Recoge EL MUNDO en su edición de hoy que el Gobierno de Castilla y León recurrirá el nuevo impuesto de sociedades vasco que reduce el Impuesto de Sociedades al 32,5% frente al 35% que es norma en todo el territorio nacional. Las consecuencias de estas bondades fiscales son de todos conocidas: el empresario prefiere instalarse allí donde las condiciones tributarias le sean más favorables, creando así esta normativa un régimen de discriminación, de desigualdad, que frena el progreso en determinados territorios, al tiempo que lo fomenta en otros.
Aquí llueve sobre mojado. Este "gamberrismo fiscal" lo pusieron ya en marcha instituciones del País Vasco -las diputaciones forales- en anteriores ocasiones, fomentando la llegada de empresas fuertes a sus territorios (Daewoo, Ramondín,...). Tan antiguo es el asunto que existe ya todo un cuerpo jurisprudencial del Tribunal de Justicia comunitario sancionando estas prácticas por discriminatorias, considerarándolas ayudas de Estado prohibidas e incompatibles con el mercado común. Ahí están las diversas Sentencias dictadas en la misma fecha, el 6 de marzo de 2002, (Daewoo Electronics), y la de 11 de noviembre de 2004 (Ramondín Cápsulas), contra actuaciones de las diputaciones forales vascas que otorgaban a las empresas que se instalaran en sus territorios bonificaciones de hasta el 75% en la base imponible derivada del ejercicio de sus actividades económicos).
El Teribunal de Luxemburgo decretó la nulidad de las normas fiscales impugnadas por ser constitutivas de ayudas públicas ilegales e incompatibles. Y es que Luxemburgo no conoce de victimismos nacionalistas.
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