Educación y ciudadanía
En ese peligroso totum revolutum que procura la confusión de los conceptos de Estado y Partido, la tentación intervencionista en materia de educación es, para algunos políticos, demasiado grande. La polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía parece responder al producto de ese impulso, al volcar, en determinados aspectos, una indudable carga ideológica con el evidente ánimo de influir en el sector más poroso y por lo tanto, más permeable, de la ciudadanía: los jóvenes.
La primera objeción a esa nueva asignatura que se nos anuncia como obligatoria es la propia de un liberal que rechaza –con excepciones que ahora no vienen al caso- cualquier forma de intervencionismo estatal, y no cabe duda de que la asignatura responde a la voluntad del Estado (¿?) de intervenir en la educación, esta vez, con intención más propia de regímenes que no se corresponden con el nuestro. No conozco en los Estados miembros de la Unión Europea asignatura siquiera parecida a la que ahora se pretende implantar aquí para formar el espíritu ciudadano, siempre desde una perspectiva que no responde a un acuerdo político de los principales partidos.
Ésa es la segunda objeción. Si el Estado, vencido y desarmado el espíritu liberal, tiene la irrefrenable vocación de intervenir con esta asignatura en la formación de los jóvenes, al menos debería haberse dado un consenso entre los partidos mayoritarios sobre su contenido. No se ha hecho así; no se ha querido partir del obligado consenso que inspira la política educativa en otros países, creándose una situación particular de rebeldía entre algunos padres que no dudan en afirmar su (legítima) objeción de conciencia respecto de la asignatura (se olvidan de que la objeción de conciencia es, en España, un derecho reservado a la izquierda).
En su libro La trampa del consenso, Darnstädt criticaba la parálisis del sistema federal alemán por la necesidad de llegar en muchas materias a un obligado consenso. Pero, en muchas ocasiones, el consenso o, cuanto menos, la mayoría reforzada, es muy necesaria para evitar intervenciones que responden a criterios políticos. La educación es una de esas materias sensibles, cuya competencia debía ser exclusivamente estatal, sin perjuicio de las competencias de ejecución de las Comunidades autónomas.
Nosotros cometimos en la Constitución el inmenso error de atribuir esas competencias a las Comunidades autónomas para que éstas hayan terminado ocultando a la OCDE los resultados de la aplicación práctica de sus informes PISA, que colocan al sistema educativo español a la cola de Europa. A los regímenes en los que fallan las matemáticas, la lengua española, la geografía o el prometido bilingüismo, siempre les queda reforzar la ideología.