A buenas horas

Creo que fue Napoleón quien proponía el nombramiento de una comisión para que los problemas duraran eternamente. En España parece que no se cumple la predicción napoleónica –la Comisión Constitucional del Congreso no ha dormido al Estatut, más bien al contrario- y por eso hemos optado por resolver los problemas creando Fiscalías especializadas. Además de las ya existentes, aparece ahora, al socaire del escándalo marbellí y a modo de traca, la nueva Fiscalía especial para delitos urbanísticos con la que los políticos pretenden salir al paso de prácticas –a buenas horas, mangas verdes- que, pese a su evidente ilegalidad, han contado con la tolerancia de muchos. Disgusta verles ahora con cara compungida anunciando drásticas y extemporáneas medidas que sólo ponen de manifiesto una continuada tolerancia respecto de actuaciones urbanísticas convertidas en costumbre contra legem a fuer de ser repetidas en un ambiente de impunidad.

Tal es la situación de catarsis escenificada por el poder político en el escándalo de Marbella que a muchos se les ha olvidado la existencia en el Estado de Derecho de la presunción de inocencia, al parecer reservada ya sólo para los miembros de organizaciones terroristas. Con esa brutal fuerza ha descargado su ira un Estado de Derecho cuyos custodios llevan décadas brindando al sol para ver ahora a Marbella convertida en un centro internacional de maleantes.

Ahora, precisamente ahora, se nos anuncian drásticas medidas que acompañan a los autos de prisión incondicional. Me pregunto por qué no se han ejercido antes las competencias exclusivas que el vigente Estatuto de Autonomía otorga a la Junta en materia de urbanismo y planificación del territorio, y lo hago con la convicción de que la inacción política ha dado paso a una sensación de impunidad ahora tardíamente rota. ¿Para qué tanta competencia exclusiva si después no se ejercen los poderes delegados? Alguna voz autorizada ha atribuido una culpa in vigilando a la administración autonómica por haber tolerado con su dejación de competencias una situación caótica, que ahora deriva en escándalo también por actitudes prepotentes y arbitrarias de quienes, en vez de poner orden, han preferido contemporizar. Esa atribución de culpa debería conllevar una responsabilidad subsidiaria de contenido económico por los graves daños y perjuicios que ha ocasionado a muchos la inacción de quienes no han querido atajar a tiempo tantos desmanes.

El problema reside en que los gobernantes negligentes lavan sus culpas en la pileta de la responsabilidad política, invento político de quienes sólo pretenden exonerarse de responsabilidad. Cada euro que amasa el corrupto es una coz al Estado de Derecho. Sus guardianes nunca debieron eludir su responsabilidad.