, el Vicepresidente Pedro Solbes, antiguo Vicepresidente de la Comisión y Comisario de Asuntos Económicos, alertó de los eventuales problemas a los que podría enfrentarse “La Caixa” en su intención de sacar a Bolsa su cartera empresarial. Solbes –que tras la salida de Sebastián parece recobrar su espíritu comunitario, tan olvidado durante el proceso de la OPA a Endesa- advirtió de que esta salida a Bolsa podría revestir la forma de una ayuda pública que, sinceramente, no se deduce a simple vista de la operación propuesta por La Caixa. La apertura de un holding –en este caso, propiedad de la Caja- a los inversores privados en un 25% inicial no puede revestir nunca la condición de ayuda pública, sencillamente porque el inversor que acude en el mercado bursátil a estas ofertas es mayoritariamente privado. Más bien podríamos estar ante una actuación que por su sometimiento a las reglas de mercado y al criterio del inversor privado podría suavizar los recelos de la Comisión respecto de determinadas actuaciones de las Cajas de Ahorro españolas.
Cuestión distinta es que tras esta actuación de La Caixa se encuentre una decidida voluntad de captar fondos en el mercado que libere a las Cajas de la emisión de cuotas participativas sin derecho a voto y de la obligación de someterse a las normas de transparencia y buen gobierno.
Las suspicacias de la Comisión se repitieron hace algunos meses con motivo de la anunciada privatización de algunos de los astilleros públicos que formaron parte de Izar. El anuncio de la intervención económica de algunas Cajas de Ahorro en el proceso de privatización de los astilleros desligados de la actual Navantia, provocó, otra vez, las suspicacias de la Comisión de la U.E., que no dudó en afirmar que cualquier participación de las Cajas en el capital de las empresas participadas podría revestir la condición de ayuda pública ilegal e incompatible con el mercado común.
Ayer, el Vicepresidente Pedro Solbes, antiguo Vicepresidente de la Comisión y Comisario de Asuntos Económicos, alertó de los eventuales problemas a los que podría enfrentarse “La Caixa” en su intención de sacar a Bolsa su cartera empresarial. Solbes –que tras la salida de Sebastián parece recobrar su espíritu comunitario, tan olvidado durante el proceso de la OPA a Endesa- advirtió de que esta salida a Bolsa podría revestir la forma de una ayuda pública que, sinceramente, no se deduce a simple vista de la operación propuesta por La Caixa. La apertura de un holding –en este caso, propiedad de la Caja- a los inversores privados en un 25% inicial no puede revestir nunca la condición de ayuda pública, sencillamente porque el inversor que acude en el mercado bursátil a estas ofertas es mayoritariamente privado. Más bien podríamos estar ante una actuación que por su sometimiento a las reglas de mercado y al criterio del inversor privado podría suavizar los recelos de la Comisión respecto de determinadas actuaciones de las Cajas de Ahorro españolas.
Cuestión distinta es que tras esta actuación de La Caixa se encuentre una decidida voluntad de captar fondos en el mercado que libere a las Cajas de la emisión de cuotas participativas sin derecho a voto y de la obligación de someterse a las normas de transparencia y buen gobierno.
El triunfo de la ilusión
Podrá parecer hoy mentira pero a principios de los setenta en Sierra Nevada no había colas. Las pistas de Borreguiles y del Veleta estaban vacías y los españoles eramos minoría en la estación de esquí enclavada en Pradollano, término de Monachil, desde la que se podía contemplar una sierra entonces sólo ´rota` por una docena de edificios, incluído el bar Sherpa, la tienda del Oso Blanco, el Hotel Sol y Nieve y, más arriba, el Parador y una residencia universitaria. Recuerdo también a dos perros de raza San Bernardo que daban a la Estación un ambiente alpino y que nos servían a los niños como compañeros de juegos en las tardes de ventisca. Los recuerdos me llevan a evocar un verdadero paraíso al que me llevaban mis padres aprovechando las vacaciones de Semana Santa, Feria y Navidad, en un viaje a Granada en coche –con los "zancos" en la baca, que así le llamaban muchos a los esquís- que parecía interminable y que culminaba con una subida a Pradollano no exenta de peligro en los días de nieve.
El esquí era entonces un deporte de minorías, exótico por desconocido, que a la sierra sólo se iba a tirar bolas de nieve. Por eso nadie se podía imaginar que un joven español se impusiera en una Olimpiada de Invierno a los austriacos, italianos o alemanes acostumbrados a monopolizar el medallero. Tengo grabada a fuego en la memoria la segunda manga de Paquito Fernández Ochoa en la prueba de eslalon de Sapporo 72, evitando los obstáculos en una valiente carrera contra el reloj y contra adversarios –los hermanos Gustavo y Rolando Thoeni- que nunca contaron con que un español les robara el primer puesto en la primera manga y la gloria en la segunda. No fue un milagro; fue el triunfo de una ilusión a la que no le hacían falta ni planes ADO ni más centro de alto rendimiento que la casa familiar en Cercedilla. Recuerdo a Fernández Ochoa recibiendo la medalla de oro, escuchando el himno, con la capa española y el sombrero cordobés con los que desfilaron la escasa media docena de atletas españoles en la ceremonia de apertura y, sobre todo, no puedo olvidar el orgullo que me produjo la llamada de mis abuelos alemanes felicitando por el inesperado éxito del campeón.
En la temporada del 72, tras el triunfo de Paquito Fernández Ochoa, las pistas de Sierra Nevada pasaron a estar más concurridas y su ´mono`de esquí fue el más vendido. La Estación empezó a crecer y el deporte del esquí dejó de ser minoritario, como el tenis también dejó de serlo con los éxitos de Santana y Orantes, y el golf con el triunfo de Severiano en el British Open. Gente humilde, gente grande en el deporte y en la vida.
Paquito, ídolo de mi juventud, se ha ido con la misma elegancia con la que se deslizó por las pistas de Sapporo en una tarde de Febrero de 1972.
El esquí era entonces un deporte de minorías, exótico por desconocido, que a la sierra sólo se iba a tirar bolas de nieve. Por eso nadie se podía imaginar que un joven español se impusiera en una Olimpiada de Invierno a los austriacos, italianos o alemanes acostumbrados a monopolizar el medallero. Tengo grabada a fuego en la memoria la segunda manga de Paquito Fernández Ochoa en la prueba de eslalon de Sapporo 72, evitando los obstáculos en una valiente carrera contra el reloj y contra adversarios –los hermanos Gustavo y Rolando Thoeni- que nunca contaron con que un español les robara el primer puesto en la primera manga y la gloria en la segunda. No fue un milagro; fue el triunfo de una ilusión a la que no le hacían falta ni planes ADO ni más centro de alto rendimiento que la casa familiar en Cercedilla. Recuerdo a Fernández Ochoa recibiendo la medalla de oro, escuchando el himno, con la capa española y el sombrero cordobés con los que desfilaron la escasa media docena de atletas españoles en la ceremonia de apertura y, sobre todo, no puedo olvidar el orgullo que me produjo la llamada de mis abuelos alemanes felicitando por el inesperado éxito del campeón.
En la temporada del 72, tras el triunfo de Paquito Fernández Ochoa, las pistas de Sierra Nevada pasaron a estar más concurridas y su ´mono`de esquí fue el más vendido. La Estación empezó a crecer y el deporte del esquí dejó de ser minoritario, como el tenis también dejó de serlo con los éxitos de Santana y Orantes, y el golf con el triunfo de Severiano en el British Open. Gente humilde, gente grande en el deporte y en la vida.
Paquito, ídolo de mi juventud, se ha ido con la misma elegancia con la que se deslizó por las pistas de Sapporo en una tarde de Febrero de 1972.
La parte contratante
El Tribunal Constitucional alemán ha dictado sentencia desestimando la solicitud de Berlin para seguir recibiendo ayudas financieras del Gobierno y de los estados federales. Afirma el prestigioso Tribunal de Karlsruhe que el principio de solidaridad económico interterritorial establecido en la Ley Fundamental alemana tiene sus límites, sin que los estados estén obligados a sanear las cuentas de aquellos que incurren continuamente en pérdidas por no querer poner coto al excesivo endeudamiento. Los estados federales "pagadores" han acogido con indisimulada satisfacción el veredicto por ver en él una fórmula necesaria para meter en cintura a quienes incumplen sistemáticamente las previsiones presupuestarias para confiar después en las ayudas de saneamiento de terceros. "Quien se endeuda, paga", es lo que viene a sentenciar el Tribunal Constitucional alemán como aviso a navegantes.
Mientras tanto, en la Comisión Constitucional del Congreso, se discute el proyecto de reforma del Estatuto andaluz. La propuesta de reforma salida del Parlamento andaluz entre aplausos de quienes después la calificaron de ´brindis al sol` ha quedado desfigurada a golpe de enmiendas que afectan a más de la mitad del articulado y que, por responder a fórmulas de compromiso, empeoran la de por si escasa calidad técnica del texto (esta memez políticamente correcta de evitar eso del "lenguaje sexista" convierte su texto en un fárrago; alguien debería proponer la edición de una versión del futuro Estatuto adaptada a la Gramática de la Lengua Española). Tanta enmienda descubre el juego político al que se sometió a este texto en sede parlamentaria regional; no se merecían ni el Estatuto ni los andaluces que sus promotores sometieran una norma de esta importancia a intolerables escaramuzas de política baja y claro interés partidista.
Este continuo manoseo del texto estatutario recuerda a la escena de Marx (Groucho) en Una noche en la Ópera: "La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal, está muy bien, eh?".
-"Andalucía es una realidad nacional en el marco de la indisoluble unidad de la Nación española. ¿Qué, a que le gusta más ahora?"
- No, eso no está bien. Quisiera volver a oirlo.
- Andalucía es una realidad nacional en el marco de la indisoluble unidad de la Nación española.
- Ahora suena mejor, pero no acabo de convencerme.
- Si quiere se lo leo otra vez.
- Sólo la primera parte.
- ¿Lo de la indisoluble unidad o la parte de la realidad nacional?
- ¿Y si lo vinculamos a la Asamblea de Ronda?
- ¿Pero qué parte? ¿La de la realidad nacional?
Mientras tanto, en la Comisión Constitucional del Congreso, se discute el proyecto de reforma del Estatuto andaluz. La propuesta de reforma salida del Parlamento andaluz entre aplausos de quienes después la calificaron de ´brindis al sol` ha quedado desfigurada a golpe de enmiendas que afectan a más de la mitad del articulado y que, por responder a fórmulas de compromiso, empeoran la de por si escasa calidad técnica del texto (esta memez políticamente correcta de evitar eso del "lenguaje sexista" convierte su texto en un fárrago; alguien debería proponer la edición de una versión del futuro Estatuto adaptada a la Gramática de la Lengua Española). Tanta enmienda descubre el juego político al que se sometió a este texto en sede parlamentaria regional; no se merecían ni el Estatuto ni los andaluces que sus promotores sometieran una norma de esta importancia a intolerables escaramuzas de política baja y claro interés partidista.
Este continuo manoseo del texto estatutario recuerda a la escena de Marx (Groucho) en Una noche en la Ópera: "La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal, está muy bien, eh?".
-"Andalucía es una realidad nacional en el marco de la indisoluble unidad de la Nación española. ¿Qué, a que le gusta más ahora?"
- No, eso no está bien. Quisiera volver a oirlo.
- Andalucía es una realidad nacional en el marco de la indisoluble unidad de la Nación española.
- Ahora suena mejor, pero no acabo de convencerme.
- Si quiere se lo leo otra vez.
- Sólo la primera parte.
- ¿Lo de la indisoluble unidad o la parte de la realidad nacional?
- ¿Y si lo vinculamos a la Asamblea de Ronda?
- ¿Pero qué parte? ¿La de la realidad nacional?
Más allá del G-8
En unas recientes declaraciones al Corriere della Sera, Rodríguez Zapatero ha anunciado con la acostumbrada solemnidad que no está interesado en solicitar el ingreso de España en el G8, foro que reúne a los líderes de los países más poderosos e influyentes del mundo y que fue durante muchos años objeto de deseo de González y Aznar (suficiente razón -la de esta coincidencia- para que Zapatero diga no).
Da por hecho el Presidente que España (todavía) reúne las condiciones para formar parte de este foro extraoficial, al haber superado su economía a la de Canadá, pero con desdén rechaza formar parte de lo que en su fuero interno considera un desagradable instrumento de poder, alegando como principales razones que "ocho países son pocos", que "hoy el mundo necesite mirar más allá del G8 para afrontar los grandes problemas" y que "estamos tranquilos donde estamos". ¿Y dónde estamos, al parecer, tan tranquilos?
Aunque Rodríguez Zapatero no diga qué es lo que hay más allá del G8 el lector podrá imaginar la difusa silueta –más bien, fantasmagórica- de la Alianza de Civilizaciones, pendiente a la fecha de concretar su definición pese al millón de dólares cobrado ya por Naciones Unidas para tal fin. Es evidente que una pintoresca política exterior repleta de guiños a regímenes totalitarios –el último aplauso a los experimentos nucleares de Ahmadineyad todavía resuena- no casa con la rigidez demostrada por los componentes del G8, incluída Rusia. Pero, ¿es realmente decisión de Rodríguez Zapatero el que España entre o no en el G8?
El G8 se ha convertido en un lavadero de conciencias de los ocho países más poderosos del mundo y de la UE. Quien siga las declaraciones que se realizan tras sus cumbres anuales –la última, en San Petersburgo- podrá comprobar cómo la atención está dirigida a la no proliferación de armas nucleares, la educación, el fenómeno de la inmigración, la lucha contra las enfermedades infecciosas, la seguridad internacional –incluída la lucha contra el terrorismo internacional- y el calentamiento de la tierra, materias en su gran mayoría de marcado ámbito social y medioambiental, muy del gusto del Presidente (sobre todo por su carácter no vinculante), que en la entrevista al Corriere define a la izquierda moderna como "defensora de las inversiones extranjeras y no proteccionista" (y yo sin saber que Mariano Rajoy es de izquierdas).
A la vista del contenido de la agenda de las reuniones del G8 no atisbo incompatibilidad que descarte la presencia del Presidente en sus reuniones, circunstancia que me obliga a optar por atribuir nuestra ausencia del G8 a la expresa oposición de alguno o algunos de sus actuales miembros más que a la opinión contraria de Zapatero por existir un <> del G8 que sólo cabe en su imaginación.
Da por hecho el Presidente que España (todavía) reúne las condiciones para formar parte de este foro extraoficial, al haber superado su economía a la de Canadá, pero con desdén rechaza formar parte de lo que en su fuero interno considera un desagradable instrumento de poder, alegando como principales razones que "ocho países son pocos", que "hoy el mundo necesite mirar más allá del G8 para afrontar los grandes problemas" y que "estamos tranquilos donde estamos". ¿Y dónde estamos, al parecer, tan tranquilos?
Aunque Rodríguez Zapatero no diga qué es lo que hay más allá del G8 el lector podrá imaginar la difusa silueta –más bien, fantasmagórica- de la Alianza de Civilizaciones, pendiente a la fecha de concretar su definición pese al millón de dólares cobrado ya por Naciones Unidas para tal fin. Es evidente que una pintoresca política exterior repleta de guiños a regímenes totalitarios –el último aplauso a los experimentos nucleares de Ahmadineyad todavía resuena- no casa con la rigidez demostrada por los componentes del G8, incluída Rusia. Pero, ¿es realmente decisión de Rodríguez Zapatero el que España entre o no en el G8?
El G8 se ha convertido en un lavadero de conciencias de los ocho países más poderosos del mundo y de la UE. Quien siga las declaraciones que se realizan tras sus cumbres anuales –la última, en San Petersburgo- podrá comprobar cómo la atención está dirigida a la no proliferación de armas nucleares, la educación, el fenómeno de la inmigración, la lucha contra las enfermedades infecciosas, la seguridad internacional –incluída la lucha contra el terrorismo internacional- y el calentamiento de la tierra, materias en su gran mayoría de marcado ámbito social y medioambiental, muy del gusto del Presidente (sobre todo por su carácter no vinculante), que en la entrevista al Corriere define a la izquierda moderna como "defensora de las inversiones extranjeras y no proteccionista" (y yo sin saber que Mariano Rajoy es de izquierdas).
A la vista del contenido de la agenda de las reuniones del G8 no atisbo incompatibilidad que descarte la presencia del Presidente en sus reuniones, circunstancia que me obliga a optar por atribuir nuestra ausencia del G8 a la expresa oposición de alguno o algunos de sus actuales miembros más que a la opinión contraria de Zapatero por existir un <
domingo, octubre 08, 2006
El asalto a Bruselas (y II)
Imponer al Estado como "determinante" una posición cuando la materia discutida en Bruselas afecte a sus competencias exclusivas conlleva confundir los intereses particulares con los generales, haciendo prevalecer los primeros sobre éstos. La cuestión, llevada a sus últimos términos, no es baladí. Si la aprobación de un Tratado como el que establece una Constitución para Europa implica una cesión de competencias a la UE que, a su vez, son competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas, ¿tienen éstas la decisión final, "determinante", a la hora de aceptar el texto comunitario? ¿Y si una de las Comunidades no lo acepta? ¿En qué medida afectan los nuevos Estatutos al ius contrahendi del Estado?
En esta misma línea de prepotencia –producto quizá de la ignorancia, pero heredada directamente del Estatuto catalán- la proposición de reforma estatutaria andaluza establece en su art. 228 un deseo, aspiración o sueño con carácter imperativo: "Andalucía participará en los procesos de decisión en las instituciones de la Unión Europea directamente o a través de la representación del Estado".
Eso de que Andalucía participe en los procesos de decisión de los organismos comunitarios "directamente" puede causar hilaridad en Bruselas. Sencillamente imposible, con la excepción del Comité de las Regiones (de las regiones, no de las realidades nacionales) cuyas decisiones, ya se ha dicho antes, no tienen carácter vinculante. Pero, en cualquier caso, cuando se advierte en el precepto de que la participación también puede realizarse a través de la representación del Estado se está infringiendo una competencia que sólo corresponde al Estado. ¿En qué medida no se está suplantando al Estado en el desarrollo de su política y acción exterior? En este sentido, se aparta de la línea constitucional la posibilidad contemplada en la proposición de reforma en relación con la participación de la Junta ante el Consejo de Ministros y los órganos consultivos y preparatorios del Consejo y la Comisión. En suma, la infracción del art. 149.1.3º de la CE se nos antoja evidente en este clara apropiación de competencias que corresponden al Estado, sin perjuicio de denunciar también la violación del Tratado, porque la Unión Europea sólo reconoce status, legitimación o capacidad de representación al Estado miembro, no a sus entes menores. En suma, podríamos estar también ante una violación del Tratado en esta suplantación por comunidades autónomas de la capacidad de representación que sólo corresponde al Estado. En esta línea, también choca con las competencias exclusivas del Estado la designación por la Junta de miembros en la representación permanente de España cerca de la UE (¿y por qué no embajadores?, al fin y al cabo lo que se pretende es dar un status diplomático al representante autonómico). En cualquier caso esta designación nunca puede venir impuesta por un Estatuto de autonomía. Repito, estamos ante una voluntad deliberada de trocar los intereses generales por intereses particulares. El problema es que –salvo inesperada reacción del Tribunal Constitucional- el Estatuto catalán refleja ya esta misma posición.
Que la Junta de Andalucía tenga <
Pero, de ahí a "tener acceso" al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas media un abismo. El art. 234 pretende otro imposible: que la Junta de Andalucía tenga legitimación para interponer recursos ante el Tribunal de Justicia, es decir, algo contrario a lo que establece el Tratado que sólo otorga esa legitimación a los Estados miembros. Así se explica que el legislador autonómico haya tenido la precaución de supeditar el acceso de la Junta al TJCE a la legislación comunitaria, pero si ésta impide el acceso, ¿para qué regularlo?
En resumen, es legítimo el regular la participación de las Comunidades Autónomas en el proceso de formación de la voluntad del Estado ante los organismos europeos (fase ascendente) y en la ejecución y desarrollo de las normas comunitarias dentro del ámbito territorial correspondiente. Pero esta participación no puede llegar jamás a imponer al Estado una posición determinada, a romper el principio de cooperación entre las Comunidades Autónomas, a definir desde la bilateralidad el marco de relaciones con el Estado en el proceso de formación de su voluntad y a imponérsela con carácter "determinante" en aquellas materias para las que la Comunidad Autónoma tenga competencia exclusiva.
Sería deseable que la Comisión constitucional del Congreso de los Diputados limara las cuestiones a las que se ha hecho mención, para adecuar el texto a la Constitución y a la normativa comunitaria. Desgraciadamente, los excesos cometidos por el legislador andaluz tiene todos inspiración catalana y el texto estatutario catalán ha pasado el trámite parlamentario con los defectos denunciados.
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