Acción de guerra

La muerte del soldado Jorge Arnaldo Hernández en Afganistán ha vuelto a poner de manifiesto el imposible equilibrio pretendido por el Gobierno en relación con la finalidad de la presencia militar española en ese país. Se dice ahora que la desgraciada muerte del militar es consecuencia de un “atentado terrorista” y que las tropas españolas realizan una “labor humanitaria”, más propia de una voluntariosa ONG que de un contingente militar en un territorio hostil. Porque, precisamente, es ésa la circunstancia que se pretende ocultar, recurriendo a eufemismos como los que se emplean en la política española cuando también pretende evitarse el término “terrorista” con el de “izquierda aberzale”: Afganistán es escenario de un conflicto bélico que reproduce, a grandes rasgos, la misma problemática que afecta a Iraq. Estamos, como en Iraq, en un conflicto bélico, por mucho que se quiera maquillar la situación.

Por ello, no se comprende que los atentados en un territorio sean obra de elementos “terroristas” y en otro la autoría se atribuya a movimientos de la “resistencia”, sobre todo, cuando en uno y otro conflicto existe un mismo denominador común. Es cierto que en Iraq la situación interna también puede responder a un clima de preguerra civil entre las comunidades chií y suní –conflicto interno que también se da en Afganistán, donde los protagonistas son los talibanes y quienes se oponen a ese régimen opresor-, pero no deja de ser verdad que el terror que asola el país se debe también al mismo movimiento yihadista que encuentra su origen en Afganistán. Al-Zarqawi era el lugarteniente de Bin Laden y éste último dirige Al-Qaeda con el título de mariscal del ejército talibán, el mismo que colocó la mina que causó la muerte al soldado español.

A la vista de la situación resulta más paradójico aún el comportamiento que nos hizo salir precipitadamente de Iraq, pero que, en cambio, hace que permanezcamos en Afganistán. La propaganda oficial mantiene como principal diferencia el mandato ONU que, según se repite, legitima nuestra presencia en Afganistán, pero no en Iraq. No es así, porque la presencia en Iraq también cuenta con la aprobación de Naciones Unidas y son varias las resoluciones de su Asamblea General que justifican la presencia de unas tropas que, no se olvide, han propiciado la aprobación de una Constitución y la celebración de las primeras elecciones libres.

Ahora, en la Embajada española en Washington se condecora a militares estadounidenses por su protagonismo en el conflicto iraquí, y me parece muy bien, pero no deja de ser una actuación contradictoria con la que se nos ha vendido desde el momento en que se ordenó lo que eufemísticamente ha tenido a bien denominarse “repliegue” del Ejército en Iraq.

Astilleros

Decía Goethe que donde se pierde el interés también se pierde la memoria. A Izar, antes Astilleros Españoles y ahora el náufrago Navantia, le han perdido el interés y por eso es hoy conveniente hacer memoria, para recordar qué es lo que ha llevado a este Gobierno a perder el sector público de la construcción naval civil. Es desconcertante el feroz nacionalismo que se emplea frente a Bruselas en el sector eléctrico y la sorprendente docilidad en el naval.

Astilleros Españoles siempre ha sido una empresa deficitaria, con el Instituto Nacional de Industria y con la SEPI, con la Ucd, el Psoe y el Pp. La feroz competencia de los astilleros asiáticos ha afectado durante décadas a todos los astilleros europeos, sumiendo al sector en una crisis que aflige a toda la industria naval europea. Para proteger la competencia en el mercado comunitario, la CEE dictó una normativa exigente en materia de ayudas públicas, estrechando el cerco sobre un sector sensible de la economía europea con una normativa que, salvo contadas excepciones, impedían a los Estados miembros intervenir con ayudas en el sector de la construcción naval. Comoquiera que las competencias de la Unión Europea no se extendían al ámbito militar, en Europa ha sido común que empresas públicas –en su día, la propia Izar- compaginaran la construcción naval de carácter civil con la militar, estrategia que permitía a los Estados inyectar fondos en sus deficitarios astilleros al resguardo del control de Bruselas.

A Astilleros –ayer Izar, hoy la Navantia militar- la Comisión le abrió dos expedientes que desembocaron en sendas decisiones que declararon la incompatibilidad de las ayudas, ordenando su devolución. El Gobierno Aznar –a través de Izar- impugnó ante el Tribunal de Luxemburgo las resoluciones que incoaron los expedientes, pero el cambio de gobierno tras el 14-M supuso también un sorprendente giro en la estrategia jurídica del Estado. El Gobierno socialista no impugnó las Decisiones de la Comisión, dejándolas firmes, en un comportamiento llamativo porque, además de existir razones jurídicas, todos los gobiernos han sido especialmente beligerantes en materia de ayudas públicas y en la defensa de sus posiciones frente a Bruselas.

No ocurrió así en Astilleros. La dejación del Gobierno llevó a la firmeza de la Decisiones y a la escisión de la rama civil de la militar, condenando a la primera a su privatización, y a la rama militar a que algún sátrapa encargue alguna patrullera. Si algunos han perdido el interés no perdamos nosotros la memoria, sobre todo ahora que se han esfumado los encargos de la Sexta Flota, las fragatas para Israel o los submarinos encargados por Taiwan en los tiempos de Aznar. Y es que quedarse sentado al paso de las banderas tiene su precio.

Reguladores regulados

Una de las principales garantías para el correcto funcionamiento del sistema democrático la constituye la presencia de los contrapesos del poder y me refiero a las instituciones reguladoras de determinados sectores del mercado a las que su normativa les confiere independencia respecto de las políticas del gobierno de turno. Para consolidar el correcto funcionamiento de estos mecanismos reguladores se suele partir en todas las democracias del principio de independencia o, al menos, autonomía en el desarrollo de sus funciones respecto de la Administración General del Estado, principio que a su vez requiere que las personas que encarnan sus órganos de dirección estén fuera del debate político, esto es, que no pertenezcan a partido alguno.

La eficacia y prestigio de las instituciones reguladoras (ya sean del mercado de valores, de la competencia, energía, banca o de las telecomunicaciones, entre otras) exige la independencia de quienes ostenten su dirección. Lo contrario, es decir, la situación de dependencia de los directivos respecto del poder político convierte a estos organismos en una pieza más de la maquinaria de poder, perturbándose así gravemente sus propios fines con evidente deterioro de su credibilidad. Por ello, las democracias consolidadas de nuestro entorno político y geográfico dotan a estas instituciones del necesario requisito de la completa independencia de sus directivos respecto del Gobierno, conscientes de que siempre es peligroso politizar estos organismos reguladores, ya sea como instrumento de oposición al gobierno o como mera correa transmisora de las políticas gubernamentales.

Claudio Boada afirmaba este fin de semana en EL MUNDO la clara politización de los organismos reguladores españoles. Creo que estamos ante una de esas asignaturas pendientes de nuestra democracia. El poder político tiene siempre la tentación de copar con los suyos cualquier parcela, por insignificante que pueda parecer, excepción hecha de cierta derecha que prefiere la compañía del adversario en las tareas de gobierno para sacudirse así ciertos prejuicios. Resulta llamativo que quienes desde la oposición clamaban por la independencia de las personas que habían de encarnar los puestos de dirección de los organismos reguladores, ahora, en el poder, no dudan en designar para estos puestos a los compañeros de carné, en una peligrosa derivación de aquello que llamaban talante.

En un país que sólo califica de eficaces a aquellos que muestran particular destreza en transgredir el ordenamiento jurídico, los independientes son observados desde los círculos partidistas con el recelo y desconfianza propios de quien se encuentra en un permanente conflicto de intereses, cuando en política no debe primar más interés que el general.

El futuro de Europa

La declaración del Consejo Europeo celebrado en Bruselas el 15 y 16 de junio bajo la Presidencia austriaca vuelve a poner de manifiesto la situación de impasse en el que se halla sumido el proyecto europeo después del "no" francés y holandés al proyecto de Tratado por el que se pretendía establecer una Constitución para Europa. Ni la Presidencia británica ni ahora la austriaca, que finaliza con este mes de junio, pese al constante empeño y los indudables esfuerzos realizados, han sido capaces de vencer las reticencias del resto de Estados, que todavía no han digerido la ampliación a veinticinco cuando se preparan ahora para dar entrada en enero de 2007 a Bulgaria y Rumanía. Y Turquía sigue a las puertas, esperando una respuesta.

Será ahora Finlandia la que recoja el testigo de la Presidencia del Consejo y quede encargada de allanar un camino que se presenta todavía muy agreste por las abiertas reticencias de algunos países miembros a dotar a la Unión de un ámbito más social y que sólo la Presidencia de uno de los <> (tal vez la de Alemania en Enero de 2007, por el personal empeño de la canciller Merkel) podría ayudar a vencer. En cualquier caso no son las Presidencias del Consejo –siempre voluntariosas- las culpables de una situación sólo imputable a los Estados reacios a ceder competencias.

Europa permanece sumida en ese "período de reflexión" al que se refiere la declaración de Bruselas, eufemismo que encierra un evidente estancamiento de sus políticas. Algún pequeño avance en el espacio jurídico europeo en los ámbitos civil y penal, o en la cooperación policial; una voluntariosa declaración en materia de política inmigratoria; las inevitables citas al cambio climático o a la Estrategia de Lisboa –también sumida, como el proyecto europeo, en un profundo letargo- son algunas de las piezas menores que se han podido cobrar en este semestre. La Directiva europea de servicios, que se nos quiere presentar como la principal y más relevante norma aprobada en ese período, supone una evidente reducción respecto del proyecto elaborado por el ex comisario Bolkestein, por los recelos franceses respecto de la mano de obra barata de los países del Este. Recuérdese el ejemplo del fontanero polaco, tan manido durante el referéndum francés y que tanto tuvo que ver en el triunfo del <>.

Sorprende la declaración por la referencia no menos voluntariosa que realiza a la "Alianza de Civilizaciones", ese indefinido espectro pendiente de definición –la del millón de dólares- por la ONU. La etérea Alianza –principal empeño de la política exterior- comparte cita en la declaración con la Fundación Anna Lindh y se equipara, por lo tanto, a los fines de una Fundación de naturaleza jurídica privada. Muchas alforjas para tan corto camino.

Siempre nos quedará Estrasburgo

La proposición de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía formula en su artículo 9 una rimbombante declaración acerca de los derechos que "como mínimo" (sic) titulan todas las personas que viven en Andalucía. La norma, copiada del texto estatutario catalán que hoy se vota; vid. art.4), "incorpora" al patrimonio jurídico de los andaluces -y de quienes no siendo españoles gozan de vecindad administrativa que da derecho de pertenencia a la <> (de vecinos, que no de nacionales)- la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, así como la Carta Social Europea. Nada nuevo, porque todos los derechos civiles y políticos a los que se refieren los textos internacionales citados ya los teníamos, sin perjuicio de la "generosidad" del legislador estatutario andaluz.

Pero una cosa es tenerlos nominalmente y otra, bien distinta, su defensa y plena efectividad o, lo que es lo mismo, la garantía de su respeto por el poder público. La libertad de expresión, cuando comprende la libertad de expresar ideas, de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas, es un derecho reconocido en el art. 10 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Sigo con el interés que me inculcó mi maestro en el Derecho internacional la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, aunque el momento político requiere más la presencia de los valientes maestros que la de los voluntariosos alumnos, sostengo, desde el respeto a las resoluciones judiciales, que el derecho a la libertad de expresión se vulnera con actuaciones judiciales que, o bien la cercenan de manera directa, o bien imponen medidas cautelares absolutamente desproporcionadas, provocando un evidente desequilibrio que los gobiernos con voluntad de perpetuarse utilizan como innegable aviso de navegantes.

Quienes se alegren de este tipo de decisiones deben saber que serán ellos los próximos. El poder sin límites tiende inexorablemente a la decadencia del pueblo, a su desgracia. La democracia se degrada hasta perder su identidad a base de decisiones que vulneran derechos fundamentales. Quiero estar convencido de que a esta sinrazón se le pondrá coto por los tribunales nacionales. Si no, siempre quedará el de Estrasburgo aunque, ya lo dijo Séneca, nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía.