Criminales

Tenía el profesor Navarrete especial predilección por la figura del médico y criminólogo piamontés Cesare Lombroso. La teoría de Lombroso partía de concebir el delito como resultado de tendencias innatas, de origen genético, fácilmente observables en los rasgos físicos de los delincuentes. En sus clases, Navarrete enunciaba las facciones propias de los criminales "nariz, aguileña, barbilla prominente, cejas pobladas, pelo blanco…" y el alumno tomaba nota hasta darse cuenta de que el profesor se estaba describiendo a sí mismo. Dicen los penalistas que la teoría de Lombroso está ampliamente superada, pero las imágenes de los miembros de la ilegal HB desfilando por la Audiencia Nacional parecen confirmar que algo debe quedar todavía de cierto en sus postulados y en su descripción de las asimetrías anatómicas propias que definen a los delincuentes natos.

Verles peregrinar hacia los juzgados es demostrativo del correcto funcionamiento del Estado de Derecho. En cambio, tener ahora que soportar las continuas extorsiones en el marco de lo que en un grave dislate se califica de "proceso de paz" supone un evidente error que mina la fortaleza del sistema democrático. Todo Gobierno está en su derecho, y también en el deber, de poner fin al terrorismo, y la oposición en la obligación de coadyuvar con el Gobierno a la consecución de esa finalidad, siempre y cuando queden bien definidas las ´líneas rojas`, los límites infranqueables del proceso negociador como expresión de la unidad de las fuerzas democráticas. En Zurich, durante el período que Mayor Oreja calificó con acierto de "tregua trampa", los enviados pusieron fin al contacto a partir del momento en que percibieron la firmeza de los terroristas en la reivindicación de sus metas: autodeterminación, liberación de presos y Navarra.

Sin embargo, no se percibe ahora con esa nitidez la deseable unión de los principales partidos políticos ni tampoco la existencia de una firme posición común. Resulta desalentador que las declaraciones relativas al proceso de apertura de negociaciones con una banda que continua armada se produzcan en mítines. Esta importante cuestión no puede reconducirse a actos de partido si se pretende evitar la más mínima sospecha de electoralismo. Con precipitación, desoyendo las advertencias de Sarcozy sobre la inusual actividad de la banda en Francia, se anunció el domingo la apertura de las negociaciones después de que el viernes anterior Otegui manifestara la "extrema gravedad" que afectaba a lo que él denomina ´proceso de paz`, y en esa misma precipitación se incurre cuando los tribunales suspenden la ejecución de una condena firme con informe favorable del Ministerio fiscal basado en la presunta bondad de unas "circunstancias actuales" (sic) que nada bueno auguran.

Bienes tangibles

Decía don Juan de la Rosa –presidente de la Caja de Ahorros de Ronda- que el secreto de la práctica bancaria, la razón última de las operaciones activas y pasivas de crédito, se reducía a un solo principio general: "trincar la tela de golpe y soltarla poquito a poco". Cuentan que con motivo de la quiebra de una institución financiera en los setenta –creo que se trataba de Fidecaya-, asumió don Juan del Banco de España el encargo de restituir a los frustrados inversores parte del capital invertido con cargo a fondos de garantía. De la Rosa instruyó a los cajeros de la entidad para que tranquilizaran a los modestos ahorradores exhibiéndoles un fajo de billetes –siempre el mismo- que podían incluso tocar para convencerse de la realidad de una inversión que consideraban perdida. A continuación, el cajero les convencía para que, con la apertura de la correspondiente cartilla de ahorros en la Caja, pasaran a ser depositantes en una entidad crediticia seria y solvente. Así lo hacían, completándose una operación de captación de clientela digna del genio de don Juan.

Hace cuatro años, la quiebra del Banco Filatélico Español (Banfisa) hizo sonar las alarmas por los evidentes riesgos derivados de inversiones en bienes tangibles que, al no realizarse con entidades financieras ni constituir los sellos valores financieros, no quedan sometidas a las normas de control y fiscalización de los organismos reguladores, ni tampoco a su potestad sancionadora. Por ello, estas inversiones se realizan sin el respaldo del Fondo de Garantía de Depósitos, quedando los particulares en caso de fraude en una orfandad voluntariamente asumida al participar en inversiones de alto riesgo.

Dice ahora don José Blanco en su tradicional mitin dominical, que la culpa del escándalo en el sector filatélico la tiene el Partido Popular por no regularlo mientras gobernó. Obligado es sacar del error al alumno don José, porque la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, de 4 de noviembre de 2003, dedica una Disposición –la Cuarta- a establecer un sistema de protección de la clientela adquirente de sellos, obras de arte y antigüedades, que fue introducida a instancia del PP –con la complacencia del PSOE- durante la tramitación del proyecto de ley en el Senado, imponiendo auditorías, reforzando la información de los clientes y estableciendo un capítulo de sanciones administrativas.

Podrá decirse ahora que la normativa es insuficiente, pero no es menos cierto que la Ley entró en vigor una semana antes de las elecciones del 14 de marzo de 2004 y que, pese a contener una expresa habilitación al Gobierno para desarrollo reglamentario, éste no ha atendido el desarrollo normativo de la materia en el reciente Reglamento de 4 de noviembre de 2005. Como siempre, la casa sin barrer.

La sentencia

“Si el ministro dice que le han pegado, le han pegado y eso no se cuestiona”. La frase –que recuerda a épocas que creía pasadas- parece extraída del guión de La Escopeta Nacional del maestro García Berlanga, y bien podría haberla pronunciado el industrial catalán Canivell –fabricante de porteros automáticos- o el marqués de Leguineche. Pero no; aunque no hubiera desentonado salida de la prominente mandíbula del recordado Luis Escobar o de la boca de Saza, la frase se cita una y otra vez en varios pasajes de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid en el (mal) denominado ´caso Bono`.

La sentencia condena a los funcionarios policiales que intervinieron en los hechos por la comisión de un delito de detención ilegal de dos ciudadanos, miembros de un partido político, que participaron en una manifestación en la que, como la sentencia afirma, no existió agresión alguna al ex ministro. Llama la atención que la sentencia califique esas detenciones como antijurídicas “detenciones de complacencia” o “detenciones mirando al tendido” que, cualquiera que sea su denominación, vinieron a poner de manifiesto una evidente violación de la libertad de dos ciudadanos. Asimismo, condena a los mismos policías por un delito de falsificación de documento público, después de analizar detalladamente las ilegales alteraciones en el atestado policial, convenientemente ahormado para que adquiriera apariencia de mayor fundamento y coartada para unas detenciones arbitrarias, abusivas e ilegales. Por último, a uno de los funcionarios policiales se le condena por un delito de coacciones derivado de la violencia psíquica y amenazas empleadas para con el funcionario policial, su subordinado que, al no percibir actuación delictiva de ningún tipo, se negó a practicar las detenciones ordenadas.

Tuve la oportunidad de pronunciarme sobre los hechos en el artículo publicado en EL MUNDO hace ahora casi un año (El lechero) y celebro que lo que entonces era una mera presunción se haya visto respaldada por una resolución ejemplar. Los más cortos querrán ver en la sentencia sólo un revés político, incurriendo así en un grave error, propio de quienes son incapaces de ver más allá del siempre turbio e interesado debate partidista. Yo advierto en la sentencia la defensa a ultranza –gobierne quien gobierne- de derechos y libertades constitucionales por un tribunal que ha cumplido a rajatabla la función que la Constitución le encomienda en la defensa del Estado de Derecho contra aquellos que, respaldando actuaciones claramente antijurídicas, sólo pretenden un evidente recorte en el sistema de derechos y libertades. Sin perjuicio de las responsabilidades políticas que ahora procedan, la sentencia supone la entrada de aire fresco en un ambiente cada día más cargado.