Contaba el genial Coluche que en una oficina de reclutamiento francesa, un suboficial interrogaba a los futuros reclutas sobre sus cualidades profesionales para asignarles su destino en el ejército. Cuando llegó el turno a uno que afirmó dominar siete lenguas, el suboficial chusquero lo tuvo claro: "Pues a pegar sellos a Capitanía General".
La nueva colección de El MUNDO, Inglés con Vaughan, centra la campaña publicitaria en afirmar que el denominador común de todos los Presidentes del gobierno españoles ha sido, precisamente, el no saber inglés. González, según me contó un diplomático amigo –de estos que son capaces de morderse la lengua en cinco idiomas- tenía facilidad con el francés, que utilizaba de forma inteligente y con el descaro propio de quien no dudaba en colmar las lagunas idiomáticas con la depurada técnica del similiquitruqui, que también para eso la inventó.
El francés de González es parisino si lo comparan con el Rodríguez Zapatero, y eso que el actual presidente es de una generación que tuvo muchas más oportunidades para aprender idiomas. Todavía chirría en la memoria de los diputados franceses la alocución del Presidente español a la Asamblea Nacional, un auténtico despropósito con el que Zapatero, encaramado a la noble tribuna del Palacio Borbón, causó tantos o más estragos que Palafox, cañoneando el idioma francés sin el más mínimo sentido del ridículo ante el estupor de algunos diputados y las abiertas risas de la mayoría. No me extrañaría que en su desconocimiento de idiomas resida una de las claves de su enrocamiento en política nacional y el abandono del interés por las relaciones exteriores, con la cancelación de cumbres para evitar a otros presidentes que tienen la funesta manía de no hablar español.
Suárez ni siquiera lo intentó con el inglés y Aznar tampoco fue la excepción. Debió ser antológico el paseo con Bush por Quintos de Mora, cuando el presidente español hizo un alto en el camino y señalando una montaña en el horizonte, como un jefe de exploradores indio, le dijo al americano: "One mountain". En rueda de prensa durante una visita a Bush en su rancho de Texas, empezó a hablar español con un acento rarísimo en un idioma que, seguro, él creía inglés.
En España los políticos están reñidos con los idiomas y por eso no debe de extrañar que, desde el desprecio a lo que se considera ajeno, se fomente una educación provinciana que discrimina a la lengua española y a cualquier otra que no sea la que la que la clase dominante considera autóctona, en ese afán de que la ignorancia sea seña de identidad de futuras generaciones. Esa misma gauche divine promotora de las ´galescolas` o de inexistentes bilingüismos es la que manda a sus hijos a estudiar inglés a colegios americanos (católicos y privados, por supuesto).
sábado, septiembre 08, 2007
La derecha inoportuna
Tras su derrota en las elecciones generales, la derecha española, en la incómoda oposición, tenía ante sí el gran reto de la unidad en una doble vertiente: unidad en su discurso nacional y en torno a su derrotado líder. Lo primero, el mantenimiento de una sola voz, de un único mensaje en toda España, se ha cumplido de manera decorosa, pese a la amenaza que supuso la introducción por el Gobierno de un insensato debate estatutario, fruto de la más absoluta improvisación, pero que ha producido más estragos en algunas instituciones del Estado y en las filas del partido en el poder que en las menos maltrechas de la oposición. La abrupta salida de Josep Piqué, consecuencia del hartazgo y del inmenso error que supone aplicar en Cataluña una política diseñada en Ávila, no cabe duda de que resta centrismo y autonomía al proyecto popular, déficit que se acrecienta con el inopinado abandono de Jaume Matas, sin que desde Génova se hicieran grandes esfuerzos para que reconsiderara su actitud. Definitivamente, a la dirección popular, castellana y jacobina, se le ha atragantado el debate estatutario, pero, para quien sirva de consuelo, con un menor desgaste que el padecido por sus adversarios unidos alrededor del vergonzante Tinell.
Por lo que respecta a la unidad en torno a Mariano Rajoy, durante este verano la imprudencia e inoportunidad de muchos ha servido para dar munición al enemigo y crear un cierto ambiente de desesperanza. Ruiz Gallardón volvió a pisar terrenos movedizos al reiterar su disposición a formar parte de las listas en las próximas elecciones, una actitud que se ha entendido, con razón, como desprecio a las posibilidades de su jefe de filas más que como leal apoyo. El anuncio no es casual ni inocente: Gallardón –el exceso de inteligencia suele desembocar en soberbia- sabe que quien no esté en el Congreso no podrá participar en las quinielas sucesorias para liderar el partido y actúa con precipitación ante el eventual adelanto de los comicios y, sobre todo, movido por el nerviosismo que le provoca esa actitud deliberadamente ausente de Rodrigo Rato. Cuando le preguntan, Rato no niega la posibilidad del regreso, y eso, en el lenguaje de la política, debe traducirse como un sí.
Pero tan inoportuna e insensata es la actitud de Ruiz Gallardón como la de quienes han aprovechado sus manifestaciones para zurrarle como a una estera. Rajoy no es muy dado a tomar decisiones internas, sabedor de que éstas puedan procurarle enemigos. Pero el espectáculo veraniego, ciertamente lamentable, pone en evidencia su propia capacidad de dirección y le obliga a adoptar, de una vez, las decisiones que prometió el verano del año pasado y que ahora son ya ineludibles para evitar que un partido político corra el riego de convertirse en simple coalición.
Por lo que respecta a la unidad en torno a Mariano Rajoy, durante este verano la imprudencia e inoportunidad de muchos ha servido para dar munición al enemigo y crear un cierto ambiente de desesperanza. Ruiz Gallardón volvió a pisar terrenos movedizos al reiterar su disposición a formar parte de las listas en las próximas elecciones, una actitud que se ha entendido, con razón, como desprecio a las posibilidades de su jefe de filas más que como leal apoyo. El anuncio no es casual ni inocente: Gallardón –el exceso de inteligencia suele desembocar en soberbia- sabe que quien no esté en el Congreso no podrá participar en las quinielas sucesorias para liderar el partido y actúa con precipitación ante el eventual adelanto de los comicios y, sobre todo, movido por el nerviosismo que le provoca esa actitud deliberadamente ausente de Rodrigo Rato. Cuando le preguntan, Rato no niega la posibilidad del regreso, y eso, en el lenguaje de la política, debe traducirse como un sí.
Pero tan inoportuna e insensata es la actitud de Ruiz Gallardón como la de quienes han aprovechado sus manifestaciones para zurrarle como a una estera. Rajoy no es muy dado a tomar decisiones internas, sabedor de que éstas puedan procurarle enemigos. Pero el espectáculo veraniego, ciertamente lamentable, pone en evidencia su propia capacidad de dirección y le obliga a adoptar, de una vez, las decisiones que prometió el verano del año pasado y que ahora son ya ineludibles para evitar que un partido político corra el riego de convertirse en simple coalición.
El templo
"Aquí quería ver yo al conde Lecquio", me dice Juan Luis cuando las gélidas aguas de la muy tarifeña Playa Chica alcanzan su cintura. Tarifa, asediada en estas fechas por un variopinto turismo que va desde los surfistas con poder adquisitivo a los desaliñados rastafaris con perro, que ya no se sabe quién pasea a quién, tiene ese privilegio de poder elegir baño en sus playas de blanca arena fina, hoy en el Mediterráneo, mañana en el Atlántico, salvo cuando sopla el bendito Levante, con el que no se baña ni la mare que lo parió. Dicen los tarifeños viejos que no hace muchos años una buena levantera limpiaba de turistas la zona, pero que hoy ya no se van ni con el viento más fuerte. Ya ven; yo llevo aquí casi veinte años y me considero tarifeño "con expectativas".
Se acaba el verano y la paciencia de veraneantes y nativos. Tarifa es localidad muy deficitaria de infraestructuras, incapaz de absorber a tantos visitantes, pese a la buena voluntad de quienes se esmeran en poner remedio a la invasión, aunque el moderno Guzmán ya no tira cuchillos, sino licencias urbanísticas que amenazan la belleza del paisaje tarifeño. Me consuela pensar que, tal vez, esa falta de infraestructuras sirve ahora de muralla defensiva para preservar su término de más agresiones urbanísticas de las que de por sí se perpetran, pero siempre hay por ahí un plan general diseñado por algún gurú que pone en jaque a la ciudad y a su extenso territorio. Para evadirnos de la agobiante multitud, aprovecho con Juan Luis los "avances informativos" con los que nos obsequiamos a mediodía en "El ombligo", el lugar secreto que recibe su nombre por estar sólo a una cuarta de "El Chozo". Ahí, en su "bin Laden", que así le llama, frente al Estrecho y en el punto más meridional y cercano a la costa tangerina, celebramos nuestros "ejercicios espirituales", que son homenaje a la tertulia y a los productos de Gabriel Castaño, y en un ambiente franciscano intento convencerle de que a mis hijos los llevo a Alemania no sólo para que estudien el idioma sino, sobre todo, para que aprendan a hablar bajito.
Cuando llega la noche, Juan Luis despliega toda su bonhomía en su restaurante, donde lleva más de cuarenta años "dando tumbos" entre sus mesas y, sobre todo, haciendo amigos. Porque su taberna es un templo a la amistad, y allí, Juan Luis –incansable trabajador de la buena mesa- ejerce de sumo sacerdote, haciendo una magia diaria que consiste en convertir al cliente en amigo que prueba su fidelidad regresando al santuario donde sólo están prohibidos el silencio y las malas caras. Para quienes estén a dieta o pretendan reducir colesterol debería colocar el Sabio un aviso en la entrada con el lema del infierno de Dante: lasciate ogni speranza voi ch´intrate.
Se acaba el verano y la paciencia de veraneantes y nativos. Tarifa es localidad muy deficitaria de infraestructuras, incapaz de absorber a tantos visitantes, pese a la buena voluntad de quienes se esmeran en poner remedio a la invasión, aunque el moderno Guzmán ya no tira cuchillos, sino licencias urbanísticas que amenazan la belleza del paisaje tarifeño. Me consuela pensar que, tal vez, esa falta de infraestructuras sirve ahora de muralla defensiva para preservar su término de más agresiones urbanísticas de las que de por sí se perpetran, pero siempre hay por ahí un plan general diseñado por algún gurú que pone en jaque a la ciudad y a su extenso territorio. Para evadirnos de la agobiante multitud, aprovecho con Juan Luis los "avances informativos" con los que nos obsequiamos a mediodía en "El ombligo", el lugar secreto que recibe su nombre por estar sólo a una cuarta de "El Chozo". Ahí, en su "bin Laden", que así le llama, frente al Estrecho y en el punto más meridional y cercano a la costa tangerina, celebramos nuestros "ejercicios espirituales", que son homenaje a la tertulia y a los productos de Gabriel Castaño, y en un ambiente franciscano intento convencerle de que a mis hijos los llevo a Alemania no sólo para que estudien el idioma sino, sobre todo, para que aprendan a hablar bajito.
Cuando llega la noche, Juan Luis despliega toda su bonhomía en su restaurante, donde lleva más de cuarenta años "dando tumbos" entre sus mesas y, sobre todo, haciendo amigos. Porque su taberna es un templo a la amistad, y allí, Juan Luis –incansable trabajador de la buena mesa- ejerce de sumo sacerdote, haciendo una magia diaria que consiste en convertir al cliente en amigo que prueba su fidelidad regresando al santuario donde sólo están prohibidos el silencio y las malas caras. Para quienes estén a dieta o pretendan reducir colesterol debería colocar el Sabio un aviso en la entrada con el lema del infierno de Dante: lasciate ogni speranza voi ch´intrate.
Sombras chinescas
Albert Speer ha presentado a las autoridades chinas un proyecto urbanístico para la ciudad de Pekín que recuerda, y mucho, a la Gran Germania, ese megalómano proyecto que ideó su padre junto a Adolf Hitler para Berlín. Las maquetas que acompañan la crónica de Aritz Parra, aparecida en EL MUNDO del día de ayer, reflejan la enorme similitud entre los dos proyectos, a pesar de la diferencia de más de sesenta años. Los delirantes planes del tirano parece que encuentran hoy acomodo en Pekín y su intérprete es ahora el hijo de quien llegó a afirmar en el Proceso de Nüremberg que si Hitler hubiese querido tener un amigo, lo habría elegido a él.
El simple cotejo de los planes urbanísticos lleva, según Parra, a la sospecha de plagio. Es verdad, y para mayores coincidencias también aquí hay una Olimpiada de por medio. La maqueta de Pekín recuerda a la avenida Unter den Linden, cruzada sólo por un arco del triunfo que evoca a la Puerta de Brandenburgo y finaliza en la imponente cúpula de la nueva estación de tren que guarda un asombroso parecido con el nuevo Reichstag que Hitler y Speer proyectaron en el despacho de la Pariser Platz, justo al lado del Hotel Adlon, a espaldas de la Cancillería construida también por Speer al gusto del propietario de la obra. A ambos lado del ancho boulevard pekinés se advierten enormes espacios libres, abiertos, que recuerdan proyectos de Speer. Uno de esos espacios es la Plaza de Tiananmen, que guarda indudable similitud con el estadio de Nüremberg, aquél en el que se celebraban los más importantes aquelarres nazis inmortalizados por la Riefenstahl.
Cuenta Aritz Parra que el autor del proyecto urbanístico para Pekin es un destacado y prestigioso urbanista alemán "a pesar del estigma familiar". Albert Speer, el sunny boy de Adolf – que así lo llamaba el envidioso Goering- fue el arquitecto del régimen nazi, un juguete en manos de Hitler sobre el que éste proyectaba su frustrada vocación de arquitecto en los largos paseos por el Obersalzberg, donde, ironías de la vida, hoy sólo quedan en pie la casa y el atelier de Speer. La muerte de Todt, iniciada ya la contienda, llevó a Hitler a nombrarle ministro de Armamento, y fue desde en ese puesto donde Speer demostró su indudable habilidad organizativa. Durante el proceso de Nüremberg, Speer pasó a ser sunny boy, pero esta vez de americanos e ingleses, obnubilados por la natural habilidad e inteligencia del personaje. Su alegato final durante el Proceso, con sincero arrepentimiento incluido, es una pieza forense que haría palidecer al mejor abogado y, sin duda, le libró de una muerte segura.
Ninguna culpa tiene el hijo de que coincidan los gustos de los clientes. La historia se repite; esperemos que en esta ocasión se limite la repetición a los proyectos urbanísticos.
El simple cotejo de los planes urbanísticos lleva, según Parra, a la sospecha de plagio. Es verdad, y para mayores coincidencias también aquí hay una Olimpiada de por medio. La maqueta de Pekín recuerda a la avenida Unter den Linden, cruzada sólo por un arco del triunfo que evoca a la Puerta de Brandenburgo y finaliza en la imponente cúpula de la nueva estación de tren que guarda un asombroso parecido con el nuevo Reichstag que Hitler y Speer proyectaron en el despacho de la Pariser Platz, justo al lado del Hotel Adlon, a espaldas de la Cancillería construida también por Speer al gusto del propietario de la obra. A ambos lado del ancho boulevard pekinés se advierten enormes espacios libres, abiertos, que recuerdan proyectos de Speer. Uno de esos espacios es la Plaza de Tiananmen, que guarda indudable similitud con el estadio de Nüremberg, aquél en el que se celebraban los más importantes aquelarres nazis inmortalizados por la Riefenstahl.
Cuenta Aritz Parra que el autor del proyecto urbanístico para Pekin es un destacado y prestigioso urbanista alemán "a pesar del estigma familiar". Albert Speer, el sunny boy de Adolf – que así lo llamaba el envidioso Goering- fue el arquitecto del régimen nazi, un juguete en manos de Hitler sobre el que éste proyectaba su frustrada vocación de arquitecto en los largos paseos por el Obersalzberg, donde, ironías de la vida, hoy sólo quedan en pie la casa y el atelier de Speer. La muerte de Todt, iniciada ya la contienda, llevó a Hitler a nombrarle ministro de Armamento, y fue desde en ese puesto donde Speer demostró su indudable habilidad organizativa. Durante el proceso de Nüremberg, Speer pasó a ser sunny boy, pero esta vez de americanos e ingleses, obnubilados por la natural habilidad e inteligencia del personaje. Su alegato final durante el Proceso, con sincero arrepentimiento incluido, es una pieza forense que haría palidecer al mejor abogado y, sin duda, le libró de una muerte segura.
Ninguna culpa tiene el hijo de que coincidan los gustos de los clientes. La historia se repite; esperemos que en esta ocasión se limite la repetición a los proyectos urbanísticos.
El rencor
En su reciente libro Nixon and Kissinger, Robert Dallek –autor también de una completa biografía de John F. Kennedy- cuenta cómo tras su precipitada salida de la Casa Blanca a causa del affaire Watergate, Richard Nixon fue incapaz de superar un sentimiento de rencor con todo y con todos que proyectó, incluso, sobre los presidentes que le sucedieron en el cargo. Nunca perdonó a Gerald Ford ni tampoco a Ronald Reagan –correligionarios en el Partido Republicano- que prescindieran de los que el propio Nixon consideraba sus valiosos consejos en cuestiones de política exterior. En realidad, todos los presidentes estadounidenses posteriores a Nixon –con la excepción de Clinton- evitaron siempre al apestado Nixon, a quien evitaban invitar hasta a las recepciones de ex presidentes en la Casa Blanca. Nixon –el Presidente que por sus marrullerías pasó a la historia como Tricky Dick (Ricardito el Tramposo)- murió amargado, ahogado en el rencor que le llevó a una incurable depresión dominada por las sombras del Watergate y del impeachment.
En política, el rencor es la enfermedad del político inactivo, retirado, si es que algún político es capaz de asumir esa posición jubilar; a la vista está que a muchos, desde su tremenda soberbia, les debe costar gran esfuerzo. Cuando se está en activo, la patología del político no es tanto el rencor como, directamente, el odio al enemigo, o al adversario, que aquí no procede la diferencia advertida por Churchill. Bettino Craxi (Il Tedesco) murió en su exilio tunecino aquejado de la misma enfermedad que Nixon, perseguido por la justicia italiana, en una patológica animadversión contra quienes consideró culpables de su triste destino como fuori legge, tras ser condenado por corrupción a consecuencia del fenómeno judicial denominado Mani Puliti, que destapó el caso Tangentopolis, nombre con el que se conoció a la ciudad de Milán en una época convulsa por la situación de corrupción política y administrativa.
Leo unas recientes declaraciones de Felipe González en las que el ex Presidente vierte dosis de evidente rencor sobre quien le sucedió en el cargo, la derecha y la Iglesia. De ésta llega a decir que su comportamiento en España es preconciliar, tachando la posición de "regresión integrista"; de sus adversarios políticos afirma que son irresponsables, desmesurados y en proceso de "regresión radical". Durísimas críticas que ponen de manifiesto intolerancia, permanente acidez tras la pérdida de poder. El rencor es, precisamente, patología y a la vez síntoma de la falta del deseable equilibrio, el necesario alejamiento de la vida política diaria, con los que deben dar ejemplo quienes aspiran, desde un innegable talento, a esa condición de hombres de Estado que, a veces, algunos se atribuyen con tanta rapidez como impostura.
En política, el rencor es la enfermedad del político inactivo, retirado, si es que algún político es capaz de asumir esa posición jubilar; a la vista está que a muchos, desde su tremenda soberbia, les debe costar gran esfuerzo. Cuando se está en activo, la patología del político no es tanto el rencor como, directamente, el odio al enemigo, o al adversario, que aquí no procede la diferencia advertida por Churchill. Bettino Craxi (Il Tedesco) murió en su exilio tunecino aquejado de la misma enfermedad que Nixon, perseguido por la justicia italiana, en una patológica animadversión contra quienes consideró culpables de su triste destino como fuori legge, tras ser condenado por corrupción a consecuencia del fenómeno judicial denominado Mani Puliti, que destapó el caso Tangentopolis, nombre con el que se conoció a la ciudad de Milán en una época convulsa por la situación de corrupción política y administrativa.
Leo unas recientes declaraciones de Felipe González en las que el ex Presidente vierte dosis de evidente rencor sobre quien le sucedió en el cargo, la derecha y la Iglesia. De ésta llega a decir que su comportamiento en España es preconciliar, tachando la posición de "regresión integrista"; de sus adversarios políticos afirma que son irresponsables, desmesurados y en proceso de "regresión radical". Durísimas críticas que ponen de manifiesto intolerancia, permanente acidez tras la pérdida de poder. El rencor es, precisamente, patología y a la vez síntoma de la falta del deseable equilibrio, el necesario alejamiento de la vida política diaria, con los que deben dar ejemplo quienes aspiran, desde un innegable talento, a esa condición de hombres de Estado que, a veces, algunos se atribuyen con tanta rapidez como impostura.
Garmisch-Partenkirchen
Asentada en el valle del río Loisach, Garmisch-Partenkirchen es una bellísima localidad alpina bávara rodeada por el imponente decorado de las montañas Alp, Karwendel y el imponente Zugspitze, el pico más alto de Alemania con sus 3.000 metros. Garmisch no tiene el estatus de ciudad; es, conforme a una concesión de origen medieval, mercado (Markt), título que conserva hasta nuestros días y que mantienen con orgullo bávaro sus habitantes. Quizás sea más conocida por una celebración deportiva que tiene lugar cada día de Año Nuevo, los saltos de trampolín, dentro del Torneo de los Cuatro Trampolines, que algunos madrugadores vemos ya como una tradición el primer día del año, justo cuando finaliza el concierto de la Musikverein vienesa.
Garmisch-Partenkirchen fue villa olímpica en 1936, cuando Hitler logró el <> con Berlín como ciudad en la que habían de celebrarse los Juegos de verano. Las instalaciones olímpicas se mantienen intactas, perfectamente conservadas y cuidadas con esmero, como la propia localidad de Garmisch-Partenkirchen, dos pueblos unidos por la decisión del dictador con motivo de la celebración de los Juegos. Sorprende la belleza de sus casas, decoradas sus fachadas con motivos religiosos; la limpieza de sus calles, el orden y seguridad que se respiran sin necesidad de presencia policial directa. No se aprecia ni una sola pintada en sus edificios, ni siquiera carteles publicitarios fuera de los lugares especialmente señalados para ese menester. Sus monumentos aparecen perfectamente conservados; los bustos y estatuas, con sus cabezas intactas, sin el indeseable acompañamiento grafitero; las pequeñas capillas que hacen de Estaciones de Penitencia en el empinado camino que lleva a la Iglesia barroca-rococó de St. Anton, inmaculadamente blancas, sin que los cuadros o motivos religiosos que se encuentran en su interior corran peligro de ser robados o deteriorados por la mano de gamberros. Las paredes de St. Anton están repletas de recuerdos y fotos, a modo de exvotos, de los cientos de jóvenes de la localidad caídos muy lejos de su tierra durante la II Guerra Mundial; estremece pensar que pocos años antes habían asistido con alegría a los Juegos de la Paz que se celebraron en su localidad.
Nadie se atreve a perturbar la memoria de los caídos, como tampoco el sistema republicano impide que hace pocos días se inaugurara un busto del Rey Luis II con el siguiente lema: "el pueblo de Garmisch-Partenkirchen, a su Rey". Pregunto qué Educación para la Ciudadanía se imparte en los colegios e institutos bávaros para procurar este ejemplar equilibrio, y me dicen que aquí no existe esa asignatura. Que la receta se limita a poner en práctica la esencia de la Democracia: el respeto. Así de fácil, y de difícil.
Garmisch-Partenkirchen fue villa olímpica en 1936, cuando Hitler logró el <
Nadie se atreve a perturbar la memoria de los caídos, como tampoco el sistema republicano impide que hace pocos días se inaugurara un busto del Rey Luis II con el siguiente lema: "el pueblo de Garmisch-Partenkirchen, a su Rey". Pregunto qué Educación para la Ciudadanía se imparte en los colegios e institutos bávaros para procurar este ejemplar equilibrio, y me dicen que aquí no existe esa asignatura. Que la receta se limita a poner en práctica la esencia de la Democracia: el respeto. Así de fácil, y de difícil.
Educación y Ciudadanía
Educación y ciudadanía
En ese peligroso totum revolutum que procura la confusión de los conceptos de Estado y Partido, la tentación intervencionista en materia de educación es, para algunos políticos, demasiado grande. La polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía parece responder al producto de ese impulso, al volcar, en determinados aspectos, una indudable carga ideológica con el evidente ánimo de influir en el sector más poroso y por lo tanto, más permeable, de la ciudadanía: los jóvenes.
La primera objeción a esa nueva asignatura que se nos anuncia como obligatoria es la propia de un liberal que rechaza –con excepciones que ahora no vienen al caso- cualquier forma de intervencionismo estatal, y no cabe duda de que la asignatura responde a la voluntad del Estado (¿?) de intervenir en la educación, esta vez, con intención más propia de regímenes que no se corresponden con el nuestro. No conozco en los Estados miembros de la Unión Europea asignatura siquiera parecida a la que ahora se pretende implantar aquí para formar el espíritu ciudadano, siempre desde una perspectiva que no responde a un acuerdo político de los principales partidos.
Ésa es la segunda objeción. Si el Estado, vencido y desarmado el espíritu liberal, tiene la irrefrenable vocación de intervenir con esta asignatura en la formación de los jóvenes, al menos debería haberse dado un consenso entre los partidos mayoritarios sobre su contenido. No se ha hecho así; no se ha querido partir del obligado consenso que inspira la política educativa en otros países, creándose una situación particular de rebeldía entre algunos padres que no dudan en afirmar su (legítima) objeción de conciencia respecto de la asignatura (se olvidan de que la objeción de conciencia es, en España, un derecho reservado a la izquierda).
En su libro La trampa del consenso, Darnstädt criticaba la parálisis del sistema federal alemán por la necesidad de llegar en muchas materias a un obligado consenso. Pero, en muchas ocasiones, el consenso o, cuanto menos, la mayoría reforzada, es muy necesaria para evitar intervenciones que responden a criterios políticos. La educación es una de esas materias sensibles, cuya competencia debía ser exclusivamente estatal, sin perjuicio de las competencias de ejecución de las Comunidades autónomas.
Nosotros cometimos en la Constitución el inmenso error de atribuir esas competencias a las Comunidades autónomas para que éstas hayan terminado ocultando a la OCDE los resultados de la aplicación práctica de sus informes PISA, que colocan al sistema educativo español a la cola de Europa. A los regímenes en los que fallan las matemáticas, la lengua española, la geografía o el prometido bilingüismo, siempre les queda reforzar la ideología.
En ese peligroso totum revolutum que procura la confusión de los conceptos de Estado y Partido, la tentación intervencionista en materia de educación es, para algunos políticos, demasiado grande. La polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía parece responder al producto de ese impulso, al volcar, en determinados aspectos, una indudable carga ideológica con el evidente ánimo de influir en el sector más poroso y por lo tanto, más permeable, de la ciudadanía: los jóvenes.
La primera objeción a esa nueva asignatura que se nos anuncia como obligatoria es la propia de un liberal que rechaza –con excepciones que ahora no vienen al caso- cualquier forma de intervencionismo estatal, y no cabe duda de que la asignatura responde a la voluntad del Estado (¿?) de intervenir en la educación, esta vez, con intención más propia de regímenes que no se corresponden con el nuestro. No conozco en los Estados miembros de la Unión Europea asignatura siquiera parecida a la que ahora se pretende implantar aquí para formar el espíritu ciudadano, siempre desde una perspectiva que no responde a un acuerdo político de los principales partidos.
Ésa es la segunda objeción. Si el Estado, vencido y desarmado el espíritu liberal, tiene la irrefrenable vocación de intervenir con esta asignatura en la formación de los jóvenes, al menos debería haberse dado un consenso entre los partidos mayoritarios sobre su contenido. No se ha hecho así; no se ha querido partir del obligado consenso que inspira la política educativa en otros países, creándose una situación particular de rebeldía entre algunos padres que no dudan en afirmar su (legítima) objeción de conciencia respecto de la asignatura (se olvidan de que la objeción de conciencia es, en España, un derecho reservado a la izquierda).
En su libro La trampa del consenso, Darnstädt criticaba la parálisis del sistema federal alemán por la necesidad de llegar en muchas materias a un obligado consenso. Pero, en muchas ocasiones, el consenso o, cuanto menos, la mayoría reforzada, es muy necesaria para evitar intervenciones que responden a criterios políticos. La educación es una de esas materias sensibles, cuya competencia debía ser exclusivamente estatal, sin perjuicio de las competencias de ejecución de las Comunidades autónomas.
Nosotros cometimos en la Constitución el inmenso error de atribuir esas competencias a las Comunidades autónomas para que éstas hayan terminado ocultando a la OCDE los resultados de la aplicación práctica de sus informes PISA, que colocan al sistema educativo español a la cola de Europa. A los regímenes en los que fallan las matemáticas, la lengua española, la geografía o el prometido bilingüismo, siempre les queda reforzar la ideología.
Diarios y memorias
En sus recién aparecidos Diarios, Ronald Reagan comenta tras su primer encuentro con Felipe González en la Casa Blanca -21 de junio de 1983- que el presidente español es un "joven socialista moderado y pragmático, brillante, inteligente y bien parecido". Durante su segundo encuentro, con motivo de la visita de Reagan a Madrid, convinieron en tutearse y llamarse de "Ron y Felipe", continuando hasta el final de sus mandatos una relación cordial y fluida. Conocida es la virtud del ex presidente español de hacerse con igual rapidez amigo del hombre más rico de la tierra que del más pobre, aunque frecuente más al primero pero, pese a los tiempos que corren, en nada debe sorprender una muy especial relación entre un Jefe de Estado americano y un presidente español socialista. Helmut Kohl, otro conservador, en la segunda parte de sus Memorias, califica a su amigo González de "abogado de la causa reunificadora alemana" (nada más y nada menos) y manifiesta la existencia entre los mandatarios de una relación de confianza recíproca y de amistad poco comunes en el ámbito de la política internacional.
Los elogios, además de los que se deben a las cualidades personales, vienen a reconocer también la aplicación de una política exterior seria. Pero es obligado recordar que al mismo tiempo que el presidente español procuraba la entrada de España en la OTAN y se disponía a recibir al máximo mandatario americano, su vicepresidente, para no estrechar la mano del yankee, cruzaba el telón de acero con destino a la Budapest comunista, aunque algunos dicen que su anfitrión fue Ceacescu (el ex vicepresidente Guerra, en su Dejando atrás los vientos, olvida mencionar la visita de Reagan y el lugar de destino de su visita oficial, que hay episodios que más vale no recordar, sobre todo, tras la caída del muro de Berlín, que tuvo su artífice en Reagan).
La izquierda española siempre ha gustado de tener a mano la contradicción, los dos polos opuestos. En política internacional, de un lado, el apoyo a las relaciones transatlánticas y, de otro, el velado soporte a la dictadura sandinista, el gusto por la sierra y el uniforme verde oliva, la eterna contradicción entre posiciones que son antagónicas. Y, en la política nacional, para mantener ese antagonismo, tan rentable electoralmente, hacía falta Bono y por eso le han llamado. Bono dijo hace pocos meses que se iba con los suyos, pero no "a lo suyo", porque él no posee más que la política y no dispone –ni le interesa- del antídoto para contrarrestar ese veneno. Por eso ha aceptado de inmediato una oferta que refuerza a su partido en las próximas elecciones, pero que esconde una alternativa: la plaza de presidente del Congreso de los Diputados o la de líder de la oposición tras las elecciones generales.
Los elogios, además de los que se deben a las cualidades personales, vienen a reconocer también la aplicación de una política exterior seria. Pero es obligado recordar que al mismo tiempo que el presidente español procuraba la entrada de España en la OTAN y se disponía a recibir al máximo mandatario americano, su vicepresidente, para no estrechar la mano del yankee, cruzaba el telón de acero con destino a la Budapest comunista, aunque algunos dicen que su anfitrión fue Ceacescu (el ex vicepresidente Guerra, en su Dejando atrás los vientos, olvida mencionar la visita de Reagan y el lugar de destino de su visita oficial, que hay episodios que más vale no recordar, sobre todo, tras la caída del muro de Berlín, que tuvo su artífice en Reagan).
La izquierda española siempre ha gustado de tener a mano la contradicción, los dos polos opuestos. En política internacional, de un lado, el apoyo a las relaciones transatlánticas y, de otro, el velado soporte a la dictadura sandinista, el gusto por la sierra y el uniforme verde oliva, la eterna contradicción entre posiciones que son antagónicas. Y, en la política nacional, para mantener ese antagonismo, tan rentable electoralmente, hacía falta Bono y por eso le han llamado. Bono dijo hace pocos meses que se iba con los suyos, pero no "a lo suyo", porque él no posee más que la política y no dispone –ni le interesa- del antídoto para contrarrestar ese veneno. Por eso ha aceptado de inmediato una oferta que refuerza a su partido en las próximas elecciones, pero que esconde una alternativa: la plaza de presidente del Congreso de los Diputados o la de líder de la oposición tras las elecciones generales.
Estado y partido
No se ha hecho pública la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el denominado caso Bono que, según quien le da nombre al affaire, revoca la resolución en su día dictada por la Audiencia Provincial de Madrid condenatoria de tres policías por la comisión de los delitos de detención ilegal, coacciones y falsificación de documento público. Recuerdo la Sentencia de la Audiencia Provincial por su firmeza y claridad en la apreciación de esas conductas delictivas en la actuación de los tres funcionarios con la detención –entonces considerada ilegal- de dos ciudadanos pertenecientes a un partido político (en el fondo, da igual de qué partido se trate, aunque quien da nombre al affaire se afane en confundir un proceso judicial con una contienda futbolística). Ahora, de forma sorpresiva, se afirma revocada la resolución con el dictado de una nueva sentencia absolutoria. Permítanme, que desde la obligada cautela, aventure que la resolución –bienvenida por aquellos que se autodenominan progresistas- pueda suponer una regresión a prácticas propias de regímenes que nada tienen que ver con una democracia.
Los hechos que se consideraron probados bien podían haber motivado el dictado de una nueva resolución que suavizara la contundencia de la primera. Pero no; se ha pasado de un extremo –la afirmación de la existencia de graves delitos- a otro –la corrección y adecuación a Derecho de las conductas que otros togados consideraron constitutivas de ilícitos penales-. ¿Cómo puede explicarse este vaivén judicial?
Difícil respuesta cuando no se dispone del texto de la sentencia revocatoria. Pero, todo proceso en el que subyace un tufo político obliga a recordar ese perverso sistema de cuotas que confiere a los partidos políticos el poder extraordinario de designar a quienes, desde una libertad de criterio, han de encarnar instituciones que ven minada su propia credibilidad cuando sus servidores se alejan de la necesaria independencia. Sólo hace falta recordar cómo ha sido recibida la sentencia por quien, como miembro del Consejo de Estado, olvida que las características de objetividad e independencia que predica la norma respecto del órgano, también le son aplicables a sus componentes.
Los partidos, ante la debilidad y conformismo de la sociedad civil, copan con sus peones las instituciones del Estado y la ciudadanía se resiente por estas malas prácticas. Ayer, un embajador se vanagloriaba públicamente de haber protestado en seis ocasiones ante las autoridades vaticanas por "La Mañana de la COPE" porque, en su opinión, "afecta a las relaciones Iglesia-Estado". No recibió respuesta de quienes, amparados en la sutileza curialesca, se debieron quedar estupefactos por el maltrato que algunos deparan a la libertad de expresión.
Los hechos que se consideraron probados bien podían haber motivado el dictado de una nueva resolución que suavizara la contundencia de la primera. Pero no; se ha pasado de un extremo –la afirmación de la existencia de graves delitos- a otro –la corrección y adecuación a Derecho de las conductas que otros togados consideraron constitutivas de ilícitos penales-. ¿Cómo puede explicarse este vaivén judicial?
Difícil respuesta cuando no se dispone del texto de la sentencia revocatoria. Pero, todo proceso en el que subyace un tufo político obliga a recordar ese perverso sistema de cuotas que confiere a los partidos políticos el poder extraordinario de designar a quienes, desde una libertad de criterio, han de encarnar instituciones que ven minada su propia credibilidad cuando sus servidores se alejan de la necesaria independencia. Sólo hace falta recordar cómo ha sido recibida la sentencia por quien, como miembro del Consejo de Estado, olvida que las características de objetividad e independencia que predica la norma respecto del órgano, también le son aplicables a sus componentes.
Los partidos, ante la debilidad y conformismo de la sociedad civil, copan con sus peones las instituciones del Estado y la ciudadanía se resiente por estas malas prácticas. Ayer, un embajador se vanagloriaba públicamente de haber protestado en seis ocasiones ante las autoridades vaticanas por "La Mañana de la COPE" porque, en su opinión, "afecta a las relaciones Iglesia-Estado". No recibió respuesta de quienes, amparados en la sutileza curialesca, se debieron quedar estupefactos por el maltrato que algunos deparan a la libertad de expresión.
La perversión del lenguaje
Cierta prensa extranjera suele cometer el error de calificar a sanguinarios grupos terroristas como simples facciones separatistas o independentistas, obviando fríamente el reguero de asesinatos cometidos durante décadas. Causa particular indignación advertir cómo un periodismo europeo nada inocente califica a Eta como "basque separatists group", "Baskische Separatisten" o "l´organisation indépendantiste basque", ocultando al lector –al que tampoco le presumo inocencia- que quien utiliza el terror para la consecución de sus fines se denomina, simplemente, terrorista. El no llamar a las cosas por su nombre tiene un evidente peligro, porque la rendición se inicia normalmente con la utilización de términos deliberadamente equivocados. Llamar accidente a un atentado terrorista –como si éste fuera debido a un acto de fuerza mayor, ajeno a la voluntad del hombre- será siempre un síntoma que indica al enemigo la pronta capitulación o, cuanto menos, la extrema debilidad de una posición que nunca debió perder su fortaleza.
Por desgracia, este lenguaje erróneo y por ello, perverso, se reproduce también en la prensa nacional. La muerte de los seis soldados españoles en atentado cometido por un grupo terrorista todavía no identificado quiere hacerse pasar por un ataque cometido por atacantes o agresores, pertenecientes a una milicia, equiparando con la indebida utilización de este término a un grupo terrorista con quienes hicieron el campamento en Montejaque durante su etapa universitaria. No, la milicia refiere siempre al arte de hacer la guerra y estos grupos son, simplemente, terroristas, llámense Hizbollah, Hamas o Fatah al Islam, cortados todos por el mismo sanguinario patrón que comparten quienes en Iraq provocan atentados indiscriminados. El propio presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, califica ahora a Hamas de organización criminal, autora de atrocidades y de haber orquestado desde el terror un sanguinario golpe de estado.
Esa misma prensa que evita calificar de atentados terroristas las continuas agresiones al pueblo iraquí y tacha de insurgentes, rebeldes o sublevados a quienes perpetran crímenes indiscriminados contra una población indefensa, se ve ahora, por esa perversión del lenguaje, en la imposibilidad de llamar terroristas a quienes han asesinado a seis soldados españoles haciendo estallar un coche bomba al paso del vehículo militar. Dicen algunos ahora que los soldados han sido objeto de un atentado, término con el que, por otro lado, se quiere evitar cualquier referencia a la existencia de un conflicto bélico contra el terror que ponga de manifiesto la contradicción consistente en afirmar que las tropas están en misión de paz en un escenario de guerra.
Por desgracia, este lenguaje erróneo y por ello, perverso, se reproduce también en la prensa nacional. La muerte de los seis soldados españoles en atentado cometido por un grupo terrorista todavía no identificado quiere hacerse pasar por un ataque cometido por atacantes o agresores, pertenecientes a una milicia, equiparando con la indebida utilización de este término a un grupo terrorista con quienes hicieron el campamento en Montejaque durante su etapa universitaria. No, la milicia refiere siempre al arte de hacer la guerra y estos grupos son, simplemente, terroristas, llámense Hizbollah, Hamas o Fatah al Islam, cortados todos por el mismo sanguinario patrón que comparten quienes en Iraq provocan atentados indiscriminados. El propio presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, califica ahora a Hamas de organización criminal, autora de atrocidades y de haber orquestado desde el terror un sanguinario golpe de estado.
Esa misma prensa que evita calificar de atentados terroristas las continuas agresiones al pueblo iraquí y tacha de insurgentes, rebeldes o sublevados a quienes perpetran crímenes indiscriminados contra una población indefensa, se ve ahora, por esa perversión del lenguaje, en la imposibilidad de llamar terroristas a quienes han asesinado a seis soldados españoles haciendo estallar un coche bomba al paso del vehículo militar. Dicen algunos ahora que los soldados han sido objeto de un atentado, término con el que, por otro lado, se quiere evitar cualquier referencia a la existencia de un conflicto bélico contra el terror que ponga de manifiesto la contradicción consistente en afirmar que las tropas están en misión de paz en un escenario de guerra.
Watchlist
El joven stagiaire español en Naciones Unidas se dispone a iniciar su paseo por Viena una gélida tarde de febrero del año 1987. Enfila la Kärtner hasta la esquina del Sacher y continúa su camino a espaldas de la Opera. Cuando llega a la Augustiner, como siguiendo un ritual, mira primero a la escalinata de la Albertinaplatz y se imagina allí la figura de Orson Wells bajándola desconfiado antes de caer en la trampa que Joe Cotten, Alida Valli y Trevor Howard le han tendido en el Mozart Café. Recreando la escena de El tercer hombre llega a las puertas del Hofburg con la intención de acercarse a los jardines del Heldenplatz, pero un revuelo de focos y flashes a las puertas del Palacio le llama la atención y cambia de rumbo. Cuando se acerca a la muchedumbre divisa de inmediato la figura enjuta de Kurt Waldheim, el Presidente de la República que a las puertas de su Palacio improvisa una rueda de prensa para ofrecer su opinión sobre el informe de una Comisión internacional de historiadores acerca de su participación en organizaciones nazis durante la Guerra.
La Comisión internacional puso de manifiesto que el joven soldado que se licenció con el grado de teniente no tuvo participación personal alguna en crímenes de guerra. Pero el daño por el denominado affaire Waldheim ya estaba hecho, avivado sobre todo por el icono de la progresía izquierdista europea, Günter Grass, el mismo que recientemente se vio obligado a confesar su voluntario alistamiento en la Waffen-SS, después de haber perseguido con inmoral contumacia a decenas de figuras públicas por su pasado nazi, en su mayoría obligados a participar en la contienda. A la vista está que es Grass el único que hoy sigue marcando el paso de la oca.
Austria pagaría durante el mandato de Waldheim una primera situación de bloqueo diplomático sólo rota con las visitas de su Presidente a algunos países árabes y el éxito de la liberación de los rehenes europeos que el Sadam de la primera guerra del Golfo retenía en su poder. Pero, ¿por qué la terrible campaña de persecución a Waldheim?
La respuesta está vinculada a determinadas actuaciones durante su larga etapa como Secretario General de la ONU (1972-1981): primero, criticó los bombardeos norteamericanos en Vietnam, granjeándose su enemistad; después, el Estado de Israel censuró sin piedad la intervención de Waldheim durante la guerra del Yom-Kippur y no le perdonó nunca que le diera la palabra a Arafat en la Asamblea General. En 1986, poco antes de iniciar su campaña a la Presidencia de la República, el Congreso Judío Mundial solicitaba a las autoridades norteamericanas la inclusión de Waldheim en su lista negra, la temida Watchlist. Hoy, EEUU e Israel apoyan abiertamente a Al-Fatah en la guerra civil palestina, pero para Waldheim ya es demasiado tarde.
La Comisión internacional puso de manifiesto que el joven soldado que se licenció con el grado de teniente no tuvo participación personal alguna en crímenes de guerra. Pero el daño por el denominado affaire Waldheim ya estaba hecho, avivado sobre todo por el icono de la progresía izquierdista europea, Günter Grass, el mismo que recientemente se vio obligado a confesar su voluntario alistamiento en la Waffen-SS, después de haber perseguido con inmoral contumacia a decenas de figuras públicas por su pasado nazi, en su mayoría obligados a participar en la contienda. A la vista está que es Grass el único que hoy sigue marcando el paso de la oca.
Austria pagaría durante el mandato de Waldheim una primera situación de bloqueo diplomático sólo rota con las visitas de su Presidente a algunos países árabes y el éxito de la liberación de los rehenes europeos que el Sadam de la primera guerra del Golfo retenía en su poder. Pero, ¿por qué la terrible campaña de persecución a Waldheim?
La respuesta está vinculada a determinadas actuaciones durante su larga etapa como Secretario General de la ONU (1972-1981): primero, criticó los bombardeos norteamericanos en Vietnam, granjeándose su enemistad; después, el Estado de Israel censuró sin piedad la intervención de Waldheim durante la guerra del Yom-Kippur y no le perdonó nunca que le diera la palabra a Arafat en la Asamblea General. En 1986, poco antes de iniciar su campaña a la Presidencia de la República, el Congreso Judío Mundial solicitaba a las autoridades norteamericanas la inclusión de Waldheim en su lista negra, la temida Watchlist. Hoy, EEUU e Israel apoyan abiertamente a Al-Fatah en la guerra civil palestina, pero para Waldheim ya es demasiado tarde.
Paletismo colectivo
Asegura la crónica de Daniel Utrilla, enviado especial de EL MUNDO a Yakutsk, que el entrenador de la selección "nacional" catalana, apellidado Fernández, insultaba al equipo arbitral en perfecto español. Las selecciones de fútbol sala amateur de Cataluña y España se han enfrentado en un cutre pabellón polideportivo ante 200 espectadores de ojos achinados que escucharon impertérritos Els Segadors –que sí tiene letra, y muy cursi- y el God save the Queen británico en honor de esa pseudo-selección española compuesta por un grupito de amigos con un raro sentido de la vergüenza. El himno británico fue lo más serio de un espectáculo que daría para varias comedias, pero que, en realidad, encierra una grotesca función no exenta de elementos propios de una tragedia.
El triste espectáculo me recordó la carta que Francesc Cambó dirigió a Josep Plá desde su exilio parisino a los pocos días de que Maciá, aciago personaje, proclamara la república catalana después de entrar con sus amigos, a gatas y por una ventana, en el Palacio de la Generalidad, en una escena lamentable que Plá describe con maestría en un artículo publicado el 25 de abril de 1931 en El Noticiero Sevillano. "Se trata", decía Cambó en esa carta al describir el comportamiento de Maciá, de un "espectáculo de paletismo colectivo, un acto carnavalesco capaz de enternecer y entusiasmar a nuestro amigos". La proclamada república catalana –con nombramiento de ministro de Defensa incluída- duró algo menos de diez horas, tiempo sin embargo suficiente para que en 1934 Lluís Companys, alzándose esta vez en acto golpista contra la República, proclamara en otra actuación propia de carnestolendas el "Estado catalán de la República Federal española".
Será mi ascendencia alemana, pero yo no me imagino a una selección nacional de Baviera haciendo el ridículo en la península de Kamchatka jugando un partido de futbito con la selección de la República Federal. Claro está que los alemanes, en su sistema federal siempre imperfecto, con esa necesidad de consenso tan criticada por sus efectos paralizantes, cuentan con un principio en su Ley Fundamental que les prohíbe cometer actuaciones que aquí se quieren consolidar sobre la base de convertirlos en peligrosa costumbre. Se trata del principio de lealtad entre los Länder y el Bund, la denominada Treue o fidelidad en las recíprocas relaciones.
No hace mucho asistimos en Portugal a un acto de pederastia política cuando los responsables de un equipo infantil de fútbol de Cataluña no pemitieron salir al campo a los niños cuando sonaba el himno de España. Ahora, se fomenta otro espectáculo lamentable propiciado por palurdos e iletrados bilingües con el beneplácito de un Gobierno al que Yakutia le pilla, al parecer, muy lejos.
El triste espectáculo me recordó la carta que Francesc Cambó dirigió a Josep Plá desde su exilio parisino a los pocos días de que Maciá, aciago personaje, proclamara la república catalana después de entrar con sus amigos, a gatas y por una ventana, en el Palacio de la Generalidad, en una escena lamentable que Plá describe con maestría en un artículo publicado el 25 de abril de 1931 en El Noticiero Sevillano. "Se trata", decía Cambó en esa carta al describir el comportamiento de Maciá, de un "espectáculo de paletismo colectivo, un acto carnavalesco capaz de enternecer y entusiasmar a nuestro amigos". La proclamada república catalana –con nombramiento de ministro de Defensa incluída- duró algo menos de diez horas, tiempo sin embargo suficiente para que en 1934 Lluís Companys, alzándose esta vez en acto golpista contra la República, proclamara en otra actuación propia de carnestolendas el "Estado catalán de la República Federal española".
Será mi ascendencia alemana, pero yo no me imagino a una selección nacional de Baviera haciendo el ridículo en la península de Kamchatka jugando un partido de futbito con la selección de la República Federal. Claro está que los alemanes, en su sistema federal siempre imperfecto, con esa necesidad de consenso tan criticada por sus efectos paralizantes, cuentan con un principio en su Ley Fundamental que les prohíbe cometer actuaciones que aquí se quieren consolidar sobre la base de convertirlos en peligrosa costumbre. Se trata del principio de lealtad entre los Länder y el Bund, la denominada Treue o fidelidad en las recíprocas relaciones.
No hace mucho asistimos en Portugal a un acto de pederastia política cuando los responsables de un equipo infantil de fútbol de Cataluña no pemitieron salir al campo a los niños cuando sonaba el himno de España. Ahora, se fomenta otro espectáculo lamentable propiciado por palurdos e iletrados bilingües con el beneplácito de un Gobierno al que Yakutia le pilla, al parecer, muy lejos.
Prácticas de tiro
El encapuchado, con uniforme negro, se acerca con sigilo a la diana portando un arma corta en su mano derecha. Cuando está a menos de un metro del objetivo, apunta a su fácil presa y dispara. Inmediatamente, con leve inclinación de rodillas encañona la diana que se encuentra en el suelo y remata a su víctima con la sofocante música de fondo de una txalaparta. Las imágenes emitidas por televisión hace muy pocos días de los gudaris de ETA –cobardes asesinos- obligaban a plantearse por enésima vez la oportunidad de un mal denominado ´proceso de paz` y de negociación entre un cándido Gobierno y una banda terrorista que no conoce más procesos que los que conducen por la violencia a la claudicación del Estado.
ETA ha roto lo que denominó con sarcasmo ´alto el fuego permanente` (permanentemente violado, sin más respuesta por el Gobierno que una actitud laxa, de simulada prudencia que, a veces, por su indulgencia, aparentaba sumisión). No será por no haberlo advertido, pero lo verdaderamente reprochable en este ´proceso` ha sido la continua voluntad del Gobierno de orillar al principal partido de la oposición, pretendiendo situarlo en una ignominiosa posición de equidistancia con Batasuna. La <> han sido continuamente equiparadas en ánimo y voluntad por quien antes actuaba con la osadía propia del iluminado y ahora comparece ante los medios con gesto sombrío, descompuesto, como el torero desarmado, pidiendo el apoyo exterior cuando en la última cumbre franco-española prescindió de la presencia de los ministros de Interior y solicitando apoyo unánime cuando ha roto el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo en el vano intento de ahormar el Estado de Derecho para satisfacer algunas de las exigencias de la banda.
Jamás conseguiré entender cómo un Gobierno, cualquier Gobierno, puede embarcarse en un proceso negociador con una organización terrorista sin el imprescindible apoyo del principal partido de la oposición. En Zurich, cuando la penúltima ´tregua` de un proceso iniciado entonces por el PNV, los representantes del Gobierno se levantaron de la mesa al confirmar que la posición de ETA pasaba por exigir la conocida tríada: autodeterminación, amnistía y Navarra. De entonces a ahora, la posición de los terroristas no se ha movido un ápice. Estábamos, como en la anterior ocasión, ante una ´tregua trampa`, en la certera expresión acuñada por Mayor Oreja, que ha servido para reforzar a una organización terrorista que ha vuelto a las instituciones, pero que estaba contra las cuerdas por la decidida y uniforme actuación de todos los partidos democráticos.
A ese consenso debe volverse cuanto antes para recuperar el tiempo perdido, no sin exigir responsabilidades a quienes nos han llevado por el camino equivocado.
ETA ha roto lo que denominó con sarcasmo ´alto el fuego permanente` (permanentemente violado, sin más respuesta por el Gobierno que una actitud laxa, de simulada prudencia que, a veces, por su indulgencia, aparentaba sumisión). No será por no haberlo advertido, pero lo verdaderamente reprochable en este ´proceso` ha sido la continua voluntad del Gobierno de orillar al principal partido de la oposición, pretendiendo situarlo en una ignominiosa posición de equidistancia con Batasuna. La <
Jamás conseguiré entender cómo un Gobierno, cualquier Gobierno, puede embarcarse en un proceso negociador con una organización terrorista sin el imprescindible apoyo del principal partido de la oposición. En Zurich, cuando la penúltima ´tregua` de un proceso iniciado entonces por el PNV, los representantes del Gobierno se levantaron de la mesa al confirmar que la posición de ETA pasaba por exigir la conocida tríada: autodeterminación, amnistía y Navarra. De entonces a ahora, la posición de los terroristas no se ha movido un ápice. Estábamos, como en la anterior ocasión, ante una ´tregua trampa`, en la certera expresión acuñada por Mayor Oreja, que ha servido para reforzar a una organización terrorista que ha vuelto a las instituciones, pero que estaba contra las cuerdas por la decidida y uniforme actuación de todos los partidos democráticos.
A ese consenso debe volverse cuanto antes para recuperar el tiempo perdido, no sin exigir responsabilidades a quienes nos han llevado por el camino equivocado.
El honor
En la sección de obituarios de EL MUNDO de ayer aparecía la noticia del suicidio del ministro japonés de Agricultura, Toshikatsu Matsuoka, involucrado, al parecer, en un escándalo de corrupción que afectaba al Partido Liberal Democrático de Japón. Se afirmaba en la crónica que el ministro puso fin a su vida justo ante de comparecer ante el Parlamento donde debía dar cuenta de determinadas donaciones por importe de 80.000€, recibidas de constructoras que resultaron adjudicatarias de concursos públicos. Mi amigo Álvaro me comentó al conocer la noticia del ahorcamiento del ministro japonés que si los políticos se aplicaran aquí los mismos principios éticos que en Japón faltaría cuerda.
El conocimiento de los resultados electorales de las municipales y la reelección en el cargo de determinados personajes envueltos en turbios escándalos me lleva a la conclusión de que en la todavía joven democracia española se echa en falta la madurez y exigencia de rigor que otros países de nuestro entorno europeo aplican a sus políticos. Las promesas electorales sistemáticamente incumplidas durante el período de gobierno; la administración desordenada de los bienes públicos con casos de "convolutos" o de facturas no justificadas, la transgresión de la ley –ya sea la urbanística, la contable o cualquier otra- el incumplimiento, en suma, de los deberes que se imponen a los regidores públicos, serían causa más que suficiente para que en esas democracias consolidadas quien recibió el apoyo pero no cumplió durante el mandato quedara definitivamente apartado de la vida política. Un buen amigo alemán, que me prodiga sus llamadas durante el período electoral para que le cuente anécdotas de la campaña, no sale de su asombro cuando le relato los sorteos de viviendas o de dormitorios de caoba entre los asistentes a los mítines. Ésos, me asegura, no durarían en la política alemana ni un cuarto de hora, como tampoco están allí acostumbrados al insulto entre candidatos o a ásperas campañas electorales en las que no se debatan soluciones a los problemas.
Pero aquí no; aquí, en determinados casos, parece que no hay mejor campaña electoral para asegurar mayorías absolutas que una sentencia firme condenatoria de quien presenta su candidatura; que una inhabilitación para el ejercicio de cargo público seguido de un más que bondadoso –y vergonzante- indulto que viene a proclamar la impunidad de la conducta delictiva, o una bronca con la Benemérita a cuenta de un control de alcoholemia con sanción administrativa incluida. En muchos casos nada parece llamar la atención de unos electores que elección tras elección manifiestan su preferencia por el mismo candidato o los mismos colores, como el hincha muestra invariablemente su predilección por su equipo de fútbol.
El conocimiento de los resultados electorales de las municipales y la reelección en el cargo de determinados personajes envueltos en turbios escándalos me lleva a la conclusión de que en la todavía joven democracia española se echa en falta la madurez y exigencia de rigor que otros países de nuestro entorno europeo aplican a sus políticos. Las promesas electorales sistemáticamente incumplidas durante el período de gobierno; la administración desordenada de los bienes públicos con casos de "convolutos" o de facturas no justificadas, la transgresión de la ley –ya sea la urbanística, la contable o cualquier otra- el incumplimiento, en suma, de los deberes que se imponen a los regidores públicos, serían causa más que suficiente para que en esas democracias consolidadas quien recibió el apoyo pero no cumplió durante el mandato quedara definitivamente apartado de la vida política. Un buen amigo alemán, que me prodiga sus llamadas durante el período electoral para que le cuente anécdotas de la campaña, no sale de su asombro cuando le relato los sorteos de viviendas o de dormitorios de caoba entre los asistentes a los mítines. Ésos, me asegura, no durarían en la política alemana ni un cuarto de hora, como tampoco están allí acostumbrados al insulto entre candidatos o a ásperas campañas electorales en las que no se debatan soluciones a los problemas.
Pero aquí no; aquí, en determinados casos, parece que no hay mejor campaña electoral para asegurar mayorías absolutas que una sentencia firme condenatoria de quien presenta su candidatura; que una inhabilitación para el ejercicio de cargo público seguido de un más que bondadoso –y vergonzante- indulto que viene a proclamar la impunidad de la conducta delictiva, o una bronca con la Benemérita a cuenta de un control de alcoholemia con sanción administrativa incluida. En muchos casos nada parece llamar la atención de unos electores que elección tras elección manifiestan su preferencia por el mismo candidato o los mismos colores, como el hincha muestra invariablemente su predilección por su equipo de fútbol.
La fidelidad del bígamo
La fidelidad del bígamo
En su discurso pronunciado el 13 de mayo de 1932 en las Cortes Constituyentes bajo la presidencia de Besteiro, Ortega y Gasset afirmó que el problema catalán no se podía resolver, sólo se podía conllevar. Tanta razón tenía Ortega en su afirmación que, en lo esencial, su disertación ante las Cortes podría haber sido repetida con puntuales cambios hace escasas fechas en el Congreso durante el proceso de elaboración de un Estatuto catalán que se nos presentó como la fórmula idónea para conllevar el problema durante "dos o tres décadas" (Rodríguez Zapatero dixit), pero que se ha demostrado superado por las circunstancias a las pocas semanas de su aprobación. El Tribunal Constitucional tiene pendiente de resolver el recurso interpuesto contra el Estatuto, entre otros, por el Partido Popular, pero ha advertido en reciente sentencia que ni la financiación ni las guadianescas deudas históricas pueden ser, como el tango, cosa de dos, rompiendo así el envenenado juego de la bilateralidad que proclama, no sin inconstitucional egoismo, la norma autonómica recurrida.
Serán los pregonados tijeretazos del Tribunal Constitucional al Estatuto catalán en un vano intento de volver constitucional un texto que los recurrentes consideran norma de cobertura para perpetrar el fraude de ley consistente en violar la Constitución, o tal vez sean las continuas veleidades de un partido político antisistema –ERC- que algunos creyeron, en evidente error, que con el anzuelo de un Estatuto inconstitucional iba a someterse al ordenamiento de un Estado al que aborrece, lo cierto es que una u otra causa han producido el efecto de llevar a un tal Vendrell –mandado de Carod y Puigcercos- a ofrecer a CiU la presidencia de la Generalitat a cambio, nada más y nada menos, que de la convocatoria de un referéndum de autodeterminación.
Abiertos con temeridad el "melón" del modelo de Estado y con imprudencia un "proceso de paz" que enmascara una turbia negociación de la que nada se sabe, pero en la que se impone confianza ciega e inquebrantable adhesión sopena de recibir el calificativo de falangista, es evidente que entre los radicales se ha acelerado la carrera hacia la meta del abismo. Mirará ahora el despechado Montilla con estupor la tropa que tiene de aliado, el bígamo que, hecha la oferta a tercero, le quiere convencer de su fidelidad; se pensarán los convergentes la envenenada propuesta de referéndum de autodeterminación a cambio del cromo de la presidencia en ese puro exhibicionismo de a ver quién lo tiene más grande (el nacionalismo independentista) y mirarán en Madrid para otro lado. Pero aquí todavía no ha dicho nadie que ese referéndum de autodeterminación es absolutamente inconstitucional y, por lo tanto, ilegal por sus cuatro costados.
En su discurso pronunciado el 13 de mayo de 1932 en las Cortes Constituyentes bajo la presidencia de Besteiro, Ortega y Gasset afirmó que el problema catalán no se podía resolver, sólo se podía conllevar. Tanta razón tenía Ortega en su afirmación que, en lo esencial, su disertación ante las Cortes podría haber sido repetida con puntuales cambios hace escasas fechas en el Congreso durante el proceso de elaboración de un Estatuto catalán que se nos presentó como la fórmula idónea para conllevar el problema durante "dos o tres décadas" (Rodríguez Zapatero dixit), pero que se ha demostrado superado por las circunstancias a las pocas semanas de su aprobación. El Tribunal Constitucional tiene pendiente de resolver el recurso interpuesto contra el Estatuto, entre otros, por el Partido Popular, pero ha advertido en reciente sentencia que ni la financiación ni las guadianescas deudas históricas pueden ser, como el tango, cosa de dos, rompiendo así el envenenado juego de la bilateralidad que proclama, no sin inconstitucional egoismo, la norma autonómica recurrida.
Serán los pregonados tijeretazos del Tribunal Constitucional al Estatuto catalán en un vano intento de volver constitucional un texto que los recurrentes consideran norma de cobertura para perpetrar el fraude de ley consistente en violar la Constitución, o tal vez sean las continuas veleidades de un partido político antisistema –ERC- que algunos creyeron, en evidente error, que con el anzuelo de un Estatuto inconstitucional iba a someterse al ordenamiento de un Estado al que aborrece, lo cierto es que una u otra causa han producido el efecto de llevar a un tal Vendrell –mandado de Carod y Puigcercos- a ofrecer a CiU la presidencia de la Generalitat a cambio, nada más y nada menos, que de la convocatoria de un referéndum de autodeterminación.
Abiertos con temeridad el "melón" del modelo de Estado y con imprudencia un "proceso de paz" que enmascara una turbia negociación de la que nada se sabe, pero en la que se impone confianza ciega e inquebrantable adhesión sopena de recibir el calificativo de falangista, es evidente que entre los radicales se ha acelerado la carrera hacia la meta del abismo. Mirará ahora el despechado Montilla con estupor la tropa que tiene de aliado, el bígamo que, hecha la oferta a tercero, le quiere convencer de su fidelidad; se pensarán los convergentes la envenenada propuesta de referéndum de autodeterminación a cambio del cromo de la presidencia en ese puro exhibicionismo de a ver quién lo tiene más grande (el nacionalismo independentista) y mirarán en Madrid para otro lado. Pero aquí todavía no ha dicho nadie que ese referéndum de autodeterminación es absolutamente inconstitucional y, por lo tanto, ilegal por sus cuatro costados.
Igualdad
La Ley, en una definición tradicional e inobjetada, es el mandato impuesto por quien para ello tiene autoridad y poder. Su condición de mandato refuerza el contenido imperativo de la norma dictada por la autoridad: Autoritas, non veritas facit legem. Los viejos apuntes de la Facultad recogen la definición de Sánchez Román: "La Ley es regla de conducta justa, obligatoria, dictada por legítimo poder y de observancia y beneficio común".
La Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres está pendiente de publicación en el Boletín Oficial del Estado, después de haber sido aprobada en el Congreso por todos los partidos políticos, excepto el Partido Popular, que se abstuvo. Es una Ley ad portas que, como no podía ser de otra forma, está en sintonía con la política social trazada por el legislador con evidente ánimo electoral y que responde, como en otras ocasiones, al castizo dicho de "mucho ruido y pocas nueces". El ruido de los aplausos de supuestas feministas que no se han leído la Ley o de los flashes a la salida del Congreso de los Diputados me reafirman en la convicción de que la norma rezuma populismo en estado puro.
Porque la Ley de Igualdad se aparta en su farragoso texto de su condición de mandato para convertirse en una norma voluntariosa. No estamos ante la imposición de reglas de conducta, sino ante meros deseos que convierten el texto legal en simple capítulo de propósitos o intenciones. A esa conclusión debe llegarse si, analizando su texto, advertimos que la efectividad de la igualdad que se pretende afianzar mediante esta norma queda siempre a criterio de su destinatario: "Las sociedades … procurarán incluir en su Consejo de Administración un número de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en un plazo de ocho años a partir de la entra en vigor de la Ley". Procurarán es término que no implica obligación; no estamos ante un mandato o regla de conducta impuesta, sino ante la expresión de un deseo, de una simple voluntad o desiderátum sin contenido ni efectos obligatorios. En otros pasajes de la norma se reiteran estos términos voluntariosos, pero no vinculantes: fomentarán, intentarán, promoverán, favorecerán, expresiones que convierten el texto normativo en un brindis al sol.
Por supuesto, la Ley prohíbe lo que denomina "lenguaje sexista", infringiendo para ello otras leyes: las gramaticales. Adviertan esta perla con la que el legislador cocea el Diccionario:"La realización de estas acciones podrá ser concertada con la representación de los trabajadores y las trabajadoras, y las organizaciones de consumidores y consumidoras y usuarios y usuarias". Hay quien cree que el redactor (o redactora) del Preámbulo del Estatuto andaluz ha intervenido en la redacción de la Ley de Igualdad.
La Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres está pendiente de publicación en el Boletín Oficial del Estado, después de haber sido aprobada en el Congreso por todos los partidos políticos, excepto el Partido Popular, que se abstuvo. Es una Ley ad portas que, como no podía ser de otra forma, está en sintonía con la política social trazada por el legislador con evidente ánimo electoral y que responde, como en otras ocasiones, al castizo dicho de "mucho ruido y pocas nueces". El ruido de los aplausos de supuestas feministas que no se han leído la Ley o de los flashes a la salida del Congreso de los Diputados me reafirman en la convicción de que la norma rezuma populismo en estado puro.
Porque la Ley de Igualdad se aparta en su farragoso texto de su condición de mandato para convertirse en una norma voluntariosa. No estamos ante la imposición de reglas de conducta, sino ante meros deseos que convierten el texto legal en simple capítulo de propósitos o intenciones. A esa conclusión debe llegarse si, analizando su texto, advertimos que la efectividad de la igualdad que se pretende afianzar mediante esta norma queda siempre a criterio de su destinatario: "Las sociedades … procurarán incluir en su Consejo de Administración un número de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en un plazo de ocho años a partir de la entra en vigor de la Ley". Procurarán es término que no implica obligación; no estamos ante un mandato o regla de conducta impuesta, sino ante la expresión de un deseo, de una simple voluntad o desiderátum sin contenido ni efectos obligatorios. En otros pasajes de la norma se reiteran estos términos voluntariosos, pero no vinculantes: fomentarán, intentarán, promoverán, favorecerán, expresiones que convierten el texto normativo en un brindis al sol.
Por supuesto, la Ley prohíbe lo que denomina "lenguaje sexista", infringiendo para ello otras leyes: las gramaticales. Adviertan esta perla con la que el legislador cocea el Diccionario:"La realización de estas acciones podrá ser concertada con la representación de los trabajadores y las trabajadoras, y las organizaciones de consumidores y consumidoras y usuarios y usuarias". Hay quien cree que el redactor (o redactora) del Preámbulo del Estatuto andaluz ha intervenido en la redacción de la Ley de Igualdad.
Y ahora, Navarra
Dicen los teóricos de la cosa pública que son tres las cuestiones que requieren en el complejo mundo de la política un acuerdo de principios entre los partidos que las sustraiga de los vaivenes propios de las disputas partidistas: la acción exterior, la política antiterrorista y el modelo de Estado. Estas tres materias deben estar delimitadas por fronteras infranqueables que, permitiendo margen de actuación al Gobierno de turno, eviten los bruscos movimientos derivados de inexplicables bandazos o derrotas vinculadas a los resultados electorales.
En España nunca ha existido un política exterior común, entendida ésta como producto de un acuerdo de bases entre los partidos mayoritarios que abarcara las cuestiones sensibles de las relaciones exteriores del Estado. La acción exterior no ha tenido más coherencia que la derivada del periodo de duración de cada partido en el Gobierno, sin que pueda hablarse en nuestro caso –a diferencia de lo que acaece en el Reino Unido, Alemania o Francia- de unas "líneas rojas" que representen acuerdos de base sobre materias sensibles –dominadas por la raison d´Etat- adoptados por los partidos con aspiración de gobierno. La inexistencia de esos acuerdos de principios en política exterior ha debilitado sensiblemente la posición española en el tablero internacional. Ahí tienen, como último ejemplo de esta falta de vigor, el anuncio argelino del incremento del precio del gas en un veinte por ciento.
En política antiterrorista, en cambio, si hubo acuerdo entre los principales partidos, pero hoy bien parece que hecho el Pacto por las libertades y contra el terrorismo, hecha la trampa. Hoy ya no existe el Pacto; me atrevería a decir que no existe ni siquiera política antiterrorista por haberse transformado ésta en un oscuro proceso de negociación para el que el Gobierno exige, sin contrapartida alguna, una obediencia y fidelidad ciegas a la oposición, al tiempo que le mantiene en el más absoluto ostracismo. No puede este Gobierno, ni ningún Gobierno, reclamar en esta cuestión cheques en blanco ni inquebrantables adhesiones sin haber pactado previamente los límites de un proceso que está demostrando estar regido por la más absoluta improvisación.
"Y ahora, Navarra", ha dicho Otegui tras la excarcelación del asesino sin recibir del Gobierno una respuesta tajante a esta anexión, a este Anschluss en el que Hitler aparece cubierto con la capucha de los asesinos. No valen esas huecas respuestas con el estribillo de que "Navarra será lo que los navarros y navarras quieran que sea". El Gobierno debe ser contundente y fijar su posición con claridad. Si quiere que las próximas elecciones autonómicas en Navarra se conviertan en un referendum "á la québécoise", que lo diga, pero que lo diga ya.
En España nunca ha existido un política exterior común, entendida ésta como producto de un acuerdo de bases entre los partidos mayoritarios que abarcara las cuestiones sensibles de las relaciones exteriores del Estado. La acción exterior no ha tenido más coherencia que la derivada del periodo de duración de cada partido en el Gobierno, sin que pueda hablarse en nuestro caso –a diferencia de lo que acaece en el Reino Unido, Alemania o Francia- de unas "líneas rojas" que representen acuerdos de base sobre materias sensibles –dominadas por la raison d´Etat- adoptados por los partidos con aspiración de gobierno. La inexistencia de esos acuerdos de principios en política exterior ha debilitado sensiblemente la posición española en el tablero internacional. Ahí tienen, como último ejemplo de esta falta de vigor, el anuncio argelino del incremento del precio del gas en un veinte por ciento.
En política antiterrorista, en cambio, si hubo acuerdo entre los principales partidos, pero hoy bien parece que hecho el Pacto por las libertades y contra el terrorismo, hecha la trampa. Hoy ya no existe el Pacto; me atrevería a decir que no existe ni siquiera política antiterrorista por haberse transformado ésta en un oscuro proceso de negociación para el que el Gobierno exige, sin contrapartida alguna, una obediencia y fidelidad ciegas a la oposición, al tiempo que le mantiene en el más absoluto ostracismo. No puede este Gobierno, ni ningún Gobierno, reclamar en esta cuestión cheques en blanco ni inquebrantables adhesiones sin haber pactado previamente los límites de un proceso que está demostrando estar regido por la más absoluta improvisación.
"Y ahora, Navarra", ha dicho Otegui tras la excarcelación del asesino sin recibir del Gobierno una respuesta tajante a esta anexión, a este Anschluss en el que Hitler aparece cubierto con la capucha de los asesinos. No valen esas huecas respuestas con el estribillo de que "Navarra será lo que los navarros y navarras quieran que sea". El Gobierno debe ser contundente y fijar su posición con claridad. Si quiere que las próximas elecciones autonómicas en Navarra se conviertan en un referendum "á la québécoise", que lo diga, pero que lo diga ya.
Voto de calidad
Existe un dicho forense en la curia alemana que afirma que los jueces son estudiantes de Derecho que se corrigen sus propios exámenes. De ser cierto el aserto siempre estaremos ante un mal menor porque, continúa el dicho, "lo verdaderamente pernicioso es que a los jueces le soplen al oído el examen", poniendo así el dedo en la llaga de uno de los peligros de toda Democracia: el empeño del Ejecutivo, a veces indisimulado, por controlar el poder Judicial.
En los EEUU es el Presidente quien nombra a los jueces de la Corte Suprema y éstos ejercen sus cargos con carácter vitalicio, during good Behaviour, para preservar de esta forma su independencia. Los alemanes, en su sistema federal, reservan el nombramiento de los dieciséis jueces al Bundestag y a la cámara regional del Bundesrat por partes iguales, pero obligan a ambas Cámaras a que los acuerdos se adopten por una mayoría cualificada de dos tercios.
La Constitución española –muy inspirada por el sistema alemán- establece en doce el número de miembros del Tribunal Constitucional, reproduce la mayoría cualificada establecida en la norma alemana y reserva el nombramiento de los magistrados a las Cortes Generales (ocho miembros, cuatro el Congreso y otros tantos el Senado) y el nombramiento del resto los reserva para el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial. Así se estableció en la Ley Orgánica que regula su funcionamiento y que fue adoptada, siguiendo una inveterada costumbre, con el acuerdo de los partidos mayoritarios.
Ahora, el siempre deseable consenso entre los principales grupos políticos parece no va a ser posible en la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que se discute en la Comisión Constitucional. Que la Constitución permita la modificación de la Ley Orgánica por una mayoría que permita descartar la necesaria participación del partido de la oposición es un evidente error que sólo procura la debilidad de la institución –y la aprobación de reformas estatutarias claramente inconstitucionales-. Pero aquellos que prescinden del necesario consenso en esta materia introducen también un peligroso elemento de precariedad que mina la propia función encomendada al Tribunal.
La reforma permite la participación de las Comunidades Autónomas en el nombramiento de sus miembros –fórmula idónea para que éstas designen a sus sabios locales- y, de camino, prolonga el mandato de la Presidente para que ejerza su voto dirimente en aquellos asuntos que lo requieran –una especie de "gol de oro" que algunos llaman "efecto Bermejo"-, sin que todavía ningún jurista-politólogo haya advertido en esta ocasión la comisión de algún "golpe de estado". Hábil maniobra, porque España está dividida en dos hasta en la votación de informes periciales sobre explosivos.
En los EEUU es el Presidente quien nombra a los jueces de la Corte Suprema y éstos ejercen sus cargos con carácter vitalicio, during good Behaviour, para preservar de esta forma su independencia. Los alemanes, en su sistema federal, reservan el nombramiento de los dieciséis jueces al Bundestag y a la cámara regional del Bundesrat por partes iguales, pero obligan a ambas Cámaras a que los acuerdos se adopten por una mayoría cualificada de dos tercios.
La Constitución española –muy inspirada por el sistema alemán- establece en doce el número de miembros del Tribunal Constitucional, reproduce la mayoría cualificada establecida en la norma alemana y reserva el nombramiento de los magistrados a las Cortes Generales (ocho miembros, cuatro el Congreso y otros tantos el Senado) y el nombramiento del resto los reserva para el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial. Así se estableció en la Ley Orgánica que regula su funcionamiento y que fue adoptada, siguiendo una inveterada costumbre, con el acuerdo de los partidos mayoritarios.
Ahora, el siempre deseable consenso entre los principales grupos políticos parece no va a ser posible en la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que se discute en la Comisión Constitucional. Que la Constitución permita la modificación de la Ley Orgánica por una mayoría que permita descartar la necesaria participación del partido de la oposición es un evidente error que sólo procura la debilidad de la institución –y la aprobación de reformas estatutarias claramente inconstitucionales-. Pero aquellos que prescinden del necesario consenso en esta materia introducen también un peligroso elemento de precariedad que mina la propia función encomendada al Tribunal.
La reforma permite la participación de las Comunidades Autónomas en el nombramiento de sus miembros –fórmula idónea para que éstas designen a sus sabios locales- y, de camino, prolonga el mandato de la Presidente para que ejerza su voto dirimente en aquellos asuntos que lo requieran –una especie de "gol de oro" que algunos llaman "efecto Bermejo"-, sin que todavía ningún jurista-politólogo haya advertido en esta ocasión la comisión de algún "golpe de estado". Hábil maniobra, porque España está dividida en dos hasta en la votación de informes periciales sobre explosivos.
La legalidad internacional
La política es el arte del escapismo y mucho tiene que ver su práctica con la habilidad de la evasión, la continua huida de una realidad inconveniente. En política internacional, los gobiernos suelen izar pabellones de conveniencia, en muchas ocasiones contradictorios con aquellos que ondeaban con anterioridad en su nave. Iraq es uno de los ejemplos que mejor ilustran en la política patria el arte escapista de quienes saben moverse con destreza en el mundo de las contradicciones.
Porque el envío de tropas en Iraq es considerado como acto contrario a lo que algunos denominan "legalidad internacional" cuando les resulta conveniente a sus intereses imputar a terceros la infracción de resoluciones de organismos internacionales. Sin embargo, para mantener esa injusta acusación no se duda en ocultar que resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas (la 1483, principalmente, y también la 1511) dieron carta de naturaleza a la presencia de tropas extranjeras en Iraq. En virtud de dichas resoluciones, las tropas españolas, durante su presencia en territorio iraquí, coadyuvaron a la consecución de los fines establecidos por Naciones Unidas –mejora de la seguridad interna; reestablecimiento de las instituciones; adiestramiento de policía y ejército- en ese cuerpo de normas que también constituye "legalidad internacional", pero que sistemáticamente se oculta por quienes imputan una y otra vez su infracción a quien ya no está en el Gobierno, olvidando que todavía permanecen en territorio iraquí tropas enviadas por otros presidentes de gobiernos que, además, son miembros de la Internacional Socialista.
Pero el acervo de la "legalidad internacional" no alcanza sólo a Iraq, sino también a resoluciones que procuran el proceso de descolonización o la solución negociada de conflictos territoriales. Hubo en su día, a finales de los setenta, un presidente del gobierno que fue al campamento de refugiados de Tinduf a proclamar a los cuatro vientos que acompañaría a ese pueblo "hasta la victoria final", para abandonarlo a su suerte cuando por vez primera subió las escaleras del Palacio de la Moncloa revestido del poder que le dieron las urnas. Ahora, anda, como El Raisuni, por las montañas y playas de la Yebala, sin acordarse de las promesas fundadas en una etérea "legalidad internacional" de la que escapa cuando no le es conveniente. Otro presidente está ahora fijando los nuevos límites de aguas jurisdiccionales, en una actuación en la que aparentemente se mezclan el buenismo con una cierta dósis de torpeza, pero que en la realidad encierra un giro radical en la posición española respecto del Sahara Occidental que se inició en su día con la ratificación de un acuerdo de pesca entre la UE y el Reino de Marruecos.
Porque el envío de tropas en Iraq es considerado como acto contrario a lo que algunos denominan "legalidad internacional" cuando les resulta conveniente a sus intereses imputar a terceros la infracción de resoluciones de organismos internacionales. Sin embargo, para mantener esa injusta acusación no se duda en ocultar que resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas (la 1483, principalmente, y también la 1511) dieron carta de naturaleza a la presencia de tropas extranjeras en Iraq. En virtud de dichas resoluciones, las tropas españolas, durante su presencia en territorio iraquí, coadyuvaron a la consecución de los fines establecidos por Naciones Unidas –mejora de la seguridad interna; reestablecimiento de las instituciones; adiestramiento de policía y ejército- en ese cuerpo de normas que también constituye "legalidad internacional", pero que sistemáticamente se oculta por quienes imputan una y otra vez su infracción a quien ya no está en el Gobierno, olvidando que todavía permanecen en territorio iraquí tropas enviadas por otros presidentes de gobiernos que, además, son miembros de la Internacional Socialista.
Pero el acervo de la "legalidad internacional" no alcanza sólo a Iraq, sino también a resoluciones que procuran el proceso de descolonización o la solución negociada de conflictos territoriales. Hubo en su día, a finales de los setenta, un presidente del gobierno que fue al campamento de refugiados de Tinduf a proclamar a los cuatro vientos que acompañaría a ese pueblo "hasta la victoria final", para abandonarlo a su suerte cuando por vez primera subió las escaleras del Palacio de la Moncloa revestido del poder que le dieron las urnas. Ahora, anda, como El Raisuni, por las montañas y playas de la Yebala, sin acordarse de las promesas fundadas en una etérea "legalidad internacional" de la que escapa cuando no le es conveniente. Otro presidente está ahora fijando los nuevos límites de aguas jurisdiccionales, en una actuación en la que aparentemente se mezclan el buenismo con una cierta dósis de torpeza, pero que en la realidad encierra un giro radical en la posición española respecto del Sahara Occidental que se inició en su día con la ratificación de un acuerdo de pesca entre la UE y el Reino de Marruecos.
El presidente iraní Ahmadineyad ha comunicado al mundo desde la planta nuclear de Natanz que Irán forma parte del "club nuclear" compuesto por los países que producen combustible atómico a escala industrial. El gobierno de Teherán ha repetido que su programa nuclear tiene fines exclusivamente civiles; las naciones occidentales temen, con fundamento, dada la continua opacidad con la que ha actuado el régimen persa, que el proceso de nuclearización persiga también fines militares que se materializarían en la fabricación de armamento atómico en serie. Teherán, además de formar parte del <
La situación iraní, su posición actual en el mundo, no deja de tener un cierto paralelismo con la alemania nacionalsocialista de los años treinta del pasado siglo. Se da una inquietante coincidencia en diversas actitudes. En primer lugar, los dos regímenes dictatoriales se mueven por un sentimiento antijudío evidente. Ahmadineyad no pierde ocasión de proferir advertencias contra el Estado de Israel, y han sido ya varias las ocasiones en las que ha manifestado su voluntad de <
Además, el gobierno de Teherán, al igual que el nacionalsocialista, se ha lanzado a una carrera armamentista que supone una violación de Tratados internacionales (en el caso iraní, del Tratado de no Proliferación Nuclear y en el del régimen hitleriano, del Tratado de Versalles). La coincidencia también se produce con el sistemático desprecio por las resoluciones de los organismos supranacionales, la Sociedad de Naciones, en un caso, y la Organización de las Naciones Unidas, en otro, haciendo gala el régimen de los ayatolás de un continuo desprecio a las resoluciones que, para quienes ahora callan, constituyen la <
La diplomacia tiene, como la paciencia, sus límites, en 1939 y también ahora de persistir esta continua infracción de la legalidad. Sería la última desgraciada coincidencia.
El mundo de las sombras
Suele justificarse el intervencionismo del Estado en el mercado por la necesaria protección que el legislador debe dispensar a los diferentes intereses en juego. En Derecho de sociedades, la norma emanada del Estado –que es quien fija el marco jurídico imperativo al que deben someterse las conductas de quienes intervienen en el mercado- pretende proporcionar seguridad a los propios accionistas, a los acreedores, a los terceros en general y a los trabajadores, estableciendo para ello un conjunto normativo de contenido normalmente imperativo que obliga a las sociedades a depositar sus cuentas en el Registro Mercantil o somete su constitución y el desarrollo de su actividad a preceptos de obligado cumplimiento.
Si ya es grave la transgresión de la norma por el particular, mayor gravedad plantea la posibilidad de que sea el propio legislador quien, infringiendo la normativa dictada, actúe en el mercado con ánimo de influir directamente en las conductas de quienes son sus protagonistas. Se habla entonces de intervencionismo del Gobierno no ya como una medida para proteger los intereses de quienes operan en la economía siempre bajo la perspectiva del interés general, sino con la finalidad no necesariamente altruista de favorecer determinados intereses particulares, partidistas, en el irreprimible y continuo deseo de algunos de obsequiar al amigo. La neutralidad del Gobierno se torna entonces en descarado favoritismo con el que se pretenden beneficiar directamente intereses no siempre coincidentes con los generales, con grave daño a la imagen exterior del país y a la confianza de unos inversores extranjeros que ahora se pensarán mejor dónde invertir.
Cuando así se actúa, se vulnera la Ley, ya esté ésta representada por Tratados comunitarios que imponen la necesaria observancia del libre mercado, la libertad de establecimiento o la libre circulación de capitales, o por normativa interna, expresión de aquélla, que obliga a la defensa de la competencia en el sector del que se trate. Y al vulnerar la Ley, el Gobierno infractor acaba también con la independencia que deben tener siempre por bandera los organismos reguladores. Así, con esa actuación parcial, pro domo sua, los reguladores pasan a ser organismos "regulados", voces de su amo, acabando con cualquier atisbo de la neutralidad e imparcialidad que por norma se les impone.
Y al desprestigio de los organismos reguladores le sigue obligadamente la desconfianza de los inversores. Cuando desde la sombra se adultera el mercado imponiendo a éste soluciones perjudiciales para la economía nacional también se acaba con la confianza del inversor, poniendo a un sistema económico ante prácticas más propias de exacerbados nacionalismos de repúblicas bananeras que de Estados de Derecho.
Libro de estilo
Andaba dando buena cuenta de un par de huevos fritos con chacina de la tierra en la muy recomendable Venta El Polvorilla, allí en el Llano de la Cruz, término municipal de Ronda, cuando llamó mi atención un cartel en el que una muy joven y atractiva candidata –Ségoléne de la Serranía- convocaba nada más y nada menos que en inglés a una reunión para exponer a los vecinos las principales novedades de su programa electoral. Meeting with the candidate, creo recordar rezaba el título del cartel, no tanto por el éxito de la política de bilingüismo en la serranía rondeña, sino más bien por la nutrida presencia de residentes comunitarios, herederos de Rilke o Alastair Boyd en su pasión por Ronda, y con derecho de voto en las próximas elecciones locales.
Las técnicas electorales avanzan que es una barbaridad. En otros tiempos, la ingeniera electoral no estaba ni mucho menos tan depurada como ahora. La política era más salvaje, informal, espontánea. Todavía recuerdo el programa de festejos de una localidad vecina –Arriate- en el que la agrupación socialista local patrocinaba una "gran chorizada" popular, patrocinio desde luego poco recomendable en aquella época de Filesas, fondos reservados, Roldán, et altri. Como reclamo electoral, la convocatoria de un partido político a una "gran chorizada", es digno de estudio en escuelas de negocios y cursos de verano.
Imagino que los ´libros de estilo` que aparecen cuando el clima político barrunta elecciones deben su existencia a la voluntad de evitar, en la medida de lo posible, deslices como el antes comentado, y tienen como finalidad imponer al candidato unas pautas, unas líneas de actuación durante la campaña, aunque a muchos se nos haga muy difícil calificar esos modelos de actuación como normas, precisamente de "estilo" en un momento en el que la política está reñida con las buenas formas. Los manuales para los candidatos a ocupar plaza de edil suelen regular de forma exhaustiva su conducta durante el período electoral, cayendo a menudo en recomendaciones absolutamente intolerables.
En noticia aparecida en EL MUNDO de ayer, firmada por Manuel Sánchez, se da cuenta de la aparición del ´Libro de Estilo`(sic) socialista para las próximas municipales. La crónica se detiene en el ´look` del candidato ideal ("ideal" para quien hace el ´Libro de Estilo`) y recomienda en su vestimenta el predominio de los colores negros, grises o marrones, para generar –en los candidatos- "un aspecto más cercano, fresco y actual". Siempre he asociado los tonos oscuros ahora tan recomendados a los camise nere mussolinianos o a ERC. Parece que ahora también los políticos quieren marcar las tendencias de la moda. Allá los autores del "libro" si quieren que sus candidatos se parezcan al conde Chiano.
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