sábado, junio 03, 2006
Sin rumbo
La Unión Europea no tiene una política común sobre inmigración. La ausencia de criterios comunitarios firmes en esta materia obliga a los países miembros a adoptar medidas unilaterales que, por la permeabilidad propia de las fronteras interiores, afectan siempre al resto de Estados. Por ello, permaneciendo la definición de la política migratoria dentro del ámbito de soberanía de cada miembro de la UE, no es menos cierto que a la hora de determinar la respectiva política sobre inmigración existen actitudes miméticas que suelen romper en medidas consistentes en restringir el flujo migratorio con una normativa selectiva basada en la directa elección de los inmigrantes (Francia), la limitación de entrada a determinados profesionales altamente cualificados (Alemania) o la exigencia de exámenes donde los candidatos acrediten conocimientos de lengua y su adaptación a la forma de vida europea (Holanda). Se trata, en suma, de aplicar una política siempre basada en la experiencia, de indudable trascendencia interna, pero también respetuosa con el vecino.
Bruselas ha sido siempre contraria a procesos de legalización masivos de inmigrantes. En el caso español, las autoridades comunitarias han venido advirtiendo una y otra vez de las graves consecuencias que podían derivarse de una actitud consistente en un dadivoso ´papeles para todos` de apariencia solidaria y progresista, pero generador de conflictos sociales cuando la oferta supera a la demanda. Desde filas socialistas se suele combatir a quienes advierten de estos peligros tachándoles de fascistas, xenófobos o reaccionarios, pero quienes así actúan se olvidan de que en las últimas presidenciales francesas quien disputó las elecciones a Chirac fue LePen, y no el socialista Jospin; algo tendría que ver el voto de los trabajadores en ese resultado.
La semana pasada la vicepresidente de la Vega visitó Bruselas para pedir la ayuda comunitaria ante la masiva llegada de inmigrantes a las costas canarias. El resultado de las conversaciones con Durao y los comisarios Ferrero y Frattini se vendió desde instancias gubernamentales como un decidido apoyo de la UE a la política española en materia de inmigración, ocultándose así los reproches efectuados por las autoridades comunitarias al ´efecto llamada` propio de una legislación absolutamente permisiva que contradice la práctica y la norma del resto de Estados comunitarios. Para Bruselas el problema de los cayucos no es más que la crónica de un desenlace advertido una y otra vez, y continuamente desatendido por las autoridades españolas. El siguiente paso será adaptar la legislación sobre inmigración a los criterios restrictivos establecidos por países de nuestro entorno comunitario. Así lo ha exigido Bruselas.
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