Al primer ministro británico se le debe la feliz idea de la necesidad de un nuevo Bretton Woods, un sistema que ofrezca una nueva estructura financiera para el futuro. La crisis financiera, afirma Brown, debe aprovecharse para hacer lo que ya era necesario hace años y no puede posponerse más. La alocada intervención por los gobiernos en el sistema financiero y bancario de lo que hasta hace poco era la champions league parece abonar la tesis de que es necesario un nuevo orden económico internacional como el logrado en 1944 en el Hotel Mount Washington.

Las medidas de intervención adoptadas a la fecha por los EEUU y algunos miembros de la UE ponen de manifiesto algunas diferencias. En los casos británico y alemán (también en el de los EEUU), las ayudas estatales –ahora permitidas, por no entenderse aplicable el art. 87 del Tratado de Roma y mirar la Comisión a otro lado- sirven para financiar a las entidades bancarias y, al mismo tiempo, hacerse con una participación en su accionariado. La medida –que no se contempla inicialmente en otros países ´intervencionistas`, como por ejemplo España- supone una nacionalización total o parcial de las entidades bancarias afectadas, fórmula que se quiere vender desde la perspectiva de poder afrontar así con mayor rigor los beneficios de la masiva inyección de liquidez en los destinatarios últimos de estas actuaciones: los consumidores y las empresas. En los EEUU se escribió ayer (New York Times) sobre la entrada del Estado en nueve entidades bancarias (entre otras, Bank of America, JPMorgan, Citygroup, Wells Fargo, Morgan Stanley). Imagino la cara de sorpresa de don Hugo Chávez al saberse precursor de medidas de nacionalización e intervención bancarias que han sido ahora secundadas hasta por su más feroz enemigo. Al final, todos bolivarianos.

Pero hay un dato que suele pasar desapercibido por esa volunta constante de los políticos de ocultar la parte más desagradable de la historia. No me refiero a quién debe pagar la cuenta, porque la respuesta temo saberla. Me refiero a cómo se distribuye en un estado federal (o autonómico) el coste de estas medidas. Sólo los alemanes, en su conocido masoquismo, han querido dejar claro que el Bund pagará el 70% del coste de esta intervención, pero que los estados federales (los Länder) deberán hacerse cargo del 30% restante. ¿Y aquí? ¿Cómo se va a distribuir la carga financiera entre las autonomías? A la hora de pagar qué criterio debe aplicarse: ¿el de población o el de territorio? Porque en los nuevos estatutos autonómicos se establece una corresponsabilidad en el desarrollo competencial de la actividad de las entidades de crédito. Nada se ha dicho al respecto. Silencio maestrante, que no es más que el preludio de las grandes faenas.