El Estado residual

La incorporación de España a la CEE supuso una cesión por el Estado de parcelas de soberanía a una organización supranacional. El proceso de integración europea, jalonado por diversas reformas del Tratado de Roma, ha tenido como denominador común la transferencia de competencias a la UE para la mejor consecución de los fines comunitarios. El frustrado proyecto de Constitución europea venía también a reforzar el protagonismo de Bruselas frente a los Estados miembros, y siempre es bueno recordar que el Gobierno español apoyó de manera entusiasta un proyecto de Constitución europea que fortalecía la cesión de soberanía a la UE. Volvemos a Europa, se dijo entonces.

Este fomento de la primacía del proyecto europeo se ha visto acompañada de una política interna de efectos contrarios, antagónicos a los ya descritos. Me refiero al vaciamiento competencial del Estado en beneficio de las Comunidades Autónomas en el marco de una desordenada reforma estatutaria. El Gobierno, actuando esta vez como Mr. Hyde, ha volcado las competencias que constitucionalmente le corresponden al Estado sobre las Comunidades Autónomas, fomentando así un nacionalismo interior contrario en sus propios términos al proceso integrador europeo.

Y en este proceso, algunas Comunidades Autónomas, conscientes de que el poder también está en las instituciones comunitarias y que el Estado es, ante éstas, el único interlocutor válido, no han dudado en incorporar normas en sus textos estatutarios – o "constitucionales", según Maragall- con el ánimo de influir directamente –pro domo sua- en el proceso de formación de la voluntad del Estado. Aquí se ha pasado del principio de cooperación, establecido en el Acuerdo de 9 de diciembre de 2004, a imponer directamente al Estado la norma de comportamiento cuando la materia a discutir ante la UE afecte a las competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma. La decisión de la Comunidad Autónoma será en esos casos "determinante" para fijar la posición negociadora del Estado (¿y qué Comunidad hará prevalecer como "determinante" su decisión en caso de discordancia entre unas y otras?).

Pero, además de querer determinar (ilegalmente) la voluntad del Estado, algún texto estatutario –me refiero al andaluz- quiere imponer directamente a las instituciones comunitarias el régimen de relaciones con la Comunidad Autónoma: las relaciones de la Comunidad Autónoma con las instituciones de la Unión Europea "se regirán por lo dispuesto en el presente Estatuto...". Con inusual osadía –el texto es inconstitucional y contrario también al Tratado de Roma- se quiere exportar el principio de bilateralidad no sólo en las relaciones con el Estado, sino también a los organismos de la Unión Europea. De la globalización a la política de campanario.

La realidad nacional

Afirma en su Preámbulo la proposición de reforma del Estatuto de Andalucía que "la Constitución Española, en su artículo 2, reconoce la realidad nacional de Andalucía como una nacionalidad". La afirmación, en sus propios términos, no se ajusta a la realidad. El artículo 2 de la CE no reconoce "realidad nacional" alguna, ni tampoco establece para Andalucía la condición de "nacionalidad".

En cambio, sí afirma el art. 2 de la CE la indisoluble unidad de la Nación española, otorgando, de esta forma, la condición de "Nación" a España, con carácter singular y, si me lo permiten, con vocación de exclusividad. Oportunidad tendrá el Tribunal Constitucional para pronunciarse al respecto, porque proliferan en algunos estatutos autonómicos de nuevo cuño las referencias -equívocas- a la cualidad de "nación" o de "realidad nacional" de quienes en modo alguno ostentan esa condición.

La prostitución que por vía estatutaria están padeciendo los términos "nación" o "realidad nacional" se demuestra en el propio articulado de la propuesta de reforma. La "realidad nacional" andaluza no otorga derecho a nacionalidad, no confiere el estatus de nacionalidad. Ahí se demuestra el mal uso de los términos "nación" o "realidad nacional". La condición de andaluz se confiere, no a los "nacionales", sino a quienes tengan "vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Andalucía". No estamos, pues, ante una «nación» o «realidad nacional» con sus "nacionales". Se trata, más bien, de una "nación" de vecinos, conclusión que, reduciéndola al absurdo, bien podría convertir cualquier comunidad de propietarios en una "realidad nacional". Y no puede existir, nación sin nacionales ni sin soberanía "nacional".

Pero, además, sorprende que la condición de andaluz se otorgue “sólo” a quienes ostentan la condición de vecinos de algún municipio del territorio andaluz. Cierto es que también se extiende la condición de andaluz –y los derechos que se definen en el Estatuto- a los "andaluces en el exterior" (artículo 6), es decir, los oriundos de Andalucía que no residan en nuestra Comunidad y las comunidades andaluzas asentadas fuera de Andalucía. ¿A qué comunidades se refiere el legislador estatutario? ¿Cómo se debe entender el derecho que asiste a "oriundos" y a esas "comunidades" a "participar en la vida del pueblo andaluz y a compartirla" (artículo 6)? ¿En qué consiste el "reconocimiento de la identidad andaluza" que proclama la referida norma?

Son preguntas sin respuesta en el proyecto estatutario, como tampoco honra a la lógica que la condición de andaluz se proyecte sobre los ciudadanos españoles –querría decir "nacionales"- que, residiendo en el extranjero, hayan tenido la última vecindad administrativa en Andalucía y también sobre los hijos de éstos (sus descendientes inscritos como españoles).

Es decir, que será andaluz el padre con vecindad administrativa en Ronda, pero no lo será su hijo residente en Madrid. En cambio, será andaluz quien, residiendo en Munich, tuvo su última residencia administrativa en Andalucía, y también lo serán sus hijos nacidos en Italia y residentes en Hamburgo o en Praga (siempre que tengan la nacionalidad española).

Y si la condición de andaluz se adquiere por vecindad administrativa, ¿por qué no la ostentan los nacionales comunitarios que por tener dicha vecindad pueden votar en las elecciones municipales (y europeas)? ¿No hubiera sido más lógico otorgar la condición de andaluz a todos los nacionales comunitarios con vecindad administrativa en cualquiera de los municipios andaluces para mayor delirio de los teóricos del Derecho Internacional Privado?

La "vecindad administrativa" obliga a hacer alguna referencia al territorio andaluz. Las leyes y normas (sic) emanadas de las instituciones de autogobierno de Andalucía «tendrán eficacia en su territorio» (art. 7) ¿Y cuál es el territorio andaluz? ¿Cómo delimita el legislador estatutario el ámbito territorial de la Comunidad?

La respuesta –incompleta- se contiene en el artículo 2 con la referencia a los municipios de las provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. Pero, el legislador estatutario, tan celoso de la condición de «realidad nacional» que ostenta Andalucía, ¿no extiende ese celo a la totalidad del territorio andaluz? Comprenderá el perspicaz lector que me estoy refiriendo a Gibraltar que, entiendo, forma parte integrante de lo que conforma el territorio andaluz. ¿No dice nada el legislador acerca de la condición de Gibraltar como parte integrante del territorio andaluz, al menos, vocacionalmente? Pues no, nada se dice al respecto en el proyecto estatutario, y no será por "remilgos" a la hora de influir en la política exterior española, porque en el Título IX se establece un marco de relación con la Unión Europea, en el que la posición expresada por la Comunidad Autónoma es "determinante" para la posición estatal si afecta a las competencias que Andalucía se atribuye con carácter de exclusividad.

Hay que llegar a las Disposiciones Adicionales para ver cómo el timorato legislador lanza una proclama sobre los que denomina"territorios históricos no integrados en otra Comunidad Autónoma". ¿Y a quién se refiere ahora la lumbrera? ¿A Orán? ¿Al Reino de Nápoles? ¿Qué territorio no es «histórico»? ¿Los hay «modernos»? Mucha «realidad nacional», pero poca voluntad de integrar la totalidad del territorio andaluz. Por cierto, ¿no habría sido convenientemente otorgar un estatus particular a los"llanitos" o son estos los"oriundos" de Andalucía a los que se refiere el art. 6?

Y Günter cogió su fusil

Anda enmudecida la progresía intelectualoide europea tras la revelación de Günter Grass –su máximo pontífice, faro de la moralidad, referente y guía de la izquierda, Delfos de la socialdemocracia y Golfus de Danzig- acerca de su pasado nacional-socialista. Creo que los ingleses llaman a estas situaciones skeletons in the cupboard (esqueletos en el armario) para hacer referencia a los fantasmas del pasado. Pero ya ven cómo también aquí aflora esta doble vara de medir: a Ratzinger le piden cuentas por su –obligado- paso por las juventudes hitlerianas y con Grass –de la misma quinta, pero voluntario nada menos que de las Waffen SS- se extiende el manto de silencio, similar al que se utiliza aquí para cobijar a los del Nunca Mais. Grass en las SS; tampoco es tan extraño, teniendo en cuenta que buena parte de la intelectualidad continua adorando a los tiranosaurios rex caribeños.

A la izquierda alemana le ha salido ahora otro Günter, aunque esta vez no sea Guillaume. Después del aquelarre que le montaron al Papa Ratzi a cuenta de su pasado –menuda puntería la que pueden tener unos seminaristas en una batería antiaérea, disparando al cielo- ahora cuesta trabajo imaginar a Grass marcando el paso de la oca, con uniforme negro y calavera en la gorra, honrando al difunto Heydrich, aunque el interesado nos diga ahora que su pertenencia al cuerpo de élite era poco más o menos lo mismo que antiguo alumno del internado de Campillos. Con lo que le organizó don Günter a Kurt Waldheim cuando se descubrió su pasado de traductor en la Wehrmacht y lo aficionado que ha sido toda su vida a condenar por su pasado a otros, ahora, después de seis décadas y a poco de publicar sus memorias, nos confiesa que recorrió Europa con el uniforme de la muerte.

Los pecados de juventud son siempre disculpables; lo que no tiene perdón es haber ocultado su pertenencia a las SS y haberse pasado además sesenta años engañando, confrontando a los demás con su pasado para después condenarlos, como a a Karajan, Max Schmelling, Rühmann y Leni Riefenstahl. ¿Qué hubiera dicho su íntimo amigo Willy Brandt si se hubiera enterado de que Grass –que tanto se opuso a la reunificación de Alemania- desfiló con el enemigo? Tiene suerte Grass de que F.J. Strauss no esté tampoco vivo, después de lo que padeció el bávaro las moralinas del impostor.

Yo todavía no acabo de creerme la confesión de Grass, ese histrión, y quiero pensar que todo es un montaje de este experto en medios para promocionar su último libro “Pelando la cebolla”. Siete capas tiene la cebolla y si alguna sale negra, tírela. Confieso que es la primera vez que pelando una cebolla no he llorado y me apunto llamar al amigo Paco Robles para proponerle la traducción al alemán de su Mester de Progresía.

El zapato de Nikita

Fue en el Palacio de la Moncloa, a pocos días de la victoria del 14-M y de la retirada de las tropas españolas de Iraq. La memoria –maldita buena memoria- me lleva a la rueda de prensa conjunta que el Presidente del Gobierno ofreció con el Presidente sirio Bashar al-Assad, hijo de Hafez, heredero del republicano trono sirio y también presidente por accidente (de su hermano mayor). Bashar, alabó entonces la decisión española de retirar las tropas y aseguró que con esa medida se evitaban más atentados como los del 11-M. Lo dijo así, con la frialdad de quien se siente seguro de lo que afirma, ante complacientes miradas y silencios que quise atribuir a la bisoñez de quienes habían accedido inesperadamente al Gobierno.

El segundo acto de este despropósito se inicia con el asesinato del Presidente libanés Hariri. Tan evidente fue para la comunidad internacional la participación de Siria en esta muerte violenta que en Naciones Unidas se adoptó la enésima resolución ordenando la salida de las tropas de ocupación sirias del Líbano. Pero Siria –e Irán-, ante la presión occidental, abandonan sólo de iure el territorio libanés; su peón, Hizbulá, organización terrorista para la UE y para casi todos los Presidentes de sus Estados miembros, permaneció como su representante del terror para continuar hostigando al Estado de Israel, labor que completa con otro peón negro, Hamas. Cuenta Madeleine Albright en sus Memorias los esfuerzos para llevar a un miedoso Arafat al acuerdo con Netanyahu en Wye y posteriormente con el laborista Barak en Camp David. El fracaso, según Albright, sólo de debió al pánico de Arafat a decir sí, al miedo palestino a lo desconocido –la paz- y a la conveniencia de mantener un conflicto para morir como héroe y no como villano.

Ahora se olvida de que el origen de la actual intervención israelí está en la matanza de ocho soldados judíos y el secuestro de dos por Hizbulá. Estamos ante una nueva provocación de una organización terrorista, voz de su amo, longa manu del eje del mal, avanzadilla del terror de quien amenaza en un futuro muy próximo con convertirse en potencia nuclear ante la vergonzosa contemplación de algunos. En este tesitura, estos "peligrosos pacifistas" no han tenido mejor ocurrencia que apoyar al terrorista, sacr

De sandalias y botas

La visita del Papa a su tierra bávara en la primera quincena de septiembre ha vuelto a reabrir la polémica acerca de su supuesto pasado nacional-socialista. Algunos insisten en atribuir al sucesor de Pedro íntima relación con el régimen nazi durante su juventud, condición que entroncaría -a satisfacción y siempre según sus detractores- con su posterior dignidad de Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Nada de eso es verdad.

Joseph Ratzinger, hijo de un humilde gendarme, ingresó en el Seminario de Sankt Michael (Traunstein, Alta Baviera) en 1939, a la edad de doce años. Hasta 1938 la adscripción a las juventudes hitlerianas (HJ) era libre, pero se primaba con una reducción sustancial de los gastos de matrícula de las instituciones académicas. Pese al trato de favor, ninguno de los seminaristas de Sankt Michael perteneció a la HJ –tampoco Joseph ni su hermano Walter-, circunstancia que motivó el inmediato recelo de las autoridades nazis para con el Seminario -"instrumento de destrucción del pueblo ideado por la internacional romana", según los jerarcas (los de entonces, por supuesto). Las relaciones entre el Seminario y la autoridad pública nacional-socialista de la localidad nunca fueron buenas, al fin y al cabo fiel reflejo de la falta de respeto del Gobierno nacional-socialista al Concordato bávaro de 1924 y al que suscribió el Reich con el Vaticano en 1933.

Cuenta Albert Schäffer que el escaso éxito de la política del Reich sobre la voluntaria afiliación llevó al Gobierno a convertirla en obligatoria. Ésta se impuso por decreto de marzo de 1938 a todos los mayores de catorce años; por ello afectó a Walter Ratzinger, pero no a Joseph, que entonces sólo tenía doce. Sin embargo esa misma normativa estableció una diferencia entre los miembros de las HJ, distinguiendo entre los "convencidos" y los "obligados". Estos últimos, Walter Ratzinger entre ellos, no veían beneficiado su obligatorio ingreso en las juventudes hitlerianas con la reducción del importe de matrículas académicas. Cuando Joseph Ratzinger cumplió los catorce años, el Seminario, en cumplimiento de la disposición legal, dio de alta al seminarista en las HJ, sin que Ratzinger tuviera participación en la organización por la sencilla razón de que el seminario se cerró en 1941 para convertirlo en hospital militar.

Que Ratzinger padeciera con dieciséis años las levas de final de guerra y se viera obligado a participar con otros seminaristas en la defensa antiaérea es circunstancia no elegida por él. Entonces no existía servicio social sustitutorio y la objeción de conciencia se castigaba como ya pueden imaginarse. Esta es la verdad, distinta de esa falsa "memoria histórica" que algunos quieren exportar urbi et orbi.

Obersalzberg

La estación de Berchtesgaden tiene seis andenes de los que hoy sólo uno está en uso. La razón de este abandono está en la propia historia de esta ciudad alpina que en los años treinta del pasado siglo fue con Berlin la capital del III Reich. Hitler ordenó la construcción de una majestuosa estación que deslumbrara a los mandatarios extranjeros –Chamberlain pasó por allí antes de firmar en Munich- con espantosos murales de los que han desaparecido los símbolos del régimen. Vigilando la estación desde una colina cercana, el Hotel Berchtesgadener Hof, refugio de la corte nacional-socialista, hoy abandonado, comparte ruina con la mastodóntica estación de tren.

Berchtesgaden vive de una historia maldita. Hitler huyó a la cercana Obersalzberg (la "montaña de sal") tras el frustrado putch de Munich, y se estableció allí después de cumplir condena en Landshut. Cuando los nazis tomaron el poder, la residencia de Hitler (el Berghof) se vió inmediatamente rodeada de cuarteles, villas de jerarcas y hasta de una cancillería. Del complejo residencial no queda hoy absolutamente nada, con la única excepción de la casa de Speer y su estudio. Los aliados bombardearon la zona en Mayo de 1945 con puntería, y las ruinas de los edificios fueron dinamitadas por orden del Gobierno alemán para evitar que éstas se convirtieran en lugar de peregrinación de nostálgicos.

Pero quienes peregrinan hoy con interés a las ruinas no son los nietos de los nostálgicos vencidos, sino los descendientes de los vencedores. Los "aliados" han convertido el Obersalzberg en una atracción turística con tour guiado incluido, por supuesto sólo en inglés. Para los alemanes –es visita escolar obligada- queda el Centro de Documentación en el que se describe a la perfección el origen del nazismo y sus fatales consecuencias. Un completo recorrido por los horrores del régimen genocida.

En Alemania la "memoria histórica" se ha cultivado siempre como un sentimiento de culpa generalizada, una responsabilidad que se hereda de padres a hijos y en la que los sentimientos de derrota y vergüenza afectan a todos, porque la llegada al poder de los nazis fue producto de un fracaso colectivo. Mal camino cuando se parte sólo de la verdad de unos, porque sólo provocará que los otros prolonguen su ánimo revanchista. Algún ocioso eurodiputado se ha encargado de demostrarlo recientemente promoviendo una resolución en el Parlamento europeo que entierra el espíritu reconciliador de la Transición falseando la realidad de una República que en su desgobierno fue capaz de secuestrar y asesinar a uno de los jefes de la oposición. La manipulación de la Historia lleva a estos desvaríos y es que las heridas abiertas parecen ser políticamente rentables para algunos.

Acción de guerra

La muerte del soldado Jorge Arnaldo Hernández en Afganistán ha vuelto a poner de manifiesto el imposible equilibrio pretendido por el Gobierno en relación con la finalidad de la presencia militar española en ese país. Se dice ahora que la desgraciada muerte del militar es consecuencia de un “atentado terrorista” y que las tropas españolas realizan una “labor humanitaria”, más propia de una voluntariosa ONG que de un contingente militar en un territorio hostil. Porque, precisamente, es ésa la circunstancia que se pretende ocultar, recurriendo a eufemismos como los que se emplean en la política española cuando también pretende evitarse el término “terrorista” con el de “izquierda aberzale”: Afganistán es escenario de un conflicto bélico que reproduce, a grandes rasgos, la misma problemática que afecta a Iraq. Estamos, como en Iraq, en un conflicto bélico, por mucho que se quiera maquillar la situación.

Por ello, no se comprende que los atentados en un territorio sean obra de elementos “terroristas” y en otro la autoría se atribuya a movimientos de la “resistencia”, sobre todo, cuando en uno y otro conflicto existe un mismo denominador común. Es cierto que en Iraq la situación interna también puede responder a un clima de preguerra civil entre las comunidades chií y suní –conflicto interno que también se da en Afganistán, donde los protagonistas son los talibanes y quienes se oponen a ese régimen opresor-, pero no deja de ser verdad que el terror que asola el país se debe también al mismo movimiento yihadista que encuentra su origen en Afganistán. Al-Zarqawi era el lugarteniente de Bin Laden y éste último dirige Al-Qaeda con el título de mariscal del ejército talibán, el mismo que colocó la mina que causó la muerte al soldado español.

A la vista de la situación resulta más paradójico aún el comportamiento que nos hizo salir precipitadamente de Iraq, pero que, en cambio, hace que permanezcamos en Afganistán. La propaganda oficial mantiene como principal diferencia el mandato ONU que, según se repite, legitima nuestra presencia en Afganistán, pero no en Iraq. No es así, porque la presencia en Iraq también cuenta con la aprobación de Naciones Unidas y son varias las resoluciones de su Asamblea General que justifican la presencia de unas tropas que, no se olvide, han propiciado la aprobación de una Constitución y la celebración de las primeras elecciones libres.

Ahora, en la Embajada española en Washington se condecora a militares estadounidenses por su protagonismo en el conflicto iraquí, y me parece muy bien, pero no deja de ser una actuación contradictoria con la que se nos ha vendido desde el momento en que se ordenó lo que eufemísticamente ha tenido a bien denominarse “repliegue” del Ejército en Iraq.

Astilleros

Decía Goethe que donde se pierde el interés también se pierde la memoria. A Izar, antes Astilleros Españoles y ahora el náufrago Navantia, le han perdido el interés y por eso es hoy conveniente hacer memoria, para recordar qué es lo que ha llevado a este Gobierno a perder el sector público de la construcción naval civil. Es desconcertante el feroz nacionalismo que se emplea frente a Bruselas en el sector eléctrico y la sorprendente docilidad en el naval.

Astilleros Españoles siempre ha sido una empresa deficitaria, con el Instituto Nacional de Industria y con la SEPI, con la Ucd, el Psoe y el Pp. La feroz competencia de los astilleros asiáticos ha afectado durante décadas a todos los astilleros europeos, sumiendo al sector en una crisis que aflige a toda la industria naval europea. Para proteger la competencia en el mercado comunitario, la CEE dictó una normativa exigente en materia de ayudas públicas, estrechando el cerco sobre un sector sensible de la economía europea con una normativa que, salvo contadas excepciones, impedían a los Estados miembros intervenir con ayudas en el sector de la construcción naval. Comoquiera que las competencias de la Unión Europea no se extendían al ámbito militar, en Europa ha sido común que empresas públicas –en su día, la propia Izar- compaginaran la construcción naval de carácter civil con la militar, estrategia que permitía a los Estados inyectar fondos en sus deficitarios astilleros al resguardo del control de Bruselas.

A Astilleros –ayer Izar, hoy la Navantia militar- la Comisión le abrió dos expedientes que desembocaron en sendas decisiones que declararon la incompatibilidad de las ayudas, ordenando su devolución. El Gobierno Aznar –a través de Izar- impugnó ante el Tribunal de Luxemburgo las resoluciones que incoaron los expedientes, pero el cambio de gobierno tras el 14-M supuso también un sorprendente giro en la estrategia jurídica del Estado. El Gobierno socialista no impugnó las Decisiones de la Comisión, dejándolas firmes, en un comportamiento llamativo porque, además de existir razones jurídicas, todos los gobiernos han sido especialmente beligerantes en materia de ayudas públicas y en la defensa de sus posiciones frente a Bruselas.

No ocurrió así en Astilleros. La dejación del Gobierno llevó a la firmeza de la Decisiones y a la escisión de la rama civil de la militar, condenando a la primera a su privatización, y a la rama militar a que algún sátrapa encargue alguna patrullera. Si algunos han perdido el interés no perdamos nosotros la memoria, sobre todo ahora que se han esfumado los encargos de la Sexta Flota, las fragatas para Israel o los submarinos encargados por Taiwan en los tiempos de Aznar. Y es que quedarse sentado al paso de las banderas tiene su precio.

Reguladores regulados

Una de las principales garantías para el correcto funcionamiento del sistema democrático la constituye la presencia de los contrapesos del poder y me refiero a las instituciones reguladoras de determinados sectores del mercado a las que su normativa les confiere independencia respecto de las políticas del gobierno de turno. Para consolidar el correcto funcionamiento de estos mecanismos reguladores se suele partir en todas las democracias del principio de independencia o, al menos, autonomía en el desarrollo de sus funciones respecto de la Administración General del Estado, principio que a su vez requiere que las personas que encarnan sus órganos de dirección estén fuera del debate político, esto es, que no pertenezcan a partido alguno.

La eficacia y prestigio de las instituciones reguladoras (ya sean del mercado de valores, de la competencia, energía, banca o de las telecomunicaciones, entre otras) exige la independencia de quienes ostenten su dirección. Lo contrario, es decir, la situación de dependencia de los directivos respecto del poder político convierte a estos organismos en una pieza más de la maquinaria de poder, perturbándose así gravemente sus propios fines con evidente deterioro de su credibilidad. Por ello, las democracias consolidadas de nuestro entorno político y geográfico dotan a estas instituciones del necesario requisito de la completa independencia de sus directivos respecto del Gobierno, conscientes de que siempre es peligroso politizar estos organismos reguladores, ya sea como instrumento de oposición al gobierno o como mera correa transmisora de las políticas gubernamentales.

Claudio Boada afirmaba este fin de semana en EL MUNDO la clara politización de los organismos reguladores españoles. Creo que estamos ante una de esas asignaturas pendientes de nuestra democracia. El poder político tiene siempre la tentación de copar con los suyos cualquier parcela, por insignificante que pueda parecer, excepción hecha de cierta derecha que prefiere la compañía del adversario en las tareas de gobierno para sacudirse así ciertos prejuicios. Resulta llamativo que quienes desde la oposición clamaban por la independencia de las personas que habían de encarnar los puestos de dirección de los organismos reguladores, ahora, en el poder, no dudan en designar para estos puestos a los compañeros de carné, en una peligrosa derivación de aquello que llamaban talante.

En un país que sólo califica de eficaces a aquellos que muestran particular destreza en transgredir el ordenamiento jurídico, los independientes son observados desde los círculos partidistas con el recelo y desconfianza propios de quien se encuentra en un permanente conflicto de intereses, cuando en política no debe primar más interés que el general.

El futuro de Europa

La declaración del Consejo Europeo celebrado en Bruselas el 15 y 16 de junio bajo la Presidencia austriaca vuelve a poner de manifiesto la situación de impasse en el que se halla sumido el proyecto europeo después del "no" francés y holandés al proyecto de Tratado por el que se pretendía establecer una Constitución para Europa. Ni la Presidencia británica ni ahora la austriaca, que finaliza con este mes de junio, pese al constante empeño y los indudables esfuerzos realizados, han sido capaces de vencer las reticencias del resto de Estados, que todavía no han digerido la ampliación a veinticinco cuando se preparan ahora para dar entrada en enero de 2007 a Bulgaria y Rumanía. Y Turquía sigue a las puertas, esperando una respuesta.

Será ahora Finlandia la que recoja el testigo de la Presidencia del Consejo y quede encargada de allanar un camino que se presenta todavía muy agreste por las abiertas reticencias de algunos países miembros a dotar a la Unión de un ámbito más social y que sólo la Presidencia de uno de los <> (tal vez la de Alemania en Enero de 2007, por el personal empeño de la canciller Merkel) podría ayudar a vencer. En cualquier caso no son las Presidencias del Consejo –siempre voluntariosas- las culpables de una situación sólo imputable a los Estados reacios a ceder competencias.

Europa permanece sumida en ese "período de reflexión" al que se refiere la declaración de Bruselas, eufemismo que encierra un evidente estancamiento de sus políticas. Algún pequeño avance en el espacio jurídico europeo en los ámbitos civil y penal, o en la cooperación policial; una voluntariosa declaración en materia de política inmigratoria; las inevitables citas al cambio climático o a la Estrategia de Lisboa –también sumida, como el proyecto europeo, en un profundo letargo- son algunas de las piezas menores que se han podido cobrar en este semestre. La Directiva europea de servicios, que se nos quiere presentar como la principal y más relevante norma aprobada en ese período, supone una evidente reducción respecto del proyecto elaborado por el ex comisario Bolkestein, por los recelos franceses respecto de la mano de obra barata de los países del Este. Recuérdese el ejemplo del fontanero polaco, tan manido durante el referéndum francés y que tanto tuvo que ver en el triunfo del <>.

Sorprende la declaración por la referencia no menos voluntariosa que realiza a la "Alianza de Civilizaciones", ese indefinido espectro pendiente de definición –la del millón de dólares- por la ONU. La etérea Alianza –principal empeño de la política exterior- comparte cita en la declaración con la Fundación Anna Lindh y se equipara, por lo tanto, a los fines de una Fundación de naturaleza jurídica privada. Muchas alforjas para tan corto camino.

Siempre nos quedará Estrasburgo

La proposición de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía formula en su artículo 9 una rimbombante declaración acerca de los derechos que "como mínimo" (sic) titulan todas las personas que viven en Andalucía. La norma, copiada del texto estatutario catalán que hoy se vota; vid. art.4), "incorpora" al patrimonio jurídico de los andaluces -y de quienes no siendo españoles gozan de vecindad administrativa que da derecho de pertenencia a la <> (de vecinos, que no de nacionales)- la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, así como la Carta Social Europea. Nada nuevo, porque todos los derechos civiles y políticos a los que se refieren los textos internacionales citados ya los teníamos, sin perjuicio de la "generosidad" del legislador estatutario andaluz.

Pero una cosa es tenerlos nominalmente y otra, bien distinta, su defensa y plena efectividad o, lo que es lo mismo, la garantía de su respeto por el poder público. La libertad de expresión, cuando comprende la libertad de expresar ideas, de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas, es un derecho reconocido en el art. 10 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Sigo con el interés que me inculcó mi maestro en el Derecho internacional la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, aunque el momento político requiere más la presencia de los valientes maestros que la de los voluntariosos alumnos, sostengo, desde el respeto a las resoluciones judiciales, que el derecho a la libertad de expresión se vulnera con actuaciones judiciales que, o bien la cercenan de manera directa, o bien imponen medidas cautelares absolutamente desproporcionadas, provocando un evidente desequilibrio que los gobiernos con voluntad de perpetuarse utilizan como innegable aviso de navegantes.

Quienes se alegren de este tipo de decisiones deben saber que serán ellos los próximos. El poder sin límites tiende inexorablemente a la decadencia del pueblo, a su desgracia. La democracia se degrada hasta perder su identidad a base de decisiones que vulneran derechos fundamentales. Quiero estar convencido de que a esta sinrazón se le pondrá coto por los tribunales nacionales. Si no, siempre quedará el de Estrasburgo aunque, ya lo dijo Séneca, nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía.

Manca finezza, falta finura en la política española, como puso de manifiesto el siempre joven Giulio Andreotti cuando la comparó con la italiana. Ya ven, Andreotti y Napolitano, dos octogenarios presentando sus candidaturas a la presidencia del Senado mientras otros no tienen más horizonte que el de dictar normas para asegurarse pensiones, al tiempo que actúan de palmeros de estatutos ajenos. Ventajas que tiene el flamenco como competencia exclusiva.

Cuando Andreotti pronunció su veredicto se refería a los tiempos de la Transición. No sé qué opinaría hoy, cuando el elegante debate simbolizado en el florete ha dado paso a la más abierta confrontación del muy castizo garrotazo y tente tieso a cuenta de lo que algunos siguen denominando ´proceso de paz`. Verba volant; scripta manent. Será por deformación profesional, pero huyo conscientemente de la palabrería de un debate político que por su elevado tono llega a atemorizar, para adentrarme en el análisis jurídico de determinados comportamientos que vienen a exteriorizar los síntomas de lo que considero una grave patología.

Me refiero a actuaciones en el orden penal que parecen entrever cierta complacencia con comportamientos delictivos. Primero fue la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a Otegui por injurias al Rey, resolución firme cuya ejecución fue suspendida por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por razones que sigo sin comprender. Ahora, el Auto dictado por el juez de la Audiencia Nacional, Grande- Marlaska, que desestima la solicitud de prisión provisional para miembros de la ilegal Batasuna solicitada por la AVT sobre la base de la pertenencia de los miembros de su Mesa a banda armada y por la comisión de un delito de amenazas.

No sorprende la respetable resolución judicial –los jueces, dice un filósofo alemán, son estudiantes del Derecho que se corrigen sus propios exámenes- sino la posición adoptada por el Ministerio Fiscal que, recuérdese, promueve la acción de la justicia en defensa de la legalidad, del derecho de los ciudadanos y del interés público. Afirma el Ministerio Fiscal, oponiéndose a la solicitud de prisión provisional, que las expresiones vertidas por los miembros de la organización ilegal, por su contenido político, se enmarcan dentro de los límites de la libertad de expresión y que, en cualquier caso, la norma (penal) debe ser interpretada conforme a la realidad social, criterio hermenéutico éste que, como vemos, se puede tornar en peligroso cuando se presta a la imposición de posiciones de justicia muy personales. Pero lo verdaderamente espeluznante es comprobar con la lectura del Auto como Fiscalía y defensa de los imputados coinciden en el mismo planteamiento absolutorio. Identidad de posiciones, ¿identidad de objetivos?

Desde mi balcón distingo...

“Desde mi balcón distingo...

...que mañana será Domingo”. Con esta frase despachaba Federico García Lorca a los jóvenes poetas que se le acercaban a enseñarle sus primeras obras y es precisamente la que se me ha venido a la cabeza después de releer el Preámbulo de la Proposición de Reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía, actualmente en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados a la espera de que a alguna mente preclara se le aparezca la Virgen –sorteando, por supuesto, el artículo de la laicidad- y devuelva al corral a este peligroso manso.

Sé que hay quien busca denodadamente al autor material del Preámbulo, pero es lógico que se mantenga en el anonimato quien ha perpetrado tamaña barbaridad histórica, política, geográfica, sintáctica para, juntando letras, convertir una exposición de motivos en un texto cursi, sobre todo, cursi. La “robusta y sólida identidad” de Andalucía, el “ámbito geográfico diferenciado” en el que se asienta, la compilación de un “rico acervo cultural por la multiplicidad de pueblos y civilizaciones”, las referencias al “mestizaje humano”, “interculturalidad de prácticas, hábitos y modos de vida”, la “pluralidad histórica acrisolada”, el patrimonio cultural “tangible e intangible, dinámico y cambiante, popular y culto” (como si la cultura fuera ajena al pueblo), “los arcos mediterráneo y atlántico” y el penúltimo adorno consistente en afirmar que en Andalucía “se ha configurado como hecho diferencial un sistema urbano medido en clave humana” no son más que recurrentes tópicos más propios de un folleto de la Consejería de Turismo que de un texto como el que nos proponemos analizar. Afirmar que Andalucía se vertebra “en torno y a lo largo del río Guadalquivir” supone añadir a la proverbial cursilería un desconocimiento de la geografía andaluza no menos imperdonable al desnortado legislador. Por todo ello, uno mis humildes fuerzas a las de Javier Caraballo y Paco Robles en la búsqueda del remilgado autor -o autores- del bochornoso texto en la resignada convicción de que ni éste ni sus cómplices serán hallados (si al menos se hubiera deslizado en el texto el término “irredento”... pero no, no hay pistas).

Todo preámbulo en un texto jurídico ofrece al legislador la oportunidad de dar las razones que le han llevado a la promulgación de la nueva norma. Por ello, el preámbulo tiene un evidente sentido jurídico, pues sirve para interpretar la norma en la búsqueda de la verdadera intención del legislador. Huyan pues de quienes proclaman la “inocencia” o la neutralidad jurídica de un preámbulo o de una exposición de motivos, porque están fuera de toda duda tanto su trascendencia como los indudables efectos jurídicos que despliega.

Llegados a este punto conviene preguntarse cuáles son los motivos que llevan al legislador a la modificación del vigente Estatuto de Carmona. Ahondando aún más en la cuestión, convendría plantearse también si estamos ante una mera modificación de un texto jurídico vigente o, en realidad, ante un nuevo Estatuto de Autonomía.

El legislador, realmente, no justifica en el Preámbulo la raison d`etre del proyecto de reforma. Realiza alguna alusión a la necesidad de “profundizar en el autogobierno”, dentro de un “proceso de modernización del Estado de las Autonomías”, y pretende resumir su aspiración de la siguiente forma: “se trata, en definitiva, de conseguir un Estatuto para el siglo XXI, un instrumento jurídico que impulse el bienestar, la igualdad y la justicia social”. ¿Acaso el Estatuto de Carmona no tiene estas mismas aspiraciones? ¿Introduce nuestro vigente Estatuto desigualdad o es pernicioso en el logro de la justicia social?

No; el legislador no ofrece justificación al nuevo texto estatutario, y no lo hace en un verdadero alarde de humildad. No hay justificación, sencillamente, porque no hay necesidad de cambio. El proyecto se encasilla en el alocado marco de reformas estatutarias impulsado por el Presidente del Gobierno para dar cobertura de “fuego amigo” al proceso de ´reformas` catalán y vasco; en suma, una coartada para proceder a un fraude de ley, porque lo verdaderamente pretendido por estos estatutos de nuevo cuño es la creación de un nuevo marco jurídico que rompa con la Constitución Española, pero sin acudir al proceso de su reforma, sencillamente porque la reforma constitucional hoy es imposible sin el concurso del Partido Popular. Se trata de una verdadera reforma constitucional, donde la norma de cobertura la constituyen los estatutos –entre ellos, el de Cataluña y su copia andaluza- y la norma defraudada es la propia Constitución Española.

Se ha hecho siempre referencia a la inclusión en los textos estatutarios bien del término “nación” -en el texto catalán- o el más genuino de “realidad nacional” para pretender demostrar el choque frontal con la norma constitucional. The last, but not the least. La amable invitación a participar en este proyecto me permitirá demostrarles que el fraude a la norma constitucional –y a la comunitaria- rezuma en varios pasajes de un texto que necesita pasar por un verdadero proceso de limpieza. A ello me dispongo.

Sin rumbo

La Unión Europea no tiene una política común sobre inmigración. La ausencia de criterios comunitarios firmes en esta materia obliga a los países miembros a adoptar medidas unilaterales que, por la permeabilidad propia de las fronteras interiores, afectan siempre al resto de Estados. Por ello, permaneciendo la definición de la política migratoria dentro del ámbito de soberanía de cada miembro de la UE, no es menos cierto que a la hora de determinar la respectiva política sobre inmigración existen actitudes miméticas que suelen romper en medidas consistentes en restringir el flujo migratorio con una normativa selectiva basada en la directa elección de los inmigrantes (Francia), la limitación de entrada a determinados profesionales altamente cualificados (Alemania) o la exigencia de exámenes donde los candidatos acrediten conocimientos de lengua y su adaptación a la forma de vida europea (Holanda). Se trata, en suma, de aplicar una política siempre basada en la experiencia, de indudable trascendencia interna, pero también respetuosa con el vecino.

Bruselas ha sido siempre contraria a procesos de legalización masivos de inmigrantes. En el caso español, las autoridades comunitarias han venido advirtiendo una y otra vez de las graves consecuencias que podían derivarse de una actitud consistente en un dadivoso ´papeles para todos` de apariencia solidaria y progresista, pero generador de conflictos sociales cuando la oferta supera a la demanda. Desde filas socialistas se suele combatir a quienes advierten de estos peligros tachándoles de fascistas, xenófobos o reaccionarios, pero quienes así actúan se olvidan de que en las últimas presidenciales francesas quien disputó las elecciones a Chirac fue LePen, y no el socialista Jospin; algo tendría que ver el voto de los trabajadores en ese resultado.

La semana pasada la vicepresidente de la Vega visitó Bruselas para pedir la ayuda comunitaria ante la masiva llegada de inmigrantes a las costas canarias. El resultado de las conversaciones con Durao y los comisarios Ferrero y Frattini se vendió desde instancias gubernamentales como un decidido apoyo de la UE a la política española en materia de inmigración, ocultándose así los reproches efectuados por las autoridades comunitarias al ´efecto llamada` propio de una legislación absolutamente permisiva que contradice la práctica y la norma del resto de Estados comunitarios. Para Bruselas el problema de los cayucos no es más que la crónica de un desenlace advertido una y otra vez, y continuamente desatendido por las autoridades españolas. El siguiente paso será adaptar la legislación sobre inmigración a los criterios restrictivos establecidos por países de nuestro entorno comunitario. Así lo ha exigido Bruselas.

Criminales

Tenía el profesor Navarrete especial predilección por la figura del médico y criminólogo piamontés Cesare Lombroso. La teoría de Lombroso partía de concebir el delito como resultado de tendencias innatas, de origen genético, fácilmente observables en los rasgos físicos de los delincuentes. En sus clases, Navarrete enunciaba las facciones propias de los criminales "nariz, aguileña, barbilla prominente, cejas pobladas, pelo blanco…" y el alumno tomaba nota hasta darse cuenta de que el profesor se estaba describiendo a sí mismo. Dicen los penalistas que la teoría de Lombroso está ampliamente superada, pero las imágenes de los miembros de la ilegal HB desfilando por la Audiencia Nacional parecen confirmar que algo debe quedar todavía de cierto en sus postulados y en su descripción de las asimetrías anatómicas propias que definen a los delincuentes natos.

Verles peregrinar hacia los juzgados es demostrativo del correcto funcionamiento del Estado de Derecho. En cambio, tener ahora que soportar las continuas extorsiones en el marco de lo que en un grave dislate se califica de "proceso de paz" supone un evidente error que mina la fortaleza del sistema democrático. Todo Gobierno está en su derecho, y también en el deber, de poner fin al terrorismo, y la oposición en la obligación de coadyuvar con el Gobierno a la consecución de esa finalidad, siempre y cuando queden bien definidas las ´líneas rojas`, los límites infranqueables del proceso negociador como expresión de la unidad de las fuerzas democráticas. En Zurich, durante el período que Mayor Oreja calificó con acierto de "tregua trampa", los enviados pusieron fin al contacto a partir del momento en que percibieron la firmeza de los terroristas en la reivindicación de sus metas: autodeterminación, liberación de presos y Navarra.

Sin embargo, no se percibe ahora con esa nitidez la deseable unión de los principales partidos políticos ni tampoco la existencia de una firme posición común. Resulta desalentador que las declaraciones relativas al proceso de apertura de negociaciones con una banda que continua armada se produzcan en mítines. Esta importante cuestión no puede reconducirse a actos de partido si se pretende evitar la más mínima sospecha de electoralismo. Con precipitación, desoyendo las advertencias de Sarcozy sobre la inusual actividad de la banda en Francia, se anunció el domingo la apertura de las negociaciones después de que el viernes anterior Otegui manifestara la "extrema gravedad" que afectaba a lo que él denomina ´proceso de paz`, y en esa misma precipitación se incurre cuando los tribunales suspenden la ejecución de una condena firme con informe favorable del Ministerio fiscal basado en la presunta bondad de unas "circunstancias actuales" (sic) que nada bueno auguran.

Bienes tangibles

Decía don Juan de la Rosa –presidente de la Caja de Ahorros de Ronda- que el secreto de la práctica bancaria, la razón última de las operaciones activas y pasivas de crédito, se reducía a un solo principio general: "trincar la tela de golpe y soltarla poquito a poco". Cuentan que con motivo de la quiebra de una institución financiera en los setenta –creo que se trataba de Fidecaya-, asumió don Juan del Banco de España el encargo de restituir a los frustrados inversores parte del capital invertido con cargo a fondos de garantía. De la Rosa instruyó a los cajeros de la entidad para que tranquilizaran a los modestos ahorradores exhibiéndoles un fajo de billetes –siempre el mismo- que podían incluso tocar para convencerse de la realidad de una inversión que consideraban perdida. A continuación, el cajero les convencía para que, con la apertura de la correspondiente cartilla de ahorros en la Caja, pasaran a ser depositantes en una entidad crediticia seria y solvente. Así lo hacían, completándose una operación de captación de clientela digna del genio de don Juan.

Hace cuatro años, la quiebra del Banco Filatélico Español (Banfisa) hizo sonar las alarmas por los evidentes riesgos derivados de inversiones en bienes tangibles que, al no realizarse con entidades financieras ni constituir los sellos valores financieros, no quedan sometidas a las normas de control y fiscalización de los organismos reguladores, ni tampoco a su potestad sancionadora. Por ello, estas inversiones se realizan sin el respaldo del Fondo de Garantía de Depósitos, quedando los particulares en caso de fraude en una orfandad voluntariamente asumida al participar en inversiones de alto riesgo.

Dice ahora don José Blanco en su tradicional mitin dominical, que la culpa del escándalo en el sector filatélico la tiene el Partido Popular por no regularlo mientras gobernó. Obligado es sacar del error al alumno don José, porque la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, de 4 de noviembre de 2003, dedica una Disposición –la Cuarta- a establecer un sistema de protección de la clientela adquirente de sellos, obras de arte y antigüedades, que fue introducida a instancia del PP –con la complacencia del PSOE- durante la tramitación del proyecto de ley en el Senado, imponiendo auditorías, reforzando la información de los clientes y estableciendo un capítulo de sanciones administrativas.

Podrá decirse ahora que la normativa es insuficiente, pero no es menos cierto que la Ley entró en vigor una semana antes de las elecciones del 14 de marzo de 2004 y que, pese a contener una expresa habilitación al Gobierno para desarrollo reglamentario, éste no ha atendido el desarrollo normativo de la materia en el reciente Reglamento de 4 de noviembre de 2005. Como siempre, la casa sin barrer.

La sentencia

“Si el ministro dice que le han pegado, le han pegado y eso no se cuestiona”. La frase –que recuerda a épocas que creía pasadas- parece extraída del guión de La Escopeta Nacional del maestro García Berlanga, y bien podría haberla pronunciado el industrial catalán Canivell –fabricante de porteros automáticos- o el marqués de Leguineche. Pero no; aunque no hubiera desentonado salida de la prominente mandíbula del recordado Luis Escobar o de la boca de Saza, la frase se cita una y otra vez en varios pasajes de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid en el (mal) denominado ´caso Bono`.

La sentencia condena a los funcionarios policiales que intervinieron en los hechos por la comisión de un delito de detención ilegal de dos ciudadanos, miembros de un partido político, que participaron en una manifestación en la que, como la sentencia afirma, no existió agresión alguna al ex ministro. Llama la atención que la sentencia califique esas detenciones como antijurídicas “detenciones de complacencia” o “detenciones mirando al tendido” que, cualquiera que sea su denominación, vinieron a poner de manifiesto una evidente violación de la libertad de dos ciudadanos. Asimismo, condena a los mismos policías por un delito de falsificación de documento público, después de analizar detalladamente las ilegales alteraciones en el atestado policial, convenientemente ahormado para que adquiriera apariencia de mayor fundamento y coartada para unas detenciones arbitrarias, abusivas e ilegales. Por último, a uno de los funcionarios policiales se le condena por un delito de coacciones derivado de la violencia psíquica y amenazas empleadas para con el funcionario policial, su subordinado que, al no percibir actuación delictiva de ningún tipo, se negó a practicar las detenciones ordenadas.

Tuve la oportunidad de pronunciarme sobre los hechos en el artículo publicado en EL MUNDO hace ahora casi un año (El lechero) y celebro que lo que entonces era una mera presunción se haya visto respaldada por una resolución ejemplar. Los más cortos querrán ver en la sentencia sólo un revés político, incurriendo así en un grave error, propio de quienes son incapaces de ver más allá del siempre turbio e interesado debate partidista. Yo advierto en la sentencia la defensa a ultranza –gobierne quien gobierne- de derechos y libertades constitucionales por un tribunal que ha cumplido a rajatabla la función que la Constitución le encomienda en la defensa del Estado de Derecho contra aquellos que, respaldando actuaciones claramente antijurídicas, sólo pretenden un evidente recorte en el sistema de derechos y libertades. Sin perjuicio de las responsabilidades políticas que ahora procedan, la sentencia supone la entrada de aire fresco en un ambiente cada día más cargado.

El Estado funámbulo

Los proyectos de estatutos tratan con sospechosa identidad de contenido las relaciones de la comunidad autónoma con la Unión Europea. Sabido es que la competencia exclusiva en política exterior corresponde al Estado por así disponerlo la Constitución, pero ello no es óbice para que los proyectos estatutarios establezcan preceptos que minan la competencia estatal, permitiendo una activa presencia de las autonomías en el proceso de formación de la voluntad del Reino de España en los asuntos europeos cuando la materia en cuestión afecte a sus competencias exclusivas; es decir, casi siempre, porque el celoso legislador autonómico reserva esa condición de exclusividad a todas las materias imaginables.

Los problemas que se derivan de esta acción exterior regional encubierta se plantean, sobre todo, en una doble vertiente. En primer lugar, en la formación de la posición negociadora o de la voluntad del Estado, que quedará condicionada al no siempre fácil acuerdo previo entre las comunidades autónomas con intereses en la materia. En segundo lugar, a la no menos problemática cesión de competencias al órgano supranacional, que cuando afecte a competencias exclusivas de la autonomía requerirá su conformidad (¿quid iuris si el ente autonómico se niega a la cesión de sus competencias?). Los proyectos de estatutos no escatiman cuando requieren que la posición de la respectiva Comunidad Autónoma sea ´determinante` cuando la materia afecte a sus competencias exclusivas. Así lo establecen los proyectos catalán, andaluz y valenciano, exigiendo todos ellos para sí un poder determinante en la fijación de la posición negociadora del Estado. El problema se producirá cuando confluyan en una decisión los poderes determinantes, pero contradictorios, de más de una Comunidad. ¿A quién deberá seguir entonces el Estado? ¿Quién fijará entonces la posición estatal?
Sé de sobra que alguno responderá a las preguntas anteriores con el recurso a los términos en boga: diálogo, entendimiento, alianza, pacto... como recetas para alcanzar la posición negociadora común, pero no se me podrá negar que estas posiciones comunes fruto del difícil consenso debilitan la capacidad de negociación posterior del Estado en la mesa comunitaria. Así lo ha entendido el legislador alemán cuando en el proceso de reforma constitucional recorta drásticamente los poderes de los Länder en el proceso de formación de la voluntad del Estado ante la UE, primando con ese recorte el interés general del Bund sobre los particulares intereses de los Länder. La experiencia alemana en esta materia debería pesar en el proceso de reformas estatutarias iniciado en España, sobre todo, si en las relaciones de las comunidades y el Estado predominara –como en el sistema federal alemán- el principio de lealtad.

El mediador

Los procesos de paz suelen despedir un tufillo que atrae a políticos amortizados, pacifistas altamente peligrosos y zascandiles de reconocido prestigio mundial, algunos de ellos galardonados con el Nobel de la Paz, premio que desde que fue concedido ex aequo a Menahem Beguin y Yasser Arafat dejó de tener el crédito que todavía algunos le otorgan. En el denominado ´proceso de paz` del País Vasco (rectius, claudicación a dita del Estado del Derecho) nos ha tocado en suerte el Padre redentorista Alec Reid, curtido en las negociaciones que llevaron al Acuerdo de Stormont.

En una conferencia celebrada el 12 de octubre de 2005 en Belfast, el Padre Reid comparó a los unionistas con los nazis, uniendo así el destino de los católicos del Ulster con el Holocausto judío: "La realidad es que los unionistas han tratado a la comunidad nacionalista de Irlanda del Norte como a un animal. No se les ha tratado como a personas, sino como los nazis trataron a los judíos". La comparación es muy desafortunada (entenderán así mejor que se le concediera a Reid el Premio Sabino Arana), y no solo por el hecho de que durante la II Guerra Mundial el IRA colaboró activamente con los nazis, sino principalmente porque con estas afirmaciones –que provocaron la inmediata repulsa de las asociaciones de víctimas unionistas- se descalifica quien pretende presentarse ahora también en España como mediador en el conflicto vasco. El problema crece cuando es el propio Gobierno quien le confiere a Reid la condición de mediador, internacionalizando el conflicto al gusto abertzale.

La labor de mediación exige imparcialidad. Si no se es imparcial, si se evita el imprescindible equilibrio entre las posiciones en conflicto, se corre el peligro de abandonar la labor de mediador para abrazar la de simple mandatario o agente. Al mediador designado por las partes se le impone la obligación de imparcialidad que distingue esta figura jurídica de otras que sólo contemplan la defensa de los intereses del mandante. Y el Padre Reid podrá ser muchas cosas, pero nunca imparcial, y en su descarada parcialidad coincide con el reverendo Ian Paisley. No lo fue en el conflicto norirlandés –abrazó ciegamente la posición del IRA- y no lo será tampoco ahora.

Cambia el hilo argumental de la obra y cambian los personajes pero, antes de abandonar la sala, conviene recordar ese pasaje del Pacto Antiterrorista en el que PP y PSOE hicieron explícita, "ante el pueblo español, su firme resolución de derrotar la estrategia terrorista con los medios del Estado de Derecho". Hoy ya no se habla de derrota, sino de hombres de paz, y yo recuerdo otra vez al abuelo Alois cuando decía aquello de que "Dios es muy bueno, pero su personal de tierra deja mucho que desear". Seguro que conoció a Reid.

La banderita

Oído en el acto de izado de la bandera republicana el 14 de abril de 2006 en un bello pueblo de la costa gaditana:"¡Anda que si viera el padre del Alcalde al niño con la banderita le partía la cara!".

Esto de la media memoria histórica se está convirtiendo en una galería de memeces protagonizadas por hijos de falangistas, militares golpistas y prebostes de la sección femenina. ¡Menuda progresía! Pues a ver hasta dónde llega la riada y las veleidades de un pueblo de nuevos ricos.