Manca finezza, falta finura en la política española, como puso de manifiesto el siempre joven Giulio Andreotti cuando la comparó con la italiana. Ya ven, Andreotti y Napolitano, dos octogenarios presentando sus candidaturas a la presidencia del Senado mientras otros no tienen más horizonte que el de dictar normas para asegurarse pensiones, al tiempo que actúan de palmeros de estatutos ajenos. Ventajas que tiene el flamenco como competencia exclusiva.

Cuando Andreotti pronunció su veredicto se refería a los tiempos de la Transición. No sé qué opinaría hoy, cuando el elegante debate simbolizado en el florete ha dado paso a la más abierta confrontación del muy castizo garrotazo y tente tieso a cuenta de lo que algunos siguen denominando ´proceso de paz`. Verba volant; scripta manent. Será por deformación profesional, pero huyo conscientemente de la palabrería de un debate político que por su elevado tono llega a atemorizar, para adentrarme en el análisis jurídico de determinados comportamientos que vienen a exteriorizar los síntomas de lo que considero una grave patología.

Me refiero a actuaciones en el orden penal que parecen entrever cierta complacencia con comportamientos delictivos. Primero fue la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a Otegui por injurias al Rey, resolución firme cuya ejecución fue suspendida por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por razones que sigo sin comprender. Ahora, el Auto dictado por el juez de la Audiencia Nacional, Grande- Marlaska, que desestima la solicitud de prisión provisional para miembros de la ilegal Batasuna solicitada por la AVT sobre la base de la pertenencia de los miembros de su Mesa a banda armada y por la comisión de un delito de amenazas.

No sorprende la respetable resolución judicial –los jueces, dice un filósofo alemán, son estudiantes del Derecho que se corrigen sus propios exámenes- sino la posición adoptada por el Ministerio Fiscal que, recuérdese, promueve la acción de la justicia en defensa de la legalidad, del derecho de los ciudadanos y del interés público. Afirma el Ministerio Fiscal, oponiéndose a la solicitud de prisión provisional, que las expresiones vertidas por los miembros de la organización ilegal, por su contenido político, se enmarcan dentro de los límites de la libertad de expresión y que, en cualquier caso, la norma (penal) debe ser interpretada conforme a la realidad social, criterio hermenéutico éste que, como vemos, se puede tornar en peligroso cuando se presta a la imposición de posiciones de justicia muy personales. Pero lo verdaderamente espeluznante es comprobar con la lectura del Auto como Fiscalía y defensa de los imputados coinciden en el mismo planteamiento absolutorio. Identidad de posiciones, ¿identidad de objetivos?

Desde mi balcón distingo...

“Desde mi balcón distingo...

...que mañana será Domingo”. Con esta frase despachaba Federico García Lorca a los jóvenes poetas que se le acercaban a enseñarle sus primeras obras y es precisamente la que se me ha venido a la cabeza después de releer el Preámbulo de la Proposición de Reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía, actualmente en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados a la espera de que a alguna mente preclara se le aparezca la Virgen –sorteando, por supuesto, el artículo de la laicidad- y devuelva al corral a este peligroso manso.

Sé que hay quien busca denodadamente al autor material del Preámbulo, pero es lógico que se mantenga en el anonimato quien ha perpetrado tamaña barbaridad histórica, política, geográfica, sintáctica para, juntando letras, convertir una exposición de motivos en un texto cursi, sobre todo, cursi. La “robusta y sólida identidad” de Andalucía, el “ámbito geográfico diferenciado” en el que se asienta, la compilación de un “rico acervo cultural por la multiplicidad de pueblos y civilizaciones”, las referencias al “mestizaje humano”, “interculturalidad de prácticas, hábitos y modos de vida”, la “pluralidad histórica acrisolada”, el patrimonio cultural “tangible e intangible, dinámico y cambiante, popular y culto” (como si la cultura fuera ajena al pueblo), “los arcos mediterráneo y atlántico” y el penúltimo adorno consistente en afirmar que en Andalucía “se ha configurado como hecho diferencial un sistema urbano medido en clave humana” no son más que recurrentes tópicos más propios de un folleto de la Consejería de Turismo que de un texto como el que nos proponemos analizar. Afirmar que Andalucía se vertebra “en torno y a lo largo del río Guadalquivir” supone añadir a la proverbial cursilería un desconocimiento de la geografía andaluza no menos imperdonable al desnortado legislador. Por todo ello, uno mis humildes fuerzas a las de Javier Caraballo y Paco Robles en la búsqueda del remilgado autor -o autores- del bochornoso texto en la resignada convicción de que ni éste ni sus cómplices serán hallados (si al menos se hubiera deslizado en el texto el término “irredento”... pero no, no hay pistas).

Todo preámbulo en un texto jurídico ofrece al legislador la oportunidad de dar las razones que le han llevado a la promulgación de la nueva norma. Por ello, el preámbulo tiene un evidente sentido jurídico, pues sirve para interpretar la norma en la búsqueda de la verdadera intención del legislador. Huyan pues de quienes proclaman la “inocencia” o la neutralidad jurídica de un preámbulo o de una exposición de motivos, porque están fuera de toda duda tanto su trascendencia como los indudables efectos jurídicos que despliega.

Llegados a este punto conviene preguntarse cuáles son los motivos que llevan al legislador a la modificación del vigente Estatuto de Carmona. Ahondando aún más en la cuestión, convendría plantearse también si estamos ante una mera modificación de un texto jurídico vigente o, en realidad, ante un nuevo Estatuto de Autonomía.

El legislador, realmente, no justifica en el Preámbulo la raison d`etre del proyecto de reforma. Realiza alguna alusión a la necesidad de “profundizar en el autogobierno”, dentro de un “proceso de modernización del Estado de las Autonomías”, y pretende resumir su aspiración de la siguiente forma: “se trata, en definitiva, de conseguir un Estatuto para el siglo XXI, un instrumento jurídico que impulse el bienestar, la igualdad y la justicia social”. ¿Acaso el Estatuto de Carmona no tiene estas mismas aspiraciones? ¿Introduce nuestro vigente Estatuto desigualdad o es pernicioso en el logro de la justicia social?

No; el legislador no ofrece justificación al nuevo texto estatutario, y no lo hace en un verdadero alarde de humildad. No hay justificación, sencillamente, porque no hay necesidad de cambio. El proyecto se encasilla en el alocado marco de reformas estatutarias impulsado por el Presidente del Gobierno para dar cobertura de “fuego amigo” al proceso de ´reformas` catalán y vasco; en suma, una coartada para proceder a un fraude de ley, porque lo verdaderamente pretendido por estos estatutos de nuevo cuño es la creación de un nuevo marco jurídico que rompa con la Constitución Española, pero sin acudir al proceso de su reforma, sencillamente porque la reforma constitucional hoy es imposible sin el concurso del Partido Popular. Se trata de una verdadera reforma constitucional, donde la norma de cobertura la constituyen los estatutos –entre ellos, el de Cataluña y su copia andaluza- y la norma defraudada es la propia Constitución Española.

Se ha hecho siempre referencia a la inclusión en los textos estatutarios bien del término “nación” -en el texto catalán- o el más genuino de “realidad nacional” para pretender demostrar el choque frontal con la norma constitucional. The last, but not the least. La amable invitación a participar en este proyecto me permitirá demostrarles que el fraude a la norma constitucional –y a la comunitaria- rezuma en varios pasajes de un texto que necesita pasar por un verdadero proceso de limpieza. A ello me dispongo.

Sin rumbo

La Unión Europea no tiene una política común sobre inmigración. La ausencia de criterios comunitarios firmes en esta materia obliga a los países miembros a adoptar medidas unilaterales que, por la permeabilidad propia de las fronteras interiores, afectan siempre al resto de Estados. Por ello, permaneciendo la definición de la política migratoria dentro del ámbito de soberanía de cada miembro de la UE, no es menos cierto que a la hora de determinar la respectiva política sobre inmigración existen actitudes miméticas que suelen romper en medidas consistentes en restringir el flujo migratorio con una normativa selectiva basada en la directa elección de los inmigrantes (Francia), la limitación de entrada a determinados profesionales altamente cualificados (Alemania) o la exigencia de exámenes donde los candidatos acrediten conocimientos de lengua y su adaptación a la forma de vida europea (Holanda). Se trata, en suma, de aplicar una política siempre basada en la experiencia, de indudable trascendencia interna, pero también respetuosa con el vecino.

Bruselas ha sido siempre contraria a procesos de legalización masivos de inmigrantes. En el caso español, las autoridades comunitarias han venido advirtiendo una y otra vez de las graves consecuencias que podían derivarse de una actitud consistente en un dadivoso ´papeles para todos` de apariencia solidaria y progresista, pero generador de conflictos sociales cuando la oferta supera a la demanda. Desde filas socialistas se suele combatir a quienes advierten de estos peligros tachándoles de fascistas, xenófobos o reaccionarios, pero quienes así actúan se olvidan de que en las últimas presidenciales francesas quien disputó las elecciones a Chirac fue LePen, y no el socialista Jospin; algo tendría que ver el voto de los trabajadores en ese resultado.

La semana pasada la vicepresidente de la Vega visitó Bruselas para pedir la ayuda comunitaria ante la masiva llegada de inmigrantes a las costas canarias. El resultado de las conversaciones con Durao y los comisarios Ferrero y Frattini se vendió desde instancias gubernamentales como un decidido apoyo de la UE a la política española en materia de inmigración, ocultándose así los reproches efectuados por las autoridades comunitarias al ´efecto llamada` propio de una legislación absolutamente permisiva que contradice la práctica y la norma del resto de Estados comunitarios. Para Bruselas el problema de los cayucos no es más que la crónica de un desenlace advertido una y otra vez, y continuamente desatendido por las autoridades españolas. El siguiente paso será adaptar la legislación sobre inmigración a los criterios restrictivos establecidos por países de nuestro entorno comunitario. Así lo ha exigido Bruselas.

Criminales

Tenía el profesor Navarrete especial predilección por la figura del médico y criminólogo piamontés Cesare Lombroso. La teoría de Lombroso partía de concebir el delito como resultado de tendencias innatas, de origen genético, fácilmente observables en los rasgos físicos de los delincuentes. En sus clases, Navarrete enunciaba las facciones propias de los criminales "nariz, aguileña, barbilla prominente, cejas pobladas, pelo blanco…" y el alumno tomaba nota hasta darse cuenta de que el profesor se estaba describiendo a sí mismo. Dicen los penalistas que la teoría de Lombroso está ampliamente superada, pero las imágenes de los miembros de la ilegal HB desfilando por la Audiencia Nacional parecen confirmar que algo debe quedar todavía de cierto en sus postulados y en su descripción de las asimetrías anatómicas propias que definen a los delincuentes natos.

Verles peregrinar hacia los juzgados es demostrativo del correcto funcionamiento del Estado de Derecho. En cambio, tener ahora que soportar las continuas extorsiones en el marco de lo que en un grave dislate se califica de "proceso de paz" supone un evidente error que mina la fortaleza del sistema democrático. Todo Gobierno está en su derecho, y también en el deber, de poner fin al terrorismo, y la oposición en la obligación de coadyuvar con el Gobierno a la consecución de esa finalidad, siempre y cuando queden bien definidas las ´líneas rojas`, los límites infranqueables del proceso negociador como expresión de la unidad de las fuerzas democráticas. En Zurich, durante el período que Mayor Oreja calificó con acierto de "tregua trampa", los enviados pusieron fin al contacto a partir del momento en que percibieron la firmeza de los terroristas en la reivindicación de sus metas: autodeterminación, liberación de presos y Navarra.

Sin embargo, no se percibe ahora con esa nitidez la deseable unión de los principales partidos políticos ni tampoco la existencia de una firme posición común. Resulta desalentador que las declaraciones relativas al proceso de apertura de negociaciones con una banda que continua armada se produzcan en mítines. Esta importante cuestión no puede reconducirse a actos de partido si se pretende evitar la más mínima sospecha de electoralismo. Con precipitación, desoyendo las advertencias de Sarcozy sobre la inusual actividad de la banda en Francia, se anunció el domingo la apertura de las negociaciones después de que el viernes anterior Otegui manifestara la "extrema gravedad" que afectaba a lo que él denomina ´proceso de paz`, y en esa misma precipitación se incurre cuando los tribunales suspenden la ejecución de una condena firme con informe favorable del Ministerio fiscal basado en la presunta bondad de unas "circunstancias actuales" (sic) que nada bueno auguran.

Bienes tangibles

Decía don Juan de la Rosa –presidente de la Caja de Ahorros de Ronda- que el secreto de la práctica bancaria, la razón última de las operaciones activas y pasivas de crédito, se reducía a un solo principio general: "trincar la tela de golpe y soltarla poquito a poco". Cuentan que con motivo de la quiebra de una institución financiera en los setenta –creo que se trataba de Fidecaya-, asumió don Juan del Banco de España el encargo de restituir a los frustrados inversores parte del capital invertido con cargo a fondos de garantía. De la Rosa instruyó a los cajeros de la entidad para que tranquilizaran a los modestos ahorradores exhibiéndoles un fajo de billetes –siempre el mismo- que podían incluso tocar para convencerse de la realidad de una inversión que consideraban perdida. A continuación, el cajero les convencía para que, con la apertura de la correspondiente cartilla de ahorros en la Caja, pasaran a ser depositantes en una entidad crediticia seria y solvente. Así lo hacían, completándose una operación de captación de clientela digna del genio de don Juan.

Hace cuatro años, la quiebra del Banco Filatélico Español (Banfisa) hizo sonar las alarmas por los evidentes riesgos derivados de inversiones en bienes tangibles que, al no realizarse con entidades financieras ni constituir los sellos valores financieros, no quedan sometidas a las normas de control y fiscalización de los organismos reguladores, ni tampoco a su potestad sancionadora. Por ello, estas inversiones se realizan sin el respaldo del Fondo de Garantía de Depósitos, quedando los particulares en caso de fraude en una orfandad voluntariamente asumida al participar en inversiones de alto riesgo.

Dice ahora don José Blanco en su tradicional mitin dominical, que la culpa del escándalo en el sector filatélico la tiene el Partido Popular por no regularlo mientras gobernó. Obligado es sacar del error al alumno don José, porque la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, de 4 de noviembre de 2003, dedica una Disposición –la Cuarta- a establecer un sistema de protección de la clientela adquirente de sellos, obras de arte y antigüedades, que fue introducida a instancia del PP –con la complacencia del PSOE- durante la tramitación del proyecto de ley en el Senado, imponiendo auditorías, reforzando la información de los clientes y estableciendo un capítulo de sanciones administrativas.

Podrá decirse ahora que la normativa es insuficiente, pero no es menos cierto que la Ley entró en vigor una semana antes de las elecciones del 14 de marzo de 2004 y que, pese a contener una expresa habilitación al Gobierno para desarrollo reglamentario, éste no ha atendido el desarrollo normativo de la materia en el reciente Reglamento de 4 de noviembre de 2005. Como siempre, la casa sin barrer.

La sentencia

“Si el ministro dice que le han pegado, le han pegado y eso no se cuestiona”. La frase –que recuerda a épocas que creía pasadas- parece extraída del guión de La Escopeta Nacional del maestro García Berlanga, y bien podría haberla pronunciado el industrial catalán Canivell –fabricante de porteros automáticos- o el marqués de Leguineche. Pero no; aunque no hubiera desentonado salida de la prominente mandíbula del recordado Luis Escobar o de la boca de Saza, la frase se cita una y otra vez en varios pasajes de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid en el (mal) denominado ´caso Bono`.

La sentencia condena a los funcionarios policiales que intervinieron en los hechos por la comisión de un delito de detención ilegal de dos ciudadanos, miembros de un partido político, que participaron en una manifestación en la que, como la sentencia afirma, no existió agresión alguna al ex ministro. Llama la atención que la sentencia califique esas detenciones como antijurídicas “detenciones de complacencia” o “detenciones mirando al tendido” que, cualquiera que sea su denominación, vinieron a poner de manifiesto una evidente violación de la libertad de dos ciudadanos. Asimismo, condena a los mismos policías por un delito de falsificación de documento público, después de analizar detalladamente las ilegales alteraciones en el atestado policial, convenientemente ahormado para que adquiriera apariencia de mayor fundamento y coartada para unas detenciones arbitrarias, abusivas e ilegales. Por último, a uno de los funcionarios policiales se le condena por un delito de coacciones derivado de la violencia psíquica y amenazas empleadas para con el funcionario policial, su subordinado que, al no percibir actuación delictiva de ningún tipo, se negó a practicar las detenciones ordenadas.

Tuve la oportunidad de pronunciarme sobre los hechos en el artículo publicado en EL MUNDO hace ahora casi un año (El lechero) y celebro que lo que entonces era una mera presunción se haya visto respaldada por una resolución ejemplar. Los más cortos querrán ver en la sentencia sólo un revés político, incurriendo así en un grave error, propio de quienes son incapaces de ver más allá del siempre turbio e interesado debate partidista. Yo advierto en la sentencia la defensa a ultranza –gobierne quien gobierne- de derechos y libertades constitucionales por un tribunal que ha cumplido a rajatabla la función que la Constitución le encomienda en la defensa del Estado de Derecho contra aquellos que, respaldando actuaciones claramente antijurídicas, sólo pretenden un evidente recorte en el sistema de derechos y libertades. Sin perjuicio de las responsabilidades políticas que ahora procedan, la sentencia supone la entrada de aire fresco en un ambiente cada día más cargado.

El Estado funámbulo

Los proyectos de estatutos tratan con sospechosa identidad de contenido las relaciones de la comunidad autónoma con la Unión Europea. Sabido es que la competencia exclusiva en política exterior corresponde al Estado por así disponerlo la Constitución, pero ello no es óbice para que los proyectos estatutarios establezcan preceptos que minan la competencia estatal, permitiendo una activa presencia de las autonomías en el proceso de formación de la voluntad del Reino de España en los asuntos europeos cuando la materia en cuestión afecte a sus competencias exclusivas; es decir, casi siempre, porque el celoso legislador autonómico reserva esa condición de exclusividad a todas las materias imaginables.

Los problemas que se derivan de esta acción exterior regional encubierta se plantean, sobre todo, en una doble vertiente. En primer lugar, en la formación de la posición negociadora o de la voluntad del Estado, que quedará condicionada al no siempre fácil acuerdo previo entre las comunidades autónomas con intereses en la materia. En segundo lugar, a la no menos problemática cesión de competencias al órgano supranacional, que cuando afecte a competencias exclusivas de la autonomía requerirá su conformidad (¿quid iuris si el ente autonómico se niega a la cesión de sus competencias?). Los proyectos de estatutos no escatiman cuando requieren que la posición de la respectiva Comunidad Autónoma sea ´determinante` cuando la materia afecte a sus competencias exclusivas. Así lo establecen los proyectos catalán, andaluz y valenciano, exigiendo todos ellos para sí un poder determinante en la fijación de la posición negociadora del Estado. El problema se producirá cuando confluyan en una decisión los poderes determinantes, pero contradictorios, de más de una Comunidad. ¿A quién deberá seguir entonces el Estado? ¿Quién fijará entonces la posición estatal?
Sé de sobra que alguno responderá a las preguntas anteriores con el recurso a los términos en boga: diálogo, entendimiento, alianza, pacto... como recetas para alcanzar la posición negociadora común, pero no se me podrá negar que estas posiciones comunes fruto del difícil consenso debilitan la capacidad de negociación posterior del Estado en la mesa comunitaria. Así lo ha entendido el legislador alemán cuando en el proceso de reforma constitucional recorta drásticamente los poderes de los Länder en el proceso de formación de la voluntad del Estado ante la UE, primando con ese recorte el interés general del Bund sobre los particulares intereses de los Länder. La experiencia alemana en esta materia debería pesar en el proceso de reformas estatutarias iniciado en España, sobre todo, si en las relaciones de las comunidades y el Estado predominara –como en el sistema federal alemán- el principio de lealtad.

El mediador

Los procesos de paz suelen despedir un tufillo que atrae a políticos amortizados, pacifistas altamente peligrosos y zascandiles de reconocido prestigio mundial, algunos de ellos galardonados con el Nobel de la Paz, premio que desde que fue concedido ex aequo a Menahem Beguin y Yasser Arafat dejó de tener el crédito que todavía algunos le otorgan. En el denominado ´proceso de paz` del País Vasco (rectius, claudicación a dita del Estado del Derecho) nos ha tocado en suerte el Padre redentorista Alec Reid, curtido en las negociaciones que llevaron al Acuerdo de Stormont.

En una conferencia celebrada el 12 de octubre de 2005 en Belfast, el Padre Reid comparó a los unionistas con los nazis, uniendo así el destino de los católicos del Ulster con el Holocausto judío: "La realidad es que los unionistas han tratado a la comunidad nacionalista de Irlanda del Norte como a un animal. No se les ha tratado como a personas, sino como los nazis trataron a los judíos". La comparación es muy desafortunada (entenderán así mejor que se le concediera a Reid el Premio Sabino Arana), y no solo por el hecho de que durante la II Guerra Mundial el IRA colaboró activamente con los nazis, sino principalmente porque con estas afirmaciones –que provocaron la inmediata repulsa de las asociaciones de víctimas unionistas- se descalifica quien pretende presentarse ahora también en España como mediador en el conflicto vasco. El problema crece cuando es el propio Gobierno quien le confiere a Reid la condición de mediador, internacionalizando el conflicto al gusto abertzale.

La labor de mediación exige imparcialidad. Si no se es imparcial, si se evita el imprescindible equilibrio entre las posiciones en conflicto, se corre el peligro de abandonar la labor de mediador para abrazar la de simple mandatario o agente. Al mediador designado por las partes se le impone la obligación de imparcialidad que distingue esta figura jurídica de otras que sólo contemplan la defensa de los intereses del mandante. Y el Padre Reid podrá ser muchas cosas, pero nunca imparcial, y en su descarada parcialidad coincide con el reverendo Ian Paisley. No lo fue en el conflicto norirlandés –abrazó ciegamente la posición del IRA- y no lo será tampoco ahora.

Cambia el hilo argumental de la obra y cambian los personajes pero, antes de abandonar la sala, conviene recordar ese pasaje del Pacto Antiterrorista en el que PP y PSOE hicieron explícita, "ante el pueblo español, su firme resolución de derrotar la estrategia terrorista con los medios del Estado de Derecho". Hoy ya no se habla de derrota, sino de hombres de paz, y yo recuerdo otra vez al abuelo Alois cuando decía aquello de que "Dios es muy bueno, pero su personal de tierra deja mucho que desear". Seguro que conoció a Reid.

La banderita

Oído en el acto de izado de la bandera republicana el 14 de abril de 2006 en un bello pueblo de la costa gaditana:"¡Anda que si viera el padre del Alcalde al niño con la banderita le partía la cara!".

Esto de la media memoria histórica se está convirtiendo en una galería de memeces protagonizadas por hijos de falangistas, militares golpistas y prebostes de la sección femenina. ¡Menuda progresía! Pues a ver hasta dónde llega la riada y las veleidades de un pueblo de nuevos ricos.

El interés nacional

Los políticos italianos son maestros en el equilibrio imposible, capaces de gobernar con frágiles minorías y también de soportar prolongados desgobiernos, pero en Italia imaginarse una grosse Koalition es, sencillamente, perder el tiempo. Pero el análisis de la apasionante situación política que atraviesa Italia debe ceder ante la noticia política relativa a la dimisión de don José Bono como ministro de Defensa.

Un político popular me comentó hace exactamente dos años que la presencia de Bono en el Gobierno era un acierto de Rodríguez Zapatero, pero que dejarle al frente de los servicios secretos constituía un inmenso error que se saldaría con la dimisión o el cese del ministro antes de que la legislatura cumpliera su paso del ecuador. Algunos han visto en Bono el contrapeso a una política rupturista de su propio Gobierno, hasta que no ha podido más por perder el fiel de la balanza su verticalidad, después de sufrir en sus propias carnes aquel aserto winstoniano que localizaba a los enemigos políticos en las filas de su propio partido y dejaba la condición de adversarios a sus oponentes. Tachado, entre otras lindezas, de ´casposo` o de falangista por los socios del Gobierno que lo acogió en su seno, el hasta ayer ministro ha defendido una idea de España que, pese a las trampas semánticas y eufemismos al uso, sigue siendo la de la mayoría de los españoles. A Bono, como a muchos, le resultará imposible coexistir en tareas de gobierno con aquellos que llaman ´proceso de paz` o ´realidad nacional` a figuras que sólo vienen a poner de manifiesto la claudicación del Estado de Derecho frente a sus enemigos.

En España algunos se han empeñado en reducir el concepto de interés nacional a hacer todo lo posible para no pagarle la luz a los alemanes de E.ON. Tan desprestigiada está la idea de España por quienes han procurado la caída de Bono que su discurso de despedida evocó en alguna ocasión al asediado general Silvestre antes de caer en Annual, rodeado de jarcas cabileñas, las mismas que luchaban contra soldados catalanes con barretina en la escena bélica que recoge el cuadro que decora su despacho en el Ministerio.

No les falta razón a aquellos que le critican una actuación siempre aderezada con gestos y maneras populistas, muy del gusto de un personaje histriónico que no dudó en convertir su toma de posesión en un acto social con parada militar, en organizarle a su antecesor en el cargo un aquelarre o en ordenar una no menos sonrojante huida militar con medalla frustrada. En su despedida se citó a MacArthur, pero don José Bono, aunque le ofrezcan el destino diplomático que se le da ahora a los elementos incómodos renovando prácticas franquistas, nunca volverá, sencillamente, porque no se terminará de ir.

A buenas horas

Creo que fue Napoleón quien proponía el nombramiento de una comisión para que los problemas duraran eternamente. En España parece que no se cumple la predicción napoleónica –la Comisión Constitucional del Congreso no ha dormido al Estatut, más bien al contrario- y por eso hemos optado por resolver los problemas creando Fiscalías especializadas. Además de las ya existentes, aparece ahora, al socaire del escándalo marbellí y a modo de traca, la nueva Fiscalía especial para delitos urbanísticos con la que los políticos pretenden salir al paso de prácticas –a buenas horas, mangas verdes- que, pese a su evidente ilegalidad, han contado con la tolerancia de muchos. Disgusta verles ahora con cara compungida anunciando drásticas y extemporáneas medidas que sólo ponen de manifiesto una continuada tolerancia respecto de actuaciones urbanísticas convertidas en costumbre contra legem a fuer de ser repetidas en un ambiente de impunidad.

Tal es la situación de catarsis escenificada por el poder político en el escándalo de Marbella que a muchos se les ha olvidado la existencia en el Estado de Derecho de la presunción de inocencia, al parecer reservada ya sólo para los miembros de organizaciones terroristas. Con esa brutal fuerza ha descargado su ira un Estado de Derecho cuyos custodios llevan décadas brindando al sol para ver ahora a Marbella convertida en un centro internacional de maleantes.

Ahora, precisamente ahora, se nos anuncian drásticas medidas que acompañan a los autos de prisión incondicional. Me pregunto por qué no se han ejercido antes las competencias exclusivas que el vigente Estatuto de Autonomía otorga a la Junta en materia de urbanismo y planificación del territorio, y lo hago con la convicción de que la inacción política ha dado paso a una sensación de impunidad ahora tardíamente rota. ¿Para qué tanta competencia exclusiva si después no se ejercen los poderes delegados? Alguna voz autorizada ha atribuido una culpa in vigilando a la administración autonómica por haber tolerado con su dejación de competencias una situación caótica, que ahora deriva en escándalo también por actitudes prepotentes y arbitrarias de quienes, en vez de poner orden, han preferido contemporizar. Esa atribución de culpa debería conllevar una responsabilidad subsidiaria de contenido económico por los graves daños y perjuicios que ha ocasionado a muchos la inacción de quienes no han querido atajar a tiempo tantos desmanes.

El problema reside en que los gobernantes negligentes lavan sus culpas en la pileta de la responsabilidad política, invento político de quienes sólo pretenden exonerarse de responsabilidad. Cada euro que amasa el corrupto es una coz al Estado de Derecho. Sus guardianes nunca debieron eludir su responsabilidad.

El mimetismo de los vertebrados

Andan revueltas las tertulias con el vestuario de la vicepresidenta del Gobierno, como si no hubiera asuntos más importantes en el candelero. Me parece estupendo que doña María Teresa luzca su elegancia y que logre en sus desplazamientos oficiales la rara habilidad de mimetizarse con el entorno. Donde fueres, haz lo que vieres; y De la Vega recoge el refrán al pie de la letra para pasar desapercibida en Maputo (aunque modelo, canasto y brazo en alto más recordaban a la fiesta de la recogida del trigo en Timisoara, con saludo al Conducator incluido) y ahora en Roma, donde el mismísimo Sodano alabó la púrpura de doña María Teresa que, al fin y al cabo, no es más que símbolo de dignidad (y también, de la sangre de los mártires, Ratzinger dixit).
Tanto mimetismo se produce en la ciudad eterna que don Francisco Vázquez ha criticado con vehemencia el matrimonio homosexual y la inoportunidad del Gobierno con la aprobación de una ley que ha levantado ampollas en la curia pontificia. De seguir con estas declaraciones, veo más a don Francisco de nuncio en Madrid que de embajador en Roma; ventajas que tiene el ser gallego y tener cerca la escalinata de la Piazza di Spagna.
Comprobada otra vez la indisimulada admiración de nuestra progresía por el ceremonial montiniano de imposición del capelo cardenalicio a los nuevos purpurados, me viene a la memoria la maledicencia del otrora crítico Hans Küng cuando afirmaba que, tras la caída de los regímenes del Este, el Vaticano era el último Estado totalitario en Europa. Será por eso la devoción ´progre` o quizá por los votos de obediencia que se esgrimen desde las más altas esferas curiales para pastorear a mis queridos jesuitas y que ya los quisiera el Gobierno para con la oposición que le queda, pero lo cierto es que, al tiempo que los contertulios opinan sobre el guardarropa de doña María Teresa, se vislumbran en el horizonte político negros nubarrones, a pesar de que se nos había predicho bonanza.
España es un púgil tocado al que se le cambia de adversario en cada round, en desigual pelea, porque el árbitro mira a otro lado, el entrenador tiene permanentemente la toalla en la mano y el empresario de la velada ha apostado por los contrarios. Para hacer frente a la astenia, me he armado de valor y he vuelto a las Memorias Políticas de Gerry Adams, libro que abandoné para evitar la náusea que produce el que la muerte de unos se califique de asesinato y la de otros, de ejecución. Equiparar la situación en Irlanda a la del País Vasco es un error garrafal, que nos deja en situación de desventaja. En esto no hay más dios que el Pacto Antiterrorista, y el Presidente debería ser su profeta. Pero ayer, tras la entrevista en Moncloa, no llegué precisamente esa conclusión.

Espíritu de contradicción

Hace poco más de un año, el Gobierno español adoptó la decisión de no recurrir las resoluciones comunitarias que obligaban a Izar a devolver las ayudas públicas recibidas ilegalmente. Se afirmó entonces la inutilidad de los recursos del Estado contra las decisiones que declaraban la incompatibilidad de las ayudas con el mercado común y que nunca prosperaría la oposición a la devolución de los importes recibidos en concepto de ayuda. El allanamiento de España a las decisiones comunitarias fue significativo, pues nunca antes se había producido en instancias comunitarias una dejación tan evidente de los derechos y recursos contra actos de la Comisión, sobre todo viniendo del Reino de España, tan combativo siempre en causas perdidas (Intelhorce e Hitasa, por ejemplo). Pero este abandonismo sirvió como coartada para iniciar –con la inexplicable connivencia sindical- una dura reconversión naval que ha dejado en la más absoluta incertidumbre a la industria naval civil y en el paro a miles de sus trabajadores. No alegó entonces el Gobierno - cuando pudo hacerlo- la defensa del interés nacional para recurrir las decisiones de la Comisión y prefirió reconvertir los despojos en astilleros militares (Navantia) para construir un puñado de patrulleras.

El segundo acto de esta obra lo constituye el proyecto de Tratado por el que se pretendía establecer una Constitución para Europa. No fue ciertamente un texto muy leído, pero si se repara en su contenido podrá observarse que el malhadado proyecto establecía en la Sección 10ª de su capítulo III una política energética comunitaria, dotando a las instituciones europeas de la necesaria competencia legislativa para actuar en esa materia.

Después de envolverse en el proyecto de Constitución para abanderar un triunfante regreso a Europa, el Gobierno ha preferido dar la callada por respuesta a la solicitud de información exigida por la Comisión Europea en relación con la modificación de las competencias de la Comisión Nacional de la Energía, operada por un decreto que otorga a este organismo regulador la posibilidad de alegar oscuros intereses nacionales para frustrar ofertas públicas extranjeras sobre empresas españolas. La negativa del Gobierno puede conducir a la imposición de sanciones por el incumplimiento de la libre circulación de capitales y la libertad de establecimiento, dos pilares fundamentales sobre los que se asienta la arquitectura jurídica comunitaria, y ello nos lleva al desenlace de esta obra dramática: extraña paradoja jurídica la que lleva a un mismo Gobierno a abandonar cualquier defensa frente a decisiones comunitarias que desmantelan el estratégico sector naval público y, por el contrario, le conduce a una defensa numantina de intereses privados en el sector eléctrico.

El ´milagro`alemán

Hace ya algunos meses, mi amigo el profesor Rull me recomendó la lectura del libro de Thomas Darnstädt (La trampa del consenso), que cuenta con un brillante estudio introductorio del catedrático Sosa Wagner. Darnstädt analiza la compleja situación de bloqueo al que ha quedado expuesto el sistema federal alemán por los complejos cruces de competencias entre la Federación (el Bund) y los Estados regionales (los Länder). El derecho de veto en favor de estos últimos dificulta las tareas de gobierno y convierte al canciller en rehén de un consenso que en muchas ocasiones es imposible. Y el consenso, en Alemania, no es ni más ni menos que el acuerdo unánime de las partes, y no, como en alguna ocasión afirmó algún político de nuestra tierra, <>. En suma, el problema reside en la incapacidad del Estado alemán de hacer valer la soberanía frente a alambicadas contraposiciones de intereses de los Länder, agravándose la situación con la entrada en juego del legislador comunitario.

Es conocida la influencia que la Ley Fundamental alemana de 1949 ha tenido sobre la Constitución española, sobre todo en la transposición al régimen autonómico español del a veces complejo sistema federal alemán. Por eso, la situación patológica padecida por el sistema alemán y la terapia aplicada tras su diagnosis, tienen que ser cuidadosamente analizadas desde la perspectiva española, porque ningún Estado descentralizado está libre de esta pandemia. Tiempo habrá para detenerse a analizar el concreto contenido de la reforma constitucional que afronta Alemania –sin perjuicio de adelantar ahora que, al contrario de lo que ocurre en España, las soluciones giran alrededor de otorgar al Estado más poder, en detrimento de los Estados federales- pero más interesan ahora las formas con las que Alemania ha afrontado el proceso de modificación de su Ley Fundamental parida en 1949, bajo la estricta supervisión de las potencias aliadas, en la idílica Herreninsel del Lago Chiemsee, allí donde el rey Luis II de Baviera construyó su imitación del palacio de Versailles.

Y es que en Alemania el proceso se ha tratado como una reforma constitucional, sometida a las mayorías reforzadas que la Ley Fundamental exige, y no como un simple proceso de modificación de la normativa de algún Land. Además, los principales partidos alemanes, por medio de la canciller Merkel y el vicecanciller Müntefering, han trazado de común acuerdo las líneas rojas inquebrantables del proceso de reforma. Es impensable allí que la canciller se reúna con el jefe de la oposición a Stoiber en Baviera para negociar una reforma que afecta, no sólo a Baviera, sino a toda Alemania. Algunos miran el proceso con indisimulada envidia, pero la receta es muy simple: el respeto al Derecho.

Cónyuges y Progenitores

En Derecho, los términos deben ser expresión clara de conceptos jurídicos; pero eso resulta imposible cuando el concepto no es claro. Quien no tiene ideas claras refleja su confusión en términos siempre oscuros. La reciente Orden sobre modificación del Libro de Familia –publicada en el BOE de 3 de marzo- impone que para adecuar la terminología a la ley de matrimonios homosexuales (primera confusión), los términos marido y mujer se sustituyen por cónyuge A y cónyuge B; y los de padre y madre por progenitor A y progenitor B. Aquí ya no se respetan ni los conceptos esenciales del Derecho de familia. El buen padre de familia, modelo de conducta, se convierte en el buen progenitor A. Algunos, desde la osadía que confiere la ignorancia, verán en esta modificación la prolongación del manoseo que padece el concepto jurídico de Nación, sobre la base del pretendido carácter polisémico del término que le confiere la progresía más estulta. Si alguien guarda alguna duda sobre el carácter único del concepto jurídico de Nación que le pregunte a cualquier nacionalista vasco o catalán, y ya verá como existe identidad tanto en el concepto como en sus efectos jurídicos.

Pero, además, el cambio no puede ser más inadecuado a los fines que se propone. Progenitor significa, etimológicamente, el que engendra o procrea (del latín, progenitor, y éste de generare, concebir, parir o dar a luz), precisamente lo que no cabe entre personas del mismo género. La palabra padre admite calificativo (putativo, adoptivo,…), pero progenitor no tiene más acepción que la indicada. Al tiempo que se le dan patadas al Diccionario también se deroga el latín, y el español y la lógica… Como en la copla de Alvar Gómez: No era inmudable, pues pudo mudar/su ser infecundo a fecundo ser….

Y como comprobado está que la memez se propaga con mucha más facilidad que la gripe aviar, por estos pagos algunos también han declarado la guerra a la Real Academia Española por haber desaconsejado en un reciente informe los desdoblamientos del tipo presidente o presidenta, el diputado o la diputada al ser innecesarios y artificiosos desde el punto de vista lingüístico. Afirma la Real Academia que este empeño en la utilización del desdoblamiento tiene su origen en el desconocimiento del uso genérico del masculino gramatical y en la creencia de que la regla gramatical responde a la dominación histórica del varón sobre la mujer en las sociedades patriarcales. Alguna lumbrera local –muy local- ya ha contestado el informe localizando el problema en la ausencia de composición paritaria en la Academia. ¡Ahí queda eso! Pues nada, que sean consecuentes con sus propias barbaridades e incluyan en el Preámbulo del Estatuto a don Blas Infante como Progenitor A de la patria andaluza.

Huir de Eur(opa)

En política los tiempos son más pausados, más lentos, quizás para justificar la fragilidad de la memoria de sus principales actores y de buena parte de los electores. No hace muchos meses –en política, lustros- un partido se presentó ante el electorado con el lema ´Volvemos a Europa` y buscó con el eslogan contraponer una política indefinida a las aventuras belicistas que atribuyó al oponente. Ganadas las elecciones, el segundo movimiento fue llevarnos a un referéndum para votar –los primeros- un fracasado proyecto de Constitución. El último paso fue mandar a Lisboa un jet para traer a La Moncloa a Durao Barroso y convencerle de que la OPA hostil de Gas Natural a Endesa era un asunto interno que excluía cualquier intervención de la Comisión en el ejercicio de sus facultades en materia de control de concentraciones con dimensión europea.

De forma sorprendente, la Comisión –abierta enemiga de los campeones nacionales- rechazó en su día ejercer las funciones de control y dejó hacer de árbitro a un Gobierno socialista dispuesto a establecer un peligroso monopolio energético en gran parte del territorio español (en la imparable y callada Andalucía, sin ir más lejos). Feliz, muy feliz se las prometía el Gobierno con la OPA hostil fruto de un acuerdo económico derivado de un pacto político –el del Tinell- cuando, de pronto, apareció la competencia de E.ON, el gigante alemán. Quien plantó la semilla para que saliera una criatura a los nueve meses no podía pensar –ni el árbitro consentir- la posibilidad de que la criatura naciera rubia, con ojos azules y diciendo Kartoffel con leve acento bávaro. Por eso, tras la solicitud de ayuda del tripartito entripado, el gobierno que tanto defendió la vuelta a Europa, aquel de l´Espagne vote oui a la libre circulación y la libertad de establecimiento decía no a la OPA extranjera, que sigue siendo más atractiva para el mercado que la cicatera oferta catalana.

Los liberales de la economía de mercado retroceden ahora a la autarquía nacionalista, similar a la que en los cuarenta nos trajo a Evita; quienes criticaban la resistencia italiana a la entrada del BBVA cerraban filas en defensa de la eléctrica española frente a la invasión germánica, y el ministro del ramo quiere derrotar al enemigo con las armas de las normas reguladoras del sector. Cómo estará la tropa que hasta Carod clama por la unidad del mercado español (sic), la misma que el Estatut se carga sin piedad. Guerra de banderas, senyera incluida, en la que se evita analizar las diferencias económicas de las ofertas, precio, forma de pago, venta de activos... En otra época, un joven de Jauja (Córdoba), paisano de Montilla, asaltaba diligencias llenas de viajeros extranjeros en Sierra Morena. Se llamaba José María Hinojosa, pero lo conocían por Tempranillo.

El discurso

28-F, Día de Andalucía. Después de la entrega de las medallas y títulos de hijos predilectos, Chaves se dirige a los presentes utilizando el lenguaje "no sexista" que la Junta quiere imponer a espaldas de la Real Academia. A Helmut Kohl le hicieron una Navidad la faena de retransmitir el discurso navideño del año anterior, pero los espectadores se dieron cuenta. Chaves nos repite este año el mismo discurso que pronuncia desde hace ya lustros, enfangado en la autocomplacencia que justifica la posición de Andalucía a la cola de las regiones de la Europa a 25. Pero quien le escuche por vez primera -el sabio persa recién llegado a nuestra tierra- bien pudiera pensar que no habla de Andalucía, sino de Baviera o de la hanseática ciudad de Hamburgo. ¿Pasará algún día factura este autismo recalcitrante?

La verdad

Citaba a Machado el profesor Vázquez Medel –Presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía- en su reciente conferencia en la Fundación Antares cuando advertía de la necesidad de buscar juntos la Verdad, rechazando así alguna imputación dirigida al organismo regulador que preside relativa a la eventual restricción que el ejercicio de sus funciones pueda suponer a la libertad de expresión. En esto, como en otros muchas cosas, nos movemos por impulso de la febril actividad del legislador autonómico catalán que, adelantándose al marcado carácter intervencionista del Estatuto, establece una prolija regulación del sector audiovisual, incluyendo un no menos peligroso capítulo sancionador que puede llevar a la retirada de la licencia al medio que no respete el siempre difuso principio de veracidad. Como la composición de estos organismos administrativos viene determinada por los partidos, es lógico que entre quienes observamos el discurrir de la actividad política nos asalte la duda de si la verdadera función de estos organismos puede derivar en una censura que suponga, en suma, una restricción a la libertad de expresar libremente los pensamientos, ideas y opiniones. Y dado que el órgano regulador catalán ha puesto ya en su punto de mira a la COPE (incómoda para algunos y no precisamente por faltar a la verdad), la cándida duda se torna en certeza y permite afirmar que este tipo de órganos, convenientemente teledirigidos, pueden dar al traste con los derechos y libertades fundamentales que dicen proteger.

Mi curiosidad después de la conferencia me llevó a realizar un análisis de la situación en algunos de los países miembros de la Unión Europea. Y es cierto que todos los organismos reguladores tienen facultades sancionadoras, pero, por regla general, cuando la actuación de un medio sea contraria a los derechos y libertades fundamentales, la capacidad sancionadora se reserva a los tribunales de Justicia. Así ocurre en Francia con el Conseil Supérieur de l´Audiovisuél y con el ALM alemán. En otros organismos reguladores –la OFCOM británica- el punto de mira no está tanto en la veracidad como en el necesario pluralismo de los medios (una reciente decisión sanciona a la cadena Bloomberg por su falta de imparcialidad en una campaña electoral). Y el órgano regulador italiano -Autoritá per le Garanzie nelle Comunicazioni- centra su actividad en impedir los abusos de posiciones de dominio.

Así las cosas, si el organismo regulador andaluz centra su actividad en devolver a los medios públicos andaluces un pluralismo informativo que nunca han tenido, en impedir abusos de posición de dominio en el mercado o en evitar las ayudas públicas incompatibles a los medios de comunicación primados por la Administración autonómica, no podrá decirse que le falte trabajo.

Abu Dada

Lamento mucho decirlo, pero yo no entiendo el radical cambio de opinión de la Fiscalía del Tribunal Supremo en relación con la sentencia recurrida que condenó a Abu Dada. Afirma ahora la Fiscalía -en un sospechoso cambio de criterio- que respecto de determinados delitos no existen pruebas y que, consecuentemente, pedirán ahora una reducción de la condena para mayor contento del terrorista. ¿A qué responde esta llamativa disparidad de criterio? ¿Por qué unos fiscales de la Audiencia vieron en la conducta del reo motivos suficientes para pedir condenas milenarias y ahora se afirma lo contrario? ¿ Quién teme a Abu Dada?

Definitivamente, hay quien está jugando con fuego por ponerse siempre en manos de terroristas. ¿Se imaginan que Dada insinuara alguna colaboración especial en el 11-M? Pues eso.

Abu Dada

Lamento mucho decirlo, pero yo no entiendo el radical cambio de opinión de la Fiscalía del Tribunal Supremo en relación con la sentencia recurrida que condenó a Abu Dada. Afirma ahora la Fiscalía -en un sospechoso cambio de criterio- que respecto de determinados delitos no existen pruebas y que, consecuentemente, pedirán ahora una reducción de la condena para mayor contento del terrorista. ¿A qué responde esta llamativa disparidad de criterio? ¿Por qué unos fiscales de la Audiencia vieron en la conducta del reo motivos suficientes para pedir condenas milenarias y ahora se afirma lo contrario? ¿ Quién teme a Abu Dada?

Definitivamente, hay quien está jugando con fuego por ponerse siempre en manos de terroristas. ¿Se imaginan que Dada insinuara alguna colaboración especial en el 11-M? Pues eso.