La verdad

Citaba a Machado el profesor Vázquez Medel –Presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía- en su reciente conferencia en la Fundación Antares cuando advertía de la necesidad de buscar juntos la Verdad, rechazando así alguna imputación dirigida al organismo regulador que preside relativa a la eventual restricción que el ejercicio de sus funciones pueda suponer a la libertad de expresión. En esto, como en otros muchas cosas, nos movemos por impulso de la febril actividad del legislador autonómico catalán que, adelantándose al marcado carácter intervencionista del Estatuto, establece una prolija regulación del sector audiovisual, incluyendo un no menos peligroso capítulo sancionador que puede llevar a la retirada de la licencia al medio que no respete el siempre difuso principio de veracidad. Como la composición de estos organismos administrativos viene determinada por los partidos, es lógico que entre quienes observamos el discurrir de la actividad política nos asalte la duda de si la verdadera función de estos organismos puede derivar en una censura que suponga, en suma, una restricción a la libertad de expresar libremente los pensamientos, ideas y opiniones. Y dado que el órgano regulador catalán ha puesto ya en su punto de mira a la COPE (incómoda para algunos y no precisamente por faltar a la verdad), la cándida duda se torna en certeza y permite afirmar que este tipo de órganos, convenientemente teledirigidos, pueden dar al traste con los derechos y libertades fundamentales que dicen proteger.

Mi curiosidad después de la conferencia me llevó a realizar un análisis de la situación en algunos de los países miembros de la Unión Europea. Y es cierto que todos los organismos reguladores tienen facultades sancionadoras, pero, por regla general, cuando la actuación de un medio sea contraria a los derechos y libertades fundamentales, la capacidad sancionadora se reserva a los tribunales de Justicia. Así ocurre en Francia con el Conseil Supérieur de l´Audiovisuél y con el ALM alemán. En otros organismos reguladores –la OFCOM británica- el punto de mira no está tanto en la veracidad como en el necesario pluralismo de los medios (una reciente decisión sanciona a la cadena Bloomberg por su falta de imparcialidad en una campaña electoral). Y el órgano regulador italiano -Autoritá per le Garanzie nelle Comunicazioni- centra su actividad en impedir los abusos de posiciones de dominio.

Así las cosas, si el organismo regulador andaluz centra su actividad en devolver a los medios públicos andaluces un pluralismo informativo que nunca han tenido, en impedir abusos de posición de dominio en el mercado o en evitar las ayudas públicas incompatibles a los medios de comunicación primados por la Administración autonómica, no podrá decirse que le falte trabajo.