Reguladores regulados

Una de las principales garantías para el correcto funcionamiento del sistema democrático la constituye la presencia de los contrapesos del poder y me refiero a las instituciones reguladoras de determinados sectores del mercado a las que su normativa les confiere independencia respecto de las políticas del gobierno de turno. Para consolidar el correcto funcionamiento de estos mecanismos reguladores se suele partir en todas las democracias del principio de independencia o, al menos, autonomía en el desarrollo de sus funciones respecto de la Administración General del Estado, principio que a su vez requiere que las personas que encarnan sus órganos de dirección estén fuera del debate político, esto es, que no pertenezcan a partido alguno.

La eficacia y prestigio de las instituciones reguladoras (ya sean del mercado de valores, de la competencia, energía, banca o de las telecomunicaciones, entre otras) exige la independencia de quienes ostenten su dirección. Lo contrario, es decir, la situación de dependencia de los directivos respecto del poder político convierte a estos organismos en una pieza más de la maquinaria de poder, perturbándose así gravemente sus propios fines con evidente deterioro de su credibilidad. Por ello, las democracias consolidadas de nuestro entorno político y geográfico dotan a estas instituciones del necesario requisito de la completa independencia de sus directivos respecto del Gobierno, conscientes de que siempre es peligroso politizar estos organismos reguladores, ya sea como instrumento de oposición al gobierno o como mera correa transmisora de las políticas gubernamentales.

Claudio Boada afirmaba este fin de semana en EL MUNDO la clara politización de los organismos reguladores españoles. Creo que estamos ante una de esas asignaturas pendientes de nuestra democracia. El poder político tiene siempre la tentación de copar con los suyos cualquier parcela, por insignificante que pueda parecer, excepción hecha de cierta derecha que prefiere la compañía del adversario en las tareas de gobierno para sacudirse así ciertos prejuicios. Resulta llamativo que quienes desde la oposición clamaban por la independencia de las personas que habían de encarnar los puestos de dirección de los organismos reguladores, ahora, en el poder, no dudan en designar para estos puestos a los compañeros de carné, en una peligrosa derivación de aquello que llamaban talante.

En un país que sólo califica de eficaces a aquellos que muestran particular destreza en transgredir el ordenamiento jurídico, los independientes son observados desde los círculos partidistas con el recelo y desconfianza propios de quien se encuentra en un permanente conflicto de intereses, cuando en política no debe primar más interés que el general.