Estado y partido

No se ha hecho pública la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el denominado caso Bono que, según quien le da nombre al affaire, revoca la resolución en su día dictada por la Audiencia Provincial de Madrid condenatoria de tres policías por la comisión de los delitos de detención ilegal, coacciones y falsificación de documento público. Recuerdo la Sentencia de la Audiencia Provincial por su firmeza y claridad en la apreciación de esas conductas delictivas en la actuación de los tres funcionarios con la detención –entonces considerada ilegal- de dos ciudadanos pertenecientes a un partido político (en el fondo, da igual de qué partido se trate, aunque quien da nombre al affaire se afane en confundir un proceso judicial con una contienda futbolística). Ahora, de forma sorpresiva, se afirma revocada la resolución con el dictado de una nueva sentencia absolutoria. Permítanme, que desde la obligada cautela, aventure que la resolución –bienvenida por aquellos que se autodenominan progresistas- pueda suponer una regresión a prácticas propias de regímenes que nada tienen que ver con una democracia.
Los hechos que se consideraron probados bien podían haber motivado el dictado de una nueva resolución que suavizara la contundencia de la primera. Pero no; se ha pasado de un extremo –la afirmación de la existencia de graves delitos- a otro –la corrección y adecuación a Derecho de las conductas que otros togados consideraron constitutivas de ilícitos penales-. ¿Cómo puede explicarse este vaivén judicial?
Difícil respuesta cuando no se dispone del texto de la sentencia revocatoria. Pero, todo proceso en el que subyace un tufo político obliga a recordar ese perverso sistema de cuotas que confiere a los partidos políticos el poder extraordinario de designar a quienes, desde una libertad de criterio, han de encarnar instituciones que ven minada su propia credibilidad cuando sus servidores se alejan de la necesaria independencia. Sólo hace falta recordar cómo ha sido recibida la sentencia por quien, como miembro del Consejo de Estado, olvida que las características de objetividad e independencia que predica la norma respecto del órgano, también le son aplicables a sus componentes.
Los partidos, ante la debilidad y conformismo de la sociedad civil, copan con sus peones las instituciones del Estado y la ciudadanía se resiente por estas malas prácticas. Ayer, un embajador se vanagloriaba públicamente de haber protestado en seis ocasiones ante las autoridades vaticanas por "La Mañana de la COPE" porque, en su opinión, "afecta a las relaciones Iglesia-Estado". No recibió respuesta de quienes, amparados en la sutileza curialesca, se debieron quedar estupefactos por el maltrato que algunos deparan a la libertad de expresión.