Almudena Sánchez Gil, joven y novel candidata a la alcaldía de la serrana localidad de Arriate, vecina a Ronda, se ha topado de bruces y sin quererlo con la dura realidad de la más sucia política en la forma de un miserable ataque verbal. Uno de sus contrincantes, veterano profesional de la medicina, seleccionado entre los mejores para tratar de desbancar a la fuerza política que detenta las riendas del Consistorio con mayoría absoluta, acusa al partido que presenta a la candidata Sánchez Gil de "ir promocionando por bares y rincones a su número uno como si se tratara de montar una casa de señoritas más que la presidencia de la Alcaldía". Por raro que parezca, quien profirió hace ya más de una semana el miserable exabrupto continúa ratificándose en sus afirmaciones, sin que, que se conozca, nadie de su partido -exponente máximo de progreso, talante y de pomposas leyes de igualdad- le haya exigido su inmediata dimisión o, cuanto menos, llamado la atención para que corrija una barbaridad cuyo reproche excede del ámbito político para adentrarse, claramente, en el judicial.
Almudena se presenta por una formación política que algunos se empeñan en calificar como derecha extrema, reaccionaria, intolerante, guerrera y carca, pero que en realidad es muy respetuosa con la mujer, hasta el extremo de presentar una ilegal lista -por estar compuesta íntegramente por mujeres- a la localidad de Garachico (o ser la única formación que presenta a una mujer como candidata a la Alcaldía de Arriate, que también vale como ejemplo de política real que fomente la igualdad de sexos). Yo quiero solidarizarme con ella y presentarle mis respetos, porque estoy seguro de que, siendo muchas las manifestaciones de aliento y apoyo que está recibiendo por ser víctima de un acto de maltrato y acoso, éstas no procederán, precisamente, de consejerías e institutos de la mujer cuyos representantes, desde posiciones partidistas obligatoriamente sectarias, promocionan un determinado tipo de mujer, una nueva sección femenina, ahora sin libros de cocina ni de bordado.
La noticia sobre Almudena Sánchez coincide con el anuncio de la aprobación del proyecto de ley andaluza para la promoción de la Igualdad de Género. No hace muchos días se aprobó la Ley de Igualdad en el Congreso de los Diputados; ahora vamos a contar con una ley autonómica en una más que inútil duplicidad de normas "para hacer plenamente real y efectiva la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres" y, por supuesto, "promocionar un lenguaje y una imagen pública no sexista". Estoy convencido de que a Almudena le satisfará enormemente el proyecto de ley pero, realmente, le bastaría con que quien le ha injuriado se retractara y la dejara en paz.
sábado, mayo 26, 2007
ANV
Cuando el Fiscal General americano, Mr. Justice Robert H. Jackson, terminó de enseñar a sus colegas la sala en la que había de celebrarse el Proceso de Nürenberg, su homólogo ruso, el General Rudenko, le formuló a través de la soldado – traductora la siguiente pregunta: ¿Sería tan amable el tovarich Jackson de enseñarnos a continuación el lugar donde van a ser colgados todos los acusados?. A Rudenko le sobraba la parafernalia organizada por el resto de aliados en su ánimo de hacer su propia ´justicia` con los altos jerarcas nazis.
No digo que para la ilegalización de Acción Nacionalista Vasca (ANV), descarada tapadera de Batasuna-ETA, nos haga falta un Rudenko, pero en la defensa del Estado de Derecho tan perniciosos son la actividad desenfrenada como la inacción. La salubridad del sistema democrático exige, en ocasiones, la pronta y decidida actuación del Ministerio Público que evite, precisamente, que se tenga que llegar a siempre tardíos procesos, como el de Nüremberg, que de haberse celebrado a tiempo, hubieran evitado la toma del poder por la tiranía y, con ella, el sufrimiento, los crímenes y la ruina.
El fiscal general afirmó que el apoyo de los dirigentes de Batasuna a ANV "de manera manifiesta" (sic) podría dar lugar a la ilegalización. Los batasunos, rápidos en el chantaje al Estado, no tardaron en solicitar públicamente el voto para ANV, demostrando la evidente connivencia de dos organizaciones, aparentemente distintas, pero que no constituyen más que una sola prolongación de ETA. Pero el fiscal general, obtenido lo que para muchos supone el enésimo indicio justificativo de la ilegalidad de la organización que concurre a las urnas, opta ahora por negar la mayor y considerar insuficiente esa pública petición de apoyo a un partido que no es más que el alter ego de ETA.
Quienes critican la indecisión del Ministerio Público y la inacción del Gobierno en la solicitud de las medidas judiciales necesarias, ponen de manifiesto, no sin razón, que el Estado de Derecho sufre cuando la norma –la Ley de Partidos- no se aplica. Ahondando en la herida –que con el paso del tiempo deja de ser epidérmica y amenaza con gangrenarse- se acusa al Gobierno de cumplir una liturgia cuyo ceremonial está formado por secretos pactos adoptados en un proceso de negociación con la banda terrorista que se nos dijo finiquitado pero que, por el contrario, parece mantenerse vivo en un clima de recíproca desconfianza. Y si no fuere así, si de verdad ya no existe proceso de negociación, la ausencia de consenso entre los principales partidos puede haber llevado al Gobierno de España a depender en su suerte del capricho de una banda terrorista. La política antiterrorista, roto el imprescindible consenso, ha pasado de cuestión de Estado a política de interés partidista.
No digo que para la ilegalización de Acción Nacionalista Vasca (ANV), descarada tapadera de Batasuna-ETA, nos haga falta un Rudenko, pero en la defensa del Estado de Derecho tan perniciosos son la actividad desenfrenada como la inacción. La salubridad del sistema democrático exige, en ocasiones, la pronta y decidida actuación del Ministerio Público que evite, precisamente, que se tenga que llegar a siempre tardíos procesos, como el de Nüremberg, que de haberse celebrado a tiempo, hubieran evitado la toma del poder por la tiranía y, con ella, el sufrimiento, los crímenes y la ruina.
El fiscal general afirmó que el apoyo de los dirigentes de Batasuna a ANV "de manera manifiesta" (sic) podría dar lugar a la ilegalización. Los batasunos, rápidos en el chantaje al Estado, no tardaron en solicitar públicamente el voto para ANV, demostrando la evidente connivencia de dos organizaciones, aparentemente distintas, pero que no constituyen más que una sola prolongación de ETA. Pero el fiscal general, obtenido lo que para muchos supone el enésimo indicio justificativo de la ilegalidad de la organización que concurre a las urnas, opta ahora por negar la mayor y considerar insuficiente esa pública petición de apoyo a un partido que no es más que el alter ego de ETA.
Quienes critican la indecisión del Ministerio Público y la inacción del Gobierno en la solicitud de las medidas judiciales necesarias, ponen de manifiesto, no sin razón, que el Estado de Derecho sufre cuando la norma –la Ley de Partidos- no se aplica. Ahondando en la herida –que con el paso del tiempo deja de ser epidérmica y amenaza con gangrenarse- se acusa al Gobierno de cumplir una liturgia cuyo ceremonial está formado por secretos pactos adoptados en un proceso de negociación con la banda terrorista que se nos dijo finiquitado pero que, por el contrario, parece mantenerse vivo en un clima de recíproca desconfianza. Y si no fuere así, si de verdad ya no existe proceso de negociación, la ausencia de consenso entre los principales partidos puede haber llevado al Gobierno de España a depender en su suerte del capricho de una banda terrorista. La política antiterrorista, roto el imprescindible consenso, ha pasado de cuestión de Estado a política de interés partidista.
El indulto
Christian Klar es en Alemania lo que De Juana Chaos en España. Terrorista, asesino en serie, miembro de la segunda generación de la Baader–Meinhoff, Klar fue condenado en 1984 a cinco cadenas perpetuas y quince años de prisión por participar en nueve asesinatos consumados y por colaborar en once asesinatos más en grado de tentativa.
En Alemania, la condena a cadena perpetua se fija siempre por un número mínimo de años, atendiendo siempre a la gravedad del delito; esto es, no conlleva necesariamente una pena privativa de libertad de por vida. En el caso de Klar, el tribunal de Stuttgart que le juzgó le condenó a cumplir un mínimo de veintiséis años de prisión. En Alemania las condenas se cumplen –afirmación necesaria a la vista de la situación que padecemos aquí-, sin que existan para estos delitos beneficios penitenciarios o redenciones de pena susceptibles de minorar el periodo de duración de la condena. Capturado en 1982, Klar lleva cumplidos veinticinco años y saldrá en libertad el año 2008, siempre y cuando se considere que ha dejado de ser un peligro para la sociedad. Pero como en Derecho toda regla general siempre está sometida a una excepción –el indulto- Klar solicitó el perdón del Presidente de la República.
El Presidente Köhler ha denegado hace pocos días la solicitud de indulto. Lo ha hecho después de escuchar a representantes de diversas instituciones del Estado, a los partidos políticos, la opinión de los familiares de las víctimas e incluso la posición del terrorista solicitante de la medida de gracia, a quien visitó en prisión. Por no tener que motivar sus decisiones, se desconocen las razones que han llevado al Presidente de la República a rechazar la solicitud de indulto, pero, sin duda, la oposición de las víctimas y la posición también contraria al perdón de los principales partidos, han tenido peso decisivo para fundar la negativa. Y en la posición contraria al indulto de las víctimas y de la sociedad alemana habrá tenido su influencia el hecho de que Klar jamás se haya arrepentido por los crímenes cometidos.
Aquí, al asesino de Rafael Padura y autor de otros crímenes -sin castigo- el Gobierno le ha concedido el indulto –gratis et amore- después de pasar menos de cinco años en prisión, sin consultar a los familiares de la víctima ni tomarse la molestia de sondear la opinión de otros sectores sociales. A algunos les debe resultar fácil perdonar, sobre todo cuando no han padecido directamente la ofensa en forma de un crimen execrable cometido por alimañas que desprecian la vida del prójimo. Avergüenza ver al Estado de Derecho pisoteado con este tipo de medidas y produce escalofríos advertir cómo la falta de reacción de la sociedad española denota su pleno y peligroso acomodo a situaciones de flagrante injusticia.
En Alemania, la condena a cadena perpetua se fija siempre por un número mínimo de años, atendiendo siempre a la gravedad del delito; esto es, no conlleva necesariamente una pena privativa de libertad de por vida. En el caso de Klar, el tribunal de Stuttgart que le juzgó le condenó a cumplir un mínimo de veintiséis años de prisión. En Alemania las condenas se cumplen –afirmación necesaria a la vista de la situación que padecemos aquí-, sin que existan para estos delitos beneficios penitenciarios o redenciones de pena susceptibles de minorar el periodo de duración de la condena. Capturado en 1982, Klar lleva cumplidos veinticinco años y saldrá en libertad el año 2008, siempre y cuando se considere que ha dejado de ser un peligro para la sociedad. Pero como en Derecho toda regla general siempre está sometida a una excepción –el indulto- Klar solicitó el perdón del Presidente de la República.
El Presidente Köhler ha denegado hace pocos días la solicitud de indulto. Lo ha hecho después de escuchar a representantes de diversas instituciones del Estado, a los partidos políticos, la opinión de los familiares de las víctimas e incluso la posición del terrorista solicitante de la medida de gracia, a quien visitó en prisión. Por no tener que motivar sus decisiones, se desconocen las razones que han llevado al Presidente de la República a rechazar la solicitud de indulto, pero, sin duda, la oposición de las víctimas y la posición también contraria al perdón de los principales partidos, han tenido peso decisivo para fundar la negativa. Y en la posición contraria al indulto de las víctimas y de la sociedad alemana habrá tenido su influencia el hecho de que Klar jamás se haya arrepentido por los crímenes cometidos.
Aquí, al asesino de Rafael Padura y autor de otros crímenes -sin castigo- el Gobierno le ha concedido el indulto –gratis et amore- después de pasar menos de cinco años en prisión, sin consultar a los familiares de la víctima ni tomarse la molestia de sondear la opinión de otros sectores sociales. A algunos les debe resultar fácil perdonar, sobre todo cuando no han padecido directamente la ofensa en forma de un crimen execrable cometido por alimañas que desprecian la vida del prójimo. Avergüenza ver al Estado de Derecho pisoteado con este tipo de medidas y produce escalofríos advertir cómo la falta de reacción de la sociedad española denota su pleno y peligroso acomodo a situaciones de flagrante injusticia.
Fundamentos comunes
Hace cincuenta años, el canciller Konrad Adenauer, europeista convencido, afirmó ante el premier francés Guy Mollet el decidido apoyo de Alemania a la constitución del mercado común: Et maintenant, il faut faire l´Europe. Adenauer siempre consideró la integración europea como un trampolín para que Alemania recobrara su espacio de poder en Europa y en política exterior. Hoy, cincuenta años después de la firma del Tratado de Roma, es Alemania la que quiere convertirse en el trampolín necesario para dar el impulso definitivo que saque a la Unión Europea de la situación de paralización en la que se encuentra tras el fracaso del proyecto de Constitución y un precipitado proceso de integración de nuevos miembros.
La Declaración de Berlín ha puesto de manifiesto la decidida voluntad de la canciller Merkel –sucesora de Adenauer en su convicción europeista- de retomar la discusión sobre el futuro de Europa y la necesidad de adaptar su estructura política a la evolución de los tiempos. Se trata de reafirmar una firme voluntad renovadora del ideal europeo, y es significativo que la Declaración no haga referencia alguna al proyecto de Constitución para Europa rechazado en las urnas por Francia y Holanda, pero también centro de las críticas de otros países que no llegaron a pronunciarse sobre un texto sin futuro. Hoy ya no se habla de Constitución, término que despierta recelos en muchos países miembros; la Declaración de Berlín prefiere evitar cualquier alusión a la forma jurídica que ha de servir de vehículo a la necesaria reforma europea y utiliza, con evidente sentido eufemístico, la referencia al establecimiento de los fundamentos comunes que inspiren la renovación en la UE.
La clave está en determinar el ámbito de los fundamentos comunes, es decir, las partes del difunto proyecto de Constitución que sí pueden ser salvados para incorporar el núcleo de una reforma por la vía de un nuevo Tratado (o un minitratado, como también se denomina ya, por suponer el experimento un claro recorte de anteriores proyectos). La canciller cuenta en su empeño con el apoyo de Blair, y Sarcozy mira también con satisfacción un proyecto que despierta simpatías en los países del Este, reacios a altos niveles de integración.
España ha considerado el plan de la Presidencia alemana como un recorte drástico del proyecto de Constitución para Europa que en su día refrendó en las urnas sin mucha convicción. Demasiadas tijeras y poca pluma, se queja la representación española. Dicen en Bruselas que Merkel ha salido al paso de la crítica recomendando a quienes confían en irrealizables macroproyectos constitucionales que cumplan con el Tratado vigente y respeten la libertad de establecimiento y la libre circulación de capitales.
La Declaración de Berlín ha puesto de manifiesto la decidida voluntad de la canciller Merkel –sucesora de Adenauer en su convicción europeista- de retomar la discusión sobre el futuro de Europa y la necesidad de adaptar su estructura política a la evolución de los tiempos. Se trata de reafirmar una firme voluntad renovadora del ideal europeo, y es significativo que la Declaración no haga referencia alguna al proyecto de Constitución para Europa rechazado en las urnas por Francia y Holanda, pero también centro de las críticas de otros países que no llegaron a pronunciarse sobre un texto sin futuro. Hoy ya no se habla de Constitución, término que despierta recelos en muchos países miembros; la Declaración de Berlín prefiere evitar cualquier alusión a la forma jurídica que ha de servir de vehículo a la necesaria reforma europea y utiliza, con evidente sentido eufemístico, la referencia al establecimiento de los fundamentos comunes que inspiren la renovación en la UE.
La clave está en determinar el ámbito de los fundamentos comunes, es decir, las partes del difunto proyecto de Constitución que sí pueden ser salvados para incorporar el núcleo de una reforma por la vía de un nuevo Tratado (o un minitratado, como también se denomina ya, por suponer el experimento un claro recorte de anteriores proyectos). La canciller cuenta en su empeño con el apoyo de Blair, y Sarcozy mira también con satisfacción un proyecto que despierta simpatías en los países del Este, reacios a altos niveles de integración.
España ha considerado el plan de la Presidencia alemana como un recorte drástico del proyecto de Constitución para Europa que en su día refrendó en las urnas sin mucha convicción. Demasiadas tijeras y poca pluma, se queja la representación española. Dicen en Bruselas que Merkel ha salido al paso de la crítica recomendando a quienes confían en irrealizables macroproyectos constitucionales que cumplan con el Tratado vigente y respeten la libertad de establecimiento y la libre circulación de capitales.
Libro de Estilo
´Libro de Estilo`
Andaba dando buena cuenta de un par de huevos fritos con chacina de la tierra en la muy recomendable Venta El Polvorilla, allí en el Llano de la Cruz, término municipal de Ronda, cuando llamó mi atención un cartel en el que una muy joven y atractiva candidata –Ségoléne de la Serranía- convocaba nada más y nada menos que en inglés a una reunión para exponer a los vecinos las principales novedades de su programa electoral. Meeting with the candidate, creo recordar rezaba el título del cartel, no tanto por el éxito de la política de bilingüismo en la serranía rondeña, sino más bien por la nutrida presencia de residentes comunitarios, herederos de Rilke o Alastair Boyd en su pasión por Ronda, y con derecho de voto en las próximas elecciones locales.
Las técnicas electorales avanzan que es una barbaridad. En otros tiempos, la ingeniera electoral no estaba ni mucho menos tan depurada como ahora. La política era más salvaje, informal, espontánea. Todavía recuerdo el programa de festejos de una localidad vecina –Arriate- en el que la agrupación socialista local patrocinaba una "gran chorizada" popular, patrocinio desde luego poco recomendable en aquella época de Filesas, fondos reservados, Roldán, et altri. Como reclamo electoral, la convocatoria de un partido político a una "gran chorizada", es digno de estudio en escuelas de negocios y cursos de verano.
Imagino que los ´libros de estilo` que aparecen cuando el clima político barrunta elecciones deben su existencia a la voluntad de evitar, en la medida de lo posible, deslices como el antes comentado, y tienen como finalidad imponer al candidato unas pautas, unas líneas de actuación durante la campaña, aunque a muchos se nos haga muy difícil calificar esos modelos de actuación como normas, precisamente de estilo en un momento en el que la política está reñida con las buenas formas. Los manuales para los candidatos a ocupar plaza de edil suelen regular de forma exhaustiva su conducta durante el período electoral, cayendo a menudo en recomendaciones absolutamente intolerables.
En noticia aparecida en EL MUNDO de ayer, firmada por Manuel Sánchez, se da cuenta de la aparición del ´Libro de Estilo`(sic) socialista para las próximas municipales. La crónica se detiene en el ´look` del candidato ideal ("ideal" para quien hace el ´Libro de Estilo`) y recomienda en su vestimenta el predominio de los colores negros, grises o marrones, para generar –en los candidatos- "un aspecto más cercano, fresco y actual". Siempre he asociado los tonos oscuros ahora tan recomendados a los camise nere mussolinianos o a ERC. Parece que ahora también los políticos quieren marcar las tendencias de la moda. Allá los autores del "libro" si quieren que sus candidatos se parezcan al conde Chiano.
Andaba dando buena cuenta de un par de huevos fritos con chacina de la tierra en la muy recomendable Venta El Polvorilla, allí en el Llano de la Cruz, término municipal de Ronda, cuando llamó mi atención un cartel en el que una muy joven y atractiva candidata –Ségoléne de la Serranía- convocaba nada más y nada menos que en inglés a una reunión para exponer a los vecinos las principales novedades de su programa electoral. Meeting with the candidate, creo recordar rezaba el título del cartel, no tanto por el éxito de la política de bilingüismo en la serranía rondeña, sino más bien por la nutrida presencia de residentes comunitarios, herederos de Rilke o Alastair Boyd en su pasión por Ronda, y con derecho de voto en las próximas elecciones locales.
Las técnicas electorales avanzan que es una barbaridad. En otros tiempos, la ingeniera electoral no estaba ni mucho menos tan depurada como ahora. La política era más salvaje, informal, espontánea. Todavía recuerdo el programa de festejos de una localidad vecina –Arriate- en el que la agrupación socialista local patrocinaba una "gran chorizada" popular, patrocinio desde luego poco recomendable en aquella época de Filesas, fondos reservados, Roldán, et altri. Como reclamo electoral, la convocatoria de un partido político a una "gran chorizada", es digno de estudio en escuelas de negocios y cursos de verano.
Imagino que los ´libros de estilo` que aparecen cuando el clima político barrunta elecciones deben su existencia a la voluntad de evitar, en la medida de lo posible, deslices como el antes comentado, y tienen como finalidad imponer al candidato unas pautas, unas líneas de actuación durante la campaña, aunque a muchos se nos haga muy difícil calificar esos modelos de actuación como normas, precisamente de estilo en un momento en el que la política está reñida con las buenas formas. Los manuales para los candidatos a ocupar plaza de edil suelen regular de forma exhaustiva su conducta durante el período electoral, cayendo a menudo en recomendaciones absolutamente intolerables.
En noticia aparecida en EL MUNDO de ayer, firmada por Manuel Sánchez, se da cuenta de la aparición del ´Libro de Estilo`(sic) socialista para las próximas municipales. La crónica se detiene en el ´look` del candidato ideal ("ideal" para quien hace el ´Libro de Estilo`) y recomienda en su vestimenta el predominio de los colores negros, grises o marrones, para generar –en los candidatos- "un aspecto más cercano, fresco y actual". Siempre he asociado los tonos oscuros ahora tan recomendados a los camise nere mussolinianos o a ERC. Parece que ahora también los políticos quieren marcar las tendencias de la moda. Allá los autores del "libro" si quieren que sus candidatos se parezcan al conde Chiano.
La fidelidad del bígamo
La fidelidad del bígamo
En su discurso pronunciado el 13 de mayo de 1932 en las Cortes Constituyentes bajo la presidencia de Besteiro, Ortega y Gasset afirmó que el problema catalán no se podía resolver, sólo se podía conllevar. Tanta razón tenía Ortega en su afirmación que, en lo esencial, su disertación ante las Cortes podría haber sido repetida con puntuales cambios hace escasas fechas en el Congreso durante el proceso de elaboración de un Estatuto catalán que se nos presentó como la fórmula idónea para conllevar el problema durante "dos o tres décadas"(Rodríguez Zapatero dixit), pero que se ha demostrado superado por las circunstancias a las pocas semanas de su aprobación. El Tribunal Constitucional tiene pendiente de resolver el recurso interpuesto contra el Estatuto, entre otros, por el Partido Popular, pero ha advertido en reciente sentencia que ni la financiación ni las guadianescas deudas históricas pueden ser, como el tango, cosa de dos, rompiendo así el envenenado juego de la bilateralidad que proclama, no sin inconstitucional egoismo, la norma autonómica recurrida.
Serán los pregonados tijeretazos del Tribunal Constitucional al Estatuto catalán en un vano intento de volver constitucional un texto que los recurrentes consideran norma de cobertura para perpetrar el fraude de ley consistente en violar la Constitución, o tal vez sean las continuas veleidades de un partido político antisistema –ERC- que algunos creyeron, en evidente error, que con el anzuelo de un Estatuto inconstitucional iba a someterse al ordenamiento de un Estado al que aborrece, lo cierto es que una u otra causa han producido el efecto de llevar a un tal Vendrell –mandado de Carod y Puigcercos- a ofrecer a CiU la presidencia de la Generalitat a cambio, nada más y nada menos, que de la convocatoria de un referéndum de autodeterminación.
Abiertos con temeridad el melón del modelo de Estado y con imprudencia un "proceso de paz" que enmascara una turbia negociación de la que nada se sabe, pero en la que se impone confianza ciega e inquebrantable adhesión sopena de recibir el calificativo de falangista, es evidente que entre los radicales se ha acelerado la carrera hacia la meta del abismo. Mirará ahora el despechado Montilla con estupor la tropa que tiene de aliado, el bígamo que, hecha la oferta a tercero, le quiere convencer de su fidelidad; se pensarán los convergentes la envenenada propuesta de referéndum de autodeterminación a cambio del cromo de la presidencia en ese puro exhibicionismo de a ver quién lo tiene más grande (el nacionalismo independentista) y mirarán en Madrid para otro lado. Pero aquí todavía no ha dicho nadie que ese referéndum de autodeterminación es absolutamente inconstitucional y, por lo tanto, ilegal por sus cuatro costados.
En su discurso pronunciado el 13 de mayo de 1932 en las Cortes Constituyentes bajo la presidencia de Besteiro, Ortega y Gasset afirmó que el problema catalán no se podía resolver, sólo se podía conllevar. Tanta razón tenía Ortega en su afirmación que, en lo esencial, su disertación ante las Cortes podría haber sido repetida con puntuales cambios hace escasas fechas en el Congreso durante el proceso de elaboración de un Estatuto catalán que se nos presentó como la fórmula idónea para conllevar el problema durante "dos o tres décadas"(Rodríguez Zapatero dixit), pero que se ha demostrado superado por las circunstancias a las pocas semanas de su aprobación. El Tribunal Constitucional tiene pendiente de resolver el recurso interpuesto contra el Estatuto, entre otros, por el Partido Popular, pero ha advertido en reciente sentencia que ni la financiación ni las guadianescas deudas históricas pueden ser, como el tango, cosa de dos, rompiendo así el envenenado juego de la bilateralidad que proclama, no sin inconstitucional egoismo, la norma autonómica recurrida.
Serán los pregonados tijeretazos del Tribunal Constitucional al Estatuto catalán en un vano intento de volver constitucional un texto que los recurrentes consideran norma de cobertura para perpetrar el fraude de ley consistente en violar la Constitución, o tal vez sean las continuas veleidades de un partido político antisistema –ERC- que algunos creyeron, en evidente error, que con el anzuelo de un Estatuto inconstitucional iba a someterse al ordenamiento de un Estado al que aborrece, lo cierto es que una u otra causa han producido el efecto de llevar a un tal Vendrell –mandado de Carod y Puigcercos- a ofrecer a CiU la presidencia de la Generalitat a cambio, nada más y nada menos, que de la convocatoria de un referéndum de autodeterminación.
Abiertos con temeridad el melón del modelo de Estado y con imprudencia un "proceso de paz" que enmascara una turbia negociación de la que nada se sabe, pero en la que se impone confianza ciega e inquebrantable adhesión sopena de recibir el calificativo de falangista, es evidente que entre los radicales se ha acelerado la carrera hacia la meta del abismo. Mirará ahora el despechado Montilla con estupor la tropa que tiene de aliado, el bígamo que, hecha la oferta a tercero, le quiere convencer de su fidelidad; se pensarán los convergentes la envenenada propuesta de referéndum de autodeterminación a cambio del cromo de la presidencia en ese puro exhibicionismo de a ver quién lo tiene más grande (el nacionalismo independentista) y mirarán en Madrid para otro lado. Pero aquí todavía no ha dicho nadie que ese referéndum de autodeterminación es absolutamente inconstitucional y, por lo tanto, ilegal por sus cuatro costados.
Igualdad
La Ley, en una definición tradicional e inobjetada, es el mandato impuesto por quien para ello tiene autoridad y poder. Su condición de mandato refuerza el contenido imperativo de la norma dictada por la autoridad: Autoritas, non veritas facit legem. Los viejos apuntes de la Facultad recogen la definición de Sánchez Román: "La Ley es regla de conducta justa, obligatoria, dictada por legítimo poder y de observancia y beneficio común".
La Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres está pendiente de publicación en el Boletín Oficial del Estado, después de haber sido aprobada en el Congreso por todos los partidos políticos, excepto el Partido Popular, que se abstuvo. Es una Ley ad portas que, como no podía ser de otra forma, está en sintonía con la política social trazada por el legislador con evidente ánimo electoral y que responde, como en otras ocasiones, al castizo dicho de "mucho ruido y pocas nueces". El ruido de los aplausos de supuestas feministas que no se han leído la Ley o de los flashes a la salida del Congreso de los Diputados me reafirman en la convicción de que la norma rezuma populismo en estado puro.
Porque la Ley de Igualdad se aparta en su farragoso texto de su condición de mandato para convertirse en una norma voluntariosa. No estamos ante la imposición de reglas de conducta, sino ante meros deseos que convierten el texto legal en simple capítulo de propósitos o intenciones. A esa conclusión debe llegarse si, analizando su texto, advertimos que la efectividad de la igualdad que se pretende afianzar mediante esta norma queda siempre a criterio de su destinatario: "Las sociedades … procurarán incluir en su Consejo de Administración un número de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en un plazo de ocho años a partir de la entra en vigor de la Ley". Procurarán es término que no implica obligación; no estamos ante un mandato o regla de conducta impuesta, sino ante la expresión de un deseo, de una simple voluntad o desiderátum sin contenido ni efectos obligatorios. En otros pasajes de la norma se reiteran estos términos voluntariosos, pero no vinculantes: fomentarán, intentarán, promoverán, favorecerán, expresiones que convierten el texto normativo en un brindis al sol.
Por supuesto, la Ley prohíbe lo que denomina "lenguaje sexista", infringiendo para ello otras leyes: las gramaticales. Adviertan esta perla con la que el legislador cocea el Diccionario:"La realización de estas acciones podrá ser concertada con la representación de los trabajadores y las trabajadoras, y las organizaciones de consumidores y consumidoras y usuarios y usuarias". Hay quien cree que el redactor (o redactora) del Preámbulo del Estatuto andaluz ha intervenido en la redacción de la Ley de Igualdad.
La Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres está pendiente de publicación en el Boletín Oficial del Estado, después de haber sido aprobada en el Congreso por todos los partidos políticos, excepto el Partido Popular, que se abstuvo. Es una Ley ad portas que, como no podía ser de otra forma, está en sintonía con la política social trazada por el legislador con evidente ánimo electoral y que responde, como en otras ocasiones, al castizo dicho de "mucho ruido y pocas nueces". El ruido de los aplausos de supuestas feministas que no se han leído la Ley o de los flashes a la salida del Congreso de los Diputados me reafirman en la convicción de que la norma rezuma populismo en estado puro.
Porque la Ley de Igualdad se aparta en su farragoso texto de su condición de mandato para convertirse en una norma voluntariosa. No estamos ante la imposición de reglas de conducta, sino ante meros deseos que convierten el texto legal en simple capítulo de propósitos o intenciones. A esa conclusión debe llegarse si, analizando su texto, advertimos que la efectividad de la igualdad que se pretende afianzar mediante esta norma queda siempre a criterio de su destinatario: "Las sociedades … procurarán incluir en su Consejo de Administración un número de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en un plazo de ocho años a partir de la entra en vigor de la Ley". Procurarán es término que no implica obligación; no estamos ante un mandato o regla de conducta impuesta, sino ante la expresión de un deseo, de una simple voluntad o desiderátum sin contenido ni efectos obligatorios. En otros pasajes de la norma se reiteran estos términos voluntariosos, pero no vinculantes: fomentarán, intentarán, promoverán, favorecerán, expresiones que convierten el texto normativo en un brindis al sol.
Por supuesto, la Ley prohíbe lo que denomina "lenguaje sexista", infringiendo para ello otras leyes: las gramaticales. Adviertan esta perla con la que el legislador cocea el Diccionario:"La realización de estas acciones podrá ser concertada con la representación de los trabajadores y las trabajadoras, y las organizaciones de consumidores y consumidoras y usuarios y usuarias". Hay quien cree que el redactor (o redactora) del Preámbulo del Estatuto andaluz ha intervenido en la redacción de la Ley de Igualdad.
Y ahora, Navarra
Dicen los teóricos de la cosa pública que son tres las cuestiones que requieren en el complejo mundo de la política un acuerdo de principios entre los partidos que las sustraiga de los vaivenes propios de las disputas partidistas: la acción exterior, la política antiterrorista y el modelo de Estado. Estas tres materias deben estar delimitadas por fronteras infranqueables que, permitiendo margen de actuación al Gobierno de turno, eviten los bruscos movimientos derivados de inexplicables bandazos o derrotas vinculadas a los resultados electorales.
En España nunca ha existido un política exterior común, entendida ésta como producto de un acuerdo de bases entre los partidos mayoritarios que abarcara las cuestiones sensibles de las relaciones exteriores del Estado. La acción exterior no ha tenido más coherencia que la derivada del periodo de duración de cada partido en el Gobierno, sin que pueda hablarse en nuestro caso –a diferencia de lo que acaece en el Reino Unido, Alemania o Francia- de unas "líneas rojas" que representen acuerdos de base sobre materias sensibles –dominadas por la raison d´Etat- adoptados por los partidos con aspiración de gobierno. La inexistencia de esos acuerdos de principios en política exterior ha debilitado sensiblemente la posición española en el tablero internacional. Ahí tienen, como último ejemplo de esta falta de vigor, el anuncio argelino del incremento del precio del gas en un veinte por ciento.
En política antiterrorista, en cambio, si hubo acuerdo entre los principales partidos, pero hoy bien parece que hecho el Pacto por las libertades y contra el terrorismo, hecha la trampa. Hoy ya no existe el Pacto; me atrevería a decir que no existe ni siquiera política antiterrorista por haberse transformado ésta en un oscuro proceso de negociación para el que el Gobierno exige, sin contrapartida alguna, una obediencia y fidelidad ciegas a la oposición, al tiempo que le mantiene en el más absoluto ostracismo. No puede este Gobierno, ni ningún Gobierno, reclamar en esta cuestión cheques en blanco ni inquebrantables adhesiones sin haber pactado previamente los límites de un proceso que está demostrando estar regido por la más absoluta improvisación.
"Y ahora, Navarra", ha dicho Otegui tras la excarcelación del asesino sin recibir del Gobierno una respuesta tajante a esta anexión, a este Anschluss en el que Hitler aparece cubierto con la capucha de los asesinos. No valen esas huecas respuestas con el estribillo de que "Navarra será lo que los navarros y navarras quieran que sea". El Gobierno debe ser contundente y fijar su posición con claridad. Si quiere que las próximas elecciones autonómicas en Navarra se conviertan en un referendum "á la québécoise", que lo diga, pero que lo diga ya.
En España nunca ha existido un política exterior común, entendida ésta como producto de un acuerdo de bases entre los partidos mayoritarios que abarcara las cuestiones sensibles de las relaciones exteriores del Estado. La acción exterior no ha tenido más coherencia que la derivada del periodo de duración de cada partido en el Gobierno, sin que pueda hablarse en nuestro caso –a diferencia de lo que acaece en el Reino Unido, Alemania o Francia- de unas "líneas rojas" que representen acuerdos de base sobre materias sensibles –dominadas por la raison d´Etat- adoptados por los partidos con aspiración de gobierno. La inexistencia de esos acuerdos de principios en política exterior ha debilitado sensiblemente la posición española en el tablero internacional. Ahí tienen, como último ejemplo de esta falta de vigor, el anuncio argelino del incremento del precio del gas en un veinte por ciento.
En política antiterrorista, en cambio, si hubo acuerdo entre los principales partidos, pero hoy bien parece que hecho el Pacto por las libertades y contra el terrorismo, hecha la trampa. Hoy ya no existe el Pacto; me atrevería a decir que no existe ni siquiera política antiterrorista por haberse transformado ésta en un oscuro proceso de negociación para el que el Gobierno exige, sin contrapartida alguna, una obediencia y fidelidad ciegas a la oposición, al tiempo que le mantiene en el más absoluto ostracismo. No puede este Gobierno, ni ningún Gobierno, reclamar en esta cuestión cheques en blanco ni inquebrantables adhesiones sin haber pactado previamente los límites de un proceso que está demostrando estar regido por la más absoluta improvisación.
"Y ahora, Navarra", ha dicho Otegui tras la excarcelación del asesino sin recibir del Gobierno una respuesta tajante a esta anexión, a este Anschluss en el que Hitler aparece cubierto con la capucha de los asesinos. No valen esas huecas respuestas con el estribillo de que "Navarra será lo que los navarros y navarras quieran que sea". El Gobierno debe ser contundente y fijar su posición con claridad. Si quiere que las próximas elecciones autonómicas en Navarra se conviertan en un referendum "á la québécoise", que lo diga, pero que lo diga ya.
Voto de calidad
Existe un dicho forense en la curia alemana que afirma que "los jueces son estudiantes de Derecho que se corrigen sus propios exámenes". De ser cierto el aserto siempre estaremos ante un mal menor porque, continúa el dicho, "lo verdaderamente pernicioso es que a los jueces le soplen al oído el examen", poniendo así el dedo en la llaga de uno de los peligros de toda Democracia: el empeño del Ejecutivo, a veces indisimulado, por controlar el poder Judicial.
En los EEUU es el Presidente quien nombra a los jueces de la Corte Suprema y éstos ejercen sus cargos con carácter vitalicio, during good Behaviour, para preservar de esta forma su independencia. Los alemanes, en su sistema federal, reservan el nombramiento de los dieciséis jueces al Bundestag y a la cámara regional del Bundesrat por partes iguales, pero obligan a ambas Cámaras a que los acuerdos se adopten por una mayoría cualificada de dos tercios.
La Constitución española –muy inspirada por el sistema alemán- establece en doce el número de miembros del Tribunal Constitucional, reproduce la mayoría cualificada establecida en la norma alemana y reserva el nombramiento de los magistrados a las Cortes Generales (ocho miembros, cuatro el Congreso y otros tantos el Senado) y el nombramiento del resto los reserva para el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial. Así se estableció en la Ley Orgánica que regula su funcionamiento y que fue adoptada, siguiendo una inveterada costumbre, con el acuerdo de los partidos mayoritarios.
Ahora, el siempre deseable consenso entre los principales grupos políticos parece no va a ser posible en la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que se discute en la Comisión Constitucional. Que la Constitución permita la modificación de la Ley Orgánica por una mayoría que permita descartar la necesaria participación del partido de la oposición es un evidente error que sólo procura la debilidad de la institución –y la aprobación de reformas estatutarias claramente inconstitucionales-. Pero aquellos que prescinden del necesario consenso en esta materia introducen también un peligroso elemento de precariedad que mina la propia función encomendada al Tribunal.
La reforma permite la participación de las Comunidades Autónomas en el nombramiento de sus miembros –fórmula idónea para que éstas designen a sus sabios locales- y, de camino, prolonga el mandato de la Presidente para que ejerza su voto dirimente en aquellos asuntos que lo requieran –una especie de gol de oro que algunos llaman efecto Bermejo-, sin que todavía ningún jurista-politólogo haya advertido en esta ocasión la comisión de algún golpe de estado. Hábil maniobra, porque España está dividida en dos hasta en la votación de informes periciales sobre explosivos.
En los EEUU es el Presidente quien nombra a los jueces de la Corte Suprema y éstos ejercen sus cargos con carácter vitalicio, during good Behaviour, para preservar de esta forma su independencia. Los alemanes, en su sistema federal, reservan el nombramiento de los dieciséis jueces al Bundestag y a la cámara regional del Bundesrat por partes iguales, pero obligan a ambas Cámaras a que los acuerdos se adopten por una mayoría cualificada de dos tercios.
La Constitución española –muy inspirada por el sistema alemán- establece en doce el número de miembros del Tribunal Constitucional, reproduce la mayoría cualificada establecida en la norma alemana y reserva el nombramiento de los magistrados a las Cortes Generales (ocho miembros, cuatro el Congreso y otros tantos el Senado) y el nombramiento del resto los reserva para el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial. Así se estableció en la Ley Orgánica que regula su funcionamiento y que fue adoptada, siguiendo una inveterada costumbre, con el acuerdo de los partidos mayoritarios.
Ahora, el siempre deseable consenso entre los principales grupos políticos parece no va a ser posible en la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que se discute en la Comisión Constitucional. Que la Constitución permita la modificación de la Ley Orgánica por una mayoría que permita descartar la necesaria participación del partido de la oposición es un evidente error que sólo procura la debilidad de la institución –y la aprobación de reformas estatutarias claramente inconstitucionales-. Pero aquellos que prescinden del necesario consenso en esta materia introducen también un peligroso elemento de precariedad que mina la propia función encomendada al Tribunal.
La reforma permite la participación de las Comunidades Autónomas en el nombramiento de sus miembros –fórmula idónea para que éstas designen a sus sabios locales- y, de camino, prolonga el mandato de la Presidente para que ejerza su voto dirimente en aquellos asuntos que lo requieran –una especie de gol de oro que algunos llaman efecto Bermejo-, sin que todavía ningún jurista-politólogo haya advertido en esta ocasión la comisión de algún golpe de estado. Hábil maniobra, porque España está dividida en dos hasta en la votación de informes periciales sobre explosivos.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
