Seguridad jurídica

En un acto sobre la internacionalización de la marca "España", celebrado la pasada semana en Boadilla del Monte, algunos empresarios advirtieron al ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, de la preocupación del mundo de la empresa por la proliferación de normas autonómicas que está provocando, a su vez, una fragmentación del mercado. También la semana pasada, en Barcelona, los empresarios pertenecientes al Círculo de Economía afrontaron el mismo problema en la reunión mantenida con el presidente del Gobierno, al que solicitaron tímidamente una "menor burocracia", eufemismo tras el que se esconde el anhelo de algunos por unificar una normativa hoy dispersa a consecuencia de la fecunda actividad del legislador autonómico.

Y tan prolífica es la labor legisladora de los parlamentos autonómicos como en muchas ocasiones amenazadora de la seguridad jurídica. Tras treinta años de actividad legislativa se ha originado en muchas materias una normativa fragmentada, distinta según la comunidad autónoma autora de la norma. La deseada uniformidad, garante de la seguridad jurídica, se ha trocado en una multiplicidad de regulaciones, tantas como entes autonómicos existen, dándose la paradoja de que un mismo Estado (autonómico) promueve en los órganos supranacionales la uniformidad y armonización del derecho para facilitar la libre circulación de mercancías al tiempo que en su propia casa fragmenta la normativa en diecisiete trozos, tan distintos en ocasiones como los pedazos de un espejo roto. En la UE se trabaja para lograr un derecho uniforme aplicable en veintisiete Estados y aquí nos dedicamos a centrifugarlo.

Esta diversidad normativa no está siempre justificada. Realmente es difícil explicar por qué existen tantas leyes sobre cooperativas, fundaciones, etiquetado o condiciones que deben reunir determinados productos -tantas como comunidades autónomas- ni por qué alguna comunidad se ha llegado a dotar, incluso, de su propio código civil. En ocasiones el legislador autonómico utiliza sus facultades normativas para la creación artificial de hechos diferenciales o, lo que es lo mismo, para marcar territorio, como hace el can con su meada al pié de la farola. Y de esta forma, la norma jurídica se convierte en vehículo idóneo para propiciar la desigualdad entre los ciudadanos de un mismo país.

Es evidente que toda esta promiscuidad legisladora tiene un coste y es, precisamente, el advertido ya por los empresarios: la diversidad procura inseguridad; la proliferación de normas impone trabas al comercio; las restricciones a la libre circulación de mercancías lastran los intercambios, la riqueza y, por ende, el desarrollo de un país. Todos esos ´ríos` desembocan en el mar de la desigualdad; habrá que prepararse para el tsunami.