El mundo de las sombras

Suele justificarse el intervencionismo del Estado en el mercado por la necesaria protección que el legislador debe dispensar a los diferentes intereses en juego. En Derecho de sociedades, la norma emanada del Estado –que es quien fija el marco jurídico imperativo al que deben someterse las conductas de quienes intervienen en el mercado- pretende proporcionar seguridad a los propios accionistas, a los acreedores, a los terceros en general y a los trabajadores, estableciendo para ello un conjunto normativo de contenido normalmente imperativo que obliga a las sociedades a depositar sus cuentas en el Registro Mercantil o somete su constitución y el desarrollo de su actividad a preceptos de obligado cumplimiento.

Si ya es grave la transgresión de la norma por el particular, mayor gravedad plantea la posibilidad de que sea el propio legislador quien, infringiendo la normativa dictada, actúe en el mercado con ánimo de influir directamente en las conductas de quienes son sus protagonistas. Se habla entonces de intervencionismo del Gobierno no ya como una medida para proteger los intereses de quienes operan en la economía siempre bajo la perspectiva del interés general, sino con la finalidad no necesariamente altruista de favorecer determinados intereses particulares, partidistas, en el irreprimible y continuo deseo de algunos de obsequiar al amigo. La neutralidad del Gobierno se torna entonces en descarado favoritismo con el que se pretenden beneficiar directamente intereses no siempre coincidentes con los generales, con grave daño a la imagen exterior del país y a la confianza de unos inversores extranjeros que ahora se pensarán mejor dónde invertir.

Cuando así se actúa, se vulnera la Ley, ya esté ésta representada por Tratados comunitarios que imponen la necesaria observancia del libre mercado, la libertad de establecimiento o la libre circulación de capitales, o por normativa interna, expresión de aquélla, que obliga a la defensa de la competencia en el sector del que se trate. Y al vulnerar la Ley, el Gobierno infractor acaba también con la independencia que deben tener siempre por bandera los organismos reguladores. Así, con esa actuación parcial, pro domo sua, los reguladores pasan a ser organismos "regulados", voces de su amo, acabando con cualquier atisbo de la neutralidad e imparcialidad que por norma se les impone.

Y al desprestigio de los organismos reguladores le sigue obligadamente la desconfianza de los inversores. Cuando desde la sombra se adultera el mercado imponiendo a éste soluciones perjudiciales para la economía nacional también se acaba con la confianza del inversor, poniendo a un sistema económico ante prácticas más propias de exacerbados nacionalismos de repúblicas bananeras que de Estados de Derecho.